Lunes, 23 Octubre 2017

ART. 3º - [Relación de consumo. Integración normativa-Preeminencia.]

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

 

 

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 1798/94
Sin reglamentar.

Jurisprudencia

 

3.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho a la Salud. Empresa de medicina prepaga. Acción de Amparo. Procedencia. Provisión de medicamentos. Única terapéutica posible para menguar la dolencia severa e irreversible que porta el amparista –enfermedad de Darier o genodermatosis–. Cobertura de dosis diaria. Empresas o entidades destinadas a prestar servicios de medicina prepaga: Obligación de brindar asistencia médica integral a las personas asociadas con discapacidad. Contratos de Adhesión y de Consumo. Contratos regulados por la Ley 24.240


"Se alza la parte demandada contra la sentencia de fs. 185/193 que hizo lugar a la acción de amparo tramitada bajo las normas del proceso sumarísimo (art.321, inc.2º, del CPCC) y le ordenó garantizar la entrega al actor de la dosis diaria de Sufadiazina de plata Vitamina A Lidocaina de 400 grs. (Platsul A) sin que ello implique desatender el resto de las prestaciones que el tratamiento de su dolencia requiere."

"Se recuerda que la Ley 24.754 determina que las empresas o entidades destinadas a prestar servicios de medicina prepaga deberán cubrir en sus planes de cobertura médico asistencial, como mínimo, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales conforme lo establecido por las Leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas reglamentaciones, ya que entre sus obligaciones se encuentra -a modo de una especie de seguro- la de brindar asistencia médica integral a las personas asociadas con discapacidad (CSJN, Fallos 324:754)."

"Por lo demás, cabe añadir que los contratos de la naturaleza del que se analiza son regulados por la Ley 24.240, como también señala con acierto la Sra. Juez de grado. Se trata de típicos contratos de adhesión y de consumo, pues además que el asociado se limita a adherir a cláusulas predispuestas por la entidad, el servicio es prestado para un destinatario final, por lo que las disposiciones de esa normativa resultan plenamente aplicables al caso, como así también las pautas jurisprudenciales elaboradas a propósito de aquélla. De manera que entre todos los sentidos posibles, debe buscarse cuál de las interpretaciones favorece más al consumidor (arts. 3 y 37), que no es precisamente la que se indica en las quejas; más aun cuando está en juego en la especie la cobertura de prestaciones que devienen inexcusables y que tienden a remediar -en lo posible- la minusvalía que el amparista sufre."

"En efecto, no repara la agraviada que la provisión del medicamento se inserta en el marco de la única terapéutica posible para menguar la dolencia severa e irreversible que porta el amparista –enfermedad de Darier o genodermatosis- la cual afecta el 70% de su cuerpo y que consiste en la realización de curaciones asépticas diarias, que debe efectuar un profesional con aplicación del medicamento requerido de manera permanente, es decir, éste forma parte inescindible de la terapia requerida y se revela como indispensable para el suministro del tratamiento que de por vida deberá llevarse a cabo para siquiera aminorar los efectos de la queratinización tegumentaria que, con cronicidad, pone de manifiesto el padecimiento del afectado; en este aspecto y dados los ribetes particulares que el caso evidencia, mal podría afirmarse una utilización inadecuada o ineficiente del medicamento en cuestión como para exigir como indefectible -a los fines de resguardar la calidad de vida del demandante- esa normalización complementaria y subsidiaria que reclama."

 

“C. G., E. c/ Swiss Medical SA s/ Amparo” – CNCIV – 06/08/2009

 


3.2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. En este sentido, toda duda que generen las circunstancias del caso debe ser interpretada a favor del usuario (in dubio pro consumidor). Por ello, demostrado por el usuario el perjuicio sufrido y durante el tránsito vehicular por la vía concesionada, emergerá en contra del concesionario -tal como sucede en toda hipótesis de responsabilidad objetiva- una presunción de adecuación causal, la que deberá ser desvirtuada mediante la prueba de la fractura del nexo de causalidad o, en otros términos, probando que este vínculo presunto se ha desplazado hacia otro centro de imputación.

 

“B. Y. G. L. y otros c/ Autopistas del Sol S.A. y otros s/ daños y perjuicios”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala:M. 5/02/09

 

 

3.3. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Retención de tarjeta de débito por cajero automático. Relación de consumo entre el usuario y la “red informática para servicios financieros” (Red Link). Aplicabilidad de la Ley 24.240. Incumplimiento del deber de información. Inoponibilidad al usuario de las cláusulas contractuales entre “la red” y la entidad bancaria. Multa. Graduación.-


“La contraparte del consumidor y obligado al cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, se halla constituida por ‘todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios…’ (Art. 2, Ley 24.240) (…) dentro de ese concepto de servicios queda incluido el de la prestación del servicio de cajeros automáticos (…) dentro de ese concepto no sólo quedan atrapados como proveedores el Banco o Entidad Financiera sino también todos aquellos que intervienen en el circuito económico” (Jabif, Hernán Matías y Pastore, Augusto Omar; “Relación de consumo: los cajeros automáticos”, DJ 2007-II, 1037). El servicio de cajeros automáticos es prestado por los bancos como accesorio, y genera numerosos vínculos –más allá de la relación entre el titular de la cuenta y la entidad financiera- “hasta implicar a terceros que no participaron en la contratación del servicio” (Jabif-Pastore, ob. cit.). Dicho en otras palabras, “la relación de consumo puede ser generada por un contrato, un acto unilateral o un hecho jurídico” (CSJN, “Ferreira, Víctor y Otro c/ V.I.C.O.V.S.A. s/ Daños y Perjuicios”, 21/03/2006).”

“La captura de las tarjetas de los usuarios ante la sospecha de alguna maniobra delictiva de terceros con las tarjetas de débito no tutela en definitiva el patrimonio de los usuarios, porque ante ello hubieran tenido que responder las entidades que brindan el servicio y las compañías de seguro contratadas al efecto (y no el usuario con su patrimonio), pues el deber de seguridad del servicio pesa sobre las entidades que lo ofrecen.”

“El deber de información constituye una obligación de resultado, pues la ley exige que esa información cumpla determinados y precisos contenidos. Por lo tanto, la sola verificación del incumplimiento hace responsable a la obligada, con prescindencia de cualquier circunstancia vinculada con la intencionalidad del sujeto (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “Protección procesal del usuario y consumidor”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2005, pág. 403).”

“Son inoponibles al usuario las cláusulas contractuales pactadas entre RED LINK S.A. y la entidad bancaria, por no ser parte en el convenio. De este modo, es irrelevante que RED LINK y el banco hayan determinado que la primera no tiene frente a los clientes o terceros responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de la red... Por ello, sus deberes ante el usuario no se rigen por lo pactado a sus espaldas, sino por lo previsto en la Ley 24.240, por lo que ... la sanción aplicada por el ente de contralor está debidamente funda.”

 

"RED LINK c/ D.N.C.I. - DISP. 544/07 y Otros” - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 18/06/2009

 

 

3.4. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Damnificados que quedan comprendidos en la órbita de la relación de consumo y protegidos por la ley de Defensa del Consumidor. Usuarios no contratantes. Daño Moral. Procedencia. Provisión de Servicios Públicos. Energía eléctrica. Daños. Corte injustificado del servicio de energía eléctrica. Error. Servicio imprescindible. Derechos del Consumidor. Régimen Legal. Relación de Consumo

 

"La relación de consumo excede el concepto de relación contractual, ya que en ella quedan incluidas también las vinculaciones derivadas de hechos o actos jurídicos conectados con el fenómeno del consumo, aunque no tengan su origen en un contrato. La noción de contrato de consumo (especie) es más restringida que la de relación de consumo (género), ya que en el marco de esta última quedan protegidos no sólo los consumidores o usuarios vinculados convencionalmente con los proveedores, sino también aquellos que sin haber sido partes en el contrato, son alcanzados por los efectos del mismo. En esta última situación, se encuentran, por ejemplo: los acompañantes circunstanciales del contratante en el momento del cumplimiento de prestación a cargo del proveedor, o los integrantes de su grupo familiar o social. Si a raíz de la provisión de cosas o de la prestación de servicios, esos no contratantes sufren daños, igualmente quedan comprendidos en la órbita de la relación de consumo, y consiguientemente, protegidos por la ley de Defensa del Consumidor. Entonces, en la relación de consumo quedan incluidas distintas situaciones, con independencia del hecho generador de las mismas (incumplimiento contractual o acto ilícito) y de la naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad del proveedor. Por lo tanto, la legitimación para reclamar la reparación de los daños ocasionados por los proveedores de cosas o servicios, también se extiende a los usuarios no contratantes.”

"Aunque en su versión original la Ley 24240 sólo hacía referencia al contrato oneroso de consumo, como la noción de relación de consumo tuvo expresa recepción constitucional, no cabían dudas de que esta última tenía operatividad jurídica, en virtud de la superior jerarquía normativa de la Carta Magna. Y este criterio recibió contundente confirmación con la Ley 26361 que, modificando el art. 1 de la Ley 24240, incorporó específicamente la relación de consumo al régimen legal de protección del consumidor. No obstante ello, vale aclarar que la nueva versión dada por la Ley 26361 al art. 1 de la Ley 24240, no resulta aplicable al presente caso, puesto que entró en vigencia en abril de 2008, es decir, con posterioridad al hecho aquí debatido, que tuvo lugar en marzo de 2006. En consecuencia, no es posible su aplicación retroactiva a un hecho acontecido con anterioridad a su entrada en vigencia (art. 3 C. Civil).”

"De cualquier modo, con la base normativa del art. 42 de la Constitución Nacional, cabe concluir que no sólo Cristina Mabel Uazzi, que contrató con la demandada la prestación del servicio, cuenta con legitimación para reclamar el resarcimiento de los daños que le hubiera generado la indebida interrupción del mismo; sino que también están legitimados al efecto los miembros del grupo conviviente con ella, quedando todos los reclamos sujetos a las mismas normas, a pesar de que uno de ellos está sustentado en un incumplimiento contractual y los restantes en un hecho ilícito."

"Tanto en la acción de amparo como en este proceso, EDEN S.A. reconoció que por un error de su parte, al tomar equivocadamente el número del medidor a retirar, interrumpió la prestación del servicio público de energía eléctrica en el domicilio de los accionantes. Pese a este reconocimiento, sostiene que la causa de los eventuales daños alegados en la demanda, no radica en la interrupción del servicio, sino en la conducta de la usuaria contratante que escogió la vía judicial en lugar de efectuar un reclamo administrativo, alongando de tal modo el lapso de privación del servicio. Adelanto que no encuentro configurada dicha eximente, puesto que no puede considerarse que los accionantes hayan incumplido con el deber de evitar el agravamiento del propio daño causado por la injustificada interrupción del servicio. Así lo entiendo, ya que no exhibieron una pasividad que coadyuvara al mantenimiento de la situación lesiva en la que se encontraban; sino que, por el contrario, desarrollaron una actividad tendiente a evitar la continuidad de la misma."

"Ello surge de las constancias del expediente acollarado, que demuestran que el injustificado corte del suministro de energía eléctrica tuvo lugar en horas del mediodía del 14 de marzo de 2006, mientras que Cristina M. Uazzi interpuso el amparo a la 9:50 hs. del día 16, incorporándose en la demanda una pretensión cautelar tendiente a la inmediata restitución del servicio, cuya desestimación no fue apelada -según explican los accionantes- para sustanciar el amparo rápidamente, conducta diligente que efectivamente aquella adoptó."

"En conclusión, no se ha producido una violación del deber de no agravar el propio daño que opere como concausa posterior de los menoscabos originados en la injustificada interrupción del servicio; y por ello, este agravio tampoco puede prosperar."

 

"Uazzi Cristina Mabel y ots c/ E.D.E.N. Empresa dist. de energía Norte s/ Daños y Perjuicios. Imcump. Contractual" – Cámara de Apelación en lo  Civil y Comercial de Junín (Buenos Aires) - 05/02/2009

 

 

3.5.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación. Integración. Bancos.

  

“El art. 3 de la Ley 24.240 establece que la normativa regulada por esta Ley se integra con las demás normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas y, estando la encartada -entidad bancaria- sometida al control del BCRA, las normas que éste dicte son imperativas a su respecto e, integrando el plexo normativo al que debe ajustarse, son pasibles de control -en la relación directa banco (como prestador del servicio) cliente (como consumidor)- en tanto se relacione con la atribución conferida de velar por los derechos de los consumidores (Cons. VIII)”.

 

1.678/07 “Banco Credicoop Coop. Ltdo. c/ DNCI -Disp. 922/06 (Expte S01:0029781/03)”.C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala 1., Coviello, Morán. 21/10/2008

 

 

3.6. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación. Orden público. Derecho común.

 

“La Ley 24.240 de orden público, integra el derecho común toda vez que resulta complementaria de los preceptos contenidos en los Códigos Civil y de Comercio (Fallos: 324:4349)” (Cons. VII).

 

10.116/06 “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/DNCI-DISP 114/06 (EX 2695/01)”.C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala 1., Coviello, Morán. 25/09/2008

 

 

3.7. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Compra de Vivienda para Uso del Adquirente y de su Familia. Consumidor. Art. 1 Ley 24240 (según Ley 26361). Relación de Consumo.

 

"Por si alguna duda pudiera caber, que no cabe, es del caso señalar que la vinculación contractual existente entre las partes, se enmarca plenamente en el ámbito del derecho del consumidor en que, la masificación y despersonalización se presentan como notas características. Sostiene Lorenzetti que "La masividad, la organización empresarial que la sustenta, la abusividad y cautividad que presenta la modalidad, hace que deba ser estudiada dentro de las relaciones de consumo" (Cfr. "El contrato de tiempo compartido", LL, 1999 -E- 1097; Conclusiones de las Terceras Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal de Junín -1988- comentario de Highton, Smayevsky, también Di Filippo, María "`Tiempo compartido: Su actualización a la luz del derecho de daños", J.A. Suplemento del 5 de febrero de 2003 p. 13)."

 

"H., M. N. c/ M., J. R. s/ Daños y Perjuicios" - Cámara de Apelaciones de Trelew (Chubut) - 20/06/2008

 

 
3.8. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Defensa del Consumidor: Objeto. Características.  Orden  Público. Ramos del Derecho. Integración. Sistema de Responsabilidad. Responsabilidad Objetiva.
 
“La Ley de Defensa del Consumidor regula lo que la propia constitución nacional denomina "relación de consumo" (CN: 42), y sus disposiciones afectan no solo normas de derecho civil, sino también comercial, procesal, administrativo, penal, etc., "...para comprenderlas e integrarlas sistemáticamente” (Cfr. Kemelmajer de Carlucci - Tavano de Aredes, "la protección del consumidor en el derecho privado”, derecho del consumidor 1991, Nº 1 p. 11, citado por Farina, "defensa del consumidor y del usuario”, p. 13); así, esta norma, al regular un tipo de relación especifica, incide en el sistema de responsabilidad del código civil, al dictar reglas particulares aplicables a este tipo de vinculo que prevalecen frente a las generales del código de fondo; y, al tratarse de una Ley de orden público (Ley 24240: 65), cabe aplicar sus especificas disposiciones  dirigidas, en términos generales, a restablecer el equilibrio entre las partes en una relación que por su  naturaleza muestra al consumidor como su parte débil; máxime, considerando que esta "relación de consumo” habitualmente se concreta por vía de formas de contratación masiva, instrumentadas mediante cláusulas predispuestas en donde el consumidor solo puede limitarse a aceptarlas o, en su defecto, rechazar el convite; en tal contexto, la ley establece un régimen que la doctrina mayoritariamente ha calificado como de  responsabilidad objetiva de  la  contraparte del consumidor (fabricante, vendedor, prestador de servicio, etc.)”.
 
“Bieniauskas, Carlos c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala D. Vassallo - Heredia - Dieuzeide. 15/05/08

 

 

3.9. DEFENSA DE CONSUMIDOR. Contrato de Tarjeta de Crédito. Prueba. CPR 377. 29.12.

 

“La  entidad bancaria que reclama el saldo deudor derivado del presunto incumplimiento de un contrato de tarjeta de crédito presentando un instrumento privado, tiene la carga de probar la existencia de ese acuerdo  frente al desconocimiento de la accionada (Cpr: 377), resultando idóneo para ello la prueba pericial   caligráfica (Cpr: 390); pues, sin perjuicio de la autosuficiencia del derecho procesal aplicable al proceso para fundar esta conclusión, ella, además es la que mejor se adapta al marco de la ley de Defensa del Consumidor que incluye al usuario de una tarjeta de crédito en forma indudable a partir de la sanción de la Ley 25065, por la remisión que esta efectúa a la Ley 24240: 3 (SCmza, Sala I, 3.12.02, "Banco de Mendoza S.A. c/ Luís Carlos Cohen y Otros s/ Ord. s/ Inc. Cas.”)”.

 

“HSBC Bank Argentina SA c/ Alvarez, Alberto s/ Ord”. Cámara Comercial: Sala D. Dieuzeide - Heredia - Vassallo. 12/03/08

 

 

3.10. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación. Relación con las Leyes de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial.

 

“La Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, conforma un sistema protector en conjunción con la leyes de Lealtad Comercial (Ley 22.802) y de Defensa de la Competencia (ley 22.262, actualmente derogada por la Ley 25.156) ya que así lo establece expresamente su art. 3, norma que comporta una clara pauta de exégesis dentro de un contexto de conjunto (Sala IV “Cyesa S.R.L. c/ Sec. de Comercio e Inversiones -Res. DNCI 3542/95”, 18/03/97 y Sala V,’Wassington S.A.C.l.F.I. cf Sec. de Comercio e Inversiones”, 20/07/97)” (Cons. IV).

 

15.772/04 “Prima S.A. c/ DDC -resol 16/04/04 (Expte SO 1-92690/04) “.C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala II., Herrera, Garzón de Conte Grand. 20/09/2007

 

 

3.11. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Daños y Perjuicios: Emergencia Económica. Contratos Bancarios.  Moneda Extranjera. Reprogramación. Violación. Responsabilidad del Banco. Improcedencia.

 

“El reclamo por resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de  depósito bancario en dólares estadounidenses, en virtud de los daños materiales, morales y psicológicos derivados de haber cobrado dicho depósito reprogramado de conformidad con las leyes de emergencia económica vigentes a ese momento, no puede fundarse en la violación a la CN: 17 y 42 y a la Ley 24240 de defensa del consumidor, calificando a la colocación de fondos a plazo fijo que hiciera, como un contrato de adhesión y reclamando, para la resolución del caso la aplicación del principio "in dubio pro consumidor";  pues, más allá de la polémica doctrinal acerca de si las operaciones bancarias están alcanzadas o no por aquella ley, y de si el cliente de un banco es un consumidor (Cfr. a favor: Mosset  Iturraspe, J., "el cliente de  una entidad financiera -de un banco- es un consumidor tutelado por la Ley 24240", JA 1999-II-841; en contra: Bonfanti, M., "el cliente de Banco y la Ley 24240", JA 1999-III-704; y planteando el tema: Barreira Delfino, E., "la Contratación Bancaria”, en Lorenzetti, R. y Schötz, G., “defensa del consumidor”, Bs. As., 2003, p.177,  espec. ps. 195-6, n° 5), no se ha explicado cual es la duda que se plantea en la especie, que haría procedente recurrir al principio "in dubio pro consumidor"; por lo que cabe desestimar tal reclamo”.

 

“Reichenbaum, Liliana c/ Banco Bansud SA s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala D. Heredia - Dieuzeide - Vassallo. 8/05/07

 

 

3.12. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de Turismo. Uso de Alojamientos en Temporada Alta. Posibilidad de Realizar Intercambios Directos a Otros Destinos. Aumento de las Tarifas. Incumplimiento  Contractual. Reclamo. Procedencia. Carga de la Prueba Dinámica. Falta de Prueba. Presunción de Incumplimiento de  la  Accionada. Defensa del Consumidor. Interpretación más Favorable (ley 24240: 3).

 

“Resulta procedente la demanda por daños y perjuicios originados a raíz del incumplimiento de un contrato de uso de una semana temporada  en alta de unidades de alojamiento predeterminadas, toda vez que la sociedad  demandada incumplió con las tarifas acordadas para intercambios directos, lo que imposibilitó a los actores el  uso de los derechos que los impulsara a vincularse con la demandada en ese contexto, cabe concluir que fue la  entidad defendida quien debió probar que el destino solicitado por los actores no se encontraba dentro de los previstos como intercambios directos y por lo tanto ajeno a la tarifa pactada, teniendo en cuenta la facilidad   con la que pudo haber acompañado los medios de prueba, pues la información se relaciona de manera directa  con los servicios que hacen a su giro habitual. Consecuentemente, al no haber sido arrimados tales elementos al proceso, se genera en su contra una presunción de verdad sobre su conducta incumplidora que a ella correspondió desvirtuar. Ello se ve reforzado por el hecho de que en caso de duda se debe optar por la  interpretación más favorable para el consumidor (Ley 24240: 3); en este caso los actores que contrataron con  la demandada. Por todo lo expuesto, corresponde condenar a la demandada a abonar a los actores en    concepto de indemnización una suma equivalente a la oportunamente ingresada por ellos al contratar. El   monto de la condena devengará un interés calculado, desde la fecha del pago citado, según la tasa que cobra  el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias a 30 días (CNCOM, en pleno, 27.10.94, in re "SA la Razón s/ quiebra s/ incidente de pago a los profesionales")”.

 

“Pisano, Pablo c/ Emprendimientos Inmobiliarios y Tur Poligono SA s/ Sumarísimo”. Cámara Comercial: Sala B. Bargallo - Díaz Cordero - Piaggi. 25/04/07

 

 

3.13. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contratos: Interpretación. Intereses. Contrato de Tarjeta de Crédito. Cálculo de Intereses. Cláusulas Ambiguas. Interpretación a Favor del Consumidor.

 

“Admitida una demanda por cobro de pesos, en base a ciertos resúmenes de cuentas impagos, derivados de la utilización de una tarjeta de crédito, a los fines del cálculo de los intereses, resulta inadmisible aplicar las cláusulas del contrato en tanto establecen condiciones generales y particulares carentes de estipulaciones  concretas o veraces respecto de las tasas a devengar, que no fueron explicitadas de manera asequible. Asimismo, presentan porcentajes variables en una época de absoluta estabilidad económica (años: 1993/4). Ello resulta así, pues el tarjeta-habiente es un consumidor, y la Ley 24240 consagra la protección de los  intereses económicos de los consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a ser informados adecuadamente y a un trato equitativo y justo, derecho que tiene explicita base constitucional (CN: 42) con alcance operativo e inmediato principio de cumplimiento”.

 

“Banco Bansud SA c/ Amaru, Sonia s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala B. Piaggi - Díaz Cordero - Bargallo. 27/03/07

 

 

3.14. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Seguros: Seguro de Retiro. Emergencia Económica. Contratación en Moneda Extranjera. Rescate en Pesos. Reclamo de la Diferencia en Dólares. Procedencia. Renuncia de   Derechos. Interpretación Restrictiva. Lesión. Cláusula Predispuesta. Ley 24240. Interpretación contra Profirentem. Decreto 905/02. Publicidad Vinculante (Ley 24240:19).

 

“Cabe hacer lugar a la demanda deducida contra una compañía de seguros, y en su mérito, condenarla a  abonar al actor la diferencia entre la suma rescatada en pesos y el importe originalmente efectuado en dólares (v. CNCOM, Sala C, 30.3.04, in re "Leva de Cavallera, Nélida c/ Buenos Aires New York Life Seguros S.A."; Sala D, 22.12.04, in re "Grunblatt, Carlos Reynaldo c/ Siembra Seguros de vida  S.A. s/Ordinario"). Ello así, no obstante la renuncia a efectuar posteriores reclamos efectuada por el actor al momento de percibir el valor del rescate pesificado, la cual aparece predispuesta en las notas de los recibos adjuntados por la demandada. Es que resulta impensable que el actor hubiera consentido voluntariamente la pesificación de los fondos invertidos y desistido de su derecho a mantenerlos en la moneda de origen. En efecto, la renuncia debe interpretarse con  criterio restrictivo (CCIV: 874) y en caso de duda considerar que no la hubo. Asimismo, las notas insertas en tales recibos merecen serios reparos desde la óptica del CCIV: 954. Si se toma en cuenta como debió haberse asesorado al asegurado, que no se acreditó que fuera una persona avezada en los negocios, y la gravedad de las consecuencias que para el implicaba consentir un presunto "reajuste" que habría de reducir sustancialmente su aporte jubilatorio mantenido en la firma demandada, aparece prima facie configurada una  hipótesis de lesión objetiva. Esa sustancial reducción del activo de la inversora importaba generar una  "notable desproporción de las prestaciones" (CCIV: 954-3Párr.), y opera en el caso la presunción allí  prevista de haberse originado en la explotación de "la necesidad, ligereza o inexperiencia" de la actora, a fin de     obtener "una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación" (CCIV: 954-2Párr.). Por otro lado, cabe recordar que, en caso de duda sobre el sentido de las cláusulas predispuestas en un contrato por adhesión, ellas deben ser interpretadas contra profirentem, es decir, en contra de lo pretendido por la parte del contrato que las creó imprimiéndolas normalmente en un formulario (CSJN, 15.12.98, in re "R. V. de D. S.  María  V.  Qualitas  Médica S.A.", y jurisprudencia allí citada, ll 1999-b-118; CNCOM, Sala  C, 22.10.02, in  re "Prenfin S.A. v.  Mapfre Aconcagua Compañía de Seguros s/ Ordinario"). Voto del Dr. Ojea Quintana:. cabe  hacer lugar a la demanda deducida contra una compañía de seguros, y en su merito, condenarla a abonar al  actor la diferencia entre la suma rescatada en pesos y el importe originalmente efectuado en dólares. Ello así, en tanto resulta de aplicación el decreto 905/02, teniendo en cuenta que el contrato de seguro colectivo fue acordado en dólares y que bien puede extenderse el lato concepto de "matriz en el exterior" y "emisora local",  en función de las particularidades del mercado asegurador, a los grupos societarios con las diversas formas de integración de sociedades formalmente diversas que esa calificación permite asumir (CNCOM, Sala C,  29.3.05, in re "Krieguer, Carlos G. c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ amparo"). Asimismo, la publicidad en  punto a la solvencia económica de la demandada, proporcionada por su conexión con entidades  internacionales, constituyó una condición esencial de contratación. En este sentido, resulta aplicable la Ley 24240, en punto a restablecer una relación de justicia distorsionada por causas que no pueden recaer en perjuicio de la parte mas débil (Ley  24240: 3), y el art. 19 de la citada ley, en concordancia con el 7 y 8, que en lo concreto se estipula que los servicios deben prestarse conforme fueron ofrecidos, publicitados o  convenidos. Por último, no es aplicable la doctrina de los actos propios al supuesto de falta de reserva, toda  vez que al momento de efectuar el rescate pesificado no podía exigírsele al actor la expresión explicita de su disconformidad al punto de desconocer su derecho a la percepción integra del seguro de retiro contratado. Voto en disidencia del Dr. Caviglione Fraga: resulta improcedente la demanda deducida contra una compañía de seguros, tendiente a obtener la restitución de la diferencia entre el rescate percibido originariamente en  pesos y lo invertido en dólares estadounidenses, toda vez que al momento de recibir dicho importe suscribió  dos recibos donde renunció a efectuar posteriores reclamos. De este modo, el actor manifestó expresamente su  voluntad de desobligar a la demandada tras la recepción del último de los pagos, lo cual ocasionó la extinción del crédito reclamado (CCIV: 868). De igual manera, tampoco el actor demostró la existencia de estado de necesidad ni de un vicio de la voluntad que obstase a tener por valido  el consentimiento expresamente prestado (CCIV: 897 y Ccdtes.)”.

 

“Gómez, Gabriela c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo”. Cámara Comercial: Sala C. Caviglione Fraga - Monti - Ojea Quintana. 6/03/07

 

 

3.15. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Seguros: Situación Dudosa. Mora.

 

“No puede la aseguradora pretender eximirse del pago del seguro alegando mora del asegurado en el pago de  la prima, con fundamento en que el abono del período que se iniciaba el día del robo del rodado y que vencía  el día anterior a la sustracción, fue efectuado al día siguiente de dicho hecho y, en una nota que el asegurado  debió presentar a solicitud de un empleado de la aseguradora al momento de denunciar el siniestro, de la que se desprendería el reconocimiento por su parte, sobre el hecho de que el vencimiento de las primas correspondientes a ese período habían operado el día anterior al siniestro; toda vez que, conforme constancias acercadas por la parte, desde el mes anterior la aseguradora había ampliado la fecha de pago, permitiendo  efectuarlo a partir del día fijado originariamente y hasta diez días después; con lo cual, se configura una situación dudosa, que deberá resolverse a favor del asegurado, por aplicación de las disposiciones de la Ley 24240, sancionada por el Congreso, dentro de las facultades otorgadas por la CN:75-12°, con la finalidad de  llenar un vacío existente en la legislación argentina, pues otorga una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los consumidores- recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se veían afectados ante situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana (Cfr. Csjn, 11.12.01, "Flores Automotores S.A. s/ Rec. Ley 2268/98")”.

 

“Alonso, Adriana c/ Caja de Seguros SA s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala A. Uzal - Kölliker Frers - Miguez. 6/03/07.

 

 

3.16. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de Turismo. Contrato de   Tiempo   Compartido. Características. Objeto. Naturaleza. Normas Aplicables.

 

“La modalidad más conocida y difundida del contrato de tiempo compartido, es la utilizada en el alojamiento vacacional (CFR. Puerta de Chacón, Alicia, "Tiempo compartido ¿un producto turístico?", 'Turismo, derecho   y economía regional', Ed. Rubinzal Culzoni, Santa  Fe, p. 129), cuyo objeto es el uso en forma exclusiva, por  un período determinado, de una unidad habitacional de un inmueble ubicado en una zona turística, más los  bienes muebles que integran la unidad habitacional, los espacios comunes del inmueble y los servicios que en el se proporcionan al usuario; es un contrato comercial, carácter otorgado por la realización de la actividad con  carácter empresario por el sujeto desarrollista, quien asume los riesgos jurídicos y económicos de su actividad  (CCOM:  8-5°) y, es indudablemente un contrato de consumo, siéndole, por ende, aplicable la legislación del sistema de defensa del consumidor (Ley 24240 y CC.; Lorenzetti, Ricardo Luis, "Tratado de los Contratos", T. II, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, P. 461); ello así, a la interpretación de este tipo de contratos le resulta de aplicación el principio in dubio pro consumidor (Ley 24240: 3)”.

 

“Morganti, Alberto c/ Club House San Bernardo SA s/ Ordinario. Cámara Comercial: Sala A. Kölliker Frers - Uzal. 15/02/07

 

 

3.17. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contratos Innominados. Contrato de Medicina Prepaga. Ley 24240. Aplicabilidad.

 

“Dado que en el contrato de medicina prepaga el poder negociador de ambas partes es diferente, en tanto se  advierten desigualdades en la relación contractual capaces de ocasionar perjuicios a la parte más débil en la relación negocial, ya sea que se lo considere un contrato de adhesión o se lo asimile con el contrato de seguro, le resulta de clara aplicación la Ley de Defensa del Consumidor en punto a su interpretación y a las cláusulas abusivas e ineficaces (Ley 24240: 3, 37 y CCDTES.)”.

 

“Titiro, Ricardo c/ Sociedad Italiana de Benef. en Buenos Aires Htal. Italiano s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala A. Kölliker Frers - Miguez - Uzal.  7/11/06

 

 

3.18. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Interpretación. Contratos de Seguros.

 

“Mientras la Ley especial -número 20.091- reglamenta las condiciones intrínsecas, como la formación, funcionamiento e incompatibilidades de las entidades aseguradoras, así como también su relación con la autoridad de control - Superintendencia de Seguros de la Nación-; en cambio la Ley 24.240 atiende lo relativo a la protección del consumidor, la oferta y venta de los productos, las condiciones de prestación del servicio y el acceso a una información completa, oportuna y veraz. De tal manera, no se advierte incompatibilidad entre ambas leyes” (Cons. III).

 

34.281/03 “American Home Assurance Company c/DNCI -disp 645/03 (Expte 64016029/99)”.CAM. NAC. CONT. ADM. FED., Sala III. Araento. Grecco. 31/10/2006

 

 

3.19. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Seguros: Seguro Colectivo (Art. 153/5). Principios Generales. Beneficiario (art. 153).
 
“Si el desenvolvimiento de la relación entre el tomador del seguro y la aseguradora es ajeno al trabajador o beneficiario, las consecuencias de la conducta errónea o negligente de aquellos le resultan inoponibles al beneficiario quien no debe verse perjudicado por ello (CNCIV y Com.Fed., Sala III, 16.12.92, "Gioppato,  Jordan c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro", "Revista del  Derecho  Comercial",  año 26, 1993-b, pag. 366) y en caso de duda, debe estarse a la interpretación que resulte mas favorable al  beneficiario (Ley 24240: 3 y sus modif.). Ello, sin perjuicio de  las  eventuales acciones resarcitorias que pueda deducir la aseguradora contra el tomador del seguro”.
 
“Cespi, Alberto c/ Caja de Seguros de Vida s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala A. Miguez - Kölliker Frers - Uzal. 26/10/06

 

 

3.20. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contratos: interpretación. Contrato de Adhesión.

 

“En caso en que la parte actora solicitó se declare la nulidad de una cláusula tope de la cobertura de un contrato, celebrado con una empresa de medicina prepaga por servicios médicos, cuyo contenido o elementos   esenciales queden al arbitrio del predisponente, en perjuicio de los consumidores o usuarios, deben   interpretarse  en  el  sentido  más  favorable  para  el consumidor  (Ley  24240:  3  y  37)  y contra stipulationen (Cfr. Spota, "Instituciones de Derecho Civil - Contratos", Tomo II, Bs. As., Depalma, 1974/1984, pag. 110 y Garay, Oscar Ernesto, "La  Medicina Prepaga", Ed. Ad-hoc, Bs. As., 2002, pag. 116/117 y 166  y  CNCIV,  21.2.96,  Sala  K,  "Gimenez  de  Rueda, A. M. c/ Asociación Civil del Hospital Alemán y Otro s/ Daños y Perjuicios"; Id., Sala L, 25.5.96, "Arenas, Enrique c/ Centro Médico Santa Fe SAC y/u Otro s/ Ord."). Ello es concordante con lo dispuesto por la Ley 24240: 37 que establece: "...se tendrá por no convenidas las   cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños, las cláusulas que  importen  renuncia  o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte...".

 

“López, Claudio c/ Omint SA de Servicios s/ Ordinario. Cámara Comercial: C. Caviglione Fraga – Monti”. 14/07/06

 

 

3.21. DEFENSA DEL CONSUMIDOR  Seguros: Seguro de Responsabilidad Civil (arts. 109/20). Alcance

(art. 109). Franquicia  Elevada.  Nulidad. Integración.  Decreto Reglamentario 1798/94.

 

“Son aplicables al contrato de seguro las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, 24240 y su decreto reglamentario 1798/94, por tratarse de un contrato de servicio y, tratándose de un seguro de  responsabilidad civil contratado por la concesionaria de un servicio público de transporte de pasajeros, aun  cuando resulta dudoso que pueda reputarse a la concesionaria como "Un Débil Jurídico", declarada la  nulidad parcial y absoluta de pleno derecho de la irrazonablemente elevada franquicia estipulada en el, cabe  integrar el contrato (Ley 24240: 37), pues ante el vacío dejado, el juez debe integrarlo recurriendo al tipo contractual correspondiente y efectuando una tarea interpretativa integrativa y considerando lo dispuesto en "las  condiciones  generales"; que la póliza se rige -según constancias de la causa- por las condiciones aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y lo dispuesto por el art. 3: suma asegurada - descubierto obligatorio, resulta justo y  razonable que el asegurado participe en cada siniestro con un 10% de  la indemnización que resulte de la sentencia judicial, incluyendo honorarios, costas e intereses a su cargo, en tanto no supere el 1% de la suma asegurada al momento del siniestro, por cada acontecimiento”.

 

 “Barreiro, Jorge c/ Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA s/ Ordinario”. Cámara Comercial: A. Miguez - Kölliker Frers - Uzal. 20/07/06

 

 

3.22. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal Especial: Procesos de Conocimiento. Disposiciones   Generales. Acción Meramente Declarativa (art. 322). Procedencia. Accionante. Pretensión. Menor de Edad. Discapacidad Motriz de Nacimiento. Aplicación de la Ley 24091. Procedencia.

 

“Si se dedujo una acción declarativa de certeza a efectos de que se establezcaque un menor de edad -que padece una discapacidad motriz de nacimiento- tiene derecho al 100% de la atención conforme la Ley 24091, Decreto 1193/98 y Resolución 428/99, en concordancia con la Ley 24754 y Decreto 247/96, resulta improcedente rechazar la pretensión de cobertura pretendida con el  alcance de la Ley 24901. Ello pues, es de toda obviedad que en la especie está en juego el derecho a la salud de rango constitucional (Cfr. CN: 42;  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales, adoptado por la ONU el 16.12.66,  ratificado por Ley 23313) y jerarquía superior a las leyes de acuerdo a la CN: 22. Esto, en la especie, se corrobora por la edad del implicado: los niños poseen, además de los derechos de toda persona, derechos específicos indispensables para su formación que requieren comportamientos que deben ser garantizados tanto  por los adultos como por la sociedad global; tal es el sentido que informa a la Convención de los Derechos del  Niño, de raigambre constitucional, derechos que no son pragmáticos sino operativos. Por Ley 24754 se extendió a las empresas de medicina prepaga la obligación de cobertura de las mismas prestaciones  obligatorias dispuestas para las obras sociales. De su lado, la Ley 24901instituyó un sistema de prestaciones   básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (v. art. 1).  De la télesis de las Leyes 24901 y 24754 se desprende que la empresa de medicina  prepaga -al igual que las obras sociales- forman parte de un sistema que les impone el otorgamiento de  prestaciones entre las que se encuentran las requeridas por el pretensor (V. arts. 1, 2, 4, 14, 15, 25, 26 y 27 de  la Ley 24901). A mayor abundamiento, el dictado de la Ley 24754 implica la intervención del Estado por vía  de la reglamentación en el ejercicio de ciertas industrias y actividades a efectos de restringirlo o encauzarlo en la medida que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral y el orden público (Fallos  318:2311). Tal interpretación se impone, pues su desconocimiento obstaculiza los fines que el legislador tuvo  en miras al dictar la Ley 24754 -esto es, garantizar a los usuarios un nivel de cobertura mínimo con el objeto  de resguardar los derechos constitucionales: derecho a la vida y a la salud, colocando al desamparo a los nuevos usuarios que se suman al sistema de medicina prepaga. No debe olvidarse que las empresas  comercializadoras de un servicio de medicina prepaga, además de intentar cumplir el objetivo que su propia naturaleza comercial les imprime, deben propender a proteger la vida, la integridad y la salud de las personas, por lo que adquieren un cúmulo de compromisos que exceden o trascienden el mero plano negocial. En este campo conceptual, la defendida no puede pretender eximirse de la responsabilidad que le cabe como prestadora de un servicio de salud, alegando que la Ley de Discapacidad 24901 le es inaplicable, toda vez que  la promulgación de la Ley 24754 le hizo extensivo sus efectos. Cabe precisar, que se debe optar por la interpretación más favorable al consumidor (Ley 24240: 3), y en caso de duda debe optarse por privilegiar a  la parte más débil, según notoriamente lo es el menor que padece epilepsia refractaria, debiéndose asumir el criterio interpretativo favor debitoris, con la fórmula más abstracta de favor debilis (Cfr. CNCOM, Sala B,  21.12.04, "Barrientos, Daniel c/ Medicus S.A. s/ Sumarisimo").

 

“Barrientos, Daniel c/ Medicus SA s/ Sumarísimo”. Cámara Comercial: B. Díaz Cordero - Butty. 24/10/05

 

 

3.23. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Daños y Perjuicios: Responsabilidad Contractual. Prestación de Servicios. Servicios médicos. Accionante. Medida Cautelar. Finalidad. Descendiente. Incapacidad Motriz de  Nacimiento. Otorgamiento de Cobertura Integral. Procedencia. Defendida. Oposición. Inexigibilidad del Programa Médico Obligatorio. Improcedencia.

 

“Si se hizo lugar a una medida cautelar para que la empresa de medicina prepaga defendida otorgara cobertura integral al hijo del pretensor, quien sufre una incapacidad motriz de nacimiento y requiere la   realización  de  estudios  de marcha con electromiograma para readaptación ortopédica, y rehabilitación motriz con diagnóstico de disfunción de marcha que resulta necesario de acuerdo a prescripciones médicas;  resulta improcedente que la accionada alegue -como en el caso-, la inexigibilidad del programa médico obligatorio a los sistemas de medicina prepaga. Ello pues, tal programa entró en vigencia para las obras  sociales en el mes de noviembre de 1996. Mas el 23.12.96 se promulgó la ley 24754, en cuyos fundamentos, el legislador señala que el objetivo del proyecto es garantizar a los usuarios de los servicios de empresas como la reclamada un nivel de cobertura mínimo, que sea similar al que prestan o deberían prestar las obras sociales y demás agentes del seguro. De modo pues, que en la hipótesis se debe optar por la interpretación más favorable  para el consumidor (conf. Ley 24240: 3); pauta que alcanza tanto a la interpretación de la ley como del  contrato y de acuerdo con lo previsto por el CCIV: 1198, en caso de duda debe optarse por privilegiar a la parte más débil, según notoriamente lo es el menor que padece la mentada enfermedad, por lo que debe  asumirse el criterio interpretativo favor debitoris, con la fórmula más abarcativa de favor debilis”.

 

“Barrientos, Daniel c/ Medicus S.A. s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala B. Butty - Díaz Cordero - Piaggi. 21/12/04

 

 

3.24. DEFENSA DEL CONSUMIDOR: Interpretación.

 

“Cuando la Ley 24240 sienta el principio de que, ante duda, se estará a la interpretación mas favorable al consumidor, no está avalando una interpretación parcial o tendenciosa. En otras palabras, el juez no debe prescindir del esfuerzo interpretativo habitual; si efectuado este, conforme a las reglas de la teoría general, la oscuridad persiste; solo entonces habrá de encontrar aplicación la mentada regla”.

 

“Derderian, Carlos c/ Video Cable Comunicación S.A. y Otro s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala A. Miguez - Viale - Peirano. 31/03/04

 

 

3.25. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contratos: Emergencia Económica. Contratos  Bancarios.  Caja  de  Ahorro en Dólares. Depósito. Restitución Inmediata. Moneda de Origen. Conversión. Tipo de Cambio. Ley  25561: 15  y Decreto 214/02. Inconstitucionalidad. Fundamentos.

 

“Cabe confirmar el pronunciamiento del juez de grado que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 25561: 15, el Dec. 214/02: 2 y 4, y las disposiciones que fueren su consecuencia, e hizo lugar a la acción de amparo promovida por la depositante de una suma de dinero en una caja de ahorro en dólares, que fuera alcanzada   por las normas sobre conversión a pesos y "reprogramación" de depósitos bancarios en moneda extranjera,  toda vez que, conforme lo ha sostenido la CSJN ,5.3.03, in re: "Provincia de San Luís c/Estado Nacional", si   bien en estado de emergencia económica se justifica la adopción de remedios extraordinarios, el rasgo fundamental de ellos debe ser la limitación temporal y razonable del ejercicio de los derechos, no pudiendo desvirtuar la esencia de las relaciones jurídicas establecidas bajo un régimen anterior; como aval a tal doctrina, desde una óptica "aggiornada" del derecho privado, puede decirse que quienes confiaron sus ahorros  a los bancos y se sujetaron a las reglas y condiciones predispuestas por aquellos en una relación de suyo  desigual, lo hicieron bajo la firme tutela no solo de las normas del CCIV: 2189, 2220, 617 y 619  y del CCOM: 575 y 576, sino en particular de las contenidas en la Ley 24240, llamada de Defensa del Consumidor, cuyas directivas son una reglamentación de los derechos que consagra hoy la CN: 42 (fundamento del Dr. Monti, al que no adhieren los restantes vocales por exceder el marco de la discusión propuesta por las partes). (En  igual  sentido: Sala D, 30.6.05, "Carballido, Laura c/ Banca Nazionale del Lavoro SA s/ Ordinario)”.

 

“Kramer de Riva, Silvia Beatriz c/ Bankboston NA s/ Amparo s/ Inc. de actuaciones separadas”. Cámara Comercial: Sala C. Monti - Di Tella - Caviglione Fraga. 13/02/04

 

 

3.26. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal Especial: Procesos de Ejecución. Juicio Ejecutivo. Título Inhábil. Ejecutado. Principal Pagador. Otorgamiento de Garantía Ómnibus. Especificación de Vigencia Temporal. Vencimiento.

 

“Si el ejecutado se obligó como principal pagador de los créditos que el banco ejecutante diera a cierta sociedad anónima, resulta improcedente mandar llevar adelante la ejecución cuando, -como en el caso-, se  verifica que si bien el defendido otorgó en favor del pretensor una garantía de la clase que cierta doctrina conoce con el nombre de "omnibus", comprensiva de "cualquier operación  de  crédito que tenga en el presente o contraiga en el futuro" con la mentada sociedad; sin embargo, en el pertinente instrumento consta que la obligación contraída tendría vigencia por un razonable limite temporal (5 años) el cual se encuentra vencido.  En tal sentido cabe precisar, que lo que pudiera estimarse como relativa ambigüedad en cuanto a las obligaciones abarcadas por la garantía -extensión de la fianza a renovaciones, vencimientos o esperas que excedan el plazo- debe interpretarse de la manera más favorable al consumidor (conf. Ley 24240: 3), pauta que alcanza tanto a la interpretación de la ley como al contrato, puesto que en esta materia -de acuerdo con lo  prescripto por el CCIV: 1198-, en caso de duda debe optarse por privilegiar a la parte más débil: principio del "favor debilis", pues ante la ausencia de certeza debe formularse el encuadre normativo que favorece al más vulnerable.

 

“HSBC Bank Argentina S.A. c/ Sistemas Energéticos S.A. y otros s/ Ejecutivo”. Cámara Comercial: Sala B. Piaggi - Butty - Díaz Cordero. 11/04/03

 

 

3.27. DEFENSA DEL CONSUMIDOR: Interpretación.

 

Voto de la Dra. Miguez:

“La  Ley 24240 es una norma especial, estatutaria, que se integra con normas generales y especiales a las que hay que recurrir para la solución de los problemas que se presenten. Contiene normas protectoras que  abarcan desde la publicidad, la etapa precontractual hasta la oferta, su celebración y efectos post contractuales  (arts. 7, 8, 19, 36 y 37). Propicia una interpretación orientada a implantar la garantía de   equidad en las obligaciones contractuales. Y en la medida que los contratos de consumo, son una categoría   mayor, sus normas se aplican con independencia de la existencia o no de cláusulas generales, aun cuando en   su gran mayoría importan adhesiones a cláusulas generales y predispuestas. La doctrina moderna señala que en las contrataciones en masa entre desiguales, el derecho dispositivo deja progresivamente de serlo para transformarse en semi-coactivo”.

 

“Cosentino, Osvaldo Alberto y Otro c/ HSBC Banco Roberts S.A. s/ Rectificación de saldo de la cuenta corriente. Cámara Comercial: Sala A. Viale - Miguez (en disidencia) - Peirano. 3/12/02

 

 

3.28. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación. Cliente Bancario.

 

Voto de la Dra. Miguez:

“El cliente bancario en tanto sea consumidor final de servicios de esa naturaleza debe garantizársele una información eficiente sobre los elementos esenciales de la relación contractual y sus variaciones, con el doble  fin de promover y salvaguardar el desarrollo regular de la competencia  y  proteger  a  las  partes  contratantes  débiles, tutela que corresponde acentuar cuando se trata de personas físicas que actúan con fines extraños a su  actividad empresarial o profesional. El estipulante es quien redacta el contrato, por lo cual tiene el deber de hacerlo de manera clara, precisa, comprensible, por consiguiente quien pudo y debió hablar claro, carga con las consecuencias de su obrar, de su oscuridad o ambigüedad, sea por torpeza, ligereza o deliberado   propósito, es decir que "en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor" (Ley 24240: 3-último parr.).

 

“Cosentino, Osvaldo Alberto y Otro c/ HSBC Banco Roberts S.A. s/ Rectificación de saldo de la cuenta corriente. Cámara Comercial: Sala A. Viale - Miguez (en disidencia) – Peirano”. 3/12/02

 

 

3.29. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de Tarjeta de Crédito. Prueba. Firma  del  Contrato.  Autenticidad.  Demostración  a  Cargo  del Accionante.

 

“Tratándose de un juicio ordinario donde se reclama el saldo de una tarjeta de  crédito, en el que solo se  acompaña un instrumento privado, la carga de la prueba de la autenticidad de la firma pasa sobre quien  invoca el hecho constitutivo de la demanda, o sea, la existencia del contrato. Solución esta que mejor se adapta  al amparo de la ley de Defensa del Consumidor del que goza el usuario de una tarjeta, de cuya existencia no hay  duda alguna a partir de la sanción de la ley 25065, dada la remisión que esta hace al art. 3 de la citada Ley 24240”.

 

“Cohen,  Luís  Carlos  y Otros en j. 74036/34255. Banco de Mendoza S.A. c/ Luís Carlos Cohen y Otros p/  Ord. s/ inc”. Cas Scmendoza: Sala I. 3/12/02

 

 

3.30. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal: Medidas Cautelares. Procedencia.  Mantenimiento de Cobertura Médica.

 

“Procede la solicitud cautelar consistente en el mantenimiento de la cobertura de asistencia médica y la  atención de la intervención quirúrgica de hernia de disco programada cuando, -como en el caso-, se verifica que la defendida comunicó el cese de la cobertura, con una manifestación lacónica que no explica los  fundamentos de tal actitud, que contiene una remisión a ciertos artículos del reglamento de la accionada. Ello pues, frente al ejercicio unilateral de potestad de rescisión contractual por parte de la prestadora se debe optar por la interpretación más favorable para el consumidor (conf. Ley 24240: 3), pauta que alcanza tanto a la interpretación de la ley como del contrato y de acuerdo con lo prescripto por el CCIV: 1198, en caso de duda debe optarse por privilegiar a la parte más débil, según notoriamente lo son quienes padecen la hiposuficiencia  de estar enfermos, por lo que debe asumirse el criterio interpretativo "favor debitoris", con la fórmula más abarcativa de favor debilis (c. "Las  cláusulas contra profirentem y favor debilis como modo de expurgación de abusos en contratos" por Juan Manuel Ojea Quintana, Ed 184-1521/1525). Y ante tal rescisión, comunicada  por la prestadora luego de conocida la enfermedad del pretensor, y la ausencia de certeza sobre  las  causas  invocadas por la defendida para el cese de la cobertura médica, debe formularse el encuadre normativo que favorece al más vulnerable.

(En igual sentido: Sala D, 18.11.05, "Damonte, Silvio c/ CIA. Euromédica de Salud S.A. s/ Amparo").

 

“Parodi, Salvador Alberto y Otros c/ Valmed S.A. s/ Amparo”. Cámara Comercial: Sala B.  Díaz Cordero - Piaggi – Butty. 10/09/02

 

 

3.31. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Seguros. Disposiciones Generales. Riesgo. Restricción. Cláusula Expresa.

 

“Así como la extensión del riesgo debe ser interpretada literalmente y en caso de duda, debe estarse por la obligación del asegurador, pues su ampliación producirá un grave desequilibrio en el conjunto de las operaciones de la aseguradora; cuando la responsabilidad fue asumida en términos generales, solo puede ser restringida, también, por una cláusula expresa; así lo dispone igualmente la ley 24240 al establecer que la interpretación del contrato debe hacerse en el sentido mas favorable al consumidor y cuando exista duda sobre los alcances de la obligación, se estará a la que sea menos gravosa”.

 

“Química Medical Argentina S.A. c/ Paraná S.A. Seguros s/ Ord”. Cámara Comercial: Sala: A. Miguez - Viale – Peirano. 7/09/01

 

 

3.32. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación. Integración.

 

“El art. 3 de la Ley 24.240 abarca aquellas otras normas que resulten aplicables a las relaciones jurídicas descriptas en sus primeros dos artículos. (Del voto del Dr. Coviello, consid. 5°).

 

6.642/97 “Ven Operadores Turísticos S.R.L. c/Sec. de Comercio e Inversiones -Disp.DNCI. N° 260/96”C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala 1., Buján, Coviello, Licht (en disidencia). 19/07/2001

 

 

3.33. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contratos Bancarios. Ultimo parr. Cláusulas contractuales. Interpretación a favor del consumidor.

 

“El cliente bancario en tanto consumidor final de los servicios prestados por el banco, tiene derecho a una información eficiente por el banco, sobre los elementos esenciales de la relación contractual y sus variaciones, por lo que siendo el estipulante quien redacta el contrato, tiene el deber de hacerlo de una manera clara, precisa y comprensible; por ende quien pudo y debió hablar claro, carga con las consecuencias de su obrar, de su oscuridad o ambigüedad, sea por torpeza, ligereza o deliberado propósito, y en consecuencia en caso de duda, se estará siempre a la interpretación mas favorable para el consumidor (Ley 24240: 3-ultimo parr.).

 

“Podesta, Pedro Miguel c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ Ordinario”. Cámara Comercial: A. Miguez – Peirano. 30/08/00

 

 

3.34. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.. Derecho Procesal. Recursos. Recurso Extraordinario. Arbitrariedad.

Procedencia. Nacimiento Prematuro. Accionante. Reclamo por gastos de Internación. Sentencia recurrida. Denegación. Fundamento. Cláusula Contractual. Periodo de carencia. Exclusión de cobertura de nacimientos ocurridos durante el mismo. Improcedencia. Defensa del consumidor. Contrato con cláusulas predispuestas. Interpretación favorable a quien contrato con el predisponente. Fallo recurrido. Inobservancia del citado principio.

 

“Procede el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que rechazo el reclamo por gastos de internación derivados de un nacimiento prematuro, con fundamento en que cierta cláusula del contrato de prestación medica celebrado entre las partes, era suficientemente clara al excluir la cobertura de los nacimientos producidos dentro del periodo de carencia. es de ponderar, que en los contratos con cláusulas predispuestas cuyo sentido es equivoco y ofrece dificultades para precisar el alcance de las obligaciones asumidas por el predisponente, en caso de duda debe prevalecer la interpretación que favorezca a quien contrato con aquel o contra el autor de las cláusulas uniformes. Dicha regla hermenéutica se impone en razón de expresas disposiciones legales (CCIV 1198, CCOM 218: 3, Ley 24240: 3, y la exigencia de acatar tal pauta se acentúa en el supuesto del contrato de prestación medica, habida cuenta de la jerarquía de los valores que se hallan en juego. por ende, si el fallo impugnado no observo el citado principio, por cuanto -como en el caso- el aguo no valoro adecuadamente que de no ser por el proceso patológico sufrido por el pretensor, el parto -de acuerdo con su fecha probable- se hubiera producido después del periodo de carencia, y que el nacimiento pretermino tuvo lugar como consecuencia de una intervención quirúrgica a la que la accionada brindo cobertura como estaba estipulado; cabe concluir que lo resuelto guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (Ley 48: 15), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de conocida doctrina de esta corte sobre arbitrariedad”.

 

“Romero Victorica de Del Sel, María del Rosario c/ Qualitas Medica S.A. s/ Ord. Corte Suprema”. . 15/12/98

 

 

3.35.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación. In dubio pro consumidor.

 

“El art. 3º de la Ley 24.240 establece como criterio interpretativo que, en caso de duda, se estará siempre a la más favorable para el consumidor”.


“Citibank N.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 179/97” Causa: 21.450/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala III, Mordeglia, Argento, 3/7/98.

 

 

3.36. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación. Integración.

 

“De su artículo 3º surge con claridad que la cobertura normativa referida al consumidor no se limita a la Ley 24.240, sino que abarca aquellas otras normas que resulten aplicables a las relaciones jurídicas descriptas en sus primeros dos artículos. En conclusión, como ya fue dicho, las disposiciones de la ley se integran con las normas que resulten afines en la temática del consumidor. (CONS. 4)”.

 

“Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 2381/96”. Causa nº 6.654/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala II, Herrera, Damarco, 14/4/98 

 

 

3.37. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación. In dubio pro consumidor.

 

“La Ley 24.240 prevé el principio ‘in dubio pro consumidor’ (arts. 3 y 37, segundo párrafo) en la interpretación del contrato, precepto impuesto para su protección y de ineludible aplicación al caso.


“Citibank N.A. c/ Sec. de Com. e Inv. DISP. DNCI 158/97”. Causa nº 21.422/97. CAM. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala II, Herrera, Garzón de Conte Grand, 3/3/98.

 

 

3.38. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Criterio objetivo de interpretación.

 

“La norma no exige la existencia de un elemento subjetivo concreto, determinando una conducta objetiva contraria a los principios de la Ley; sin que pueda pretenderse la existencia de un tipo penal concreto o la exigencia de dolo o culpa en los términos exigidos por el Derecho Penal sustantivo. (Consid. IV)

 

“Garbarino S.A. c/ Sec. de Com. e Inv. – Disp. DNCI 321/97.” C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala V, Grecco, Gallegos Fedriani, Otero, 15/9/97.

 

 

3.39. DERECHO PROCESAL. Competencia. Competencia Ordinaria. Competencia en Razón de la Materia. Competencia Comercial. Daños y Perjuicios. Contaminación por Migración de Plomo en Alimentos Enlatados. Procedencia. 1.6.2.2.8.


”Resulta competente la justicia comercial para conocer en un proceso de daños y perjuicios que habría provocado la contaminación por migración de plomo en alimentos enlatados con cierre lateral y costuras de plomo. Ello así, pues: a) conforme la Ley 24.240: 3, las normas de esa Ley llamada " de Defensa del Consumidor” se integran con las de la Ley de defensa de la competencia y de lealtad comercial, y dado que b) según la Ley 22262:4 competente al fuero en lo comercial conocer en las acciones civiles que resulten de este cuerpo normativo”.

 

“Sena, Elisa c/ ARCOR SAIC s/ Sumarísimo”. Cámara Comercial: D, Rotman – Cuarteto, 11/9/97.

 

 

3.40. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.. Interpretación. In dubio pro consumidor.


”En el art. 3º de la Ley se establece que: “las disposiciones de esta Ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. En caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor”. Por su ubicación  dentro de la Ley y el título dado al artículo, resulta claramente que se trata de una directiva de exégesis de la Ley 24.240 y del contrato que hubieran suscripto las partes, pero de ningún modo una forma de valorar los hechos en un caso determinado. Esa preferencia dada en la Ley al consumidor, lo que tiene en cuenta es, por lo general, al cocontratante quien establece las pautas del contrato y es el eventual responsable de las oscuridades de su texto (Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luís Lorenzetti, Defensa del Consumidor Ley 24.240, Santa Fe 1994, ps. 74/75). De tal manera, cualquier duda que surja en la interpretación del convenio celebrado se presumirá a favor del consumidor, pero ello siempre que no haya mediado prueba suficiente que diluya aquella oscuridad y establezca claramente los términos del contrato. (Consid. VI)”

 
“Modart S.A.C.I.F. e I. c/ Sec. de Com. e Inv. – DNCI nº 2602/95”. Causa 12.728/96. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala IV, Galli, Uslenghi, 19/11/96.

 

 

3.41. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de Adhesión.

 

“En la solución de conflictos existentes entre los usuarios y la empresa prestataria del servicio telefónico, cabe tener presente que la relación que une a ambas partes es un típico contrato de adhesión; por lo que, en caso de duda deberá siempre favorecerse a los primeros. Enfoque, este último, que resulta acorde con lo dispuesto por el art. 42 de la Constitución recientemente reformada y con la Ley 24.240 de defensa del consumidor”

“A la luz de los principios consagrados por el art. 42 de la Constitución recientemente reformada y de lo establecido por la Ley 24240, cabe considerar que, en caso de duda, toda controversia que surja entre el consumidor del servicio público de teléfonos y la prestataria del mismo deberá ser resuelta a favor del primero.


ED, 167-433- CNCiv. y Com. Fed., Sala III, diciembre 16-1994).

 

Ver Jurisprudencia: 1.1., 10.5., 19.19., 65.1., 36.11., 37.1., 37.5., 37.34., 37.47., 37.51., 37.56., 40.18., 40.28., 40.39.,

 

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