Lunes, 23 Octubre 2017

ART. 19 - [MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS]
Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

 

 

 

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 1798/94
Rige lo dispuesto en el Artículo 7º del presente Anexo.

 

 

 

Jurisprudencia

 

 

 

19.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Responsabilidad Bancaria. Contrato de Caja de Seguridad. Cierre de Cuenta por Voluntad del Titular. Falta de Devolución de las llaves de la Caja de Seguridad. Apertura Forzada. Omisión de la Entidad Bancaria de Intimar al Titular a la Devolución de las Llaves. Daño Moral. Procedencia

 

 

 

“La conducta adoptada por el banco al mantener el servicio de caja de seguridad desde la fecha del cierre de la cuenta a la que accedía inicialmente la caja 15/8, que según fuera reconocido en la contestación de demanda acaeció en 1999, hasta el 26.06.03 fecha en que procedió a su apertura forzada a la luz del art. 218 C.Com. Es a mi juicio relevante. Ello aunque no se haya abonado canon alguno por este período, ya que durante la vigencia de la cuenta 806880 que fuera cerrada en 1999 tampoco fue percibida suma alguna por la prestación del servicio de caja. Pienso que lo correcto hubiera sido anoticiar a su titular e intimarlo a la devolución de las llaves, máxime cuando -lo reitero- el largo tiempo transcurrido y la calidad de cliente que a esa fecha aún detentaba, y el uso de la caja por parte del actor demostraba la existencia de ese contrato.”

 

“Procede otorgar reparación por daño moral al titular de una caja de seguridad cuando se vio privado de sus bienes por responsabilidad de la entidad bancaria. Ello, por cuanto se trata de un hecho capaz por sí mismo de generar una alteración emocional. No se trata de un quebranto afectivo cualquiera, sino uno que corresponde a un interés espiritual objetivamente reconocible y jurídicamente valioso, consistente en una alteración del modus vivendi, que genera semejante preocupación, con las consiguientes repercusiones espirituales negativas. (En igual sentido: Sala B, 18.11.97, "Caricati, Héctor c/ Banco. Mercantil Argentina SA s/ Sum."; Sala C, 15.11.00, "Fridman, Jacobo c/ Banco Mercantil Argentino S.A. s/ ordinario"; Sala A, 29.8.01, "Barisoni, Héctor E. c/ La Suizo Argentina SA Cía. de seg. SA s/ ordinario").”

 

 

 

Levi Ricardo Rafael c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ ordinario” – CNCOM – 29/06/2009

 

 

 

 

 

19.2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Retención de tarjeta de débito por cajero automático. Relación de Consumo entre el usuario y la “red informática para servicios financieros” (Red Link). Aplicabilidad de la Ley 24.240. Incumplimiento del deber de información. Inoponibilidad al usuario de las cláusulas contractuales entre “la red” y la entidad bancaria. Multa. Graduación.-

 


“La contraparte del consumidor y obligado al cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, se halla constituida por ‘todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios…’ (Art. 2, Ley 24.240) (…) dentro de ese concepto de servicios queda incluido el de la prestación del servicio de cajeros automáticos (…) dentro de ese concepto no sólo quedan atrapados como proveedores el Banco o Entidad Financiera sino también todos aquellos que intervienen en el circuito económico” (Jabif, Hernán Matías y Pastore, Augusto Omar; “Relación de consumo: los cajeros automáticos”, DJ 2007-II, 1037). El servicio de cajeros automáticos es prestado por los bancos como accesorio, y genera numerosos vínculos –más allá de la relación entre el titular de la cuenta y la entidad financiera- “hasta implicar a terceros que no participaron en la contratación del servicio” (Jabif-Pastore, ob. cit.). Dicho en otras palabras, “la relación de consumo puede ser generada por un contrato, un acto unilateral o un hecho jurídico” (CSJN, “Ferreira, Víctor y Otro c/ V.I.C.O.V.S.A. s/ Daños y Perjuicios”, 21/03/2006).”

 

“La captura de las tarjetas de los usuarios ante la sospecha de alguna maniobra delictiva de terceros con las tarjetas de débito no tutela en definitiva el patrimonio de los usuarios, porque ante ello hubieran tenido que responder las entidades que brindan el servicio y las compañías de seguro contratadas al efecto (y no el usuario con su patrimonio), pues el deber de seguridad del servicio pesa sobre las entidades que lo ofrecen.”

 

“El deber de información constituye una obligación de resultado, pues la ley exige que esa información cumpla determinados y precisos contenidos. Por lo tanto, la sola verificación del incumplimiento hace responsable a la obligada, con prescindencia de cualquier circunstancia vinculada con la intencionalidad del sujeto (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “Protección procesal del usuario y consumidor”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2005, pág. 403).”

 

“Son inoponibles al usuario las cláusulas contractuales pactadas entre RED LINK S.A. y la entidad bancaria, por no ser parte en el convenio. De este modo, es irrelevante que RED LINK y el banco hayan determinado que la primera no tiene frente a los clientes o terceros responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de la red... Por ello, sus deberes ante el usuario no se rigen por lo pactado a sus espaldas, sino por lo previsto en la Ley 24.240, por lo que ... la sanción aplicada por el ente de contralor está debidamente funda.”

 

 

 

"RED LINK c/ D.N.C.I. - DISP. 544/07 y otros" - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 18/06/2009

 

 

 

 

 

19.3. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho a la vida y a la salud. Protección. Normativa. Empresas de Medicina Prepaga. Implantes de anillos intercorneales. Prestación que no se encuentra contemplada en el PMOE (Programa Médico Obligatorio de Emergencia) que rige a las entidades de salud de medicina prepaga. Causa que no resulta suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud. Amparo. Procedencia. Resolución 939/2000

 


"Debe puntualizarse que el derecho a la vida y su corolario, el derecho a la preservación de la salud, tienen una directa relación con el principio fundante de la dignidad inherente a la persona humana; soporte y fin de los demás derechos humanos amparados (arts. 23, 43 y 75 inc. 22 de la Const. Nac. y, 36 inc. 8° de la Const. Pcial.; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica; C.S.N., in re: "Baricalla de C. c/Gob. Nac.", enero 27 de 1987, en La Ley 1987-B, 310 y ss.)."

 

"Ahora bien; no puedo soslayar -por estar las partes contestes en ello- que los implantes intercorneales peticionados, no se encuentran previstos en el P.M.O., cabe entonces preguntarse si, ¿dicho extremo normativo implica "per se" la inviabilidad de la presente acción? A fin de contestar tal interrogante, cabe comenzar por ubicar el problema en su lugar adecuado, es decir, en el campo de los derechos humanos. El derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), entre ellos el art. 12 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los arts. 4 y 5 inc. 1° de la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- y el art. 6 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos extensivo no sólo de la salud individual sino también de la colectiva. Además, este derecho se encuentra íntimamente vinculado con el derecho a la vida digna, reconocido por nuestra Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de jerarquía supranacional (art. 75, inc. 22 C.N.)."

 

"En función de las motivaciones expuestas, corresponde que la incoada cubra el costo de los implantes intracorneales solicitados, pese a que los mismos no se encuentren incluidos en este momento en el Programa Médico Obligatorio, pues considero que las obligaciones que surgen del contrato de medicina prepaga exceden el mero plano negocial y tienden a proteger las relaciones privadas. Es que el principio de buena fe, que rige la ejecución de los contratos implica actuar conforme a derecho, en este caso el mencionado deber de brindar una adecuada atención médica, como también aplicar el criterio de dos personas razonables y honorables, que en el presente -teniendo en cuenta el costo del tratamiento, sus características y sus ventajas para la actora- llevan a la solución propiciada; y principalmente, porque los Programas Médicos Obligatorios, no siempre se encuentran debidamente actualizados" (Cfr. C.N.Civ., Sala K, "P. de M. I., J. M. c/ Hospital Alemán Asociación Civil", S. 19/09/02, cit. www.laleyonline.com.ar del 10-3-06 y elDial.com - AA1304 [Fallo en extenso: elDial - AA1304]; también CNCiv., Sala L, " Lipski, Elena c. Minerva Asistencia Médica S.A. [Fallo en extenso: elDial - AE1D7D] ", 16/10/03, elDial.com AE1D7D; ídem CNCiv., Sala E, "B., C. A. C. Sistema de Protección Médica S.A.", 24-6-05, diario LA LEY, 2005-D, 497). En efecto; el hecho que la prestación no se encuentre contemplada en el PMOE (Programa Médico Obligatorio de Emergencia), no resulta de por sí causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud."

 

"Recuérdase que para el Estado Nacional, "debe quedar garantizado el mecanismo para la actualización del Programa Médico Obligatorio, en virtud del carácter dinámico del conocimiento científico, estableciendo una metodología de análisis para la incorporación de tecnologías que asegure la probada eficacia de todo procedimiento diagnóstico o terapéutico a financiar por la Seguridad Social" (considerando 8° de la Resolución 939/2000). Y, por último, también señaló que "los Agentes del Seguro son responsables de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de sus beneficiarios y no meros financiadores de las prestaciones" (considerando 9° de la Resolución 939/2000)."

 

 

 

"D. G., J. M. contra Medicus S.A. s/ Amparo" - Cámara Primera de Apelación en lo Civil Y Comercial de Lomas de Zamora (Buenos Aires) - 26/05/2009

 

 

 

 

 

19.4. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Responsabilidad Bancaria. Caja de Seguridad. Apertura de caja de seguridad y secuestro de su contenido por parte de entidad bancaria. Manda judicial que sólo ordena la inhibición general de bienes. Inexistencia de una orden concreta de embargo del contenido del cofre. Culpa. Exceso en el cumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad de contralor. Derecho a la Intimidad. Derechos del Consumidor. Tutela de la Seguridad e Intereses Económicos. Trato Equitativo y Digno. Art. 42 CN. Infracción. Daños. Indemnizaciones. Daño moral. Daño psicológico.-

 

 

 

"Es un hecho que no parece admitir controversia que el banco demandado incurrió en un exceso manifiesto al forzar la caja de seguridad asignada al actor. No se ha exteriorizado en autos ningún elemento de juicio susceptible de justificar tal proceder. En efecto, la medida ordenada por el Juez en lo Contencioso Administrativo se limitaba -en lo que aquí interesa- a decretar la inhibición general de bienes del demandado, haciéndola extensiva a los "activos financieros del accionado exclusivamente en los términos y con los alcances de lo dispuesto por el art. 13 bis inc. b) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10.397 T.O. 1999, modif. por Ley 13.145 (...)”. Y en esos términos fue comunicado al Banco Central. A su vez, el Banco Central, por medio de la Comunicación "D" 8924, transmitió la medida al banco demandado para tomar nota de la inhibición general de bienes del accionante. En ninguna de esas instrucciones se advierte la autorización, menos aún la orden, de abrir la caja de seguridad y secuestrar su contenido."

 

"Tal circunstancia pone en evidencia una conducta francamente culpable del banco demandado, no sólo por haber excedido las instrucciones recibidas de la autoridad de contralor, y por consiguiente, el mandato judicial que las precedía, sino por haber exorbitado también las facultades provenientes de la relación contractual con su cliente, todo lo cual implica un obrar contrario a la directiva contenida en el art. 512, Cód. Civil. Ese proceder antijurídico, agravado también en este caso por la profesionalidad de la entidad de que se trata (art. 902 del mismo Código), compromete su responsabilidad en la medida de las consecuencias perjudiciales atribuibles a su obrar (arts. 519 y ss, 904 y concs., Cód. Civil)."

 

"La conducta exteriorizada por el banco implicó, a mi ver, una lesión a derechos con jerarquía constitucional, como es el derecho a la intimidad, comprendido en el art. 18, segundo período CN, y en el art. 1071 bis del Código Civil, al que se añade como correlato el derecho que confiere el art. 42 CN a quienes asumen la condición de partícipes en una relación de consumo, a la tutela de su seguridad e intereses económicos, como a un trato equitativo y digno."

 

"Este tipo de contratos normalmente se realizan bajo el presupuesto de que la entidad bancaria ha de proceder con reserva y discreción, manteniendo en secreto el contenido del cofre, por lo que su apertura injustificada por quien estaba a cargo de preservar esa reserva, genera de por sí un daño que debe ser indemnizado (conf. arts. 519 y ss, 1071 bis y cc del Cód. Civil)."

 

 

 

"Amanzi Pablo c/Banco Itau Buen Ayre S.A. s/ Ordinario" - CNCOM - 24/04/2009

 

 

 

 

 

19.5. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Infracción al artículo 19 de la Ley 24.240. Administración de Fondos de Ahorro. Incumplimiento en la prestación del servicio. Cobro a los suscriptores del IVA sobre seguro de vida colectivo. Seguro excluido de la aplicación del impuesto. Multa. Graduación del monto.-

 

“La autoridad de aplicación pudo verificar las circunstancias que justifican la sanción a la entidad recurrente, toda vez que la firma Circulo de Inversores S.A. efectivamente cobró a los suscriptores de sus planes de ahorro el monto correspondiente al IVA sobre el seguro de vida colectivo hasta el mes de marzo de 2002, de conformidad con lo reconocido por la propia empresa...; y ello fue así, a pesar de conocer la Resolución de la Inspección General de Justicia de fecha 15/02/01 ... y el Dictamen emitido por la A.F.I.P. ..., que resultan coincidentes en cuanto a que los seguros de vida estaban excluidos de dicho tributo. En tales condiciones, si la empresa sancionada percibió de los suscriptores un impuesto que no correspondía, cabe concluir que se encuentran configurados los extremos necesarios para tener por acreditada la existencia de la infracción por haber incumplido con la prestación del servicio de administración de fondos de ahorro.”

 

 

 

"Proconsumer s/ Denuncia: “Círculo de Inversores S.A. de Ahorro Para Fines Determinados c/ DNCI-Disp. 849/05 (Ex S01:10057414)" – CNACAF – 21/04/2009

 

 

 

 

 

19.6. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de Caja de Seguridad. Apertura Indebida de Caja de Seguridad por Parte de Entidad Bancaria. Incumplimiento de la Obligación de Otorgar el Uso y Goce del Cofre Contratado. Secreto Bancario. Infracción al Deber de Confidencialidad al permitir que Cuanto Menos el Personal de la Entidad Conociera el Contenido del Cofre. Daño Moral. Necesidad de Prueba Específica para su Resarcimiento. Daño Psicológico.

 

 

 

"Cualquiera sea la naturaleza jurídica del contrato de caja de seguridad, y aunque el deber de guarda y custodia de la caja sea eventualmente el más relevante (CNCom., esta Sala, 27.8.08, "Rolando c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires"), con su solo cumplimiento no se agotan las obligaciones del banco, puesto que también constituye una obligación de este el de la inviolabilidad de la caja tanto por cualquier tercero, por el mismo banco o por la autoridad de superintendencia, de modo tal que solo por orden judicial o por falta de pago del canon el banco -si fue pactado contractualmente- está facultado para abrir la caja en presencia de notario y de inventariar su contenido (v. Villegas, C.G. "Compendio jurídico, técnico y práctico de la actividad bancaria", T. I, Nro. 181. 6, p. 713, ED. 1985). Este deber de guarda y custodia debe cumplirse en condiciones de confidencialidad y secreto, a punto tal que también es obligación del banco proporcionar un lugar reservado con total ausencia de toda otra persona para la apertura de la caja por el titular (v. Fernández - Gómez Leo "Tratado teórico práctico de derecho comercial", t. III-B, nro. 44 d VI y e.II, pgs. 293 y 294, ED. 2005)."
"Por lo tanto, aún cuando el banco hubiera restituido el contenido al titular al día siguiente de que este constatara la apertura, no solo incumplió con su prestación de otorgar el uso y goce de la caja el día en que aquel intentó hacerlo (v. Lorenzetti, R.L. "Tratado de los contratos", t. III, Cap. LIX, nro. V.5, p. 699, ED. 2000) sino que infringió el deber de confidencialidad al permitir que cuanto menos su personal conociera el contenido del cofre."

 

"Este deber de confidencialidad y secreto se inscribe a mi juicio en el propio concepto del secreto bancario, inherente a la misma actividad que implica que al banco no solo se le confían aspectos íntimos de la vida comercial y la composición patrimonial del cliente, sino la confianza por parte de este de que tal conocimiento no será divulgado (v. Villegas, C.G., op. y t. cit., Cap. X, nro. 67.1)."

 

"El hecho de que el banco en este contrato particular desconozca el contenido del cofre, no implica que el secreto bancario no subsista, por la misma razón reseñada precedentemente que le impone el deber de preservar el secreto y la reserva en la apertura del cofre por el cliente, de modo que solo este conozca su contenido. Por consiguiente, debe rechazarse el agravio que concierne a que la demandada cumplió con sus prestaciones vinculadas con el contrato de caja de seguridad."

 

"Si bien la conducta del banco fue de una torpeza particularmente calificada que justifica la reparación del agravio moral aún en el caso de incumplimiento contractual, puesto que pudo exceder las molestias propias de aquel (conf. esta Sala, 21.6.06, "Larche, I. c/ Inter Rep S.R.L.", id., Sala C, 8.5.81, "Severino C. c/ Bir S.A."), no permite necesariamente presumir su existencia como en casos extremos de calificación pública indebida de condición de deudor (conf. esta Sala, 19.12.06, "Glusberg Talesnik, L. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires"; id., sala E, 27.9.01, "Domínguez, R.A. c/ A.B.N. Amro Bank N.V. suc. Argentina"), sino que debe ser materia de prueba específica (analóg. en el caso de robo de caja de seguridad CNCOM., Sala C, 2.8.02, "Askir, M. c/ Banco Mercantil Argentino"”).

 

 

 

"Barmaymon Raúl Norberto y otros c/Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ordinario" - CNCOM - 16/03/2009

 

 

 

 

 

19.7. DEFENSA DEL CONSUMIDORDerecho del Turismo. Contrato de viaje. Paquete Turístico. Incumplimiento de Prestaciones a Cargo de la Empresa de Viajes. Inconvenientes Climáticos en el Lugar de Destino: Presencia de Huracanes. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Deber de Información y Seguridad. Intermediación de la Organizadora. Defensa del Consumidor. Extensión de la Indemnización

 

 

 

“La cláusula D) de las condiciones generales correspondiente a la ‘Solicitud de Servicios Turísticos’ (fs. 124 vta.) dan cuenta de lo siguiente: “Viajes Ati S.A. … declara expresamente que actúa en el carácter de intermediaria en la reserva o contratación de los distintos servicios vinculados e incluidos en el tour o reservación de servicios: hoteles, restaurantes, medios de transporte, etc….””

 

“…más allá de las diversas teorías esbozadas respecto de la naturaleza jurídica del contrato de autos, ciertos autores son contestes en punto a la obligación de responder que pesa sobre el o los organizadores por la adecuada ejecución de las obligaciones asumidas contractualmente, sea que deban éstos cumplirlas directamente o recaigan sobre otros prestatarios vinculados al negocio”

 

“…responsabilidad de la defendida surge por la contravención al parámetro de diligencia que informan las referidas normas y en el deber general de atenerse a los buenos usos en la materia, tratándose entonces de una aplicación más del principio de la buena fe, relevante en todo tipo de relación contractual y especialmente significativo en aquellas en donde la profesionalidad de una de las partes en la prestación de un servicio genera en la otra una legítima confianza basada en la experiencia y aptitud técnica”.

 

“Si bien es posible que por las características de un huracán, las previsiones que -en su caso- se adopten podrían en definitiva verse superadas, lo cierto es que la ley no exige que se combata el fenómeno climático en sí mismo, sino que el intermediario adecue su conducta a la previsión o capacidad para reconducir la situación creada (vgr. traslado de pasajeros a otro hotel de similares características)”.

 

“Tampoco puede afirmarse que una tormenta tropical en la actualidad resulte imprevisible, puesto que éstas son totalmente habituales en esa época del año en la zona del Caribe y se cuenta con sistemas de predicción meteorológica en diversos centros regionales que vigilan continuamente su formación, la evolución más probable, la intensidad de viento, las precipitaciones y demás características, emitiendo de modo continuado informaciones y avisos, resultando responsable –en el caso- el Centro Nacional de Huracanes de Miami (Florida), donde incluso hasta el público en general puede tener un acceso rápido y fiable a través de la constante vigilia de una dirección de Internet”

 

“Juzgo en consecuencia que ‘ATI’ resulta responsable por los daños causados a los accionantes tanto en el supuesto de haber tenido conocimiento de que la zona iba a verse afectada por el huracán, cuanto pudiera desconocerlo. Ello, pues en el primer caso –lo más probable en atención a que desarrolla su actividad comercial en el sector turístico- debió abstenerse de organizar el viaje o debió hacerlo avisando a los usuarios antes de contratar, la posibilidad de que el destino se podía modificar o bien adoptar las medidas necesarias para que de no se produjeran los contratiempos en el hotel involucrado. Por el contrario, de haber desconocido que el huracán ‘Lenny’ iba a atravesar la zona de Saint Maarten, de haber actuado con un mínimo de diligencia y con una simple consulta en la web pudo conocer acerca de su existencia, progreso y avance probables.”

 

“…habida cuenta que la defendida está obligada de acuerdo a la ‘Convención Internacional sobre Contratos de Viajes’ a velar por los derechos e intereses de los viajeros, en la ejecución de las obligaciones resultantes de los contratos que se celebraren, en un todo de acuerdo con los principios generales del derecho y las buenas prácticas en el ámbito de que se trate (art. 3° supra citado) reitero que la encuentro responsable de los daños ocasionados a los accionantes, ya que debió verificar las condiciones de seguridad del hotel y las medidas adoptadas en siniestros del tipo del padecido.”

 

“Al turista le interesa asegurarse la participación en un viaje que posea las características ofrecidas por el agente o intermediario y a éste, reunir un número de participantes que le permita obtener la utilidad de su iniciativa. La voluntad del turista no se fracciona dirigiéndose simultáneamente a negocios múltiples y heterogéneos. Por el contrario, para él existe un contrato único que resulta de la combinación de diversos esquemas negociales.”

 

“En la especie, los accionantes con el viaje de luna de miel y vacacional programado, seguramente persiguieron el esparcimiento y un período de distracción, mas durante los primeros días experimentaron angustias, sensación de abandono y falta de la debida asistencia, cuestiones que considero debidamente ponderadas al tiempo de establecer el a quo una equitativa indemnización por daño moral. Por ello, juzgo que en el supuesto de reconocer la totalidad de lo abonado por el ‘paquete turístico’, conllevaría un enriquecimiento indebido de los accionantes, puesto que respecto de la segunda mitad del viaje no fue invocado inconveniente alguno”. “Lorenzini de Martini Luciana y otro c/Viajes Ati S.A. s/ Sumario” – CNCOM – 10/03/2008

 

 

 

 

 

19.8. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Prestación de los servicios. Modalidades. Incumplimiento.

 

 

 

“Si el usuario no pudo hacer efectivo el premio de la recompensa promocionada a través del programa “Membership Rewards” creado por la empresa actora pese a haber obtenido el correspondiente certificado, luego de canjear los puntos por pasajes de la línea aérea participante del programa, en atención a que esta última le informó, previo a la realización del viaje, que no contaba con aeronaves para hacer el vuelo- cabe considerar a la empresa recurrente incursa en la infracción establecida en el art. 19 de la Ley 24.240 (Cons. y).

 

 

 

16.629/06 “American Express Argentina S.A. c/ DNCI -Disp 269/06 (Expte S01:219748/02)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala 1., Buján, Coviello. 28/02/2008

 

 

 

 

 

19.9. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Medicina prepaga. Discapacitados. Prestaciones obligatorias. Incumplimiento. Leyes 24.754 y 24.901.

 

 

 

“La Dirección Nacional de Comercio Interior puede imponer una multa por infracción al art. 19 de la Ley 24.240 a una empresa que presta servicios de medicina prepaga por no cumplir con las prestaciones obligatorias que le imponen las Leyes 24.754 y 24.901 en relación a las personas discapacitadas al negar la cobertura del 100 % respecto de las prestaciones medico asistenciales.

 

 

 

14.520/06 “Bristol Medicine S.R.L. c/DNCI-Disp. 202/06 (Expte.S01-10370/05)”. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala III., Argento, Grecco, Fernández. 19/02/2008

 

 

 

 

 

19.10. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Turismo. Modalidades del servicio. Incumplimiento.

 

 

 

“Es pasible de una sanción de multa una empresa que incurre en infracción al art. 19 de la Ley 24.240 por no respetar os términos, condiciones y modalidades del servicio conforme fuera convenido, emitiendo un pase en forma errónea que imposibilitó al portador el uso libre y pleno de los medios de elevación”.

 

 

 

11.992/06“Valle de Las Leñas S.A. c/D.N.Cl.- Disp 143/06 (Expte: S01:196200/04)”C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala 1., Coviello, Licht, Buján. 06/11/2007

 

 

 

 

 

19.11. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Medicina prepaga. Notificación unilateral del contrato. Tarifa. Aumento. Previsivilidad.

 

 

 

“Debe confirmarse la sanción de multa publicada por infracción al art. 19 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por incumplimiento del servicio de medicina prepaga al modificar de forma unilateral el precio de la cuota mensual a abonar por los usuarios ya que para aquellas personas que se afiliaron a la empresa con anterioridad a mayo de 2004 fecha en que se readecuó el Reglamento en función de la Resolución 9/2004 y lo resuelto por la CSJN el Reglamento que estaba vigente no contenía ninguna cláusula que previera el aumento de la cuota comunicado en diciembre de 2003 cuya implementación comenzaría a regir a partir de febrero de 2004 lo que importó una modificación unilateral del contrato.

 

 

 

24.587/05 “Qua Jitas Médica S. A. c/ DNCI-DISP 455/05 (Expte SOl: 12.774/04)” C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala Y., Argento, Grecco, Fernández.17/08/2007

 

 

 

 

 

19.12. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 19. Sanciones. Multa. Bancos. Tarjeta de crédito. Cargo no convenido en el contrato. Procedencia.

 

 

 

“Debe confirmarse la disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior que - impuso al banco recurrente una multa por infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240, por incumplimiento del servicio de tarjeta de crédito prestado, toda vez que ha cobrado al denunciante “un cargo por reserva de fondos” no convenido contractualmente y sin haberle informado las características ni que se comenzaría a liquidar.

 

 

 

6.229/05 “Banco Sudameris Argentina SA. c/ DNCI disp 9. 139/05(Ex SOl: 1811376/02”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala II., Herrera, Garzón de Conte Grand. 14/12/2007

 

 

 

 

 

19.13. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47 Sanciones. Multa. Plan de ahorro.

 

 

 

“Debe confirmarse el decisorio de la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso a la empresa una multa por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240 por incumplimiento en la prestación del servicio de administración de fondos del plan de ahorro suscripto con el denunciante y la falta de notificación el aumento de las cuotas correspondientes a dicho plan”.

 

 

 

29.860/06 “Plan Rombo S.A. c/DNCI DISP 482/06 (Expte S.01:162053/02)” C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala V., Moran, Gallegos Fedriani, Alemany. 28/06/2007

 

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19.14. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. LEY 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Entidades financieras. Servicio de tarjeta de crédito. Cargo. “Costo financiero” no convenido ni informado. Caracteres ilegibles.

 

 

 

“La Dirección Nacional de Comercio Interior puede imponer a un banco una sanción de multa por infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240, por no suministrar en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente respecto del servicio de tarjeta dé crédito prestado, y por incumplimiento de dicho servicio por haber debitado en el resumen de cuenta del usuario un cargo no informado ni convenido en el contrato oportunamente suscripto y asimismo, por infracción al art. 1 de la resolución S.I.C. y M. 906/98, ya que el contrato de tarjeta de crédito que utiliza contiene caracteres tipográficos (letras) cuyo tamaño resulta inferior a los 1,8 milímetros previstos en la citada resolución.

 

 

 

38.716/05 “Banco Patagonia S.A. c/DNCI-DISP 845- Expte 149.403/02” CAM. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala III., Argento, Grecco. 08/09/2006

 

 

 

 

 

19.15. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Tarjeta de crédito, Cargo no convenido.

 

 

 

“Si el cargo “reserva de fondos” no fue convenido por las partes en el contrato de emisión de tarjeta de crédito y, asimismo, la entidad bancaria se limitó a notificarlo al usuario de la tarjeta de crédito mediante los respectivos resúmenes de cuenta que el banco ha modificado unilateralmente los contratos de tarjeta de crédito suscriptos con su cliente en tanto procedió a reclamarle un cargo no convenido con aquellos, lo que importa una actuación contraria a la obligación impuesta por el art. 19 de la Ley 24.240·” (Cons. VI).

 

 

 

4.207/05“Banco Sudameris S.A. c/DNI-Disp 892/04 (Expte 501:0029783/03) ‘CAM. NAC. CONT. ADM. FED., Sala III., Argento, Grecco. 13/07/2006

 

 

 

 

 

19.16. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de Transporte. Derechos y Obligaciones de las Partes. Condiciones Pactadas. Cumplimiento.

 

 

 

“Cabe condenar a la transportadora de bienes, a cumplir con el contrato de mudanza internacional  respetando los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas  y demás circunstancias conforme a las  cuales haya sido ofrecido y convenido el servicio de traslado (Ley 24240: 19); toda vez que, cerrada la operación y concertada la obligación asumida por las partes, en cuanto al precio y servicio a prestar, ella representa Ley para las partes y debe interpretarse conforme a lo que estas han tenido en mira al obligarse (CCIV: 1137, 1144, 1197 y 1198); de manera que, si el presupuesto originario no pudo ser preciso, por no haberse reparado que dentro del bagaje a trasladar existían obras de arte -cuya exportación tiene un tratamiento especial y un precio distinto-, ello se debió a que no se apersono al domicilio del accionante   personal especializado a tales efectos, y tal negligencia, no resulta imputable al reclamante, maxime considerando la especialización y profesionalidad de la accionada”.

 

 

 

Jones, Jorge c/ Delia Raquel Flores Logística Internacional s/ Sumarisimo. Cámara Comercial: D. Bargallo - Cuartero. 10/02/06

 

 

 

 

 

19.17. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Bancos. Contratos. Notificación unilateral. Caracteres ilegibles.

 

 

 

“Es correcta la multa aplicada por la Dirección Nacional de Comercio Interior por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240 y al artículo 1 de la Resolución N° 906/98, reglamentaria de la Ley citada, al no haber el banco suministrado información veraz, precisa y suficiente sobre la aplicación de los nuevos cargos, por haber modificado unilateralmente las condiciones de contratación y por contener el contrato de tarjeta de crédito caracteres tipográficos a uno con ocho décimos (1,8) de milímetros de altura”.

 

 

 

15.620/04 “BNL SA ci DNCI-Disp 308/04 (Expte 149384/02)”  C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala V., Gallegos Fedriani, Otero. 18/05/2005

 

 

 

 

 

19.18. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Daños y Perjuicios: Responsabilidad Contractual. Contratos Bancarios. Cuenta Corriente. Rectificación de Saldo. Arreglo  de  cuenta.  Procedencia. Aplicación Ley 24240.

 

 

 

“Procede  la  acción  por la que se demanda a una entidad bancaria por  el  arreglo  de  una cuenta corriente y la devolución de los importes que fueron indebidamente debitados cuando, -como en el caso-,  surge que la solicitud de apertura de cuenta corriente no es clara, ni siquiera en cuanto a la tasa de interés que el banco  puede  cobrar, es decir, el banco incumplió con el primero de  los  deberes  que  exige  la  buena fe: la debida, concreta y veraz información al co-contratante. la Ley 24240 regula la protección de los intereses  económicos  de los consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada y condiciones de trato  equitativo y justo (art. 19), derecho con explicita  base constitucional.  maxime,  que  en  la especie el cliente  se vio forzado a tolerar una progresiva escisión entre praxis bancaria y normatividad que solo conduce a una deplorable desvalorización del orden jurídico, como instrumento de regulación social. cabe precisar, que la  aprobación de las cuentas y sus saldos con aplicación de lo reglado por el CCCOM: 793 no precluye el derecho a obtener su rectificación en razón de  errores  u  otros vicios; de análoga manera a lo que acontece con la aprobación de las cuentas rendidas conforme el CCOM: 73 (CNCOM, Sala C, in re, "Banco  Latinoamericano S.A. c/ Oerlman Manuel  -29/10/1984-,

 

Voto  del  Juez  Anaya;

 

Bis idem, Sala A, 10.9.68,"The First National Citi Bank of New York c/ Rivadulla, Andrés"). asimismo se  destaca, que resulta indubitable la viabilidad de formular las observaciones contempladas por el CCOM:790,  aun en la hipótesis de no haber mediado impugnación de los resúmenes de cuenta en los términos y plazos del CCOM: 793, ya que la ausencia de impugnación no es causa del enriquecimiento a costa  de  otros, originado -en la hipótesis- por la aplicación de una tasa de interés exorbitante”.

 

 

 

Derli  SA  c/ Lloyds  TSB  Bank  s/  Ordinario”.  (ll 24.8.05, f. 109308). Cámara Comercial: B. Piaggi - Butty. 25/04/05

 

 

 

 

 

19.19. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de Adhesión. Prestación  de Servicios Médicos. Medicina Prepaga. Condiciones. Cuota.  Alteración. Cláusula Ineficaz. Interpretación. CN: 42.

 

 

 

1) El convenio que regula una prestación de servicios asistenciales médicos se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 24240. Desde esta perspectiva, la cláusula que permite el aumento de las  cuotas a los afiliados al momento de cumplir 70 años desnaturaliza  las obligaciones de la demandada, la cual tiene  la obligación de mantener la prestación de sus servicios según lo convenido inicialmente (art. 19 de dicha Ley),  además de un deber especifico de información (art. 4 de la misma Ley), que constituye el presupuesto lógico de  la conformidad que ha de requerirse al afiliado ante la alteración de las condiciones establecidas inicialmente.    en caso de duda, se estará siempre a la interpretación mas favorable al consumidor  (art.  3, Ley cit.),   tesitura   que   resulta   acorde   con  lo  establecido expresamente en la CN: 42. 2)  en  el caso  de  un  contrato  de  medicina  prepaga,  si  se condicionara  la  permanencia de la cobertura al pago del aumento previsto  en  caso de cumplir el afiliado 70 años o al cambio del "plan",  y  el  aquí  demandante,  ante la necesidad de no quedar excluido  del  sistema de protección medica, se viera constreñido a  desembolsar  el importe adicional pretendido por la accionada, se configuraría una hipótesis de lesión.

 

 

 

Revello  Llerena,  Ricardo  c/  Qualitas Medica SA s/ Sumarisimo”. (ed  14.6.05,    53408)*  (ja 15.6.05, 2005-ii; ll 19.10.05, 109.536). Cámara Comercial: C. Monti - Di Tella - Caviglione Fraga. 8/03/05

 

 

 

 

 

19.20.DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Daños  y Perjuicios: Responsabilidad   Contractual. Prestación de servicios. accionante.   Contratación   de   Viaje  Turístico.  Frustración. Empresa   Defendida.  Inexistencia  de  Disponibilidad  Hotelera. Pretensión   Resarcitoria.   Procedencia.  Accionada.  Oposición. Intermediaria. Asunción de obligación de medios. Improcedencia.

 

 

 

“En  una  acción  en  la  que  el  pretensor  reclama  cierta suma dineraria   en   concepto   de   daños  contra  una empresa de turismo, como  consecuencia  de  que  el  día  anterior  al  viaje  le fue comunicado  telefónicamente  que este no podría realizarse porque no  existía  disponibilidad hotelera, resulta improcedente que la defendida  alegue que en la actividad turística su rol importa la Asunción  de  obligaciones  de medios, esto es, su conducta es la de  una  "intermediaria"  entre sus clientes y los prestadores de los  servicios de hotel, transporte, etc. (convención de Bruselas de  1970,  leyes 18829 y 19918, resolución 256/2000 secretaria de turismo  y  condiciones generales de contratación); cuando, -como en  el caso-, surge que la accionada publico durante tres días un aviso  en un diario de gran circulación que dice: "todos nuestros tours    incluyen:    pasajes    aéreos    -recepciones-traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto-alojamiento  en  selectos  hoteles  y resorts",  y continua "asegure ya su lugar y su precio reservando ahora  con  solo u$s 50 por persona". ello pues, siendo la oferta un  acto jurídico unilateral y recepticio que tiene por finalidad la  formación  de un contrato; como tal, obliga a quien la emite, razón  por  la que el contenido de los anuncios forma parte de la trama   obligacional  aunque  no  haya  sido  reproducido  en  el contrato  singular  (CFR. Alterini, Atilio A., "contratos civiles -comerciales-  de  consumo.  Teoría general", ed. Abeledo Perrot, Bs.  As,  1998,  pag. 139). en tal sentido cabe precisar, que los servicios    deben    prestarse    conforme   fueron   ofrecidos, publicitados   o   convenidos   (Ley  24240:  19)  pues  el  acto publicitario   despliega  una  virtualidad  significativa  en  el momento  contractual,  haciendo nacer en su receptor el derecho a obtener  lo  prometido,  si  por su parte entra en el supuesto de hecho   jurídicamente  relevante  (CFR.  Méndez  -  Vilalta,  "la publicidad   ilícita,  engañosa, desleal, subliminal y otras", ED. Bosch, Barcelona,    España,    1999).    Obviamente,   la publicidad integra  el contenido del contrato (Ley 24240: 7 y 8). por tanto, no  puede  sostener  la demandada que nunca prometió al pretensor la  efectiva  realización  del  viaje sino solo su intermediación ante   los   verdaderos   prestadores  de  servicios,  si  en  la publicidad  grafica  garantizo  el  viaje  a cambio de la mentada seña.   maxime,   si  el  reclamante  abono  el  precio  total convenido, puesto  que conforme a derecho estaba en condiciones de exigir la contraprestación del deudor”.

 

 

 

Bosso,  Claudia  Silvia y Otro c/ Viajes Ati S.A. empresa de viajes y  turismo  s/  Sumario”. Cámara Comercial: Sala B. Piaggi - Butty - Diaz Cordero. 30/06/03

 

 

 

 

 

19.21. DEFENSA DEL CONSUMIDOR  Daños  y  Perjuicios: Responsabilidad  Contractual. Compraventa. Automotores. Círculos cerrados. Interpretación.   Solicitud   de   adhesión.   Cuota.   Pago   en instituciones    Bancarias.    Formulario    Entregado   por   la Administradora.  Falta  de  Recepción del Instrumento. Adherente. Obligación  de  Procurárselo.  Pretensor.  No  Obtención  de  los formularios. Incumplimiento Contractual. Improcedencia.

 

 

 

“En  una acción por la que el pretensor reclama de una sociedad de ahorro  para  fines  determinados  la repetición de las sumas que abono,   en   virtud   de   la   resolución   del   contrato  por incumplimiento  atribuido a la defendida, cabe precisar que si en la  pertinente solicitud de adhesión se estableció que el pago de cada  cuota  debía  efectuarse  en  las instituciones bancarias o financieras   del   país  o  representantes  autorizados  por  la administradora  (razón  por  la  que  el  pago  debió verificarse mediante  formulario que cada adherente recibía a tal fin) y, que la  falta de recepción del instrumento no desligaba al suscriptor de  pagar,  pues este debía procurarse dicho formulario -puesto a su   disposición   por   la  sociedad  administradora-;  la  sola circunstancia  de que el pretensor no haya procurado la obtención de  los  formularios  no  constituye  incumplimiento contractual, toda  vez  que  era  la  reclamada quien debía entregar o poner a disposición  de los adherentes esos formularios -lo que no hizo-. ello  pues,  la  información  cumple  un  rol  vital  para que el contratante  tenga un adecuado conocimiento de las condiciones de contratación,  el  alcance  de  los  derechos  y obligaciones que asume,  para  evitar  los riesgos económicos en la formación como en  la  ejecución  del  contrato. Es ilógico que el predisponerte establezca  obstáculos  a  su cumplimiento y endilgue la carga de sortearlos  a quien posee menor especialización y poder negocial. fue  la administradora quien al incumplir su deber de remitir los formularios  omitió  los  medios  necesarios para permitir que el suscriptor  abonara  la  cuota  en  tiempo  y  forma.  a  mas, la defendida  debió  informar  veraz y concretamente las condiciones de  pago;  no es suficiente hacer una escueta mención a que de no emitir  los  formularios  de  pago, el adherente debía procurarse por   si   solo   que   la   administradora   le  entregara  esos instrumentos.  la  Ley  de Defensa del Consumidor (aplicación 24240 y sus modificatorias)  impone  la  obligación  de  brindar  información adecuada,    veraz,    detallada    y    suficiente   sobre   las características  de  los  bienes  y  servicios, ello determina el comportamiento  que debe asumir el consumidor habida cuenta de la discapacidad  negocial  de los contratantes. por lo demás, la CN: 42  ratifica  el  derecho  a la información. el deber de informar importa  la  manifestación  del  deber  de  la  buena fe que debe presidir  los  vínculos contractuales y la confianza que deposita el  consumidor  en  aquel  mejor  posicionado  del  que exige una conducta leal y fidedigna”.

 

 

 

Rigoni,  Gabriel  Gustavo  c/  Circulo de Inversores S.A. de Ahorro para fines determinados s/ ordinario”. Cámara Comercial: Sala B.  Piaggi - Diaz Cordero - Butty. 20/11/02

 

 

 

 

 

19.22. DEFENSA AL CONSUMIDOR. Daños y perjuicios. Responsabilidad contractual.  Prestación de Servicios. Servicios médicos. Centro asistencial. Sanatorio. Principio de apariencia.

 

 

 

“Es responsable el ente sanatorial por la deficiente prestación de servicios medico-quirúrgicos efectuada allí por un profesional, aun cuando este no pertenezca al personal medico de la entidad, cuando las constancias de la causa en base a las cuales pretende el sanatorio deslindar responsabilidades, distan mucho de ser inequívocas y, ante la equivocidad ha de prevalecer el principio de apariencia (CCVI 1198 y Ley 24240: 4, 5, 19, 37 y ss.), a lo que debe agregarse la responsabilidad derivada de la Ley 17132: 39 y 49 y su reglamentación (Dec. 6216/67).(en el caso, el paciente eligió para atenderse el sanatorio demandado, por encontrarse incluido en la cartilla de su obra social, y allí fue asistido por el medico en cuestión, que no figuraba en dicha cartilla, las declaraciones testimoniales carecen de certeza, de la pericia contable surge que no aparecía como dependiente de la clínica, ni aparece en el registro de empleados enmarcados en el régimen de contrato de trabajo, pero nada se alude respecto de un virtual listado de médicos. además, el director y único propietario de la institución integro el equipo quirúrgico que opero al paciente).

 

Disidencia del Dr. Caviglione Fraga: “en tanto la prueba reunida indica que el cirujano no integraba la plantilla de profesionales de la clínica, no cabe responsabilizar a esta última por la actuación del galeno”.

 

 

 

“García de Hernando, Maria julia c/ A.P.S. s/ Sum.” Cámara Comercial: Sala C. Caviglione Fraga - Monti - Di Tella. 29/10/98

 

 

 

 

 

19.23. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Tarjeta de Crédito. Consumos no Efectuados.

 

 

 

” La Dirección Nacional de Comercio Interior puede sancionar a un banco con una multa por infracción al art. 19 de la Ley 24.240, toda vez que no reconoció los reclamos efectuados por la denunciante frente a consumos no efectuados con su tarjeta de crédito, incumpliendo así con la prestación del servicio ya que entre otras consideraciones el sistema Banelco, así como otros cajeros automáticos, no han demostrado ser absolutamente invulnerables a fraudes y maniobras por las cuales se perjudica a los clientes de la entidad bancaria, pues la banda magnética de que disponen los plásticos no constituye un mecanismo de protección inmune, invencible a anomalías en el sistema que no pocas veces se ha comprobado que ocurren, y que han servido para el progresivo perfeccionamiento del sistema. Frente a ello, resulta comprensible que el cliente experimente alguna incertidumbre, inseguridad o desamparo si aparecen extracciones que desconoce, pues si bien gran cantidad de personas utilizan este servicio, se ignoran los pormenores de su mecánica y funcionamiento, algo que se realiza a “oscuras” mediante un sistema de computación, lo cual adquiere mayor relevancia en el caso de autos donde, precisamente, se acreditó la inexistencia del cajero donde supuestamente se efectuaron las extracciones cuestionadas”.

 

 

 

870/97 “Banco Río de la Plata S.A. c/ Secretaría de Comercio e I -Disp DNCI”, Sala II. 31/03/98

 

 

 

 

 

19.24. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Modalidades de Prestación de Servicios. Banco. Cajero Automático. Sistema Banelco. Perjuicio a Cliente Usuario de Tarjeta Magnética

 


El sistema Banelco, así como otros cajeros automáticos, no han demostrado ser absolutamente invulnerables a fraudes y maniobras por las cuales se perjudica a los clientes de la entidad bancaria, pues la banda magnética de que disponen los plásticos no constituyen un mecanismo de protección inmune, invencible a anomalías en el sistema que no pocas veces se ha comprobado que ocurren, y que han servido para el progresivo perfeccionamiento del sistema. Frente a ello, resulta comprensible que el cliente experimente alguna incertidumbre, inseguridad o desamparo si aparecen extracciones que desconoce, pues si bien gran cantidad de personas utilizan este servicio, se ignoran los pormenores de su mecánica y funcionamiento, algo que se realiza a “oscuras” mediante un sistema de computación.” (Cons. 4).

 

 
“Banco Río de la Plata S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 870/97”. Causa nº 19.593/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala II, Herrera, Garzón de Conte Grand, Damarco, 31/3/98.

 

 

 

 

 

19.25. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Modalidades de Prestación de Servicios. Guarda de Automóvil. Daño Provocado en Plaza de Estacionamiento Bajo Nivel

 

 
Aún no mediando un contrato expreso del cual resulten expresamente las obligaciones asumidas por el depositario, la falta de adecuada guarda del vehículo que permitió el acaecimiento del hecho dañoso supone un incumplimiento de las previsiones del artículo 19 de la Ley 24.240. Ello es así por cuanto ese evento demuestra que la recurrente no ha respetado las modalidades propias de la prestación asumida como garajista”. (Cons. VII).

 


“Playas Subterráneas S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp.
DNCI 1963/96” Causa Nº 10.413/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala IV, Uslenghi, Galli, 16/3/98.

 

 

 

 

 

19.26. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Servicios. Prestación. Modalidades.

 

 

 

En los contratos de prestación de servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”

 


“Tecnología Integral Médica Tim S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 164/97”. Causa nº 10.378/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala V, Grecco, Gallegos Fedriani, Otero, 15/9/97.

 

 

 

 

 

19.27. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Modalidades que deben observarse en la Prestación de un Servicio.

 

 

 

El art. 19 de la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, establece, con relación a las modalidades que deben observarse en la prestación de servicios, que quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”

 

 

 

“Confiable S.A. c/ M. E. Y OSP –Sec. Ind. y Com.- DNCI Nº 1076/95”. Causa: 51.697/95. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala II, Damarco, Herrera, 2/5/96.

 

 

Ver Jurisprudencia: 1.5., 1.17., 1.18., 1.19., 3.3., 3.14., 3.27., 4.7., 4.9., 4.24., 7.13., 8.9., 8bis.2., 10.2., 23.1., 23.2., 36.10., 36.17., 37.29., 37.45., 37.47., 52.13.,

ART. 18 - [VICIOS REDHIBITORIOS]
La aplicación de las disposiciones precedentes, no obsta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios. En caso de vicio redhibitorio:

a) A instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho el artículo 2176 del Código Civil;

b) El artículo 2170 del Código Civil no podrá ser opuesto al consumidor.

 

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 1798/94
Sin  reglamentar.

Jurisprudencia

18.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de Compraventa. Vicios de la Cosa. Defectos de Fabricación. Obligación de Reparar. Responsabilidad del Fabricante. Responsabilidad del Vendedor. Fundamentos.

 

“La   obligación  de  reparar  que  se  encuentra  en  cabeza  del fabricante   vendedor  de  un  producto,  tiene  sustento  en  el genérico  deber  de  garantía que le incumbe al lanzar al mercado su  producto,  deber  que,  en ultima instancia es una derivación del  Standard  de  buena  fe  que  consagra el art. 1198 CCIV. La cuestión  se encuentra hoy superada por ante las reglas claras de los  artículos 18 y 40 de la Ley 24240. No obstante, no es ocioso señalar  que una óptica basada en los arts. 2164 y siguientes del CCIV   podría   ya  servir  de  base  a  la  responsabilidad  del fabricante  vendedor  de productos elaborados. en efecto, el art. 2176  del  citado  código  acuerda al comprador que optare por la rescisión  del  contrato,  el  derecho  a  ser indemnizado de los daños  y  perjuicios  sufridos  "si  el  vendedor  conoce o debía conocer,  por  razón  de  su oficio o arte, los vicios o defectos ocultos  de  la  cosa  vendida, y no los manifestó al comprador". Explica  bien  Raymundo  m.  Salvat  ("tratado  de  derecho civil argentino"  -fuentes de las obligaciones-, 2º edición anotada por Arturo  Acuña  Anzorena,  Edit.  TEA,  Bs.  As., 1957, T.III, Nº 2364,  Pág.  466),  que la buena fe del vendedor se presume (Arg. art.  2362  código  civil),  pero el principio se invierte cuando por  razón  de  su  oficio o arte debía conocer la existencia del vicio.  según  el  autor  citado,  se  hubo admitido que la regla legal  no  solo  ha  de  aplicarse  al  fabricante directo de los artículos,  sino también al comerciante que los recibe de aquel y los  vende  al publico. Esa solución resulta ahora consagrada por el  art. 18 de la Ley 24240, en cuanto establece la aplicación de pleno  derecho  del  art.  2176  del código civil a instancia del consumidor  (CNCOM,  sala  c,  in  re  "Talleres  Llave  S.A.  c/ Furlanetto  S.A.  s/  Ordinario",  del  29/05/98),  así  como  la inoponibilidad  a  este del art. 2170 del mismo código. asimismo, la  regla consagrada en el art. 40 de la Ley 24240, ratificada en su  vigencia por la Ley 24999, no deja margen de duda en cuanto a la  solidaridad  de  todos  los sujetos allí mencionados respecto del  consumidor,  por los daños provenientes de vicios o defectos en los productos elaborados”.

 

Hladij, Luís c/ Peugeot - Citroen Arg. SA s/ Ord”. Cámara Comercial: Sala C. Monti - Ojea Quintana - Caviglione Fraga. 19/09/08

 

 

18.2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Responsabilidad Contractual. Contrato de Compraventa Comercial. Venta de Teléfono Celular. Línea Habilitada a Nombre de Tercero. Relación de Consumo. Ley 24240 y Provincial 2268.  Infracciones Previstas en la Ley. Omisión de Informar que el Aparato Celular Adquirido No era nuevo. Multa. Vicios Redhibitorios. Daño Material. Daño Moral

 

"Sin perjuicio de las adaptaciones que se desprenden de la existencia de una relación de consumo entre las partes (Ley 24240 y provincial 2268), rigen en la especie las normas relativas al cumplimiento de los contratos en general y de la compraventa en particular, en cuanto colocan en cabeza del cumplidor las acciones de cumplimiento, de resolución -más daños y perjuicios- o la "quanti minoris" a la que ocasionalmente puede adicionarse pretensión resarcitoria (arts. 1204, 2164, 2174 y ctes. cód.civ.), que se generan ante el incumplimiento total o parcial de la obligación principal del vendedor, descripta en el art.1409."

"Cabe destacar que se acciona contra el vendedor del teléfono celular, y no contra el prestador del servicio telefónico y que -por ende- son aplicables las normas citadas supra y las previstas por el art. 18 LDC en su remisión a la regulación de los vicios redhibitorios en el código civil."

"La acción de daños y perjuicios es siempre accesoria en materia contractual, ya sea de la acción de resolución o de cumplimiento, o bien puede ejercerse en los supuestos previstos en el art. 2174 si concurriesen los vicios descriptos en el art. 2164, ambos del código civil."

"En el caso que nos ocupa consta que la actora se sirvió, sin inconvenientes serios, del teléfono celular hasta que tomó conocimiento accidental de que la línea telefónica estaba a nombre de un tercero, debiendo realizar gestiones para obtener la rectificación de la titularidad."

"Si el perjuicio se infiere de habérsele vendido como nuevo un artefacto presumiblemente usado (no por mucho tiempo, ya que la habilitación de la línea databa de solo un par de meses anteriores a la compra) le cupo reclamar "quanti minoris", consistente en la restitución parcial de los $157 abonados."

"En ese entendimiento juzgo que las molestias y padecimientos invocados por la actora a partir de la toma de conocimiento de la condición de "usado" del aparato que adquirió como nuevo, no exceden las que normalmente ocasiona el trámite de cambio de titularidad de una línea telefónica."

"La habilitación de la línea a nombre de un tercero con dos meses de anticipación a la compra, no lleva a suponer su "desgaste" o deterioro por el uso de la cosa sino, meramente, la pre-existencia de una compra desistida o frustrada, que sólo pudo habilitar al reclamo estimatorio sobre el precio de venta ($157)."

"Los avatares suscitados por las pretensiones resarcitorias notoriamente excesivas de la actora, con posterioridad a la rectificación de la titularidad de la línea telefónica, deben considerarse excluidos del ámbito de resarcibilidad acotado por el art. 520, ya que no son consecuencias que "acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas" y que, por ende, puedan tomarse como consecuencia inmediata y necesaria del hecho invocado como dañoso."

 

"León Paola Del Carmen c/ Garbarino S.A. s/ daños y perjuicios" - Cámara Civil de Neuquén - 01/04/2008

 

 

18.3. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Daños y Perjuicios: Indemnización. Automotores. Privación de Uso. Improcedencia.  Responsabilidad  del  Tallerista.  Reparación  de Pieza  Defectuosa.  Aplicación  del  CCIV: 2164.  Improcedencia. Aplicación Ley 24240. Procedencia.

 

“Resulta improcedente responsabilizar al tallerista por los daños que habría sufrido el accionante como consecuencia del supuesto servicio defectuoso prestado por aquel en su automóvil que lo habría obligado a  interrumpir un viaje, cuando -como en el caso-, se tiene dicho que la obligación de garantía que asume todo  tallerista por las labores desempeñadas no pueden resultar sine die, ya que el periodo de un año y dos meses operado entre la prestación del servicio y la supuesta rotura de la pieza dañada excede largamente el termino   de garantía que razonablemente cabria fijar en casos como el presente -en el que no se aprecia la existencia   de un plazo convencional establecido-. Así, la postura del accionante en cuanto a que el daño invocado se  produjo dentro del plazo de garantía -por no ser aplicables al caso los preceptos contenidos en la Ley 24240 sino las normas del Código Civil relativas a los vicios redhibitorios- no puede prosperar. El tallerista no transmitió al actor el dominio, uso y goce de ninguna cosa -CCIV: 2164-, sino que se limito a reparar una pieza usada del motor de su vehiculo -sin siquiera haber sido el encargado de ensamblarla nuevamente en el motor- de manera que son efectivamente aplicables al caso, las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor referidas a prestación de servicios”.

 

Mesaglio, Julio c/ Del Torto SA s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala A. Miguez - Uzal - Kölliker Frers. 21/08/07

 

 

18.4. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal Especial: Procesos de Conocimiento. Proceso Ordinario. Excepciones Previas. Admisibilidad (art. 347). Falta de Legitimación (inc. 3º). Improcedencia. Importador.  Productos  Elaborados. Responsabilidad. Teoría de la Cadena Ininterrumpida de Contratos.

 

“No procede la defensa de falta de acción opuesta por la codemandada importadora, distribuidora y única representante de los productos cuestionados, cuando el reclamo de los accionantes de reintegro de lo pagado   por ellos por encontrarse contaminados, halla sustento en el principio de responsabilidad fundada en la   cadena ininterrumpida de contratos y lo expresamente reglado por la Ley 24240, cuyo art. 18-a, habilita a aplicar la norma del CCIV: 2176”.

 

Larche, Isabel c/ Inter-rep SRL s/ Ordinario. Camara Comercial: D. Bargallo - VassalloDieuzeide”. 21/06/06

 

 

18.5.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de compraventa. Vicios de la cosa. Defectos de fabricación. Responsabilidad del fabricante.

 

“Cabe atribuir responsabilidad al fabricante de un producto, cuando como en la especie, guarda silencio ante el requerimiento cursado por carta documento por el comprador perjudicado quien adquirió un automotor con el fin de servir de medio de transporte a empleados y miembros de una empresa constructora, toda vez que es un producto defectuoso -piezas dañadas, cortocircuito, fallas eléctricas- atento no ofrecer la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho, teniendo en cuenta inclusive todas las circunstancias:

a) la presentación del producto, y b) el uso que razonablemente pudiere hacerse del mismo y el momento en que es puesto en funcionamiento, conducta esta, que evidencia una inadmisible indiferencia al problema del adquirente afectado, en tanto retacea los deberes de reciproca colaboración y buena fe en el cumplimiento del contrato de compraventa. esto, resulta indudablemente contrario a la diligencia exigible a un profesional avezado en su actividad especializada, que hace presumir su competencia, por ello el CCIV: 2170, establece una presunción "iuris et de iure" universalmente admitida, por lo que no puede ser opuesto al consumidor, toda vez que en su condición de "profano", desconoce las complejidades técnicas del producto. en cambio pesa sobre el "productor" la obligación de resultado, de poner en el comercio los productos que elabora sin defectos ocultos, por lo cual debe, -sin excepciones- ser tratado como conocedor de estos, aunque en realidad los ignorara, siendo por tanto responsable por los daños ocasionados al consumidor (Ley 24240: 18), e inadmisible que el fabricante se excuse invocando que la garantía otorgada (Ley 24240: capitulo IV) cubre todo defecto constructivo o fallas de piezas que afecten su funcionalidad, con el acotado alcance de limitarse el cambio de piezas reconocidas como defectuosas por el constructor o su reparación sin asumir ninguna otra obligación”.

 

Artemis Construcciones S.A. c/ Diyon S.A. y otro s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala A. Miguez - PeiranoViale. 21/11/00

 

 

18.6.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato de compraventa. Automotores. Resolución. Procedencia. Automotor. Adquirido con vicios. CCIV: 2176.

 

“Cabe hacer lugar a la demanda por resolución de un contrato de compraventa cuando como en la especie el vehiculo que adquirió el reclamante destinado a servir como medio de transporte a miembros y empleados de una empresa constructora para supervisar obras y visitar proveedores en varios puntos de esta ciudad y del gran Buenos Aires, presentaba vicios -fallas eléctricas que se detectaron inicialmente en el funcionamiento de la luz stop, con el posterior agravamiento de los problemas, lo que motivo que el vehiculo ingresara al taller y que ante la falta de respuesta se labrara acta de constatación notarial con intervención del jefe de esa área del concesionario, de manera tal que el producto que se entrego al damnificado no es fiable, ni tampoco apto para el cumplimiento de su destino, ni puede aseverarse que con su utilización no resultaran daños a la persona o bienes del consumidor o usuarios, rigiendo en forma imperativa, lo dispuesto por el CCIV: 2176 respecto de los vicios redhibitorios por emisión de la Ley 24240: 18. todo ello, sin perjuicio del deber de seguridad u obligación tacita de garantía emergente de la regla de buena fe, consagrada en el CCIV: 1198, que impone a los empresarios -como en este caso- el deber de no dañar a través de los productos y servicios provistos al consumidor, tanto a su persona como a los demás bienes”.

 

Artemis Construcciones S.A. c/ Diyon S.A. y otro s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala A. Miguez - PeiranoViale. 21/11/00

 

 

18.7. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Responsabilidad por daños (art. 40). Garantía del producto. Carácter legal y obligatorio. Modificación Ley 24999. Garantía por vicios redhibitorios (LCD: 18). Deber del empresario.

 

“La garantía voluntariamente otorgada por el fabricante de un producto -Capitulo IV de la Ley 24240-, es actualmente de carácter legal y obligatoria según modificación Ley 24999 (B.O. 30.7.98), lo cual no obsta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios (LCD: 18). Por ello resulta claro que la protección de los intereses económicos de los consumidores, comprende también que se garantice la calidad de los productos e inocuidad de los bienes y servicios que son provistos en el mercado. De allí, la necesidad de imponer al empresario, un estricto deber de asegurar la eficacia, calidad e idoneidad del bien o servicio, para el cumplimiento de la finalidad a la que están destinados de acuerdo con su naturaleza y características”.

 

Artemis Construcciones S.A. c/ Diyon S.A. y otro s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala A. Miguez - PeiranoViale. 21/11/00

 

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