Lunes, 23 Octubre 2017

ART. 36 - [REQUISITOS]
En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:

a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios.

b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios.

c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado.

d) La tasa de interés efectiva anual.

e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total.

f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses.

g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar.

h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.

Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.

En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.

La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.

El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en la presente ley.

Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor.

(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

 

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 1798/94
Sin reglamentar.

Jurisprudencia

36.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Responsabilidad Bancaria. Cajero Automático. Desperfecto provocado o aprovechado por un tercero. Extracción de dinero. Fraude. “Cuento del tío”. Carga Dinamica de la Prueba. Negligencia de los responsables del servicio. Insuficientes medidas de seguridad. Derechos del consumidor. Ley 24.240. Responsabilidad de entidad bancaria. Daño emergente. Rechazo de la demanda dirigida contra Banelco SA. Prescripción (Art. 50 Ley 24.240)  

 

“Si bien resulta cierto que la obligación de la entidad bancaria de guardar las grabaciones que registran los movimientos en los cajeros automáticos, caduca a los sesenta días (Comunicación 3390 del BCRA), también lo es que tal lapso debe ser extendido en el caso de determinarse su utilidad y el plazo de reserva deber correr desde que la "entidad" tome conocimiento del hecho que con tal video se puede corroborar." Ha de entenderse que las entidades bancarias al encontrarse en una posición ventajosa frente al usuario -que es la parte débil de la contratación- son las que ostentan la información y todas las aptitudes técnicas para aportar los elementos de prueba necesarios para dirimir un conflicto suscitado con un usuario determinado.”

“La gran mayoría de supuestos judiciales (y de los que sin llegar a esa instancia se conocen informalmente) de "cuentos del tío" o instalación de "pescadores" en cajeros, ocurre en fines de semana o días inhábiles, sin que las entidades adopten medidas especiales para esas circunstancias. Vale insistir en que según esa Comunicación las disposiciones fijadas " revisten el carácter de mínimas quedando al exclusivo criterio y responsabilidad de las entidades financieras la adopción de otros recaudos que estimen necesarios, según surjan de los estudios de seguridad que efectúen, con el objeto de asegurar la protección de los valores atesorados en cada cajero automático y de los respectivos usuarios". En esas oportunidades se agrava - por no decir imposibilita- el cumplimiento de la obligación del cliente ante la retención de la tarjeta de "comunicar de inmediato" esa situación al banco con el que se opera y al banco administrador del cajero automático" o a la misma red del servicio.”

“No considero que la infracción a la normativa contractual del titular de la cuenta al haber facilitado la tarjeta magnética con el password correspondiente a su hermana, pese a que su uso es intransferible, tenga incidencia interruptiva del nexo causal, ya que el obrar negligente de los responsables por el servicio es anterior e independiente al hecho en cuestión (arg. art. 513 in fine CCiv). En primer lugar, tal como ha expresado el Tribunal Supremo español en sentencia del 9 de mayo de 2007 (Anuario de Jurisprudencia María Del Carmen Figueroa Navarro/Abel Téllez Aguilera -Universidad de Alcal .Id. vLex: VLEX-KJNQ155; http://doctrina.microjuris.vlex.com/doctrina /Anuario-Derecho-Penal-Ciencias-Penales/2300- 1717- número_#LX,00.html), el sistema " implica que el titular del dinero, es decir el banco o la institución de crédito, quieren que el dinero sea entregado al que introduzca la tarjeta y señale el número clave secreto, cualquiera sea su identidad, pero también cualquiera sea su legitimación para hacerlo". En segundo lugar que no haya sido personalmente el cliente el que haya intentado realizar la operación sino un familiar por él encomendado, circunstancia relativamente frecuente en el caso de no expedirse tarjetas adicionales, no desvirtúa la idoneidad causal del desperfecto provocado o aprovechado por un tercero, no contándose con elementos probatorios que revelen una utilización del servicio diferente por parte de la hermana al de un usuario corriente.”


“Barni Mauricio Oscar c/ Banco Río de la Plata S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios por enriquecimiento” – Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial De Junin (Buenos Aires) – 15/10/2009 

 

 

36.2 DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Juicio Ejecutivo. Incompetencia declarada de oficio: procedencia. Derechos del Consumidor. Relación de consumo. Título abstracto: análisis de la causa. Orden público. Aplicación de la Ley 24.240 vigente a las relaciones jurídicas anteriores.

 

"La reforma de la Ley 26.631 modificó el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, fijando los requisitos de validez para las operaciones financieras y de crédito para el consumo. Entre otros aspectos, la nueva norma establece que será competente para entender en los litigios relativos a esa clase de contratos el juez del domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Ante ello, corresponde examinar si la nueva disposición legal es aplicable a un juicio ejecutivo, en el cual se persigue el cobro de un pagaré librado por una persona física en la provincia de Salta a favor de una entidad financiera, con domicilio de pago en la Capital Federal. El título incluye una cláusula de jurisdicción optativa -por el domicilio del demandado o el lugar de pago- a opción del acreedor." (del Dictamen Fiscal)

"Desde esa óptica, la Ley 26.361 resulta aplicable al caso de autos dado que el reclamo judicial interpuesto constituye una mera consecuencia jurídica de la relación cambiaria preexistente. Máxime, considerando que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de orden público que se dirige a proteger los derechos de la parte débil de la relación jurídica (art. 65 LDC)." (del Dictamen Fiscal).

"Así lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver que las Leyes modificatorias de la competencia son de aplicación inmediata, aún a los hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia (Fallos: 257:83); en tanto no desconozcan actuaciones válidamente cumplidas con anterioridad a su sanción (Fallos 241:123; 246:162; 247: 416; 256:440; Fallos 298: 82)." (del Dictamen Fiscal)
"Las circunstancias personales de las partes y las características de la operación de crédito instrumentada en el pagaré ejecutado ponen de manifiesto que nos hallamos ante una dación de crédito para el consumo en los términos del nuevo artículo 36 LDC. En efecto, de las constancias de autos surge que el demandado es destinatario final de la prestación de un crédito "en beneficio propio o de su grupo familiar o social", lo que encuadra en la categorización de los artículos 1 y 36 LDC. Para llegar a esa conclusión es relevante tener en cuenta el carácter de proveedor de la actora (art. 2), el monto del crédito otorgado y que el deudor es una persona física. A su vez, la entidad financiera actora es una persona jurídica de naturaleza privada, que se dedica con profesionalidad a proveer de crédito, Ello configura la situación jurídica del art. 2 de esa Ley (conf. Sala A, "Daboul Juan c/ Banco Itau Buen Ayre SA s/ ordinario", sentencia del 7 de Junio de 2007)" (del Dictamen Fiscal)

"En el sentido expuesto, ha dicho Farina que cuando se trata de discernir si nos hallamos ante un supuesto abarcado por el art. 36 LDC, debe presumirse -en favor del usuario o consumidor- que existe una relación de consumo "cada vez que el crédito sea otorgado a una persona física cuya ocupación y el monto que ha percibido no admitan suponer otro destino que el de adquirir bienes o servicios para el consumo o uso personal o bien para hacer frente a deudas pendientes" "(Farina Juan M., "Defensa del Consumidor y del usuario", Astrea 3° edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2004, pag. 365 y ss)." (del Dictamen Fiscal)

"En definitiva, toda vez que de las constancias de autos surge manifiesto que el litigio se refiere a una operación de crédito para el consumo, resulta aplicable la regla de competencia del artículo 36 LDC que establece que será competente el juez del lugar del domicilio del deudor y a su vez, proscribe -bajo pena de nulidad- "cualquier" clase de pacto de prorroga de la jurisdicción. Tal proscripción abarca la fijación del lugar de pago del pagaré en el domicilio de la entidad financiera acreedora en Capital Federal, el cual se halla impreso en el formulario suministrado al cliente." (del Dictamen Fiscal)

"De modo que la declaración de incompetencia de oficio no sólo es procedente, sino que constituye un deber del tribunal, porque la aplicación de las normas en que está interesado el orden público no es disponible para las partes, quienes no pueden renunciar ni desistir de su aplicación (art. 21 del Código Civil). Justamente, tratándose de normas que protegen un interés público, general o social que prevalece sobre los intereses particulares, es el juez quien debe velar por su aplicación oficiosa." (del Dictamen Fiscal)

"En el caso, se trata de una norma específica sobre competencia que tiende a resguardar el derecho de acceso a la justicia y la defensa en juicio de la parte débil en una relación negocial asimétrica, en la inteligencia de que el ejercicio de esos derechos se ve obstruido si la causa judicial se aleja de los jueces de su domicilio. Resultaría un contrasentido postular que sólo el afectado puede plantear la incompetencia cuando la operatividad de la norma presupone que el acceso a la jurisdicción del afectado está restringido. Es el juez quien, advertido de que ha promovido el juicio contra el consumidor en tribunales ajenos a su domicilio, debe hacer respetar la nueva disposición legal para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, que es el fundamento del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor." (del Dictamen Fiscal).-

"En definitiva, la función económica del cartular que justifica que se le atribuya abstracción y autonomía para garantizar la circulación y la celeridad en el cobro, no permite justificar la trasgresión de una norma de orden público vinculada a la competencia, porque ésta protege derechos de índole superior -no patrimoniales- como la garantía del debido proceso y la defensa en juicio de los derechos. Estos últimos son derechos fundamentales, cuyo respeto define a un sistema jurídico como un Estado de Derecho." (del Dictamen Fiscal).-

 

"Compañía Financiera Argentina SA c/ Barrionuevo, Juan Manuel s/ ejecutivo" - CNCOM - 26/05/2009

 

 

36.3. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 47. Sanciones. Multa. Banco. Emergencia económica. Reestructuración de la deuda aplicando el CVS.

 

“Corresponde declarar la nulidad del acto sancionatorio aplicado por la Dirección Nacional de Comercio Interior, por falta de causa y motivación, por el cual se impuso una multa a la entidad bancaria por infracción al art. 4 de la Ley 24.240, por no suministrar, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente respecto de la reestructuración de la deuda a partir de la aplicación del coeficiente de variación salarial (CVS), porque el acto impugnado no ha tomado en cuenta los hechos imperantes, y no ha tratado todas las defensas opuestas por la actora, en concreto la que se apoya en la opinión emitida por la entidad regulatoria financiera, el B.C.R.A., que, como órgano experto primario en la materia, su opinión debió ser tomada en cuenta y ponderada en su alcance”.

 

1.672/07 “Bank Boston NA c/DNCI -Disp. 823/06 (Expte.Sol: 190417/04)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala 1., Coviello, Morán”. 07/10/2008

 

 

36.4. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Estafa. Deposito en Cajero Automático de un Sobre Vacío. Condena. Sentencia Arbitraria. Contradicciones de los dichos de los empleados del banco. Falta de aviso a la imputada acerca de la irregularidad advertida. No conservación por parte de la entidad de los respectivos registros fílmicos que acrediten el hecho imputado. Carga Probatoria. Absolución In Dubio PRO REO. Principio de inocencia

 

“Deber del banco de demostrar -debido a su posición dominante o privilegiada en relación al material probatorio-, por cualquier medio idóneo, que en el interior del sobre depositado no se encontró la suma de dinero. Obligación de la entidad bancaria de instrumentar un sistema de seguridad que garantice la veracidad de las operaciones mediante cajeros automáticos, resultando insuficiente el simple conteo manual por parte de un empleado de la entidad.

 

"Mainero, Mara Vanina s/recurso de casación" - CNCP - 10/09/2008

 

 

36.5. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Daños y Perjuicios: Responsabilidad Contractual. Otros Supuestos. Mutuo  Prendario.  Compraventa  por Concesionaria. Financiamiento de     Saldo.    Incumplimiento    de   Bonificación    Pactada. Interpretación. Aplicación de la Ley 24240.
 
“Cabe  revocar  la sentencia de grado en cuanto rechazo la demanda por   incumplimiento   de  un  contrato  de  mutuo  con  garantía prendaría  y  daños  y perjuicios, cuyo objeto era la cancelación del  saldo  de  precio de un automóvil adquirido por medio de una concesionaria.   ello   así,   toda   vez  que  la  actora  abono puntualmente  las 36 cuotas correspondientes, pero pese a ello la entidad  bancaria  se  negó  injustificadamente  a  otorgarle  la bonificación  de  la  ultima  cuota  (nº  37)  según  lo pactado; promoviéndole  luego  un secuestro prendario. En ese contexto, el caso  bajo  examen parece adecuarse al supuesto de operaciones de crédito  para  la  adquisición de cosas, puntualmente previsto en el  art. 36 de la Ley 24240. asimismo, su art. 37 estipula que en caso  de  duda,  la  interpretación  habrá  de  realizarse  en el sentido  mas  favorable para el consumidor (asimismo la directiva del  art.  3).  sentado  lo  anterior,  surge del análisis de las cláusulas  del  contrato,  que la bonificación de la ultima cuota se  otorgaría salvo que el cliente incurriera en mora o atraso en cualquiera  de los productos que hubiera contratado con el banco. sin   embargo,   de   la   directiva   objetada   no   se   sigue indubitablemente  que  el  requisito  de  no  incurrir  en mora o atrasos   comprendiera  los  vínculos  contractuales  concertados luego  de acordado el referido mutuo. esa ausencia de precisión y claridad  en  la  redacción  de  la  regulación  de  la  relación jurídica  en  cuestión,  impone su interpretación bajo las pautas hermenéuticas   del  favor  debilis  y  contra  proferentem,  que conducen   a   dar  a  la  cláusula  el  alcance  y  sentido  que razonablemente  procura el actor. La institucion bancaria tampoco logro  acreditar  que  en  el supuesto del actor se verificara un incumplimiento  relevante  y menos aun una inejecución definitiva que,  en  todo  caso, lo autorizara a no otorgar al accionante la bonificación  prometida. finalmente, resulta dudosa en la especie que  puedan  extrapolarse  los  efectos  derivados  de un negocio jurídico   a   otro,  provocando  el  decaimiento  del  beneficio propuesto  al  cliente en el supuesto de que abonara puntualmente las cuotas”.
 
“Lopreto, Carlos c/ Banco Río de la Plata SA s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala C. Ojea Quintana - Monti - Caviglione Fraga. 9/06/08

 

 

36.6. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Concursos: Liquidación y Distribución. Concurso Especial. Crédito  Condicional.  Irrelevancia.  Único Creedor. Entrega del Capital. Acreditación. Solvencia.

 

“Procede  admitir la formación del concurso especial promovida por el  banco  acreedor,  toda  vez  que,  mas  allá  de la encendida defensa  que  opuso  el  sindico,  lo  concreto  y  jurídicamente relevante  es que el crédito en cuestión, aun cuando fue admitido con  carácter condicional en la quiebra de los demandados, sujeto a  las  resultas del juicio iniciado por la fallida con el objeto de  que  se  declare la nulidad del contrato de mutuo hipotecario por  violación  a  lo  dispuesto  en la Ley 24240: 36, no aparece controvertido  en  cuanto  a  la  entrega del capital se refiere; además,  el  banco  es  el  único  acreedor  de  la  quiebra, con excepción,  claro  esta,  de  los  gastos  preferentes  de la Ley 24522:  240; por otro lado, la presumible solvencia de la entidad reclamante   le   posibilitaría   igualmente   reparar  cualquier ocasional contingencia que derivase de lo decidido”.

 

Banco de Galicia c/ Aragone, Sergio s/ Ejecutivo. Cámara Comercial: Sala D. Vassallo - Dieuzeide - Heredia. 5/07/07

 

 

36.7. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 41. Autoridad de aplicación. Relación con el Banco Central.

 

 “El Banco Central y la Dirección de Comercio e Industria persiguen objetivos distintos, fácilmente diferenciables. El primero tiene a su cargo la regulación y control del sistema financiero, con fundamento -básicamente- en la incidencia que éste tiene en la economía argentina. Se trata así de una actividad regulatoria y la policía con miras macroeconómicas. Por su parte, la actividad de la segunda apunta a la protección particular que se presenta como la parte más débil en la relación que entabla con las entidades financieras. No es un contralor del desenvolvimiento del sistema como tal sino de la relación particular, específica, que une a un banco con un determinado sujeto”.

 

40.542/03 “Banco Francés S.A. c/DNCI-Disp 854/03 (Expte 64-6926/98). CAM. NAC. CONT.  ADM. FED. Sala IV. , Uslenghi, Galli, Jeanneret de Pérez Cortés. 28/11/2006

 

 

36.8.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Sanciones. Multa. Fideicomiso de garantía. Compra-venta de inmueble a estrenar.

 

“Si el banco ha acumulado dos roles que a priori, acorde con las previsiones de la Ley 24.441, resultan independientes - fiduciario y beneficiario-; viendo que el fideicomiso supone la administración fiduciaria de bienes en beneficio de terceros, empero en el caso que tiene el dominio fiduciario es a la vez el principal beneficiado por la operatoria, su crédito será satisfecho en primer término con el producido de los bienes fideicomitidos, quedando el remanente para su contraparte. En este contexto jurídico el banco no es un mero agente financiero carente de vinculación con los eventuales clientes de la empresa constructora. Antes bien, ha integrado la cadena de comercialización de inmuebles y por ende queda subsumido en la previsión del art. 40 de la Ley 24.240 (Cons. IX y X)”.

 

174754/02 “Banco Hipotecario S.A. c/SIC y TTGBA – Resol244/00 (exp10006/00)” C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala II, Damarco, Garzón, de Conte Grand. 19/06/2005

 

 

36.9. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Sanciones. Multa. Fideicomiso en garantía. Compra-venta de inmueble a estrenar.

 

“Si la entidad bancaria integró la cadena de comercialización del inmueble resulta solidariamente responsable por el incumplimiento de la Ley 24.240, en los términos de su art. 40. A la misma conclusión se arribaría por aplicación del régimen de prehorizontalidad reglado por la Ley 19.724, atenta la solidaridad prescripta en el art. 16 para todos aquellos que intervengan en la operación de venta de un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal. Es que por el rol asumido en la operatoria el banco debió controlar que los bienes fideicomitidos -bajo su administración- se encontraren correctamente terminados, en los términos de los contratos celebrados con el consumidor o al menos hacerse cargo de las eventuales reparaciones inmediatamente de tomar conocimiento de su existencia, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondieren (Cons. XII)”.

 

174.754/02 “Banco Hipotecario S.A. c/ SIC y TTGBA-Resol 244/00 (Exp. 10006/00)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala II., Damarco, Garzón de Conte Grand. 19/06/2005

 

 

36.10. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho  Bancario y Financiero: Banco. Responsabilidad del Banco. Tarjeta de Crédito. Cargos Prohibidos. Reintegro. Procedencia.

 

“Cabe  hacer  lugar a la demanda deducida por la dirección general de  Defensa  y  protección  del Consumidor de la ciudad de Buenos Aires  y condenar a la entidad bancaria accionada a restituir las sumas  liquidadas  por  ciertos  cargos -en el caso, "por diferir pago"-  impuestas  unilateralmente  a los titulares y usuarios de tarjetas  de  crédito  en el ámbito de la ciudad de buenos aires, toda   vez   que   constituye  un  cambio  sobreviviente  en  las condiciones  originales de contratación, que infringe el deber de respetar  los  términos  y  condiciones  conforme  las cuales fue convenido  el  servicio  (Ley  24240: 19); además, se trata de un cargo  cuyo  cobro  estaba  expresamente  prohibido  por el banco central  (Cfr. Punto 1.7.2 de las normas sobre "tasas de interesen  las  operaciones  de  crédito",  que  prohíben  con  carácter general,  el cobro de comisiones y otros cargos adicionales a los intereses  que  impliquen  incrementarlos por ese medio directa o indirectamente);  y  que,  al  no hallarse fundado en un servicio nuevo   prestado   o  un  nuevo  riesgo  asumido,  constituye  un enriquecimiento  ilícito,  por  carecer  de  causa,  contrario al orden  publico;  sin  que obste a ella la pretendida notificación de  tal  medida -por medio de los resúmenes de cuenta-, pues ella es inidonea a tal fin.

 

“Dirección   gral.   de  Defensa  del  Consumidor  GCBA  c/  Banca Nazionale  del  Lavoro  s/  Sumarisimo (ll 24.6.05, F. 109062; JA 15.6.05, 2005-II). Cámara Comercial: E. Sala - Arecha - Ramirez. 10/05/05

 

 

36.11. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  contratos: emergencia económica. Contratos   bancarios.  Caja  de  ahorro  en  dólares.  Deposito. Restitución  inmediata.  Moneda  de  origen.  Conversión. Tipo de cambio.  Ley  25561:  15  y decreto 214/02. Inconstitucionalidad. Fundamentos.

 

“Cabe    confirmar    el   pronunciamiento   del   Juez  de  grado que   declaro   la inconstitucionalidad  de  la  Ley  25561: 15, el   dec.   214/02:  2  y  4, y las disposiciones  que  fueren su consecuencia,  e  hizo lugar a la accion de amparo promovida  por la   depositante  de  una suma de dinero en una caja de ahorro en dólares,    que    fuera   alcanzada   por   las   normas   sobre conversión  a pesos y "reprogramación" de  depósitos bancarios en moneda  extranjera,  toda  vez  que, conforme lo ha  sostenido la CSJN,    5.3.03,    in   re:  "provincia  de  San  Luís  c/estado nacional",   si   bien  en  estado  de  emergencia  económica  se justifica  la  adopción  de  remedios  extraordinarios,  el rasgo fundamental   de   ellos  debe  ser  la   limitación  temporal  y razonable  del  ejercicio de los derechos, no pudiendo desvirtuar la  esencia  de  las  relaciones  jurídicas  establecidas bajo un régimen  anterior;   como  aval  a tal doctrina, desde una óptica "aggiornada"  del  derecho privado,  puede  decirse  que  quienes confiaron  sus  ahorros  a  los  bancos  y  se  sujetaron  a  las reglas   y   condiciones   predispuestas   por   aquellos  en una relación   de   suyo  desigual,  lo hicieron bajo la firme tutela no  solo  de las normas  del  CCIV:  2189,  2220,  617  y  619  y del  CCOM: 575 y 576, sino en particular  de  las  contenidas  en la   Ley   24240,   llamada   de   defensa del consumidor,  cuyas directivas   son   una   reglamentación   de   los  derechos  que consagra   hoy   la   CN:  42  (fundamento  del Dr. Monti, al que no  adhieren  los restantes  vocales  por  exceder  el  marco  de la discusión propuesta por las partes). (en  igual  sentido: Sala D, 30.6.05, "Carballido, Laura c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Ordinario)”.

 

“Kramer  de  Riva,  Silvia  Beatriz  c/ BankBoston NA s/ Amparo s/ Inc. de actuaciones separadas. Cámara Comercial: C. Monti - Di Tella - Caviglione Fraga.13/02/04

 

 

36.12. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Daños  y   Perjuicios: Responsabilidad  Contractual.  Contratos Bancarios. Accionante.  Pretensión.  Cobro  de  suma  dineraria.  Rescate de bocones. Procedencia.

 

“Procede  la  acción  mediante  la  cual  el pretensor persigue el cobro   de  cierta  suma  de  dinero  de  una  entidad  bancaria, proveniente  del  producido  del  rescate  de  bocones  y  de las consecuencias  que  se desprenden de la falta de acreditación por parte  del  banco de la determinación de quien fue quien cobro el precio  de  dicha  operatoria  cuando,  -como  en  el  caso-,  se verifica  que  si bien el defendido informo acerca de la venta de determinada   cantidad  de  bonos  con  cuyo  producido  adquirió dólares,  acompañando  a  tal  fin  fotocopia  del comprobante de venta   respectivo,   sin   embargo,   aclaro  que  utilizaba  un formulario  en el que no constaba el recibo de conformidad de los fondos  por  parte  del  beneficiario,  y  que la venta de dichos bonos  fue  ordenada por una persona distinta del accionante, sin que  por  su  parte,  surja que persona cobro dicho importe. Ello pues,  el  accionado  debería  haber tomado mayores recaudos a la hora   de   manejar  los  fondos  propiedad  del  reclamante,  no resultando  serio que no guarde constancia alguna sobre el real y efectivo  destino  de  los  fondos  librados  por  su cuenta a un tercero  que  -en  principio- estaba autorizado por el titular de los  mismos.  en  definitiva,  la  complejidad  del  trafico hace exigible  la  protección responsable del consumidor (CN: 42 y Ley 24240),  y  la confianza como principio de contenido ético impone a   los   operadores   un   inexcusable  deber  de  honrar  estas Expectativas”.

 

“Eufemia Bausero c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala B. Piaggi - Díaz Cordero - Butty. 28/06/02

 

 

36.13. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contratos Bancarios.  Cuenta Corriente. Banco. Deber de información. Incumplimiento. CN: 42.

 

“El cliente del banco tiene el derecho a contar con una información completa sobre la evolución de la cuenta corriente al tiempo de sus requerimientos, con suministro de las aclaraciones necesarias para su compresión, toda vez que el cliente bancario promedio no conoce las normas y técnicas que regula un campo tan complejo que incursiona en el ámbito de las matemáticas financieras; ello no pretende dotar al consumidor, de prerrogativas especiales, ni derechos de carácter privilegiado, sino simplemente reconocer su situación de debilidad estructural en el mercado y construir un sistema de soluciones que lo eleve a una posición de igualdad real y de seguridad jurídica a la hora de informarse sobre los productos o servicios ofrecidos (Ley 24240: 4), lo que no lo excusa de actuar con diligencia y realizar las indagaciones con diligencia pues tiene el deber de informarse”.

 

“Podesta, Pedro Miguel c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ Ordinario”. Cámara Comercial: A. Miguez – Peirano. 30/08/00

 

 

36.14. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 41. Autoridad de aplicación. Secretaría de Comercio e Inversiones. Poder de policía bancario. Alcance.

 

“El B.C.R.A. y la Secretaría de Comercio e Inversiones, cada uno por sí, resultan competentes dentro de su área para imponer sanciones a las entidades financieras, sin que ello importe una doble competencia, que excluya a una en detrimento de la otra, en atención a los diferentes objetivos que cada una de ellas persigue. La solución que se adopta preserva el ámbito de competencia de los diferentes organismos, los compatibiliza y permite que cada uno de ellos satisfaga el principio de especialidad, que resulta ser el instrumento idóneo para dirimir el alcance de las facultades otorgadas a los distintos órganos de la administración”.

 

Causa Nro. 10.905/97 “Banco Caja de Ahorro S.A. c/ Sec. de Comercio e Inversiones -.Disp. DNCI. 2641/96”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala IV., Galli (en disidencia), Uslenghi, Jeanneret de Pérez Cortés. 10/02/2000

 

 

36.15.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Operaciones de venta de crédito. Requisitos.

 

“El art. 36 de la Ley 24.240 dispone que “en las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá consignarse bajo pena de nulidad: el precio de contado, el saldo de deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los hubiere, cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar” (Cons. II)”.

 
“Taraborelli Automotores S.A. c/ Sec. de Com. E Inv., Disp.
DNCI 626/97”. Causa nº 17.391/97. C. CONT. ADM. FED. , Sala I, Licht, Buján, Coviello, 21/4/98.

 

 

36.16.    DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Deber de información. Operaciones de crédito.

 

El deber de información en materia de operaciones de crédito tiene particular relevancia y los recaudos legales exigidos están orientados a lograr transparencia en la relación entre consumidor y proveedor mediante información clara y correcta sobre el producto a ser vendido y las condiciones de venta”. (Cons. 5º)

 

“Casa Dapas S.A.C.IF.I.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 316/97”. Causa nº 10.381/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala II, Garzón de Conte Grand, Herrera, 21/10/97.

 


36.17.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Falta de precisiones en la documentación objeto del negocio. Interpretación.


“Para que se configure la infracción prevista en el art. 36 de la Ley 24.240 por falta de precisiones en la documentación que se extiende con motivo de la operación, no se requiere la existencia de intencionalidad fraudulenta en su autor. Con dicha obligación, lo que se pretende es preservar a los consumidores en general, a fin de evitar equívocos en la naturaleza y alcance de los servicios que se ofrecen al público, que puedan generar en los posibles interesados comportamientos erróneos en relación a su interés respecto al verdadero servicio que se ofrece. (Consid. V). (En autos al momento de la firma del contrato por mediante el cual se adquirió un “tiempo compartido”, sus términos no se ajustaban a lo pactado en la reserva efectuada por medio de la solicitud de compra)”.


“Club 52 Marketing & Sales S.A. c/ Sec. de Com. e Inv. –Disp. DNCI. 801/96”. Causa: 28.114/96. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala IV, Galli, Uslenghi, 24/4/97.

 

 

36.18. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 45. Actuaciones administrativas. Autoridad de aplicación. Entidades financieras.

 

“Es cierto que el contralor de la actividad bancaria se encuentra primordialmente, en cabeza del Banco Central de la República Argentina, en los términos de la Ley 21.526. A su vez, el art. 36 de la Ley 24.240 instruye al mentado organismo para que adopte las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan con sus previsiones en las operaciones de crédito para el consumo. Sin embargo, no existe norma que arbitre un desplazamiento de competencias a favor del B.C.R.A. en materia de policía de consumo y más específicamente para imponer sanciones por violación a la Ley 24.240. El legislador se las ha adjudicado expresamente a la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, los gobiernos provinciales y/o a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy Gobierno de la Ciudad- en forma concurrente (arts. 41 y 42) (Cons. Vil)”.

 

 

36.19. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Operaciones de venta de crédito. Requisitos. Falta de precisiones en la documentación objeto del negocio. Interpretación.

 

El art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor establece, bajo pena de nulidad, los datos que debe consignar el otorgante del crédito en las operaciones para el consumo entre los cuales figuran “los gastos extras o adicionales si los hubiera”. La norma pretende preservar a los consumidores en general evitando equívocos en la naturaleza y alcance de los servicios o bienes que se ofrecen al público, que puedan generar en los posibles interesados comportamientos erróneos en relación a su interés respecto al verdadero servicio o bien que se le ofrece (en este sentido Sala IV in re “Club 52 Marketing & Sales S.A. contra Secretaría de Comercio e Inversiones –Disp. DNCI 801/96” del 24/04/97). (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VI)”.

 
“Círculo de Inversores S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 2167/98”. Causa Nº 6.638/97.

 

Ver Jurisprudencia: 1.8., 1.16., 2.11., 19.6., 19.18., 37.35., 37.52., 40.8., 40.36., 47.2., 50.1.,

 

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