Sábado, 20 Octubre 2018

ARTICULO 45 - [ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS]

La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial.

Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.

En el expediente se agregará la documentación acompañada y se citará al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.

Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente por escrito su descargo.

En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.

Las constancias del expediente labrado conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.

Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos, siempre que no resulten manifiestamente inconducentes o meramente dilatorias. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1759/72 t.o. 1991. La prueba deberá producirse en el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistida aquella no producida dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.

En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.

Concluidas las diligencias instructorias, se dictará la resolución definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación contará con amplias facultades para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.

Los actos administrativos que dispongan sanciones, únicamente serán impugnables mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, o ante las Cámaras de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.

Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, en el ámbito nacional, se aplicarán analógicamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación, y en lo que ésta no contemple, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos.

(Artículo sustituido por art. 60 de la Ley N° 26.993 B.O. 19/09/2014)

 

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 1798/94
a) El acuerdo conciliatorio homologado por la Autoridad de Aplicación suspenderá el procedimiento administrativo. Si las partes no conciliaren, la Autoridad de Aplicación continuará el tramite y dictará la resolución definitiva.
b) Las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación y sus leyes modificatorias en el orden nacional se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en tanto no fueran incompatibles con la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. y con este Reglamento.

Jurisprudencia

45.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal. Medidas Cautelares. Prohibición de innovar. Procedencia. Verosimilitud del Derecho. Perjuicios Materiales y Morales del actor.

 

“Del dictamen fiscal 82489:# cabe hacer lugar a la medida cautelar incoada -prohibición de innovar- a fin de que una entidad emisora de tarjetas de crédito, se abstenga de proseguir emitiendo las liquidaciones correspondientes a nombre del titular peticionante -cuya renuncia se niega a aceptar- y de continuar efectuando comunicaciones a empresas de informaciones comerciales -dispuesta por la autoridad administrativa dentro de la esfera de sus facultades (Ley 24240: 45-parr. Aplicación)-, en virtud de estar dadas todas las condiciones necesarias para la procedencia de la referenciada cautelar en los términos del CPR 230; pues de proseguir ello se alteraría la situación de hecho y de derecho que vincula a las partes. A mas, resultan graves las consecuencias patrimoniales y morales que el peticionante podría sufrir en el caso que la entidad accionada continuara incumpliendo con la decisión de la autoridad administrativa”.

 

“Salviolo, Antonio c/ Diners Club Arg. S.A. s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala A. Miguez - Jarazo Veiras – Peirano. 26/11/99

 

 

45.2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Actuaciones administrativas. Procedimiento. Recurso. Normas aplicables.

 
La Ley 24.240 no prevé trámite alguno para la sustanciación del recurso que contempla en su art. 45 para la revisión judicial de las sanciones que la autoridad de aplicación que ella instituye aplica en ejercicio del poder de policía que le compete en la materia de que se trata, tal como –por el contrario- sí lo hace en relación a las acciones judiciales que –entre otros legitimados- prevé por su art. 52 a favor de los consumidores y usuarios ‘cuando sus intereses resulten afectados o amenazados’, para los cuales, por su art. 53, establece que se ‘aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente”.(Cons. 3º).


“Autolatina Argentina S.A. de Ahorro para Fines Det. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 2718/95”. Causa Nº 1.727/96. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala I, Buján, Coviello, 30/12/98.

 

 

45.3. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Procedimiento. Recurso. Facultad del Tribunal de correr traslado a la administración.

 
En la medida que la norma legal aplicable no obliga al órgano judicial competente a dar intervención en el trámite del recurso, en carácter de parte demandada, a la autoridad de aplicación, la decisión de correrle traslado de él en un caso concreto, sólo puede ser entendida como adoptada por el Tribunal por considerarla conveniente al efecto de preservarle a aquella autoridad administrativa su constitucional garantía de defensa en juicio”. (Cons. 3º)


“Autolatina Argentina S.A. de Ahorro para Fines Det. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 2718/95”. Causa Nº 1.727/96. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala I, Buján, Coviello, 30/12/98.

 

 

45.4. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Actuaciones administrativas. Legitimación.


El artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), al reglamentar el trámite de las actuaciones administrativas, establece que la autoridad nacional de aplicación las iniciará en caso de presuntas infracciones por la denuncia de quien invoque un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, siendo también posible la iniciación de oficio. Establece asimismo una instancia conciliatoria previa a labrar de la presunta infracción cometida. (Cons. III)

 
“Líneas Aéreas Privadas Arg. S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 328/98”. Causa nº 22.241/98. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala III, Mordeglia, Argento, 3/12/98.

 

 

45.5. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Interpretación del término “podrá”.


El término “podrá” utilizado en el art. 45 de Ley de Defensa del Consumidor no importa consagrar la facultad del afectado para elegir la vía u órgano judicial en busca de protección de sus derechos, en apartamiento de las previsiones de tales dispositivos, sino autorizarlo a dejar la esfera administrativa para pasar a la judicial, reservándose la Ley el señalamiento del tribunal competente y el plazo dentro del cual debe plantearse la acción o recurso (conf. Fallos: 312:1724; Sala II, 17/3/92, “Faggionatto, Ildrés Efrain c/ E.N.”)”.


“Instituto Científico Paul Hnos. S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 26/97 Bis”. Causa nº 26.258/98. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala IV, Galli, Uslenghi, 5/11/98.

 

 

45.6. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.. Actuaciones administrativas. Sustanciación del recurso. Trámite.


La Ley 24.240 no prevé trámite alguno para la sustanciación del recurso que contempla en su art. 45 para la revisión judicial de las sanciones que la autoridad que ella instituye aplica ejecutando la jurisdicción administrativa primaria que le corresponde actuar en ejercicio del poder de policía que le compete en la materia de que se trata, tal como –por el contrario- sí lo hace en relación a las acciones judiciales que –entre otros legitimados- prevé por su art. 52 a favor de los consumidores y usuarios “cuando sus intereses resulten afectados o amenazados”, para las cuales, por su art. 53, establece que “se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente”. Por ello, en la medida que la norma legal aplicable no obliga al órgano judicial competente a dar intervención en el trámite de ese recurso, en carácter de parte demandada, a la autoridad de aplicación, la decisión de correrle traslado de él en un caso concreto, sólo puede ser entendida como adoptada por el Tribunal por considerarla conveniente al efecto de preservarle a aquella autoridad administrativa su constitucional garantía de defensa en juicio”. (Cons. IV)


“Organización Privada de Extensión Cultural S.A. c/ Mº de E. y O.S.P., Sec. Ind. y C. (DNCI 1386/95)”. Causa nº 51.695/95. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala I, Buján, Licht, Coviello (en disidencia), 13/10/98.

 

 

45.7. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 45. Actuaciones administrativas. Conciliación.


Una razonable interpretación de la Ley 24.240 ha de llevar a la conclusión de que la previa instancia conciliatoria a la que se hace referencia en el primer párrafo del artículo 45 solo puede llevarse a cabo en aquellos supuestos en los cuales el procedimiento administrativo se ha iniciado en razón de la denuncia formulada por un tercero ante la autoridad administrativa y no cuando ésta ha actuado de oficio. No resulta pensable dentro del régimen de la Ley, que exista una ‘conciliación’ entre el infractor y el órgano de policía, siendo que dicha institución está pensada, en nuestro sistema jurídico como instrumento de solución de conflictos entre particulares y no cuando ésta por medio el ejercicio de la acción persecutoria”.


“YPF Gas S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 1478/96”. Causa Nº 13.657/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala IV, Uslenghi, Galli, 7/4/98.

 

 

45.8. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 45. Actuaciones administrativas. Relación con la autoridad de aplicación. Ejercicio.


En el artículo 45 de la Ley 24.240 se determina que las actuaciones por presuntas infracciones pueden iniciarse de oficio”. (cons. VIII)


“YPF Gas S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 1478/96”. Causa nº 13.657/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala IV, Uslenghi, Galli, 7/4/98.

 

 

45.9. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Art. 45. Infracciones formales.

 
En principio, la ausencia de intencionalidad no dispensa de la comisión de la infracción imputada por tratarse de infracciones de tipo formal, que no requieren la presencia del elemento subjetivo o el evento dañoso para su configuración”.


“Autopistas del Sol SA c/ Sec. de Comercio e Inversiones. Disp. DNCI 69/97”, causa 6659/97, Sala III, 2/12/97.

 

 

45.10. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Conducta objetiva contraria a la Ley.

 
La norma no exige la existencia de un elemento subjetivo concreto, determinando una conducta objetiva contraria a los preceptos de la Ley; sin que pueda pretenderse la existencia de un tipo penal concreto o la exigencia de dolo o culpa en los términos exigidos por el Derecho Penal Sustantivo”.


“Garbarino SA c/ Sec. de Com. e Inversiones. Disp. DNCI 321/97”, causa 10.363/97, Sala V, 15/9/97.

 

 

45.11. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Sanciones. Criterio de aplicación.


La norma no exige la existencia de un elemento subjetivo concreto determinando una conducta objetiva contraria a los preceptos de la Ley; sin que pueda pretenderse la existencia de un tipo penal concreto o la exigencia de la existencia de dolo o culpa en los términos exigidos por el derecho penal sustantivo”. (Consid. V)


“Cir –Rep. S.A. c/ Sec. de Com. e Inv. –Disp. DNCI 2132/96”. Causa: 4522/97. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala V, Grecco, Gallegos Fedriani, Otero, 12/5/97.

 

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