Lunes, 23 Octubre 2017

ART. 52 - [ACCIONES JUDICIALES]
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.

La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.

En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas.

Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente.

En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas la titularidad activa será asumida por el Ministerio Público Fiscal.

(Artículo sustituido por art. 24 de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

 

 

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 1798/94
Se requerirá a las asociaciones de consumidores legalmente constituidas carta poder para reclamar y accionar jurídicamente, exceptuándolas de tal requisito en aquellos casos en que actuaren en defensa de un interés general de los consumidores.

 

Jurisprudencia

 

52.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Falta de Legitimación para Accionar en una Acción de Clase.

 

“A través de la sentencia recaída en los autos: “Padec Prevención, Asesoramiento y Defensa del consumidos c/ Citibank s/ sumarísimo” que tramitó ante el Juzgado Comercial Nº 11, se brindaron precisiones sobre las acciones de clase y los sujetos legitimados para interponerlas Los hechos versaron sobre el reclamo que una asociación civil formula, pretendiendo representar a los clientes del banco de forma colectiva, sobre los gastos de mantenimiento de caja de ahorro y similares. Sostiene la magistrada que la CSJN ha reconocido tres categorías de derechos: los individuales, los de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos; y  luego de analizar cada uno de ellos de acuerdo a la doctrina del cimero Tribunal, expone que para tornar procedente la acción colectiva en defensa de intereses individuales homogéneos es preciso que, el hecho generador que lesiona los derechos individuales del grupo sea único, provoque efectos comunes en todos y cada uno de sus integrantes y que, la extensión del interés singular afectado no justifique la promoción de una demanda individual. En el caso, una asociación civil se arrogó la representación de los titulares de las cajas de ahorro y aquellos que lo habían sido en el pasado. Pero la jueza afirma que el hecho de que la pretensión procesal se refiera a una pluralidad de sujetos afectados en sus derechos subjetivos, no predica per se que se trate de un derecho de incidencia colectiva y menos aún que lo sea en defensa de intereses individuales homogéneos. Derivación directa de no tratarse de derechos de incidencia colectiva, es aquella cuestión referida a que los intereses individuales de cada uno de los sujetos afectados no son homogéneos entre sí. Cada cliente tiene una relación especial y particular con el banco. Teniendo en cuanta todos estos argumentos, la magistrada de grado rechazó el reclamo por carecer de legitimada procesal para efectuarlo”.

 

“Padec Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidos c/ Citibank s/ sumarísimo” Juzgado Comercial Nº 11, 10/2009

 

 

52.2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Servicios Públicos. Energía eléctrica. Aumentos tarifarios. Medida cautelar innovativa. Procedencia. Nueva facturación conforme a los valores anteriores a la Resolución N° 1049. Abstención de cortes de suministro por falta de pago. Derechos de incidencia colectiva. Acciones de clase. Asociación de Usuarios y Consumidores. Legitimación.-

 

 “En orden a la legitimación activa del amparista, a resultas de la reforma constitucional adquiere relevancia el segundo párrafo del art. 43º, al contemplar el andamiento de la acción que nos ocupa, en el supuesto de estar afectados derechos de incidencia colectiva en general, legitimando activamente, al Defensor del Pueblo y a quienes propendan a la protección de tales derechos, incluidas a las asociaciones registradas conforme a la Ley. El enunciado precedente alude, dentro de los derechos de incidencia colectiva, a los referidos al medioambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Corresponde traer a colación que “los derechos colectivos pueden caracterizarse como aquellos que teniendo por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, presentan como objeto de tutela una pretensión general de uso o goce de un bien jurídico insusceptible de fragmentación en cabeza de cada reclamante, desde que tienen ante todo carácter impersonal (conf. Fallos 330:2813).”

“Si bien en situaciones similares a la que nos ocupa me he pronunciado por la declaración de extemporaneidad de la acción, (“García Luza Laura Indiana c/DPEC s/amparo”, Expte. N° 32089 y Méndez Antonia Angela C/DPEC s/amparo, Expte. N° 313509), considerando que las fechas de emisión y vencimiento objeto de la protección, determinan el transcurso del plazo legal establecido, y, que quien desea utilizar la vía de la acción de amparo, instituto que actúa ante la falta de otros mecanismos procesales que pueden dirimir eficazmente el diferendo, debe ser diligente, - doctrina sentada en el caso Sagüés por la C.N.Civil, Sala D (E.D.429; L.L. 132-293 -, en el caso particular de autos, en orden a la falta de regulación de las denominadas acciones de clase para facilitar el acceso a la justicia, autoriza a mi entender, acceder a la apertura de la instancia.”

“Que la imprevisible e inesperada modificación del cuadro tarifario, en mi concepto, conlleva a producir una afectación al derecho de los consumidores, impidiéndoles realizar previsiones en el consumo en función presupuestaria, para así afrontar el pago de las liquidaciones de los períodos 06/08 y 01/09. Cabe reiterar que la reglamentación vigente a la fecha del presente decisorio, tal como se expuso, fue dictada con efecto retroactivo, y, en mi entender, sorprendió al consumidor que vió tarifado el consumo de energía por todo concepto, a un precio distinto – superior – al que venía abonando.”

“Se impone dejar en claro que, en modo alguno puede interpretarse que la medida a decretarse traslada al Organismo demandado la falta de responsabilidad en el consumo de energía de los usuarios, quienes en conocimiento del incremento vigente, deberán adoptar los recaudos necesarios a fin de adecuar su consumo y presupuesto a las necesidades básicas, por cuanto el servicio de energía eléctrica es público de carácter oneroso, no se presume gratuito y el corte de energía ante el incumplimiento de pago del usuario, es su resultado. Circunstancias éstas que, dada la relación contractual, nadie puede alegar su desconocimiento.”

 

"Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes c/ Dirección Provincial de Energía de Corrientes y Estado de la provincia de Corrientes s/ amparo " –Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Corrientes  - Secretaria N° 16 - (Sentencia no firme). 17/03/2009

 

 

52.3. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho   Procesal:   Medidas   Cautelares.   Medidas  Cautelares Genéricas y Normas Subsidiarias. Defensa   del   Consumidor.   Obtención  de  Copias  de  Pólizas. Procedencia.
 
“En  el  marco  de  una  acción  promovida  por  una asociación de defensa  de  los  derechos del consumidor, cabe admitir la medida preliminar   solicitada   por  la  actora  que  pretende  que  la demandada  acompañe  copia  de  las  pólizas  que  instrumentaron contrataciones  de  seguros  de  vida  de  saldo  deudor  con sus clientes  en  los  diez  años  anteriores  a la promoción de esta demanda.  ello  así,  pues la enumeración del art. 323 del código procesal  no es limitativa, pues es dable otorgar a los jueces un razonable  margen  de  arbitrio  para  acceder  a  la practica de diligencias,   no   previstas   expresamente,   cuando  concurran circunstancias  análogas  a  las  contempladas  por  la  ley o la denegatoria  pueda  comportar  la  frustración  de los eventuales derechos  de las partes (CFR..CNCIV. y Com. Federal, ala 3, causa 2106/98,   del   29/09/98;   palacio-Alvarado   velloso,  "código procesal  explicado  y anotado", t. 7, Pág. 185, y jurisprudencia allí  citada;  Gozaini,  "código procesal civil y comercial de la nación",  Pág.  192, y jurisprudencia allí citada). de otro lado, no  debe soslayarse que el art. 42 de la constitución nacional ha dado  preeminencia   a  los  derechos  habidos  en la relación de consumo,   y   la  Ley  24240  legitima  a  las  asociaciones  de consumidores  y  usuarios para promover las acciones tendientes a resguardarlos  (arts.  52  y  55) (CNCOM, Sala E, in re "Unión de Usuarios   y   Consumidores   c/  Citibank  s/  Sumarísimo",  del 12/05/06.  En  tales  condiciones, debe facilitarse la producción de  medidas como la solicitada con la finalidad de posibilitar la adecuada protección de los intereses de los consumidores”.
 
“Adecua c/ Hexagon Bank Argentina SA s/ Ord”. Cámara Comercial: Sala C. Monti - Caviglione Fraga - Ojea Quintana. 24/07/08

 

 

52.4.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Acciones judiciales. Telefonía móvil. Restitución de cargos indebidos. Tasa de control, fiscalización y verificación. Aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

 

“Corresponde ordenar a la empresa prestataria del servicio de telefonía móvil que restituya lo indebidamente cobrado a cada uno de los usuarios por los conceptos de “tasa de control, fiscalización y verificación” y de “aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal” con más los intereses que aplica para el caso de mora en el pago de las facturas, los que serán computados desde que cada suma es debida y cuya tasa no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la tasas activa para descuentos comerciales a treinta (30) días del Banco de a Nación Argentina del último día del mes anterior a la efectivización del pago. Asimismo deberá indemnizar al usuario con un crédito equivalente al veinticinco por ciento (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. Dicha devolución deberá realizarse a través de la facturación de cada usuario afectado y dentro de los 60 días de notificada la presente (art. 31 de la Ley 24.240). Por otra parte, resulta procedente ordenar a la Comisión Nacional de Comunicaciones que conmine a la prestataria y controle el cumplimiento del mecanismo de devolución implementado en plazo de 90 días y al Defensor del Pueblo -en carácter de colaboración- que a su vez era el contralor de lo actuado por la mentada Comisión e informe de su resultado al tribunal de origen, dentro del lapso de 20 días de concluido el plazo mencionado en primer término.

 

12.836/01 “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Movicom Bell South y otro –Art. 52, 53 y 55 s/ amp. proc. sumarísimo (art. 321 inc. 2 CPCYC)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala IV, Uslenghi, Otero. 22/11/2007

 

 

52.5.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Acciones judiciales. Telefonía móvil. Restitución de cargos indebidos. Tasa de control, fiscalización y verificación. Aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

 

“Corresponde ordenar a la empresa prestataria del servicio de telefonía móvil que restituya lo indebidamente cobrado a cada uno de los usuarios por los conceptos de “tasa de control, fiscalización y verificación” y de “aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal” con más los intereses que aplica para el caso de mora en el pago de las facturas, los que serán computados desde que cada suma es debida y cuya tasa no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la tasas activa para descuentos comerciales a treinta (30) días del Banco de a Nación Argentina del último día del mes anterior a la efectivización del pago. Asimismo deberá indemnizar al usuario con un crédito equivalente al veinticinco por ciento (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. Dicha devolución deberá realizarse a través de la facturación de cada usuario afectado y dentro de los 60 días de notificada la presente (art. 31 de la Ley 24.240). Por otra parte, resulta procedente ordenar a la Comisión Nacional de Comunicaciones que conmine a la prestataria y controle el cumplimiento del mecanismo de devolución implementado en plazo de 90 días y al Defensor del Pueblo -en carácter de colaboración- que a su vez era el contralor de lo actuado por la mentada Comisión e informe de su resultado al tribunal de origen, dentro del lapso de 20 días de concluido el plazo mencionado en primer término.12.836/01

 

“Unión de Usuarios y Consumidores c/ Movicom Bell South y otro –Art. 52, 53 y 55 s/ amp. proc. Sumarísimo (art. 321 inc. 2 CPCYC)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala IV, Uslenghi, Otero. 22/11/2007.

 

 

52.6. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho    Procesal    Especial:    Procesos   de   Conocimiento. Disposiciones Generales. Proceso Sumarisimo (art. 321). Amparo.  Derechos  de  los Usuarios y Consumidores. Asociación de Defensa  del  Consumidor.  Reclamo. Falta de Legitimación Activa. Procedencia.   Ausencia   de   Inscripción   en   los   Registros Respectivos.

 

“Procede  confirmar la resolución que hizo lugar a la excepción de falta  de  legitimación  activa  de  la accionante -asociación de consumidores-  y  rechazo  la  acción  de  amparo,  ello  así por cuanto,  en  primer  lugar  la cuestión traída no se refiere a la legitimación  de la actora para reclamar en defensa de un interés difuso  o  de  incidencia  colectiva, sino  a la necesidad de que aquella  se  encuentre  registrada  conforme  lo  disponen la Ley 24240  y la 12460 de la provincia de buenos aires y en la especie se  ha  comprobado   que  esta  "no" se encuentra inscripta en el registro  de asociaciones de consumidores ni a nivel nacional, ni en  la  provincia.  es que la CN: 43, luego de la reforma del año 1994,  estableció  que  pueden  interponer  la  acción  de amparo "...las  asociaciones...,  registradas  conforme  a la Ley la que determinara  los  requisitos y formas de su organización". a mas, establecer  como  requisito  para  poder  funcionar como tales el cumplimiento   de  determinados  recaudos  administrativos  y  la necesidad  de  inscribirse en  un registro especial no se muestra como  una  exigencia irrazonable si se tiene en cuenta cual es la función de esas asociaciones”.

 

“Alotra c/ Teleinfor SA s/ Amparo”. Cámara Comercial: Sala A. Kölliker Frers - Miguez - Uzal. 1/11/07

 

 

52.7. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho    Procesal    Especial:    Procesos   de   Conocimiento. Disposiciones Generales. Proceso Sumarisimo (art. 321). Derechos  de  los  Usuarios y Consumidores. Asociación de Defensa del   Consumidor.  Reclamo  Patrimonial.  Falta  de  Legitimación Activa. Improcedencia.

 

“Cabe  revocar  la  resolución  que  rechazo in limine una demanda entablada  por  una  Asociación  de  Defensa  del Consumidor, con fundamento  en  la  falta  de legitimación activa para peticionar genéricamente  la reparación del daño directo, cuando persigue la restitución,  a  todos  los  afiliados  de  ciertas  compañías de seguros,   de   los   importes   en   pesos  mas  coeficiente  de estabilización  de  referencia (Cer) e intereses por mora, que se habrían  percibido  por  los denominados "prestamos garantizados" que  fueron canjeados por bonos entregados en la reestructuración de  la  deuda  publica.  sin  embargo,  no  surge  que  la actora pretenda   una   indemnización  particular  a  cada  uno  de  los asociados,  sino  una condena de carácter general y homogénea. El objeto  de  la acción, persigue la restitución general a favor de todos  los  afiliados  de  las  aseguradoras  demandadas,  de los importes  que  se  habrían obtenido si la rentabilidad no hubiera disminuido   a  raíz  de  la  aceptación  del  canje  de  títulos públicos.   como  consecuencia  de  ello,  y  en  virtud  de  las prescripciones  contenidas  en  la constitución nacional: 43 y en la  Ley  24240:  52,  la  actora  se  encuentra  legitimada  para accionar en el proceso”.

 

“Damnificados  Financieros  Asociación  Civil  p/  su  Defensa  c/ Siembra AFJP SA s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala B. Bargallo – Piaggi. 12/04/07

 

 

52.8. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Derecho    Procesal:   Competencia.    Competencia    Ordinaria. Competencia  en  Razón  de la Materia. Competencia Civil. Daños y Perjuicios. Relación entre Consumidor y Prestador del Servicio.

 

“Corresponde  entender  a  la  justicia  civil cuando el conflicto motivo  de  la  litis  se  circunscribe  a  la  relación entre el consumidor  y  el  prestador del servicio -daños y perjuicios por falta  de  reparación  y entrega de un televisor- sin que se haya alegado  en  el escrito inaugural ningún hecho encuadrable en los supuestos previstos en la Ley 24240: 1”.

 

“Flores, Alberto c/ Minassian, Roberto s/ Sumarisimo. Cámara Comercial: A. Kölliker Frers - Miguez – Uzal”. 20/07/06

 

 

52.9. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho  Procesal  Especial: Procesos  de  Conocimiento. Proceso Sumarisimo (art. 498). Amparo (CN 43). Habeas data. Legitimación. Unión de usuarios y consumidor. Fundamentos.

 

“Si  la  CN: 42 ha dado preeminencia a los derechos habidos en la relación  de  consumo, y la Ley 24240 legitima a las asociaciones de  consumidores y usuarios para promover las acciones tendientes a  resguardarlos  (arts.  52  y  55), ello refuerza la postura en cuanto  a que la CN: 43 no puede interpretarse aisladamente, sino en  consonancia con los demás párrafos de la misma norma y con el resto  del  articulado de la Ley suprema, lo que permite extender la  legitimación activa para proteger los derechos de información presuntamente  afectados  por una relación jurídica de consumo, a las asociaciones constituidas con ese fin”.

 

“Unión  de Usuarios y Consumidores c/ Citibank s/ Sumarisimo”. (ll 10.7.06, f. 110520). Cámara Comercial: E. Ramirez - Arecha - Sala. 12/05/06

 

 

52.10.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR: Acciones Judiciales. Normas del Proceso. Ministerio  Público. Parte. Improcedencia. Unión de Consumidores. Accionante.

 

“Cabe  denegar,  a  la Sra. representante del ministerio  publico, su  pretendido  reconocimiento  del  carácter  de  parte,  en una acción  iniciada  por  la  unión de usuarios y consumidores, toda vez  que, en el caso, no se ha configurado el desistimiento ni el abandono  de  las  acciones  por  parte  de  dicha asociación, de manera  que  la  intervención  que le cabe es exclusivamente como "fiscal de la Ley" (Cfr. Ley 24240: 52). Disidencia del Dr. Sala:. Cabe  admitir  el  reclamo  efectuado por la señora representante del   ministerio   publico   y   tenerla   por  parte   en  estas actuaciones,   toda   vez   que   se  encuentra  legitimada  para promoverla  (Ley  24240:  52) y ha mediado conformidad expresa de la   accionante,   por  lo  que  bien  puede  ser  admitida  como "litisconsorte"  de  ella  (Cpr: 90-2°); además ello se compadece con  las  funciones  asignadas por la Ley orgánica del ministerio publico -Ley  24946: 25-a), b) y g)- y, se justifica, teniendo en cuenta  el  criterio   amplio  de apreciación que debe imperar en estos  casos,  por  estar  en  juego  el  mandato  constitucional referido  al  acceso  a la justicia de los consumidores (Cn: 42 y 43),  por lo cual, en supuestos conflictivos, debe preferirse una extensión  normativa  que tutele, adecuadamente,  esos derechos y no una que los limite.

 

“Unión de Usuarios y Consumidores c/ Citibank s/ Sumarisimo. Camara Comercial: E. Arecha - Ramírez - Sala. 21/11/05

 

 

52.11. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Derecho Bancario y Financiero: Banco. Responsabilidad del Banco. Tarjeta de crédito. Cargos  prohibidos.  Reintegro.  Reclamo. Legitimación. Dirección general de Defensa del Consumidor.

 

“La  dirección  general  de defensa y protección del consumidor de la  ciudad  de buenos aires, esta legitimada para accionar contra una  entidad  bancaria  a  fin  de  que  se  impida el cobro y se proceda  al  reintegro  de  ciertos  cargos  impuestos  por dicha entidad  a  los titulares y usuarios de tarjetas de crédito en el ámbito   de  la  ciudad  de  buenos  aires,  que  implicaron  una modificación    unilateral   y   abusiva   de   las   condiciones contractuales  asumidas  por las partes, toda vez que se trata de una  acción en defensa de intereses colectivos deducida por quien resulta  ser  la  autoridad  de  aplicación  -en  el ámbito de la ciudad   de  buenos  aires-  de  la  Ley  24240  de  defensa  del consumidor   y   es   su   responsabilidad  primaria  vigilar  el cumplimiento  de  dicha norma así como de la Ley 22802 de lealtad comercial  (CN: 43; Ley 24240: 52; decreto reglamentario 1798/94; anexo II/12 de la estructura organizativa del poder ejecutivo de la  ciudad  autónoma de Buenos Aires) y, admitida la legitimación del  accionante  para accionar en defensa de los intereses de los consumidores  de  la  ciudad de buenos aires, no se aprecia obice para  que  la  pretensión se concrete -como sucede en la especie- en defensa de intereses patrimoniales individuales”.

 

“Dirección   Gral.   de  Defensa  del  Consumidor  GCBA  c/  Banca Nazionale  del  Lavoro  s/  Sumarisimo (ll 24.6.05, f. 109062; ja 15.6.05, 2005-II). Cámara Comercial: E. Sala - Arecha - Ramírez. 10/05/05

 

 

52.12. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho    procesal:    competencia. Competencia    ordinaria. Competencia en razón de la materia. Competencia comercial. Contratos bancarios. Inversiones. Reintegro. Asesoramientos.

 

“Es  competente  el  fuero comercial para entender en una causa en la  que  una  asociación  civil  constituida  en  defensa  de los damnificados   financieros,  solicito  una  serie  de  diligencia preliminares  dirigidas a ciertas entidades bancarias, tendientes a  recabar  informes  a  los fines de interponer contra ellas una acción  por  reintegro  de  las  inversiones  que  los  referidos damnificados,  residentes  en  esta  ciudad, habían realizado en función   del asesoramiento emitido por las entidades financieras demandadas  en favor de la compra de bonos de la deuda publica de la  republica  argentina,  en el periodo enero-diciembre de 2001; ello  así  pues,  las accionadas son sociedades anónimas, sujetos de  comercio  y  regidas  por  la  Ley 21526; el asesoramiento de inversión   efectuado   por   ellas   representa   una  actividad propiamente   mercantil   (CCOM:   8-3°),  que  no  escapa  a  la competencia  especial  de  este  fuero aun cuando sea invocada la Ley   de   defensa  del  consumidor  (Ley  24240);  y  se  arguye responsabilidad contractual”.

 

“Damnificados  Financieros Asociación Civil p/ Su Defensa c/ Banco Río de la Plata SA s/ Diligencia Preliminar”. Cámara Comercial: Sala D. Díaz Cordero - Monti - cuartero (sala integrada). 20/04/05

 

 

52.13. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Derecho   Procesal:   Competencia.   Competencia    Ordinaria. Competencia en razón de la materia. Competencia Comercial. Procedencia.  Pretensión.  Banco  Defendido.  Cese  de  debito de sumas dinerarias.

 

“Del dictamen fiscal 104851: resulta  competente  la  justicia  comercial  para entender en un proceso  en el que se persigue que el banco defendido se abstenga de   aplicar   intereses   compensatorios  o  financieros  en  la financiación  de  planes  de  pago en cuentas, a sus clientes del sistema  de tarjetas de crédito, compra o debito que emita por si o   por  terceros,  por  violar  el  tope  de  tasas  de  interés aplicables   previsto  por  la  Ley  25065; y el reintegro de las sumas  que  por  cualquiera de los referidos conceptos hayan sido retenidas  por  el  accionado con base en un ejercicio abusivo de la  actividad  y  violatorio  de  la  Ley  24240: 4, 19, 37, 52 y concordantes.  ello  pues,  deriva de una actividad propia de las entidades  bancarias,  en  la  especie, en el contexto referido a las   tarjetas  de  crédito,  contratos  regidos  por  las  leyes mercantiles,   en   los  que  prevalece  la  actividad  lucrativa realizada  de  modo  organizado  en  forma  de empresa. a mas, la cuestión  es  mercantil,  no  solo en lo referido a los contratos base  sino  también  en lo que hace a la responsabilidad imputada al  reclamado y sus clientes, circunstancia por la que procede la intervención  de  un juez de comercio para su dilucidación (CCOM: 8-3°)”.

 

“Proconsumer c/ Banco Credicoop Coop. ltdo. s/ Sumarisimo. Cámara Comercial: B. Díaz Cordero - Butty. 13/04/05

 

 

52.14. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho  Procesal Especial: Procesos de Conocimiento. Diligencias preliminares. Accionante.   Acción    Reintegro    de  Inversiones.  Medidas Solicitadas.  Ausencia de Encuadre en el Cpr: 323. Procedencia de la Solicitud.

 

“Del dictamen fiscal 104561: resulta   improcedente   rechazar  la  solicitud  de  diligencias preliminares   formulada  por  el  pretensor,  quien  anuncio  la promoción  de una acción de reintegro de inversiones a residentes en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  que  a  través de los futuros defendidos  habrían  sido asesorados para comprar bonos soberanos argentinos  en  el  periodo  enero de 2000 a diciembre de 2001, y que  a  la  fecha no habrían recuperado el capital que colocaron. ello  así, toda vez que -como en el caso- si bien las medidas que se   peticionan   no   encuadran  en  ninguno  de  los  supuestos enumerados  por  el  Cpr: 323, no tienden a preconstituir prueba, sino  que  resultan  necesarias  a  los  fines  de  procurar a la entidad  accionante  el  conocimiento de hechos o de datos que no podría   obtener   sin   intervención  judicial  y  que  resultan indispensables  para que el proceso cuya iniciación anuncia pueda ser  eficazmente planteado. ello no vulnera el derecho de defensa de  la  contraparte,  pues  las  medidas  que  se  solicitan, son pedidos  de  informes al banco central y a entidades sometidas al contralor   de  este,  de  datos  objetivos  que  deben  estar  a disposición  del  publico  consumidor. por otro lado, se pidieron datos  globales  y  generales,  por  lo  que  tampoco se trata de información  confidencial  ni  que  afecte  el  secreto bancario. maxime,  teniendo  en  cuenta que la CN: 42 asegura el derecho de los  consumidores y usuarios de bienes y servicios de obtener una información   adecuada   y  veraz.  asimismo,  la  Ley  24240:  4 establece  la  obligación  de  suministrar  a  los consumidores o usuarios,   en   forma  cierta  y  objetiva,  información  veraz, detallada,   eficaz   y   suficiente  sobre  las  características esenciales  de  los  bienes  o  servicios.  de  modo pues, que lo peticionado   es  procedente  por  aplicación  del  principio  de información    que   rige   respecto   de   la   operatividad   o funcionamiento  del  mercado  de capitales, por el cual todas las entidades  emitentes de los títulos que se ofrecen públicamente o se  negocian  en dicho mercado,  deben estar legalmente obligadas a   ofrecer  una  información  fidedigna,  suficiente,  efectiva, actualizada,  continuada  e  igual  para  todos (Conf. Bercovitz, Alberto, "el derecho del mercado de capitales", pag. 103).

 

“Damnificados  Financieros Asociación Civil p/ Su Defensa c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Diligencia Preliminar. Cámara Comercial: B. Piaggi - Díaz Cordero. 22/04/05

 

 

52.15. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Mediación: Improcedencia. Accionante.  Organismo  Dependiente  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 

“Toda  vez  que  la Ley 24573: 2-4° establece que el procedimiento de  mediación  obligatoria no será de aplicación en las causas en que  el  estado  nacional  o  sus entidades descentralizadas sean parte  si, -como en el caso-, la dirección general de Defensa del Consumidor  del  gobierno  de  la  ciudad  de Bs. As. acciono por ciertos  conceptos  en  defensa  de los intereses de los usuarios del  servicio  de tarjeta de crédito brindado por un banco, y sus consecuencias   se   extenderán   -de   prosperar   la   demanda- indiscriminadamente  a  todos  los usuarios alcanzados por dichos conceptos,  cabe  precisar que el alcance de la materia propuesta a  juzgamiento  en  cuanto  persigue  la  protección de intereses colectivos  no  es susceptible de conciliación. mal podría, quien no  resulta  perjudicado  directo  del  imputado  incumplimiento, resignar  en  un  tramite  conciliatorio  los derechos afectados, cuando  su  función  es  -justamente-  la  de interponer acciones judiciales  cuando  los  intereses  de  consumidores  y  usuarios resulten afectados o amenazados (Ley 24240: 52-2° parr.).

 

“Dirección  General de Defensa del Consumidor GCBA c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala C. Di Tella - Caviglione Fraga - Monti. 7/12/04

 

 

52.16. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Defensor Del Pueblo De La Ciudad. Legitimado. Medida Cautelar

                                                                                       

“Que, en las presentes actuaciones, la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpone demanda sumarísima contra el Estado Nacional, conforme los términos de los arts. 52 y 53 de la Ley 24.240. Persigue la declaración de nulidad absoluta e insanable, y su inaplicabilidad, del decreto de necesidad y urgencia 2437/02, por el que se dispuso –con fecha 3 de diciembre próximo pasado- un aumento en las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas natural….   Por las razones expuestas, Resuelvo: suspender, cautelarmente, los efectos y la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 2437/02, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en las presentes actuaciones. Dicha medida, dados los alcances de la legitimación preliminarmente reconocida a la accionante, tendrá efectos únicamente respecto a los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exímese a la actora de prestar contracautela en los términos del art. 200, inc. 1º, del Código Procesal”. Causa 180.807 / 02

 

“Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires C/ PEN-Mº de Economia- DTO 2437 / 02 S/ Procesode Conocimiento”. Ernesto Marinelli. Juez Federal 10/12/2002.

 

Ver Jurisprudencia: 35.3., 53.5.,

 

Indice 

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