Lunes, 23 Octubre 2017

ART. 53 - [NORMAS DEL PROCESO]
En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado.

Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación.

Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.

Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.

(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

 

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 1798/94
El mandato se acreditará por medio del instrumento público correspondiente o con carta poder, con firma del otorgante certificada por autoridad policial o judicial o por escribano público. Podrá también otorgarse mandato mediante simple acta poder certificada por la Autoridad de Aplicación. La misma deberá establecer la identidad y domicilio del mandante y la designación, identidad, domicilio y firma del mandatario.

 

 Jurisprudencia

 

53.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Juicio Ejecutivo. Incompetencia declarada de oficio: procedencia. Derechos del Consumidor. Relación de consumo. Título abstracto: Análisis de la causa. Orden público. Aplicación de la Ley 24.240 vigente a las relaciones jurídicas anteriores

 

"La reforma de la Ley 26.631 modificó el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, fijando los requisitos de validez para las operaciones financieras y de crédito para el consumo. Entre otros aspectos, la nueva norma establece que será competente para entender en los litigios relativos a esa clase de contratos el juez del domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Ante ello, corresponde examinar si la nueva disposición legal es aplicable a un juicio ejecutivo, en el cual se persigue el cobro de un pagaré librado por una persona física en la provincia de Salta a favor de una entidad financiera, con domicilio de pago en la Capital Federal. El título incluye una cláusula de jurisdicción optativa -por el domicilio del demandado o el lugar de pago- a opción del acreedor." (del Dictamen Fiscal)

Desde esa óptica, la Ley 26.361 resulta aplicable al caso de autos dado que el reclamo judicial interpuesto constituye una mera consecuencia jurídica de la relación cambiaria preexistente. Máxime, considerando que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de orden público que se dirige a proteger los derechos de la parte débil de la relación jurídica (art. 65 LDC)." (del Dictamen Fiscal)

“Así lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver que las leyes modificatorias de la competencia son de aplicación inmediata, aún a los hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia (Fallos: 257:83); en tanto no desconozcan actuaciones válidamente cumplidas con anterioridad a su sanción (Fallos 241:123; 246:162; 247: 416; 256:440; Fallos 298: 82)." (del Dictamen Fiscal)

Las circunstancias personales de las partes y las características de la operación de crédito instrumentada en el pagaré ejecutado ponen de manifiesto que nos hallamos ante una dación de crédito para el consumo en los términos del nuevo artículo 36 LDC. En efecto, de las constancias de autos surge que el demandado es destinatario final de la prestación de un crédito "en beneficio propio o de su grupo familiar o social", lo que encuadra en la categorización de los artículos 1 y 36 LDC. Para llegar a esa conclusión es relevante tener en cuenta el carácter de proveedor de la actora (art. 2), el monto del crédito otorgado y que el deudor es una persona física. A su vez, la entidad financiera actora es una persona jurídica de naturaleza privada, que se dedica con profesionalidad a proveer de crédito, Ello configura la situación jurídica del art. 2 de esa ley (conf. Sala A, "Daboul Juan c/ Banco Itau Buen Ayre SA s/ ordinario", sentencia del 7 de junio de 2007)" (del Dictamen Fiscal)

 “En el sentido expuesto, ha dicho Farina que cuando se trata de discernir si nos hallamos ante un supuesto abarcado por el art. 36 LDC, debe presumirse -en favor del usuario o consumidor- que existe una relación de consumo "cada vez que el crédito sea otorgado a una persona física cuya ocupación y el monto que ha percibido no admitan suponer otro destino que el de adquirir bienes o servicios para el consumo o uso personal o bien para hacer frente a deudas pendientes" "(Farina Juan M., "Defensa del _Consumidor y del Usuario", Astrea 3° edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2004, pag. 365 y ss)." (del Dictamen Fiscal)

“En definitiva, toda vez que de las constancias de autos surge manifiesto que el litigio se refiere a una operación de crédito para el consumo, resulta aplicable la regla de competencia del artículo 36 LDC que establece que será competente el juez del lugar del domicilio del deudor y a su vez, proscribe -bajo pena de nulidad- "cualquier" clase de pacto de prorroga de la jurisdicción. Tal proscripción abarca la fijación del lugar de pago del pagaré en el domicilio de la entidad financiera acreedora en Capital Federal, el cual se halla impreso en el formulario suministrado al cliente." (del Dictamen Fiscal)

De modo que la declaración de incompetencia de oficio no sólo es procedente, sino que constituye un deber del tribunal, porque la aplicación de las normas en que está interesado el orden público no es disponible para las partes, quienes no pueden renunciar ni desistir de su aplicación (art. 21 del Código Civil). Justamente, tratándose de normas que protegen un interés público, general o social que prevalece sobre los intereses particulares, es el juez quien debe velar por su aplicación oficiosa." (del Dictamen Fiscal)

En el caso, se trata de una norma específica sobre competencia que tiende a resguardar el derecho de acceso a la justicia y la defensa en juicio de la parte débil en una relación negocial asimétrica, en la inteligencia de que el ejercicio de esos derechos se ve obstruido si la causa judicial se aleja de los jueces de su domicilio. Resultaría un contrasentido postular que sólo el afectado puede plantear la incompetencia cuando la operatividad de la norma presupone que el acceso a la jurisdicción del afectado está restringido. Es el juez quien, advertido de que ha promovido el juicio contra el consumidor en tribunales ajenos a su domicilio, debe hacer respetar la nueva disposición legal para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, que es el fundamento del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor." (del Dictamen Fiscal).-

En definitiva, la función económica del caratular que justifica que se le atribuya abstracción y autonomía para garantizar la circulación y la celeridad en el cobro, no permite justificar la trasgresión de una norma de orden público vinculada a la competencia, porque ésta protege derechos de índole superior -no patrimoniales- como la garantía del debido proceso y la defensa en juicio de los derechos. Estos últimos son derechos fundamentales, cuyo respeto define a un sistema jurídico como un Estado de Derecho." (del Dictamen Fiscal)”.-

 

"Compañía Financiera Argentina SA c/ Barrionuevo, Juan Manuel s/ ejecutivo" - CNCOM - 26/05/2009

 

 

53.2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derechos del Consumidor. Reclamo sustentado en el ámbito de aplicación de la Ley 24240. Procedimiento. Art. 53 Ley 24240 (Texto según Ley 26.361). Aplicación de las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente. Juicio sumarísimo.

 

"...en la exposición de los hechos y del derecho contenidos en esta demanda, el recurrente ha sustentado su reclamo en el ámbito de aplicación de la Ley 24.240 (t.o. Ley 26.361, sancionada el 12/3/08 y promulgada parcialmente el 3/4/08). En ese marco, apuntase que el Art. 53 de la Ley 24.420 -t.o. 26.362) dispone que a los juicios promovidos con fundamento en esa normativa se le aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. En la especie, la a quo no ha esgrimido tal fundamento. Desde esta perspectiva pues, en supuestos como el de marras, en donde el accionante se presenta como un consumidor en particular que pretende revisar una relación determinada no se aprecia necesario, en principio al menos, un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo contemplado en nuestro código ritual, pues no se advierte que el análisis de las cuestiones involucradas revistan una complejidad tal que amerite una solución distinta de la aquí propuesta. Por todo ello, de conformidad con lo establecido por la ley citada corresponde imponer a estas actuaciones el trámite dispuesto por el Art. 321 CPCC, (Cfr. esta Sala, 26.04.07, "Proconsumer c. Adval S.A. s. Ordinario"), por lo que el agravio ensayado sobre el punto será recepcionado."


"Geddes Enrique c/General Motors de Argentina SRL s/ ordinario" - CNCOM - 31/03/2009

 

 

53.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derechos del Consumidor. Beneficio de Justicia Gratuita. Diferencias con el beneficio de litigar sin gastos. Gratuidad que sólo alcanza a la tasa de justicia pero no a la condena en costas.

 

"...en la exposición de los hechos y del derecho contenidos en esta demanda, el recurrente ha sustentado su reclamo en el ámbito de aplicación de la Ley 24.240 (T.O. Ley 26.361, sancionada el 12/3/08 y promulgada parcialmente el 3/4/08). En ese marco, apuntase que el Art. 53 de la Ley 24.420 -T.O. 26.362) dispone que a los juicios promovidos con fundamento en esa normativa se le aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. En la especie, la a quo no ha esgrimido tal fundamento. Desde esta perspectiva pues, en supuestos como el de marras, en donde el accionante se presenta como un consumidor en particular que pretende revisar una relación determinada no se aprecia necesario, en principio al menos, un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo contemplado en nuestro código ritual, pues no se advierte que el análisis de las cuestiones involucradas revistan una complejidad tal que amerite una solución distinta de la aquí propuesta. Por todo ello, de conformidad con lo establecido por la ley citada corresponde imponer a estas actuaciones el trámite dispuesto por el Art. 321 CPCC, (Cfr. esta Sala, 26.04.07, "Proconsumer c. Adval S.A. s. Ordinario"), por lo que el agravio ensayado sobre el punto será recepcionado."

"La Ley 26.361, sancionada el 12/3/08 y promulgada parcialmente el 3/4/08, resulta modificatoria de la Ley 24240 y, en lo que aquí interesa en su artículo 26 -que sustituyó el artículo 53 de esta última norma-, en punto a que " ...Las acciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio". Por lo tanto, la incorporación de esta disposición al nuevo artículo 53, LCD -que también alcanza a las acciones judiciales iniciadas por las asociaciones de consumidores y usuarios en defensa de intereses colectivos (art. 55 LCD, reformado por el art. 28 de la Ley 26.361), importa la concesión automática de un beneficio de justicia gratuita."

"Mientras que "litigar" sin gastos abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasas y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término "justicia gratuita" refiere indudablemente al acceso a la justicia, que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. Por lo tanto, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido, a los avatares del proceso, incluidas las costas (véase Lorenzetti, Ricardo Luís, Consumidores, pág. 22), las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario. En ese orden de ideas, los antecedentes parlamentarios vinculados con la cuestión permiten arribar a igual conclusión en punto a que la justicia gratuita no implica un avance sobre las costas de los procesos que regula la LDC."

"La LDC sólo determina para las acciones del tipo que aquí se debate la eximición del pago de la tasa de justicia (cfr. arg. esta CNCom., esta Sala A., in re: "Padec c/ Banco Río de la Plata S.A s. beneficio de litigar sin gastos", del 04.12.08)."

 

"Geddes Enrique c/General Motors de Argentina SRL s/ ordinario" - CNCOM - 31/03/2009

 

 

53.2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Principio de Acceso a la Justicia - Proceso Sumarísimo - Protección del Consumidor - Beneficio de Litigar sin Gastos .

 

2.-En tanto existen diferencias de concepto entre los términos “beneficio de justicia gratuita” -que emplea la Ley 26.361 - y “beneficio de litigar sin gastos”, ha de establecerse que, mientras “litigar sin gastos” abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasas y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término “justicia gratuita” refiere indudablemente al acceso a la justicia, que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. Por lo tanto, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido, a los avatares del proceso, incluidas las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario.

3.-Corresponde diferenciar los términos: “beneficio de justicia gratuita” [-que emplea la Ley 26.361- y “beneficio de litigar sin gastos”, pues si bien los institutos antedichos reconocen un fundamento común, revisten características propias que los distinguen entre sí. Y atendiendo el caso previsto para el derecho laboral, es de estimarse que no resultaría equitativo conceder una mayor protección al consumidor que al trabajador, pues ello afectaría el principio de igualdad de la CN (art.16). Desde esta perspectiva interpretativa y normativa, otorgar al consumidor la misma protección que al trabajador, limitada a la exención del impuesto de justicia para acceder a la justicia, resulta ya suficiente garantía tuitiva por parte del legislador. Con base en todo ello, debe entenderse que la Ley de Defensa del Consumidor sólo determina para las acciones del tipo que aquí se debate la eximición del pago de la tasa de justicia, contexto en el cual ha de entenderse el término “justicia gratuita”.

4.-El art. 53 de la Ley 24.240 (-t.o. 26.362) dispone que a los juicios promovidos con fundamento en esa normativa se le aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. En la especie, la a quo no ha esgrimido tal fundamento. Desde esta perspectiva pues, en supuestos como el de marras, en donde el accionante se presenta como un consumidor en particular que pretende revisar una relación determinada no se aprecia necesario, en principio al menos, un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo contemplado en nuestro código ritual, pues no se advierte que el análisis de las cuestiones involucradas revistan una complejidad tal que amerite una solución distinta de la aquí propuesta. Por todo ello, de conformidad con lo establecido por la ley citada corresponde imponer a estas actuaciones el trámite dispuesto por el art. 321 CPCCN. El agravio ensayado sobre el punto será recepcionado.

5.-La Ley 26.361 resulta modificatoria de la Ley 24240 y, en lo que aquí interesa en su artículo 26 -que sustituyó el artículo 53 de esta última norma-, en punto a que “ ...Las acciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”. Por lo tanto, la incorporación de esta disposición al nuevo artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor -que también alcanza a las acciones judiciales iniciadas por las asociaciones de consumidores y usuarios en defensa de intereses colectivos (art. 55 -, importa la concesión automática de un beneficio de justicia gratuita.

 

“Geddes Enrique c/ General Motors de Argentina S.R.L. s/ ordinario”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sala A.3/03/09

 

 

53.3. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal: Actos Procesales. Resoluciones Judiciales. Sentencia Definitiva de Primera Instancia (art. 163). Cosa Juzgada. Cosa Juzgada Formal. Modificación. Fundamentos. Improcedencia.

 

“No puede el sentenciante, luego de haberse dictado contra la ejecutada  -que no opuso excepciones-, sentencia que mandó seguir adelante la ejecución, la que se encuentra largamente firme y pasada en autoridad de cosa  juzgada, disponerse no seguir adelante con una ejecución, acudiendo para ello al recurso de un no reclamado  -e imposible en este tipo de juicio- examen causal de la obligación; a una indagación sustancial que, en definitiva, el legislador -y no por rigorismo formal- ha trasladado al juicio ordinario posterior previsto por el CPR: 553, el cual solo puede tener lugar después de cumplida la condena impuesta en el ejecutivo; a  presunciones hominis de dudosa fuerza argumental; a un vicio del consentimiento –por carencia de libertad-  que no ha sido probado en su existencia debidamente y que tampoco podría serlo en el marco de un juicio ejecutivo; o al orden público que anima al régimen de la Ley 24240, ya que el respeto por la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad  de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es  también exigencia del orden público con jerarquía superior (Cfr. Csjn, fallos 328:4801)”.

 

“Asociación Civil Mater Dei c/ Kelly de Correa Keen, Margarita s/Ejecutivo”. Cámara Comercial: Sala D. Vassallo - Dieuzeide - Heredia. 21/10/08

 

 

53.4. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal: Partes. Beneficio de Litigar sin Gastos. Solicitud. Asociación de Consumidores. Prueba.

 

“El solo hecho de que la peticionaria de un beneficio de litigar sin gastos sea una asociación de consumidores  sin fines de lucro, que pretenda ejercer una acción de incidencia colectiva, que no representa intereses propios y que su objeto fundamental la lleve a iniciar demandas judiciales en cumplimiento de normas de raigambre  constitucional y legal, no es fundamento suficiente para beneficiarse con la posibilidad de litigar gratuitamente  puesto que, la Ley 24240 no le ha otorgado esa prerrogativa atento el veto presidencial al art. 53 de ese cuerpo  legal; por lo que deberá demostrar -como cualquier otro litigante- la imposibilidad de afrontar los costos del juicio que ha promovido”.

 

“Unión de Usuarios y Consumidores c/ BankBoston SA s/ Beneficio de Litigar sin Gastos”. Cámara Comercial: Sala E. Arecha - Ramírez. 25/02/08

 

 

 53.5. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal: Competencia. Competencia Ordinaria. Competencia en Razón de la Materia. Competencia Comercial. Seguros. Contrato de Ahorro para Fines Determinados.

 

“Del dictamen fiscal 117774: resulta competente el fuero comercial para entender en una demanda ordinaria  incoada por una asociación de defensa de los derechos de los consumidores contra una entidad financiera y ciertas compañías aseguradoras, tendiente a que se permita a los clientes de la entidad financiera demandada la elección de la compañía aseguradora con quien contratar el seguro de vida de deudores, pues la falta de dicha opción, constituye a su juicio, una violación de la Ley 24240. en ese marco, la acción entablada corresponde al conocimiento de la justicia en lo comercial, por cuanto deriva de una actividad propia de la accionada y las empresas aseguradoras por ella contratadas, en el contexto referido a los mutuos y seguros, contratos regidos por las leyes mercantiles,  en los que prevalece la actividad lucrativa realizada de modo organizado en forma de empresa. en efecto, la cuestión es comercial no solo en lo referido a los contratos base  sino también en lo que hace a la responsabilidad imputada a la entidad, donde se ventila la relación jurídica entre la entidad de ahorro para fines determinados y sus clientes, circunstancia por la que procede la intervención de un juez de comercio para su dilucidación (CCOM: 9-3° y 6°; Cfr. CNCOM, Sala C, 14.5.04, in re "unión de usuarios y consumidores c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Sumarisimo", entre otros)”.

 

“ADECUA c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Ordinario”. Cámara Comercial: Sala C. Caviglione Fraga - Monti - Ojea Quintana. 12/11/07

 

 

53.6. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Competencia.

 

“Resulta competente la justicia en lo Civil y Comercial Federal para entender en un reclamo contra CTI Compañía de Teléfonos del Interior S.A., en los términos de la Ley 24240 para que se la condene a la  devolución de la totalidad de sus clientes consumidores, que sean personas físicas, por aquellos importes cobrados en sus facturas en concepto de cargos por uso de redes de telefonía fija o por el uso de la red de telefonía publica nacional, en exceso al limite legal establecido. Ello así por cuanto, aun cuando no se reclaman deficiencias en la prestación del servicio de telefonía móvil sino el reintegro a los usuarios de cuestionados  montos facturados, no es posible descartar la aplicación de normas federales para la solución del diferendo. Por lo tanto, ni la actividad comercial de la empresa privada ni la aplicación de normas de derecho común desplazan la competencia federal por aparecer involucrada la prestación de un servicio publico y la eventual interpretación de normas federales que la rigen (Sala B, 20.9.01, "Nahoum c/ Telefónica de  Argentina s/ Sumarísimo"; Sala D, 5.8.99, "Metrogas S.A. c/ Segovia, Romulo s/ Ord."). así, dado que la tarifa  de un servicio publico esencial no es exclusivamente contractual, máxime que el régimen de suministro debe ser implementado y autorizado por cada ente regulador, la relación jurídica se enmarca en el ámbito federal”.

 

“Proconsumer c/ CTI Compañía de Teléfonos del Interior SA s/ Sumarísimo”. Cámara Comercial: Sala A. Kölliker Frers - Miguez - Uzal.18/09/07

 

 

53.7. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal Especial: Procesos de Conocimiento. Proceso Sumarísimo (art. 498). Tramite. Determinación. Procedencia.

 

“Procede admitir la queja por apelación denegada contra la resolución que imprimió al proceso el tramite de  juicio ordinario, por cuanto de conformidad con lo establecido por la Ley  24240:  53 que dispone que a los juicios promovidos con fundamento en dicha ley se le aplicaran las normas del proceso de  conocimiento  mas  abreviado que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, correspondiendo imprimir a estas actuaciones el tramite dispuesto por el CPR: 321, tramite al que deberá ajustar su pretensión la parte actora (Cfr. esta Sala, 26.4.07, "Proconsumer c/ Adval s/ Ord.").

 

“Monti, Eduardo c/ Maynar Ag SA s/ Sumarisimo -s/ Queja”. Cámara Comercial: Sala A. Kölliker Frers - Miguez - Uzal. 17/07/07

 

 

53.8. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Mediación: Procedencia. Asociación. Representación Colectiva de  Usuarios. Pedido de Exhibición. Improcedencia. Ley 24573: 2. Excepciones. Enumeración Taxativa.

 

“En el marco de una acción iniciada por una asociación de defensa de usuarios financieros, dirigida contra una sociedad de ahorro para fines determinados, en la que se persigue la restitución de sumas de dinero y la  declaración de nulidad de las pólizas de seguros de vida colectivo tomadas por los clientes suscriptores de   planes de ahorro; corresponde desestimar el pedido de eximicion del tramite de mediación formulado por la entidad actora. Ello así, pues la Ley 24573: 2 hace una enumeración taxativa de las excepciones al  procedimiento de mediación obligatoria, entre las cuales no se encuentra la acción deducida. No obsta a tal  solución lo argumentado por el accionante en cuanto a que se encontraría imposibilitado de conciliar los   derechos colectivos de terceras personas: los usuarios representados, y que tampoco se decreto la inconstitucionalidad de la Ley 24240, puesto que la ley no prevé ninguna de esas circunstancias como hipótesis de exclusión de la mediación previa (Cfr. CNCOM, Sala D, 18.9.97,  in  re "De Arizmendi, Fernando M. c/  Arizmendi S.A. s/ Medidas Precautorias s/ Incidente de Apelación"; idem, 17.4.07 in re "Masi, Mauro c/  Sanford S.A.C.I.F.I. y A. y otros s/ Ordinario"). por lo demás, si bien la actora podría estar ciertamente   limitada en sus facultades conciliatorias, no cabe presumir sin mas el fracaso de la mediación por esta sola circunstancia. (en igual sentido: Sala E, 25.9.07, "Damnificados Financieros Asociación Civil para su Defensa  c/  Efectivo SI, Compañía Financiera Argentina s/ Sumarisimo")”.

 

“Damnificados Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Bainter SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala D. Vassallo - Dieuzeide - Heredia. 10/05/07

 

 

53.9. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho  Procesal: Competencia. Competencia Federal. Competencia en Razón de la Materia. Procedencia. Servicios Públicos Privatizados. Fondo Fiduciario del Servicio  Universal.  Decreto 764/00. Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798.

 

“Resulta competente la justicia federal para intervenir en un acción en la que se persigue evitar la perdida de los aportes al fondo fiduciario del servicio universal a los que se encontrarían obligadas a ingresar las demandadas en virtud de las prescripciones contenidas en el decreto 764/00, pues la pretensión  esgrimida se relacionaría con el sentido y alcance de normas federales como son las dictadas por el Estado Nacional en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798. (en el caso, se trato de una demanda entablada por la Unión de usuarios y consumidores en los términos de la Movistar S.A., CTI,  Telecom  Personal  y  Nextel  Comunications Argentina S.A.)”.

 

“Unión de Usuarios y Consumidores c/ Movistar SA s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala B. Bargallo - Diaz Cordero.  9/05/07

 

 

53.10. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal Especial: Procesos de Conocimiento. Disposiciones Generales. Proceso Sumarisimo (art. 321). Derechos de los Usuarios y Consumidores. Asociación de Defensa del Consumidor. Aplicación de Ley 24240: 53. Vía Sumarisima. Proceso Mas Abreviado en la Jurisdicción Competente.

 

“Del dictamen fiscal 114687: resulta improcedente la pretensión del demandado en cuanto a la aplicación   del CPR: 319 a una demanda iniciada por una asociación de consumidores, en cuanto dispone que todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario. ello así, pues toda vez que la materia sobre la que versa la pretensión del actor se refiere a los derechos de consumidores financieros, resulta aplicable la Ley 24240: 53, que establece que se aplicaran las normas del proceso de conocimiento mas abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente”.

 

“Damnificados Financieros Asociación Civil p/ Su Defensa c/ Siembra AFJP SA s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala B. Bargallo - Piaggi. 12/04/07

 

 

53.11. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal: Competencia. Competencia Ordinaria. Generalidades  (art.  5).  Competencia  en  Razón  de la Materia. Competencia Comercial. Servicio Telefónico.

 

“Del dictamen fiscal 113054: resulta competente el fuero comercial y no el fuero Civil y Comercial Federal,  para entender en una demanda en los términos de la Ley 24240 iniciada contra Telefónica Móviles SA, tendiente a que se declare la nulidad de una cláusula contractual y el reintegro de ciertas sumas, toda vez que la acción deriva de una actividad propia de contratos regidos por las leyes mercantiles, en  el  que  prevalece  la actividad lucrativa de la empresa, estructurada bajo la forma de sociedad anónima, tipo legal que acredita   la comercialidad del acto (Cfr. Sala E, in re, 16.11.89, "Bco. de Crédito Liniers SA c/ Corbalan, Julia s/ Sum.).  Además, la Cuestión es comercial en lo que hace a la responsabilidad imputada a la entidad, donde se ventila la relación jurídica entre la accionada y sus clientes, circunstancia por la que procede la intervención de un juez de comercio para su dilucidación (CCOM 8-3°; Cfr. dictamen N° 98476 del 31.3.04, in re "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Bco. de la Prov. de Buenos Aires s/ Sumarisimo", con fallo de la Sala C que remitió a sus fundamentos)”.

 

“Unión de Consumidores de Argentina c/ Telefonica Móviles SA s/ Ord”. Cámara Comercial: C. Monti - Caviglione Fraga. 22/09/06

 

 

53.12. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Proceso: tipo establecido por Ley. Irrecurribilidad de todas las providencias en las cuales se establece la clase de proceso aplicable. Art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.

 

“El caso el trámite procesal sumarísimo (art. 321 del Código Procesal) resulta impuesto por lo prescripto por el art. 53 de la Ley 24.240 (texto legal en el cual, entre otras normas, se sustentó la pretensión deducida en autos) que establece que para las acciones previstas por dicha ley se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, cabe concluir que el señor juez no estaba habilitado para determinar el tipo de proceso con prescindencia del específicamente previsto por la norma citada. Corresponde, pues, hacer excepción en el caso de lo dispuesto por el art. 319, último párrafo, del ritual, en cuanto eleva a la categoría de principio general la irrecurribilidad de todas aquellas providencias en las cuales se establece la clase de proceso aplicable (cfr. esta Sala, causas 1996/97 del 23-4-98 y sus citas, 4773/99 del 9-9-99, 539/99 del 16-3-2000, publ. en LL del 8-6-2000, 13.172/02 del 26-2-04 y 12.378/02 del 27-4-04; Palacio, Lino E., Estudio de la reforma procesal, pág. 214; Loutayf Ranea, Roberto G., El Recurso ordinario de apelación en el proceso Civil, T. 1, pág. 371; Falcón, Enrique, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. II, págs. 531/32 y nota 11; Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 2, págs. 62/63)”.

5.822/06.

 

“Campaini Rafael Luís c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Recurso de Queja”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal., Sala I., Dra. María Susana Najurieta - Dr. Francisco de las Carreras Dr. Martín Diego Farrell. 04/07/2006

 

 

53.13. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal Especial: Procesos de Conocimiento. Diligencias preliminares. Solicitud de Información. Procedencia. Acción por Reintegro de Inversiones. Bonos. Asesoramiento. Principio de Información. CN: 42. Ley 24240: 4.

 

“Cabe hacer lugar a la solicitud de diligencias preliminares, tendiente a recabar informes de ciertas entidades bancarias, a los fines de interponer contra ellas, una acción de reintegro de inversiones a residentes de esta ciudad, quienes, a través de los futuros accionados, habrían sido asesorados para comprar bonos soberanos argentinos en el periodo comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 2001, capital este que aun no habrían recuperado; toda vez que si bien, las medidas que se peticionan no encuadran en ninguno de los supuestos enumerados por el Cpr: 323, no tienden a preconstituir prueba, sino que resultan necesarias a los   fines de procurar a la accionante el conocimiento de hechos o datos que no podrían obtenerse sin intervención  judicial, y que resultan indispensables para que el proceso cuya iniciación anuncia pueda ser planteado eficazmente; tal petición, además, resulta procedente por aplicación del principio de información que rige respecto de la operatividad o funcionamiento del mercado de capitales, por el cual todas las entidades  eminentes de los títulos ofrecidos públicamente, deben estar legalmente obligadas a ofrecer información  fidedigna, suficiente,  efectiva, actualizada, continuada e igual para todos (Cfr.  Bercovitz, Alberto, "El Derecho del Mercado de Capitales", p. 103; CN: 42; Ley 24240: 4)”.

 

“Damnificados  Financieros Asociación Civil p/ su Defensa c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ Diligencia Preliminar. Cámara Comercial: D. Díaz Cordero - Monti - Cuartero (Sala integrada). 17/08/05

 

 

53.14. DEFENSA DEL CONSUMIDOR Derecho Procesal: Competencia. Competencia Ordinaria. Excepciones. Conexidad. Improcedencia. Acción colectiva deducida en los términos de la Ley 24240.

 

“Del dictamen fiscal 104068: si un magistrado rechazo la radicación por conexidad solicitada y se declaro incompetente para entender en una acción colectiva deducida en los términos de la Ley 24240: 55 contra una entidad bancaria, por la que se persigue la declaración de nulidad de los  actos jurídicos respecto de las tasas de interés aplicadas y cargos abusivos derivados de un contrato masivo -calificado de irregular por el pretensor- y, que se condene al defendido a la reparación del daño patrimonial directo causado por la aplicación de las mentadas tasas y cargos improcedentes respecto de  todo  el grupo de usuarios titulares de determinadas tarjetas de crédito emitidas por una entidad bancaria cuyo continuador es el  actual  accionado;   resulta improcedente que el juez desinsaculado con posterioridad resista la asignación atribuida por  considerar que en virtud que la presente demanda es una suerte de juicio ejecutivo posterior, ordene la devolución de la causa  al  tribunal  de origen en los términos del CPR: 553. ello así cuando, -como  en el caso-, si bien surge que tramito en el tribunal cuyo titular rechazo la radicación de un expediente en el que fue   demandado el presente accionante, sin embargo, no se advierten razones de conexidad ni de economía procesal  que justifiquen la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, para que proceda el desplazamiento de la competencia al magistrado que intervino en la citada ejecución, así como tampoco inconvenientes que no  puedan subsanarse mediante la remisión de los autos ad effectum videndi”.

 

“Padec (prevención ases. y Defensa del Consumidor) c/ Banco Frances S.A: s/ Ordinario. Cámara Comercial: Sala B. Piaggi - Butty. 23/02/05

 

53.15. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Art. 53-  Proceso ordinario. Improcedencia.

 

“… del relato de los hechos vertido en escrito… se observa que la responsabilidad que se le atribuye a la demandada radica en el alegado mal funcionamiento del sistema de seguridad (airbag) del automotor… la Ley 24.240 dispone que cuando se entable una acción judicial se aplicaran las normas del proceso de conocimiento mas abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente (art 53). En este sentido, asiste razón al recurrente en cuanto a que no cabe aplicar en la especie el art. 319 del código procesal que determina el procedimiento del juicio ordinario para todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial. … de conformidad con lo dispuesto, en sentido concordante, por el art 321 inc, 3° del ordenamiento legal citado, corresponde atender la queja. … corresponde proveer la demanda conforme las pautas del art 498 del código procesal… “

 

(CNac.A.Civ. Sala E,, Lorenzino, Gerardo A. c/ Sursuto S.A).  05-02-2004

 

 

53.16. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Daños y Perjuicios: Responsabilidad Contractual. Prestación de servicios. Inversor  accionante.  Pretensión.  Sociedad  de bolsa defendida. Rendición de cuentas. Procedencia.

 

“Procede la acción por la cual el pretensor persigue que una sociedad de bolsa (defendida) le rinda cuentas de  ciertas operaciones que realizo -denominadas cauciones bursatiles-, con el producido de inversiones en títulos públicos, contradiciendo una orden previa en contrario dada por el y sin mantenerlo Informado de la gestión,   como así también que realizo operaciones no autorizadas con sus fondos cuando la orden había sido la  compra de bonex. ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que las piezas documentales agregadas a la causa no contienen una explicación concreta y clara de todas y cada una de las operaciones que la accionada  habría llevado a cabo con los fondos del accionante, toda vez que si bien los papeles acompañados exhiben    datos que han de estar relacionados con la gestión que la reclamada habría hecho de los valores y el dinero  del inversor, no exteriorizan una información con la especificidad y la claridad deseables para una correcta y  completa rendición de cuentas. En tal sentido cabe precisar,  que se trata de planillas o constancias de   operaciones con diferentes metodologías de exposición de datos -en lugar de un sistema uniforme de   información- y con abreviaturas o códigos poco conocidos en general, lo que agrega más confusión al lector.   si bien estos métodos  de exponer información sobre inversiones bursatiles pueden ser tal vez usados en plaza,  hay que tener presente que el inversor no tiene por que ser necesariamente un avezado hombre de negocios,   hábil para interpretar cualquier explicación contable o financiera. por el contrario, con frecuencia se estará,  como parece suceder en la especie, ante personas no habituadas a operar en el mercado bursatil y que, precisamente por eso, confían sus capitales a las agencias que actúan ante las bolsas de comercio. A través de ellas el mercado de capitales capta indiscriminadamente el ahorro de potenciales inversores, simples  miembros del público que suelen desconocer las vicisitudes posibles de ese mundo peculiar y, actualmente,    menos aun las modalidades para presentar las cuentas concernientes a la gestión de sus agentes. (en el caso, el  agente de bolsa no explico con precisión por que habría aconsejado a su cliente solicitar la conversión a  pesos.  si  bien invoco las normas  de  emergencia económicas,   no   indico  cuales  "en concreto" habrían obligado a  aconsejar  o instar a sus clientes a requerir esa conversión, que habría de significar a la actora una notable reducción del activo con que contaba como saldo (Conf. CCOM: 229 y 245, y CCIV: 1907, 1908, 1910, 1915 y conc.), maxime teniendo en cuenta las obligaciones especificas que pesaban sobre el "agente de bolsa"  según  lo dispuesto por la ley 17811: 2, 6-a, c, d y f, 7 y 39). Fundamentos del  Dr.  Monti,  al  que  no adhieren los Dres. Di Tella y Caviglione Fraga: en el contexto de la litis, la nota invocada por la demandada, donde la inversionista aparece autorizando que sus fondos en dólares se conviertan a pesos, no puede tener los efectos  pretendidos de una renuncia a sus derechos respecto  del agente,  a quien había entregado sus fondos y a quien confiara la gestión adecuada de ellos. Acordar eficacia a las expresiones introducidas en un formulario  preimpreso, confeccionado por el agente bursatil relevándose a si mismo de sus deberes, implicaría contrariar  el deber de buena fe (CCIV 1198) y consumar "una notable desproporción de las prestaciones" (CCIV 954),  ya   que la "autorización a pesificar" importaba una sustancial disminución de los derechos de la inversora que la firmo a instancias de su agente. Además, podría resultar ineficaz (Arg. Ley 24240: 37-1-b) en tanto "renuncia o restricción de los derechos del consumidor".

 

“Coppo, Cora c/ Lacoste y Compañía S.A. de Bolsa s/ Ordinario. Cámara Comercial: C. Monti - Caviglione Fraga - Di Tella. 4/06/04

 

 

53.17. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Proceso ordinario. Improcedencia.

 

“… del relato de los hechos vertido en escrito … se observa que la responsabilidad que se le atribuye a la demandada radica en el alegado mal funcionamiento del sistema de seguridad (airbag) del automotor… la Ley 24.240 dispone que cuando se entable una acción judicial se aplicaran las normas del proceso de conocimiento mas abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente (art 53). En este sentido, asiste razón al recurrente en cuanto a que no cabe aplicar en la especie el art. 319 del código procesal que determina el procedimiento del juicio ordinario para todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial. … de conformidad con lo dispuesto, en sentido concordante, por el art 321 inc, 3° del ordenamiento legal citado, corresponde atender la queja. … corresponde proveer la demanda conforme las pautas del art 498 del código procesal…”

 

(CNac.A.Civ. Sala E,, Lorenzino, Gerardo A. c/ Sursuto S.A).  05-02-2004

 

 

53.18. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal: Competencia. Competencia Ordinaria. Competencia en razón de la materia. Competencia comercial. Daños y perjuicios. Responsabilidad del fabricante. Procedencia.

 

“Resulta competente la justicia comercial para entender en una causa en la que se reclama el incumplimiento atribuido a un fabricante derivado de los perjuicios que dice haber experimentado la pretensora con fundamento en la Ley 24240, y la obligación  de  garantía  que  asume  frente  al consumidor. Ello pues,  así  se  considere que la responsabilidad del fabricante configura un supuesto de ensanchamiento de la responsabilidad contractual o se ubique en  la  orbita  extracontractual,  la eventual  obligación  de  indemnizar  bien puede ser, de todos modos, de índole mercantil (CCOM: 5 y su Doctrina; V. Fontanarrosa, R. O.,   "derecho comercial argentino, parte general",  5ta.  Edición  revisada  y  ampliada, pags. 159 y 160, nros. 129   y 130, Bs. As., 1976; V. Fernandez, R. l., "código...", T. I, vol. I, pags. 64 y 65, Bs. As., 1970; V. Satanowsky,  M., "tratado...", T. 2, pags. 67/75, bs. as., 1957). en tal sentido cabe precisar, que se trata de una cuestión subsumible en la previsión del art. 43 bis que atribuye competencia a los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la capital federal en todas las cuestiones regidas por las leyes comerciales cuyo  conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces de otro fuero. (En la especie, resultaría ser comercial la invocada obligación de indemnizar; en virtud de la aparente conexión de los hechos denunciados con la actividad mercantil de la defendida)”.

 

“Freinman, Harold Joseph y Otra c/ Turinaut S.A. y Otros s/ Sumario”. Cámara Comercial: B. Díaz Cordero - Piaggi – Butty. 17/10/02

 

 

53.19. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal Especial: Procesos de Conocimiento. Diligencias Preliminares. Prueba anticipada (art. 326). Improcedencia.

 

“Resulta improcedente  deducir una solicitud de prueba anticipada por medio de la cual se requiere que una fabrica de automóviles brinde completa información sobre problemas detectados en un vehiculo,  procedimientos para hacerlo, posibles consecuencias, siniestros registrados, técnicas de solución y demás puntos de interés respecto del modelo del rodado en cuestión con base, -como en el caso-, en que la defendida no habría atendido un anterior requerimiento extrajudicial y en la necesidad de contar con  tal  información  para definir su proceder frente a la fabricante, considerando la insuficiencia de ciertas comunicaciones de la  accionada. Ello así, toda vez que lo solicitado por el pretensor no puede encuadrarse en los términos del CPR: 326; puesto que lo manifestado no se dirige a fundar el temor concreto sobre la dificultad o imposibilidad de producción de la prueba en la etapa pertinente; sino en la necesidad de contar con cierta información para la promoción de una futura demanda resarcitoria contra el fabricante del rodado, con apoyo en lo dispuesto por la CN: 42 y la Ley 24240. de modo pues, que la hipótesis puede subsumirse en la previsión del CPR: 323 que enuncia distintas situaciones que permiten a quienes están legitimados a actuar como parte en un juicio futuro, prepararlo mediante medidas preliminares, es decir, que la petición debe fundarse, justificándose  fehacientemente  que  la diligencia es imprescindible y útil para entablar correctamente la demanda”.

 

“Stratta,  Maria  Gerogina  c/  Renault Argentina S.A. s/ Diligencia Preliminar”. Cámara Comercial: Sala B. Díaz Cordero - Piaggi - Butty. 16/10/02

 

 

53.20. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Daños y Perjuicios: Responsabilidad Contractual. Contratos Bancarios. Accionante.  Pretensión. Cobro  de  suma  dineraria.  Rescate de bocones. Procedencia.

 

“Procede la acción mediante la cual el pretensor persigue el cobro de cierta suma de dinero de una entidad  bancaria, proveniente del producido del rescate de bocones y de las consecuencias que se desprenden de la falta de acreditación por parte del banco de la determinación de quien fue quien cobro el precio de dicha  operatoria cuando, -como en el caso-, se verifica que si bien el defendido informo acerca de la venta de determinada cantidad de bonos con cuyo producido adquirió dólares, acompañando a tal fin fotocopia del comprobante de venta respectivo, sin embargo, aclaro que utilizaba un formulario en el que no constaba el recibo de conformidad de los fondos por parte del beneficiario, y que la venta de dichos bonos fue ordenada por una persona distinta del accionante, sin que por su parte, surja que persona cobro dicho importe. Ello pues, el accionado debería haber tomado mayores recaudos a la hora de manejar los fondos propiedad del  reclamante, no resultando serio que no guarde constancia alguna sobre el real y efectivo destino de los fondos  librados por su cuenta a un tercero que -en principio- estaba autorizado por el titular de los mismos. en  definitiva, la complejidad del trafico hace exigible la protección responsable del consumidor (Cn: 42 y Ley 24240), y la confianza como principio de contenido ético impone a los operadores un inexcusable deber de  honrar  estas expectativas”.

 

“Eufemia Bausero c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. s/ Ordinario. Cámara Comercial: B. Piaggi -Díaz Cordero - Butty. 28/06/02

 

 

53.21.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Derecho Procesal especial. Procesos de Conocimiento. Diligencias Preliminares. Situaciones dudosas. Protección del Derecho de Defensa.

 

“Si bien las diligencias preliminares constituyen una excepción al tramite normal del proceso, no debiendo ser permitidas mas allá de lo estrictamente necesario, ante el silencio en que incurriera una entidad bancaria frente al reclamo de un ex cliente tendiente a que le proporcione cierta información necesaria para promover juicio ordinario en los términos del CPR: 553 –al haberle sido desestimadas las defensas que opuso en el juicio ejecutivo-, y atento la finalidad tuitiva de los derechos del consumidor plasmada en la Ley 24240 invocada por el accionante, cabe admitir la medida preliminar solicitada por este, limitándola únicamente a la obtención de ciertas copias requeridas, a fin de resguardar debidamente el derecho de defensa del promoviente”.

 

“Daboul, Juan Elías c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Diligencia Preliminar” Cámara Comercial: Sala A. Viale – Miguez. 27/12/01

 

 

53.22. DEFENSA DEL CONSUMIDOR Derecho Procesal. Competencia. Competencia Ordinaria. Competencia en razón  de  la  Materia. Competencia Civil. Daños y Perjuicios. Ilícitos.

 

“Es competente el fuero civil para entender en una causa por la que se reclama, en  los  términos  de  la  Ley  24240, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al accionante por la presunta conducta ilícita atribuida a ciertas sociedades -en el caso, con motivo de la promoción y entrega de cupones efectuada por  una  estación de servicios, concesionaria de YPF, referida al sorteo de un automóvil del que el reclamante dice haber sido ganador-; ello así  independientemente  del  tipo  comercial  que  revisten las accionadas, toda vez  que el reclamo excede la relación de un vinculo comercial, pues encuadra en un presunto hecho ilícito provocado por la supuesta conducta anómala atribuida a las imputadas, que conforme al decreto Ley 1285/58: 43-b (texto según Ley 24290), corresponde a la jurisdicción civil. (En  igual  sentido: Sala  E,  9.8.04, "Rubini, Jorge c/ Nobleza Piccardo SAICFf  s/ Ordinario", dictamen 100.565)”.

 

“Mayotti,  Juan  Carlos  c/  Rullo  Automotores  S.A.  y  otros  s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala C. Monti - Caviglione Fraga - Di Tella. 19/10/01

 

 

53.23. DEFENSA DEL CONSUMIDOR  Derecho procesal. Partes. Intervención de terceros. Citación. Improcedencia. Fundamento. Tercero citado. Domicilio en el exterior.

 

“Si se promovió acción tendiente al resarcimiento de los perjuicios que se dicen derivados del atribuido incumplimiento de la Ley 24240 (defensa del consumidor) por parte del accionado, resulta improcedente que este solicite la citación de una compañía extranjera en calidad de tercera (CPR: 94), con fundamento en que la cuestión planteada por el pretensor involucra productos elaborados por ella cuando, -como en el caso-, surge que esa tercera tiene domicilio en la Ciudad de Caracas (Republica de Venezuela), toda vez que esa citación se presenta como manifiestamente inconveniente”.

 

“Quinteros, Daniel y otros c/ Inter Rep SRL y Otros s/ Ord. s/ Iinc. de Apelación”. Cámara Comercial: Sala D. Rotman – cuartero, 31/03/00.

 

 

53.24. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho Procesal Especial. Procesos de Conocimiento. Proceso Sumarisimo. Tramite. Determinación. Procedencia. Accionante. Reclamo. Entrega de Bienes. Beneficiario de sorteos organizado por el accionado.

 

“Procede imprimir el tramite sumarisimo a una demanda en la que el pretensor reclama, -como en el caso-, la entrega de ciertos bienes -o su equivalente en dinero en efectivo- en su calidad de beneficiario de ciertos sorteos organizados por su contrario. Ello así, toda vez que, en esta instancia liminar y sin que importe adelantar juicio sobre lo que corresponda resolver, en definitiva, la entrega de los premios reclamados aparece íntimamente unida a la comercialización y venta de productos de diversos rubros ofrecidos por el defendido. de modo pues, que lo expuesto sitúa -al menos provisoriamente- tal supuesto dentro del ámbito de la Ley 24240, y justifica la adopción del proceso mas abreviado que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario pertinente (ley 24240: 53). (en la especie, se desestimo la pretensión del reclamante, en cuanto a que el objeto de la demanda no podía regirse por la citada Ley, toda vez que refiere al cumplimiento de ciertos sorteos organizados "sin obligación de compra").

 

“Saldivia, Maria Fabiana c/ Sprayette S.A. s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala B. Butty - Díaz Cordero. 17/02/00

 

 

53.25. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Contrato  de  turismo.  Accionantes. Pretensión. Resarcimiento de Daños. Procedencia.  Accionada.  Incumplimiento contractual. Hoteleria y pasajes. Omisión  de  reserva.  Fundamento.  Consumidor.  Otorgamiento  de protección responsable (CN 42 y Ley 24240).

 

“Procede  la  acción  judicial  deducida  contra  una  empresa  de turismo, por la cual los accionantes   persiguen   el  resarcimiento  de  los  daños padecidos como consecuencia  del  incumplimiento  en  que  incurrió la accionada respecto del contrato  de  viaje  y turismo celebrado con el pretensor (el que tuvo por objeto la  venta  de  pasajes  y  7  días de estadía), consistente en la falta de reserva del  hotel  y  del  pasaje  de  regreso,  lo  que  motivo que los reclamantes debieran alquilar  un  departamento  y  proveer  del  regreso  por  medios distintos a los acordados.  En tal sentido es de ponderar, que la complejidad del tráfico hace exigible  una  protección responsable del consumidor (CN 42 y Ley 24240); y en tales  circunstancias  no debe otorgarse un tratamiento similar a sujetos que son  diferentes  en  aspectos sustanciales: poder de negociación, experiencia y conocimientos  (Conf.  Mosset  Iturraspe,  Jorge "Introducción al Derecho del Consumidor",  revista  de  derecho privado y comunitario Nused 5, Ed. Rubinzal-Culzoni,  Santa  Fe  1996,  pag.  11).  y, siendo que en tales ocasiones la comercialización  impide  al consumidor cerciorarse a fondo sobre diversos aspectos  de las operaciones que realiza, lo que no comprueba por si mismo debe asumirlo  como un acto de confianza (Conf. Rezzonico, Juan Carlos "Principios Fundamentales  de  los Contratos", Ed. Astrea, Buenos Aires 1999, pag. 382); Razón  por  la  cual  el  usuario  recurre  a  los  servicios  de profesionales en los cuales  deposita  confianza  para celebrar sus transacciones. Por ende, la confianza   como  principio  de  contenido  ético  impone  a  los operadores un inexcusable  deber  de  honrar  las  expectativas;  y, su quiebre implica contravención  de los fundamentos de toda Organización Jurídica y torna inseguro el trafico (Conf. Rezzonico, OB. CIT., pag. 376). (En  igual  sentido: Sala  E,  15.5.07, "Creaciones Dairen S.A. c/ Transportes Arias S.A. s/ Sumario.").

 

“Gismondi, Adrián Alejandro y otro c/ Ascot Viajes S.A. s/ Sum”. Cámara Comercial: Sala B. Díaz Cordero - Butty – Piaggi. 17/12/99.

 

 

53.26.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho    procesal.    Competencia.    Competencia    ordinaria. Competencia en razón de la materia. Competencia civil. Locación de servicios. Procedencia.   Accionada.  Empresa  prestadora  del  servicio  de telefonía celular.  Pretensión.  Resarcimiento  de  daños  y perjuicios. Invocación. y normas del CCIV.

 

“Resulta  competente  la justicia civil para conocer en un proceso en el que -como  en  el  caso- se acciona contra una empresa prestadora del servicio de telefonía  celular  en  los  términos  de  la Ley  24240  y  las correspondientes normas  del  CCIV,  tendiente  al resarcimiento de los daños y perjuicios que, según  el  pretensor,  le  fueron  ocasionados  por  la  presunta conducta ilícita atribuida  a  la  accionada, con motivo de la promoción efectuada en la vía publica  referida a la concesión en propiedad de dos aparatos sin cargo como premio,   con   la  condición  de  la  posesión  -por  parte  del favorecido- de una tarjeta  de crédito con determinado numero. Ello así, pues: a) en un precedente en  el  que  se invoco la ley de defensa del consumidor, la corte suprema asigno la  competencia  a  la  justicia  civil  para  entender  en temas análogos al que se plantea  en  la especie ("Safar Retamar, Maria E. c/ Moño Azul S.A.  s/ Daños y Perj. s/ Sum", del 31-3-99); y b) lo reclamado, independientemente del tipo comercial  que  reviste  la  accionada,  excede la relación de un vinculo mercantil,  pues  encuadra en un presunto hecho ilícito provocado por la supuesta  conducta  anómala  atribuida  a la defendida, situación cuya dilucidación,  conforme  lo  dispuesto  por  la Ley 23637: 43-b), corresponde a la jurisdicción Civil. (En  igual  sentido: Sala  E,  9.8.04,

 

"Rubini, Jorge c/ Nobleza Piccardo  Saicf s/ Ordinario", dictamen 100.565; Sala C, 15.2.08, "Russian  de  Linares  Font,  Graciela  c/  Repsol  YPF Gas S.A. s/ Ord."). “kavanagh,  Patricia c/ Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. s/ Sum.” Cámara Comercial, Sala D. Rrotman – Cuartero. 11/11/99

 

 

53.27. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho    procesal.    Competencia.    Competencia    ordinaria. Competencia en razón de la materia. Competencia civil. Locución de servicios. Procedencia.   Accionada.  Empresa  prestadora  del  servicio  de telefonía celular.  Pretensión.  Resarcimiento  de  daños  y perjuicios. Invocación. Normas del CCIV.

 

“Resulta  competente  la justicia civil para conocer en un proceso en el que -como  en  el  caso- se acciona contra una empresa prestadora del servicio de telefonía  celular  en  los  términos  de  la  Ley  24240  y  las correspondientes normas  del  CCIV,  tendiente  al resarcimiento de los daños y perjuicios que, según  el  pretensor,  le  fueron  ocasionados  por  la  presunta conducta ilícita atribuida  a  la  accionada, con motivo de la promoción efectuada en la vía publica  referida a la concesión en propiedad de dos aparatos sin cargo como premio,   con   la  condición  de  la  posesión  -por  parte  del favorecido- de una tarjeta  de crédito con determinado numero. Ello así, pues: a) en un precedente en  el  que  se invoco la ley de defensa del consumidor, la corte suprema asigno la  competencia  a  la  justicia  civil  para  entender  en temas análogos al que se plantea  en  la especie ("Safar Retamar, Maria E. c/ Moño Azul S.A.  s/ Daños y Perj. s/ Sum", del 31-3-99); y b) lo reclamado, independientemente del tipo comercial  que  reviste  la  accionada,  excede la relación de un vinculo mercantil,  pues  encuadra en un presunto hecho ilícito provocado por la supuesta  conducta  anómala  atribuida  a la defendida, situación cuya dilucidación,  conforme  lo  dispuesto  por  la Ley 23637: 43-b), corresponde a la jurisdicción civil. (en  igual  sentido:  Sala  E,  9.8.04, "Rubini, Jorge c/ Nobleza Piccardo  Saicf s/ Ordinario", dictamen 100.565; Sala C, 15.2.08, "Russian  de  Linares  Font,  Graciela  c/  Repsol  YPF Gas S.A./Ord.").

 

“kavanagh,  Patricia c/ Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. s/ Sum.” Cámara Comercial, Sala D Rotman - Cuartero (JA 18.10.00) 11/11/99

 

 

53.28. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho procesal. Acumulación de procesos. Procedencia. Causa radicada en el fuero civil. Acumulación a expediente tramitado en sede comercial. Identidad de la pretensión resarcitoria. Productos alimenticios. Contaminación. Envases de hojalata. Defecto de fabricación. Fundamento de derecho.

 

“Procede disponer la acumulación de una causa radicada en un juzgado civil a otra que tramita en el fuero comercial, cuando -como en el caso- se verifica que: a) ambos procesos tramitan en la vía de conocimiento regulada en el CPR 486, b) la pretensión resarcitoria formulada en ambos juicios fue fundada en un mismo antecedente, esto es, la contaminación que habrían exhibido productos alimenticios, por consecuencia de supuestos defectos de fabricación de los envases de hojalata continentes de aquellos, c) hay coincidencia entre casi todos los accionantes de una y otra controversia, instadas ambas con base en el mismo fundamento de derecho: la protección al consumidor instituida por la Ley 24240. Ello así, pues la suma de las descriptas circunstancias autoriza a disponer la acumulación de la controversia iniciada ante la Justicia Civil, a la ya radicada en el fuero mercantil, por configurarse el supuesto previsto en el CPR 188 y 189”.

 

“Guzman, Jorge c/ CanaleS.A. s/ Sum. (ll, 8.2.2000, fused 99810)”. Cámara Comercial: Sala D. Rotman – Cuartero. 15/07/99

 

 

53.29. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. COMPETENCIA. Daños y perjuicios. Responsabilidad frente al Consumidor por productos elaborados.-

 

“Resulta competente el fuero Comercial en la acción por daños y perjuicios provocados por la ingesta de alimentos contaminados, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 3º de la Ley 24240 de defensa al consumidor y 4º de la Ley 22262 de Lealtad y Competencia”.-

 

“Obregon, Julio César c/ Agro Industrias INCA S.A. y Otro s/ SUMARIO - COMPETENCIA Cámara en Civil - Sala S”.  03/25/99

 

 

53.30. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Competencia. Daños y perjuicios. Infracción a las Leyes 24240 de Defensa del Consumidor y 22262 de Lealtad Comercial y Competencia.-

 

“Promovida una acción por la presunta violación al Código Alimentario Argentino y a la Ley de Defensa del Consumidor, aquélla debe sustanciarse ante la Justicia en lo Comercial, toda vez que el art. 4 de la Ley 22262 y el art. 3 de la Ley 24240 establecen expresamente la competencia de ese fuero en las acciones civiles basadas en dichos cuerpos normativos”.-

 

“Safar Retamar c/ Moño Azul S.A. s/ Daños y Perjuicios Cámara en lo Civil - Sala M”. 10/28/98

 

 

53.31. DEFENSA AL CONSUMIDOR. Derecho Procesal. Competencia Ordinaria. Competencia en

Razón de la Materia. Competencia Comercial. Procedencia.

 

“Resulta competente el fuero comercial para entender en una acción orientada a obtener una indemnización de daños por violación a la Ley de Defensa al Consumidor, si se verifica que el titular del juzgado mercantil desestimo una recusación sin causa deducida por el accionante, pues tal desestimación constituyo ejercicio de la potestad de juzgar que implico Asunción del pleito”.

 

“Veiga, Clelia c/ Valmar S.A. s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala D. Rotman - Cuartero – Alberti. 10/12/97

 

 

53.32. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Derecho procesal. Competencia ordinaria. Competencia en razón de la materia. Competencia Civil. Daños y perjuicios. Hechos ilícitos. Defensa del consumidor.

 

“Si se demanda el resarcimiento de daños y perjuicios derivados de hechos ilícitos -en el caso, violación a la ley de defensa del consumidor, por responsabilidad de un supermercado, en virtud de contaminación alimenticia-, corresponde que sea la Justicia Nacional en lo Civil quien conozca en el caso, con independencia de que resulten o no aplicables las disposiciones de la Ley 24240, o de la relación de estas con normas del derecho mercantil (DL 1285/58,ref. por Ley 23637: 43-b). En igual sentido: "Ocampo, Juan Carlos c/ Cica sa alimenticia s/ Ord.", Sala C, 16.9.98, dictamen fiscal 79293; "Prassino, Estela c/ Benvenuto Saci s/ Sumarisimo", Sala A, 26.2.99).

 

“Larche, Isabel c/ Industrias Alimenticias Mendocinas Alco s/ Sumarisimo”. Cámara Comercial: Sala C. Di Tella – Caviglione Fraga – Monti. 12/11/97

 

 

53.33.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Competencia. Daños y perjuicios. Responsabilidad por productos elaborados. Demanda interpuesta contra el fabricante y el vendedor.-

 

“Promovida una acción por violación a la Ley 24240 de defensa del consumidor, contra el fabricante y el vendedor de los productos que estarían contaminados, corresponde que entienda la justicia comercial, en tanto el art. 3º de la Ley 24240 y el art. 4º de la Ley 22262, de defensa de la competencia y lealtad comercial establecen la competencia mercantil en la materia.-

 

“Herrera, Zulema Z. c/ Silvia Sacifa s/ Daños Y Perjuicios. C. H254028. Civil - Sala H”. 99/03/11

 

 

53.34. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. COMPETENCIA. Daños y perjuicios. Responsabilidad por productos elaborados.-

 

“Corresponde intervenir al fuero comercial en la acción de daños y perjuicios enderezada contra el fabricante del producto adquirido, cuya supuesta deficiencia motiva el reclamo. Ello en razón de que la cuestión queda enmarcada en el ámbito de los derechos del consumidor, esto es, en la responsabilidad  por productos elaborados actualmente regulada en el art. 40 de la Ley 24240 introducido por la Ley 24999, cuyas pautas se integran con la Ley 22262 que atribuye competencia a dicho fuero para conocer en las acciones civiles que resulten de ese cuerpo normativo”.-

 

“COCCHI, Miguel Angel A. c/ INDUSTRIAS PENTAGONO DE CONFIABLES S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

C. I007709, Civil - Sala I”. 29/04/99

 

 

Ver Jurisprudencia: 2.4., 36.2., 40.24., 45.1., 52.4., 52.6., 52.10., 52.11., 52.13., 52.14., 55.5.,

 

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