Lunes, 23 Octubre 2017

ART. 55 - [LEGITIMACIÓN]
Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.

Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita.

(Artículo sustituido por art. 28 de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008)

 

REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO 1798/94
Se crea el REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES las que, para funcionar, deberán estar inscriptas en el mismo.

 

Jurisprudencia

 

55.1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.Derechos de Incidencia Colectiva - Eximición de Costas - Beneficio de Litigar Sin Gastos. El trámite del proceso por beneficio de litigar sin gastos habrá de sustanciarse, en tanto la previsión de justicia gratuita de la Ley 24.240 no implica la eximición de costas.

 

1.-Corresponde continuar con el proceso iniciado y revocar el decisorio que declaró abstracta su tramitación y archivo. Si bien la norma dispone que las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita, ello no se traduce en la concesión de un bill de indemnidad para las asociaciones de consumidores y usuarios, dado que éstas, una vez que encuentren habilitada gratuitamente la jurisdicción, deberán atenerse a las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas, de cuyo pago sólo podrán eximirse si cuentan con una sentencia firme que les acuerde la franquicia para litigar sin gastos.

2.-Corresponde revocar la sentencia de grado la cual tras considerar lo dispuesto por el art. 55, segundo párr., de la Ley 24.240 (modif. Ley 26.361) -según el cual, las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de `justicia gratuita´-, declaró abstracta la tramitación del presente incidente y ordenó su archivo, dado que las asociaciones de consumidores y usuarios, una vez que encuentren habilitada gratuitamente la jurisdicción, deberán atenerse a las vicisitudes del proceso, incluida la condena en costas.

3.-El beneficio de gratuidad y el de litigar sin gastos son dos institutos que, si bien reconocen un fundamento común, tienen características propias que los diferencian. Así,`justicia gratuita´ se refiere al acceso a la justicia, a la gratuidad del servicio de justicia que presta el Estado, que no debe verse conculcado con imposiciones económicas, y que constituyó uno de los principales reclamos desde la sanción de la Ley. Pero una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluido el pago de las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de justicia, de carácter alimentario, por ese motivo corresponde disponer la continuación del trámite de la causa y revocar el decisorio que declaró abstracta su tramitación y archivo”.

 

 “Adecua c/ Banco Macro S.A. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sala:D. 3/04/09.

 

 

55.2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.Asociaciones de Protección del Consumidor - Interpretación y Aplicación de la Ley - Principio De Acceso a la Justicia - Defensa del Consumidor - Irretroactividad de la Ley - Beneficio de Litigar Si Gastos

 

a.-No habrá de aplicarse retroactivamente las disposiciones de la Ley 26361, sino su efecto inmediato que la hace operativa sobre una relación jurídica no consumada al tiempo de su entrada en vigencia. En la especie, se está en presencia de una situación legal en curso cuyas consecuencias quedan alcanzadas por la reforma introducida a la Ley 24420 (CCIV.: 3). En consonancia con lo anterior, para la solución del sub lite, cabe atenerse a la innovación introducida por el art. 28 de la Ley 26361 en el nuevo art. 55, LDC, que impone derechamente el beneficio de gratuidad a las acciones colectivas promovidas por asociaciones de consumidores, sin necesidad de otra valoración para la concesión de tal franquicia

b.-Cabe admitir el recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución recurrida y reconocer a la asociación accionante el beneficio de justicia gratuito, eximiéndola del pago del impuesto de justicia -tasa- atento la modificación introducida por la Ley 26361 a la Ley de Defensa del Consumidor. Asimismo, habrá de concedérsele la franquicia solicitada en este beneficio de litigar sin gastos respecto a las costas del proceso principal en tanto, los balances evidencian una situación económica cuya endebles no permite, prima facie, afirmar la capacidad de afrontar los honorarios finales del proceso principal. Así las cosas, todos los antecedentes denunciados denotan que aquélla no se encontraba, al menos al tiempo de promover esta acción, en condiciones de afrontar la tasa de justicia, ni mucho menos para solventar las costas del proceso que entabló contra el banco accionado. Último extremo que resulta decisivo para juzgar procedente la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con los alcances establecidos en el art. 84 CPCCN.

c.-En tanto existen diferencias de concepto entre los términos beneficio de justicia gratuita -que emplea la Ley 26361- y beneficio de litigar sin gastos, ha de establecerse que, mientras litigar sin gastos abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasas y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término justicia gratuita refiere indudablemente al acceso a la justicia, que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. Por lo tanto, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido, a los avatares del proceso, incluidas las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario.

d.-Un análisis semántico revela diferencias entre ambos conceptos: mientras que litigar sin gastos abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasas y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término justicia gratuita refiere indudablemente al acceso a la justicia, que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. Por lo tanto, una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido, a los avatares del proceso, incluidas las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de la justicia, de carácter alimentario. Con base en todo ello, debe entenderse que la LDC sólo determina la eximición del pago de la tasa de justicia.

e.-La Ley 26361, resulta modificatoria de la Ley 24240 y, en lo que aquí interesa en su artículo 28 -que sustituyó el art. 55 de esta última norma-, en punto a que “Las acciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley. Las acciones iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”. Por lo tanto, la incorporación de esta disposición al nuevo artículo de la LCD -que también alcanza a las acciones judiciales iniciadas por las asociaciones de consumidores y usuarios en defensa de intereses colectivos, importa la concesión de un beneficio de justicia gratuita, que difiere del instituto de Beneficio de Litigar sin gastos, el cual también fue peticionado por la asociación accionante.

f.-Corresponde diferenciar los términos: “beneficio de justicia gratuita” -que emplea la Ley 26361- y “beneficio de litigar sin gastos”, pues si bien los institutos antedichos reconocen un fundamento común, revisten características propias que los distinguen entre sí. Y atendiendo el caso previsto para el derecho laboral, es de estimarse que no resultaría equitativo conceder una mayor protección al consumidor que al trabajador, pues ello afectaría el principio de igualdad de la CN. (art. 16). Desde esta perspectiva interpretativa y normativa, otorgar al consumidor la misma protección que al trabajador, limitada a la exención del impuesto de justicia para acceder a la justicia, resulta ya suficiente garantía tuitiva por parte del legislador. Con base en todo ello, debe entenderse que la LDC sólo determina para las acciones del tipo que aquí se debate la eximición del pago de la tasa de justicia, contexto en el cual ha de entenderse el término justicia gratuita.

g.-La concesión del beneficio de litigar sin gastos permite que el solicitante se aparte del principio general de afrontar el pago, no sólo de la proporción inicial de la tasa de justicia, sino también de las costas que le pudieren corresponder en caso de ser vencido o en la distribución prevista por el CPCCN.: 71.

h.- Si la requirente es una persona jurídica -asociación civil sin fines de lucro, en este caso, o bien una sociedad comercial, la concesión del beneficio de litigar sin gastos debe ser apreciada con mayor estrictez que en el supuesto de tratarse de una persona física. Como consecuencia de lo expuesto, al ser restrictiva su concesión en supuestos como el del sub lite, los medios probatorios anejados deben ser evaluados en un marco de extremada prudencia.

 

“Padec c/ Banco Río de La Plata S.A. s/ beneficio de litigar sin gastos”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sala: A. Uzal – Míguez - Kölliker Freís - Cardama   4/12/08

 

 

55.3. DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  Derecho  Procesal  Especial: Procesos de Conocimiento. Proceso Sumarísimo (art. 498). Amparo (CN 43). Rechazo "in  limine". Improcedencia. Asociación de Consumidores. Falta de Legitimación Manifiesta.

 

“No procede el rechazo "in limine" de la acción de amparo incoada por una asociación de consumidores, con fundamento en la falta de legitimación para obrar, toda vez que tal falta de legitimación no resulta manifiesta,  ya que si bien invocó la defensa de intereses colectivos, la certera determinación de los  alcances  de  la  acción resulta extremadamente dificultosa, pues requiere de un acabado análisis de la materia litigiosa, del derecho  aplicable a la cuestión (CN: 43 y Ley 24240, según Ley 26361) y de la prueba ofrecida, que no puede efectuarse válidamente en la instancia preliminar;  lo cual no implica emitir juicio sobre la procedibilidad  objetiva de la acción instaurada”.

 

“CEC Centro de Educación  al  Consumidor C/ CEMIC S/ Amparo”. Cámara Comercial: Sala E - Bargalló - Caviglione Fraga. 19/11/08

 

 

55.4.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Ley 24.240. Art. 52. Acciones judiciales. Telefonía móvil. Restitución de cargos indebidos. Tasa de control, fiscalización y verificación. Aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

 

“Corresponde ordenar a la empresa prestataria del servicio de telefonía móvil que restituya lo indebidamente cobrado a cada uno de los usuarios por los conceptos de “tasa de control, fiscalización y verificación” y de “aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal” con más los intereses que aplica para el caso de mora en el pago de las facturas, los que serán computados desde que cada suma es debida y cuya tasa no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la tasas activa para descuentos comerciales a treinta (30) días del Banco de a Nación Argentina del último día del mes anterior a la efectivización del pago. Asimismo deberá indemnizar al usuario con un crédito equivalente al veinticinco por ciento (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. Dicha devolución deberá realizarse a través de la facturación de cada usuario afectado y dentro de los 60 días de notificada la presente (art. 31 de la Ley 24.240). Por otra parte, resulta procedente ordenar a la Comisión Nacional de Comunicaciones que conmine a la prestataria y controle el cumplimiento del mecanismo de devolución implementado en plazo de 90 días y al Defensor del Pueblo -en carácter de colaboración- que a su vez era el contralor de lo actuado por la mentada Comisión e informe de su resultado al tribunal de origen, dentro del lapso de 20 días de concluido el plazo mencionado en primer término”.

 

“Unión de Usuarios y Consumidores c/ Movicom Bell South y otro –Art. 52, 53 y 55 s/ amp. proc. Sumarísimo (art. 321 inc. 2 CPCYC)”. C. NAC. CONT. ADM. FED., Sala IV, Uslenghi, Otero. 22/11/2007

 

 

55.5.  DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Beneficio de Litigar sin gastos - Personas de existencia ideal - Asociación de usuarios y consumidores. Concesión de la franquicia   

         

"La cantidad a la que asciende -$ 10.771 en concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias de los asociados, y $ 182.513,08 por diversos subsidios- no autoriza ni siquiera a presumir que esos ingresos le permitan efectuar erogaciones más allá de las necesarias para su subsistencia y adecuado funcionamiento. Es preciso en este sentido poner de resalto que la suma recibida por subsidios de organismos oficiales, importa un ingreso promedio de $ 3.041,89 mensuales en el lapso de los cinco años a los que se ha hecho referencia; y es dable recordar que, aun cuando pudiese sostenerse que la peticionaria tiene lo indispensable para su subsistencia y para perseguir los fines para los cuales ha sido creada, esta circunstancia no obsta a la concesión del beneficio que se pide (art. 78, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) ….Por ello, se resuelve: Conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado”.

 

D. 148. XXXVIII ORIGINARIO –   “De.U.Co. (Defensor de Usuarios y Consumidores Asociación Civil) c/ Neuquén, Provincia del y otros s/ acción de amparo (beneficio de litigar sin gastos)” – CSJN – Highton de Nolasco - Fayt - Petracchi -  Maqueda 20/03/2007  

 

 

55.6. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Asociaciones. Consumidores. Legitimación.

 

“En relación a la legitimación para accionar, el art. 55 de la Ley, le otorga a las asociaciones de usuarios, cuando resulten objetivamente afectados o amenazados los intereses de los consumidores, sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor prevista en el párrafo 2º del art. 58. (Cons. III)”

 

“Líneas Aéreas Privadas Arg. S.A. c/ Sec. de Com. e Inv., Disp. DNCI 328/98”. Causa nº 22.241/98. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala III, Mordeglia, Argento, 3/12/98.

 

 

55.7. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Asociaciones de consumidores, Legitimación.

 

“El artículo 55 de la Ley 24.240 legitima a las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados los intereses de los consumidores, pero tal apoderamiento no puede extenderse más allá del fin específico al que propende la asociación que se encuentra confinado al objeto social determinado”.

 

“Defensor del Pueblo de la Nación –Incidente- c/ E.N. P.E.N. –Dtos. 149/97 y 1167/97- s/ Proceso de conocimiento”. Causa nº 12.937/98. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala V, Gallegos Fedriani, Otero, Grecco, 26/5/98.

 

 

55.8. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Asociaciones de consumidores. Posibilidad que sean cooperativas.

 
“Lo que persigue la Ley es que las asociaciones de consumidores se constituyan como personas jurídicas (art. 55); que adopten la forma prevista en la Ley 20.337 no altera el objetivo trazado por el legislador. Por lo demás y aún cuando, por vía de hipótesis, se admitiera que la expresión “asociaciones civiles” contenida en el art. 57 de la Ley de la materia prevalece sobre el resto de las disposiciones del texto, no puede obviarse que dentro de la definición de asociaciones del art. 33 del C.C., se las concibe como “las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar”. Ello así, y no estando controvertido que los estatutos de la actora establecen que su única finalidad lo constituye la defensa de los consumidores en las formas previstas en el art. 56 de la Ley 24.240 –lo que acarrea asimismo que se encuentra impedida de realizar actividades comerciales o industriales –la interpretación asignada por la autoridad de aplicación, en tanto rechaza la inscripción con el único argumento concerniente a la forma asociativa empleada, traduce una solución disvaliosa que avanza sobre el espíritu con que la C.N. ha diseñado la intervención de las asociaciones que propendan a la defensa de los derechos de los consumidores, a la vez que se exhibe contrariando la directriz hermenéutica que impone dar efecto a la indudable intención del legislador (Fallos 234:482; 295:1001; 304:794), el que en ningún pasaje del debate parlamentario que precedió a la sanción de la Ley sugirió, siquiera mínimamente, un criterio que se muestre compatible con la postura restrictiva adoptada por el organismo demandado. Antes bien, no faltó oportunidad en que, si bien con relación a los derechos constitucionales, se expresó que una cosa es regularlo y otra oponerse prácticamente a que se ejerza dicho derecho de asociación que, se significó, es la actividad que vienen desarrollando las entidades de defensa, información y educación del consumidor (cfr. Exposición del Senador Aguirre Lanari, en Antecedentes Parlamentarios de la Ley 24.240, LL. T. 1995, Pág. 118)”.

 

“Consumidores Libres Coop. Ltda. de Prov. de Serv. Acc. Com. c/ E.N. -Mº de E. Y O.S.P. (Sec. Com. e Inv.). Nota SICM 403/97 s/ amparo ley 16.986”. Causa: 6627/97. C. NAC. CONT. ADM. FED. , Sala I, Coviello, Licht, 17/7/97.

 

Ver Jurisprudencia: 35.3.; 52.3.; 52.4.; 52.6; 52.9.; 53.5.,

 

Indice 

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