Lunes, 16 Mayo 2022

REESTRUCTURACIÓN TARIFARIA

(Gestión Duhalde)

 

Ver Reestructuracion Tarifaria- Kichner

LA RENEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

HASTA EL 25 DE MAYO DE 2003

La presente exposición respecto a la renegociación de los servicios públicos, ha sido elaborado en base a investigaciones, análisis, notas periodísticas de los principales diarios del país y otras fuentes consideradas responsables.

A efectos de fortalecer el movimiento de consumidores y usuarios en el proceso de renegociación y/o reestructuración tarifaría de los servicios públicos, lo invitamos a que nos envíe sus ideas, posiciones, comentarios o cualquier tipo de recomendación que pueda estimar.

Asimismo, debemos agradecer a nuestra Coordinadora e investigadora Teresa Marx y a nuestro Coordinador General Miguel Fernández Madero, por sus colaboraciones en forma incondicional y continua en la elaboración del presente documento.

Dr. Ricardo Nasio

Pte. de Proconsumer

 

I N D I C E   G E N E R A L

NORMATIVA:

a. Decreto 293/2002

b. Decreto 370/2002

c. Resolución 20/2002 ME

 

1. INTRODUCCION

2. INSEGURIDAD - AUMENTOS

2.1. AUMENTOS ESTACIONALES FUERA DE LA RENEGOCIACIÓN

2.2. AJUSTES ESTACIONALES: RESOLUCIÓN 53/2002 M.E. (ACLARACIÓN SOBRE LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN N° 38/2002)

3. PARTICIPACION DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

3.1. INICIO DEL PROCESO DE RENEGOCIACION SIN CONVOCAR A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y DESIGNACION DEMORADA DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

3.1.1. JORNADA NACIONAL EN DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

3.2. CARTA DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS AL PRESIDENTE, MINISTRO DE ECONOMIA Y DEMAS ACTORES DEL SECTOR

3.3. DESIGNACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

3.4. SEIS PUNTOS BASICOS

3.5. INTIMACIÓN A LA COMISIÓN, CON ACTA PROTOCOLAR, A QUE ENTREGUE DOCUMENTACIÓN.

3.5.1. EXITOSA MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA POR EL DR. CAPLAN

3.6. TARIFA SOCIAL

4. AUTORIDADES Y DEMAS INTEGRANTES DE LA COMISION

5. AUDIENCIAS PUBLICAS

6. BASES OFICIALES PARA LA RENEGOCIACION

7. COMBUSTIBLES

8. POSICIONES Y SITUACION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

8.1. La provisión de servicios de agua potable y desagües cloacales

8.2. Servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica

8.3. La provisión de transporte y distribución de gas

8.4. El servicio de telefonía básica (fija)

8.5. El transporte público automotor o ferroviario

8.6. Las concesiones viales con cobro a usuarios, incluidos los accesos a la ciudad de Buenos Aires

8.7. El sistema nacional de aeropuertos

8.8. El servicio portuario

8.9. El servicio postal

8.10.El servicio ferroviario de cargas

8.11.Las vías fluviales por peaje

 

ANEXO NORMATIVO Y JURÍDICO

d. Resolución 53/2002 ME

e. Resolución 58/2002 ME

f.  Decreto 577/2002

g. Resolución 64/2002 ME

h. Decreto 1534/2002

i.  Decreto 1535/2002

j.  Resolución 308/2002 ME

k. Decreto 1834/2002

l.  Decreto 1839/2002

m. Resolución 271/2002 OCCOVI

n. Fallo 24.09.02 de 1Instancia

ñ. Decreto 2437/2002

o. Inconstitucionalidad Decreto 2437/2002

p. Fallo Suspensión Decreto 2437/2002

 

NORMATIVA:

Antes de iniciar nuestros comentarios, creemos más que necesario, transcribir: a) el Decreto 293/2002 que da origen a la renegociación de los contratos de servicios públicos y a la creación de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos; b) el Decreto 370/2002 que establece que la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos será presidida por el Ministro de Economía e Infraestructura, designándose como Vicepresidente al Secretario Legal y Administrativo de dicho Ministerio. Integración de la Comisión. Representación de las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente registradas; y c) la Resolución 20/2002 que dicta las Normas de Procedimiento para la Renegociación de los Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos; Listado de contratos a los cuales se les deberá aplicar el procedimiento mencionado; y Elaboración de Guías de Renegociación Contractual para cada sector en particular.

Toda otra normativa referida a la Renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos ha sido incluida en el capítulo relacionado con las mismas y/o en el ANEXO NORMATIVO.

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a. Decreto 293/2002

MINISTERIO DE ECONOMIA Decreto 293/2002

Encomiéndase al citado Departamento de Estado la misión de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos. Alcances. Guía de Renegociación. Créase la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos.

Bs. As., 12/2/2002

VISTO la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8º de la citada ley establece que, a partir de su sanción, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio previsto en los contratos celebrados por la Administración Pública Nacional bajo normas de derecho público, incluyendo los de obras y servicios públicos.

Que por el artículo 9º de la Ley Nº 25.561, se autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar dichos contratos, estableciendo los criterios que deben seguirse en el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, a cuyo efecto deberá tomarse en consideración el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión —cuando estuvieran previstos contractualmente —, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.

Que el conjunto de los contratos a renegociar —incluidos los de obras y servicios públicos — abarca diversas áreas y contienen una gran diversidad de cláusulas y mecanismos contractuales de ejecución, tanto en lo que respecta a los derechos y obligaciones asumidos por las partes, como en lo relacionado con el régimen tarifario y pueden ser impactados por la reforma del régimen cambiario de diversas maneras, sea en lo relativo al sistema de fijación y reajuste de tarifas, a las deudas vinculadas con el sistema financiero en la plaza nacional o internacional, a los compromisos de inversión y ejecución de obras, al pago del canon, eliminación de subsidios, compensaciones tributarias, aduaneras o de cargas sociales, alícuotas diferenciales y otros aspectos.

Que corresponde arbitrar los recaudos necesarios para evitar que una inadecuada implementación del proceso de renegociación de los contratos, derive en importantes perjuicios para el Estado Nacional, o que puedan verse afectadas las prestaciones de los servicios públicos que constituyen el objeto principal de su actividad.

Que el éxito del proceso a encararse en materia de renegociación contractual, indudablemente constituye uno de los pilares para superar la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, declarada en el artículo 1º de la Ley Nº 25.561.

Que bajo tales razones resulta conveniente centralizar el proceso de renegociación de los contratos, a fin de adecuar la aplicación de criterios homogéneos por parte del Estado Nacional en todos los casos, como también para posibilitar que su tratamiento se realice en forma ordenada y rápida.

Que atendiendo a los motivos expresados, se considera apropiado encomendar al MINISTERIO DE ECONOMIA la misión de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.

Que resulta procedente establecer los lineamientos generales para las propuestas de renegociación contractual, debiendo contemplarse en la misma tanto las inversiones efectivamente realizadas como las demás obligaciones asumidas en los contratos.

Que para llevar a cabo el desarrollo del proceso, se estima conveniente la creación de una Comisión de Renegociación, que tendrá como finalidad asistir al MINISTERIO DE ECONOMIA en la tarea encomendada. Dicha comisión, integrada por los diversos sectores involucrados —entre ellos los usuarios y consumidores— podrá solicitar de los organismos dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL la colaboración temporaria de recursos humanos, así como también la provisión de la información necesaria.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades previstas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y por el artículo 9º de la Ley Nº 25.561.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Encomiéndase al MINISTERIO DE ECONOMIA la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos.

Se consideran servicios públicos alcanzados por la renegociación de los contratos los siguientes:

- La provisión de servicios de agua potable y desagües cloacales.

- El servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica.

- La provisión de transporte y distribución de gas.

- El servicio de telecomunicaciones de telefonía básica (fija).

- El transporte público automotor y ferroviario de personas, de superficie y subterráneo.

- Las concesiones viales con cobro a usuarios, incluidos los accesos a la ciudad de Buenos Aires.

- El sistema nacional de aeropuertos.

- El servicio portuario.

- El servicio postal.

- El servicio ferroviario de cargas.

- Las vías fluviales por peaje.

Dentro de las renegociaciones a efectuar, el MINISTERIO DE ECONOMIA deberá contemplar en el cuadro energético la situación en que se encuentra la comercialización de combustibles líquidos entre los que se incluye el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC).

Art. 2º — Las propuestas de renegociación contractual deberán elevarse al PODER EJECUTIVO NACIONAL dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia del presente Decreto.

El MINISTERIO DE ECONOMIA convocará a las empresas prestatarias y a las asociaciones de usuarios y de consumidores legalmente registradas, y a los entes de regulación y control, a fin de contar con su información y opinión.

La Comisión creada por el artículo 20 de la Ley Nº 25.561, para el cumplimiento de sus cometidos deberá ser permanentemente informada del trámite de la renegociación. En aquellos casos que versare sobre contratos celebrados en el marco de la Ley Nº 23.696, deberá darse también intervención a la Comisión Bicameral instituida por el artículo 14 de esa norma. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en e

l tercer párrafo del artículo 11 de esta última Ley.

Los acuerdos de renegociación alcanzados o en su defecto las recomendaciones de rescisión de los contratos de concesión serán suscriptos por el MINISTERIO DE ECONOMIA, ad referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, luego de lo cual serán elevados a la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por el artículo 20 de la Ley Nº 25.561, para que proceda a emitir su dictamen, el cual guardará carácter no vinculante, y, cuando corresponda, también deberá requerirse el dictamen de la Comisión Bicameral del artículo 14 de la Ley Nº 23.696.

Art. 3º — Se establecen como Guía de Renegociación a todos los efectos los criterios económicos definidos en el artículo 9º de la Ley Nº 25.561. Sin perjuicio de ello, deberán contemplarse en particular las inversiones efectivamente realizadas, así como las demás obligaciones comprometidas contractualmente.

Art. 4º — Créase la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, la que tendrá a su cargo el asesoramiento y asistencia del MINISTERIO DE ECONOMIA en la tarea que se encomienda por el presente decreto. La mencionada Comisión estará presidida por el señor Ministro de Economía o por quien él designare, e integrada por personas con sobrados antecedentes e idoneidad en la materia objeto de su misión y por UN (1) representante de las asociaciones de usuarios y consumidores involucradas —en cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional—, todos los cuales serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Las designaciones aludidas en este artículo deberán cumplimentarse dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos desde la puesta en vigencia del presente decreto.

Asimismo, la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos podrá requerir del concurso temporario de agentes de otros organismos centralizados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, sin que ello implique desafectación de las tareas inherentes al cargo en que dichos agentes revisten presupuestariamente. Los organismos afectados deberán prestar su colaboración suministrando los recursos humanos y la información que a dicho efecto les sean requeridos.

El MINISTERIO DE ECONOMIA podrá establecer dentro de su ámbito las modalidades organizativas y operativas necesarias para lograr el desarrollo de las acciones adecuadas a la misión asignada.

Art. 5º — El presente decreto comenzará a regir a partir del día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial.

Art. 6º — Comuníquese a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION creadas por el artículo 20 de la Ley Nº 25.561 y por el artículo 14 de la Ley Nº 23.696, respectivamente.

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Jorge M. Capitanich. — Graciela M. Giannettasio ".

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b. Decreto 370/2002

B.O. 27/02/02 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Decreto 370/2002 - Establécese que la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos será presidida por el Ministro de Economía e Infraestructura, designándose como Vicepresidente al Secretario Legal y Administrativo de dicho Ministerio. Integración de la Comisión. Representación de las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente registradas.

Bs. As., 22/2/2002

VISTO la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen

Cambiario y el Decreto Nº 293 de fecha 12 de febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.561, en su Artículo 9º, autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Nacional bajo normas de derecho público, incluyendo los de obras y servicios públicos comprendidos en el Artículo 8º de dicha ley, estableciendo los criterios que deben seguirse en el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos.

Que en virtud de esta disposición legal, el Decreto Nº 293/02, encomienda al MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA la renegociación de los contratos alcanzados por las previsiones del Artículo 8º de la Ley Nº 25.561 que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos.

Que, asimismo, el Artículo 2º del referido decreto establece que los acuerdos de renegociación alcanzados serán suscriptos por el Ministro de Economía e Infraestructura ad referendum del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que a fin de coadyuvar al cumplimiento de los cometidos encomendados al MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA, el Artículo 4º del Decreto Nº 293/02 creó la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, para brindar al mencionado órgano ministerial el asesoramiento y asistencia que en cada caso requiera.

Que dado el plazo previsto por el Artículo 2º del citado decreto para elevar al PODER EJECUTIVO NACIONAL las propuestas de renegociación contractual, y la urgencia que impone la situación de emergencia pública declarada por la Ley Nº 25.561, resulta imperativo constituir la mencionada Comisión, y dar inicio al proceso previsto por el Artículo 9º de dicha ley.

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4º del Decreto Nº 293/02, la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS estará presidida por el Ministro de Economía e Infraestructura, o por quien éste designare, e integrada por personas con sobrados antecedentes e idoneidad en la materia objeto de su misión, los cuales serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que las personas propuestas por el Ministro de Economía e Infraestructura para conformar la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS reúnen las condiciones de antecedentes e idoneidad exigidas por el citado Artículo 4º del Decreto Nº 293/02.

Que atento que las decisiones que se adopten, en el marco de la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos que se llevará a cabo, involucrarán aspectos relacionados con las políticas y misiones asignadas a diversas Secretarías de Estado, se considera conveniente que la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS cuente con la participación de los titulares de las Secretarías jurisdiccionales correspondientes, a fin de que, en aquellas materias que se vinculen con sus competencias específicas, proporcionen los antecedentes y evaluaciones que cada caso requiera, y contribuyan a armonizar los criterios resolutivos que se sigan.

Que es también conveniente que participe la SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE LA PRODUCCION y el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION o el funcionario que al efecto designe.

Que en función de lo prescripto por el Artículo 4º del Decreto Nº 293/02, corresponde invitar a las asociaciones de usuarios y consumidores representativas involucradas a proponer al Ministro de Economía e Infraestructura UN (1) representante a fin de brindar su asistencia ante la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en aquellos asuntos que sean de su incumbencia.

Que a los fines previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 293/02 el MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA recabará de los Entes Reguladores de Servicios Públicos la información y opinión que resulten necesarias.

Que corresponde al MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA establecer, mediante el dictado de la respectiva resolución, las normas de funcionamiento interno de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS que por el presente se integra, así como las normas de procedimiento con ajuste a las cuales se llevará a cabo el proceso de renegociación previsto en el Artículo 9º de la Ley Nº 25.561 y la determinación de los contratos cuya adecuación resulte conveniente a los fines de dicho proceso.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de acuerdo con las atribuciones del Artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y las facultades acordadas por el Artículo 9º de la Ley Nº 25.561.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1º - La COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, será presidida, en carácter de Presidente de la misma, por el Ministro de Economía e Infraestructura, designándose como Vicepresidente al Secretario Legal y Administrativo del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA, quien reemplazará al Presidente de la Comisión en caso de ausencia o impedimento temporal.

Art. 2º - La COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se integrará con los siguientes miembros:

a) En carácter de Secretario y Coordinador General el Licenciado D. José Antonio BARBERO (L.E. Nº 8.406.433).

b) Los integrantes del Gabinete de Asesores del Area Servicios Públicos del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA: Ingeniero D. Guillermo CAPPADORO (DNI Nº 4.696.661); Ingeniero D. Jorge Osvaldo LOPEZ RAGGI (DNI Nº 4.852.948); Licenciado D. Carlos Américo BASCO (LE Nº 4.515.592) e, Ingeniero D. Alfredo DEBATTISTA (DNI Nº 17.124.891). El Ministro de Economía e Infraestructura podrá disponer el reemplazo de los miembros que integran el Gabinete de Asesores del Area Servicios Públicos del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA.

c) El Subsecretario de Energía, Doctor D. Alieto Aldo GUADAGNI (L.E. Nº 4.352.523); el Subsecretario de Transporte, Doctor D. Guillermo Carlos LOPEZ DEL PUNTA (D.N.l. Nº 16.574.359) ambos dependientes de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA; el Secretario de Comunicaciones del citado Ministerio; el Secretario de Obras Públicas de la PRESIDENCIA DE LA NACION; el Secretario de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor del MINISTERIO DE LA PRODUCCION.

Art. 3º - Invítase al Defensor del Pueblo de la Nación a designar un representante ante la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Art. 4º - Delégase en el MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA la formalización, mediante el dictado de la respectiva resolución ministerial, de la designación de UN (1) miembro que represente a las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente registradas. A tal fin, dicho Ministerio deberá solicitar a las mencionadas asociaciones que dentro del plazo que al efecto se fije, propongan a la persona que en representación de ellas integrará la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Art. 5º - El MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA dictará el reglamento de funcionamiento interno de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y las normas de procedimiento con ajuste a las cuales se llevará a cabo el proceso de renegociación previsto en el Artículo 9º de la Ley Nº 25.561, incluyendo la determinación de los contratos cuya adecuación resulte necesaria a los fines de dicho proceso.

Art. 6º - El presente decreto comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 7º - Comuníquese a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION creadas por el Artículo 20 de la Ley Nº 25.561 y por el Artículo 14 de la Ley Nº 23.696, respectivamente.

Art. 8º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DUHALDE. Jorge M. Capitanich. Jorge Remes Lenicov.

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c. Resolución 20/2002

B.O. 20/03/02 CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Resolución 20/2002 - ME – Apruébanse las "Normas de Procedimiento para la Renegociación de los Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos. Listado de contratos a los cuales se les deberá aplicar el procedimiento mencionado. Elaboración de Guías de Renegociación Contractual para cada sector en particular.

Bs. As., 18/3/2002

VISTO el Expediente Nº 001-000927/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario y lo dispuesto por los Decretos Nros. 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y 370 del 22 de febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 293 del 12 de febrero de 2002, el PODER EJECUTIVO NACIONAL encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA, llevar adelante la renegociación de los contratos celebrados por la Administración Pública que tengan por objeto la prestación de obras y de servicios públicos, en los términos del Artículo 8º de la Ley Nº 25.561.

Que el Artículo 9º de la referida ley, fijó los criterios con ajuste a los cuales se llevaría a cabo la renegociación de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, tomando en consideración el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión -cuando estuvieran previstos contractualmente-, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas, y la rentabilidad de las empresas.

Que por su parte, el Decreto Nº 370 del 22 de febrero de 2002, determinó la integración de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS creada por el Decreto Nº 293/02, en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA, ámbito en el cual se llevará a cabo el proceso de renegociación de los contratos comprendidos en el Artículo 1º de este último.

Que el Artículo 5º del Decreto Nº 370/02, encomendó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA, el dictado del reglamento de funcionamiento interno de la citada Comisión, así como las normas de procedimiento con ajuste a las cuales se llevará a cabo el proceso de renegociación previsto en el Artículo 9º de la Ley Nº 25.561, incluyendo la determinación de los contratos cuya adecuación resulte necesaria a los fines de dicho proceso.

Que resulta necesario entonces, aprobar las referidas normas de procedimiento, encomendando a la referida Comisión la elaboración de las Guías de Renegociación que contendrán las pautas orientadoras para que las empresas presenten sus propuestas ante la misma para su posterior debate y consideración.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado en estas actuaciones la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para entender en la presente cuestión, en virtud de las previsiones de los Decretos Nros. 293/02 y 370/02.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVE:

Artículo 1º - Apruébanse las "Normas de Procedimiento para la Renegociación de los Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos" contenidas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 2º - Apruébase el "Listado de Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos" a los cuales se les deberá aplicar el procedimiento a que se refiere el artículo precedente, el que como ANEXO II forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 3º - Facúltase al Secretario Legal y Administrativo de este Ministerio, a incorporar otras contrataciones celebradas con otros sujetos, a las ya enumeradas en el citado Anexo II, siempre que reúnan similares características.

Art. 4º - La COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS elaborará, con ajuste a las normas que se aprueban por el Artículo 1º de esta resolución, las Guías de Renegociación Contractual para cada sector en particular, las que estarán destinadas a orientar la presentación de las propuestas de renegociación que las empresas efectúen, siguiendo los lineamientos generales allí establecidos, para un mejor tratamiento y consideración de las respectivas propuestas.

Art. 5º - La COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, comunicará a los sujetos alcanzados por la aplicación del régimen, el inicio del proceso de renegociación de los contratos comprendidos en el Anexo II de esta resolución, lo que tendrá lugar dentro de los DIEZ (10) días de la vigencia de la presente. Los acuerdos que al efecto se alcancen serán elevados a consideración del Ministro de Economía por la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA, para su firma ad-referendum del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Art. 6º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Jorge Remes Lenicov.

ANEXO I NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA RENEGOCIACION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARTICULOS 8º Y 9º DE LA LEY Nº 25.561

NORMAS BASICAS
1. OBJETIVO DE ESTAS NORMAS

2. LA RENEGOCIACION CONTRACTUAL HABILITADA POR LA LEY Nº 25.561
2.1 Objetivos y Alcance de la Renegociación
2.2 El Proceso de Renegociación
2.3. Organización Adoptada por el Gobierno

3. INFORMACION A PRESENTAR A LA COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
3.1. Descripción del Impacto Producido por la Emergencia
3.2. Resumen de la Situación Económico-Financiera Reciente
3.3. Evolución Contractual
3.4. Detalle del Endeudamiento
3.5. Propuestas para la Superación de la Emergencia
3.6. Presentación Inicial y Resumen Ejecutivo

4. PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION

5. RECORDATORIO

1. OBJETIVO DE ESTAS NORMAS
Las presentes normas básicas están destinadas a fijar las pautas generales del proceso de renegociación contractual habilitado por la Ley Nº 25.561, dando a conocer el enfoque general y los mecanismos de implementación adoptados para servir de guía a los concesionarios o licenciatarios de servicios públicos (en adelante, las Empresas) en el procedimiento a seguir ante la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos (en adelante, la Comisión).
El presente instrumento contiene las pautas orientadoras que -a modo de guía- deben seguir las presentaciones, explicando los procedimientos, plazos, mecanismos de consulta, y otros aspectos referidos a la mecánica general de este proceso. Su objetivo es brindar lineamientos generales, que podrán ser oportunamente complementados, en la medida en que el avance del proceso de renegociación indique la conveniencia de hacerlo. Inicialmente se precisan los objetivos y el alcance de la negociación, explicando las pasos del proceso y la organización que habrá de aplicar la Comisión para llevarlo adelante. Posteriormente se describe la información que se solicita presentar inicialmente a las Empresas, estipulando su contenido y formato. Finalmente se fijan los plazos y procedimientos a cumplir. Estos criterios serán utilizados como base en el procedimiento de renegociación en todos los casos. En la guías que se entreguen a las empresas se agregarán Anexos, que podrán variar de acuerdo con los diversos tipos de servicios, ajustándose a sus características específicas. Se entregarán guías con Anexos similares a aquellas Empresas que se vinculan con el Estado Nacional a través de contratos de características afines.

2. LA RENEGOCIACION CONTRACTUAL HABILITADA POR LA LEY Nº 25.561

2.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA RENEGOCIACION
La Ley Nº 25.561 autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar, con sustento en la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por su Artículo 1º, los contratos que tengan por objeto la prestación de obras y de servicios públicos, siguiendo para ello los criterios enumerados en su Artículo 9º.
Con base en la delegación de facultades operadas por imperio de dicha Ley que pone en ejercicio el poder de policía de emergencia del Estado, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la Comisión creada en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA por el Decreto Nº 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y determinada su integración por el Decreto Nº 370 del 22 de febrero de 2002, procederá a renegociar los Contratos de Concesión de Obras y de Servicios Públicos en ejecución, afectados por la emergencia y por el nuevo régimen cambiario, en la medida de dicha afectación, con el alcance establecido en el artículo 9º de la Ley.
Constituye un objetivo primario de este proceso, procurar, en la medida de las posibilidades y con el criterio de sacrificio compartido, adecuar de común acuerdo los contratos de concesión o de licencia, durante el período de emergencia y hasta tanto sea superada dicha situación, sin introducir cambios estructurales, a efectos de preservar la vida del contrato y las condiciones originariamente pactadas con miras a su restablecimiento futuro.
El período que abarque la emergencia previsiblemente requerirá ajustes en el corto plazo, a fin de adaptar la ejecución de los contratos al desenvolvimiento del conjunto de la economía, esperando que en un escenario de recuperación sostenida dentro de los próximos DOS (2) años - que es la duración de la emergencia que establece el Artículo 1º de la Ley Nº 25.561- sea posible para las partes asumir compromisos que involucren el mediano y largo plazo. Se deberán reordenar paralelamente los cronogramas de los procesos de revisión tarifaria actualmente en marcha, en los casos en que corresponda. Las características del escenario de corto

plazo podrán demandar revisiones periódicas de los parámetros tenidos en cuenta para la readecuación de las condiciones contractuales durante la situación de emergencia.
2.2 El Proceso de Renegociación
2.2.1. Pasos y plazos
El esquema adjunto resume los pasos y plazos del proceso de renegociación. Su fecha de inicio es el 1º de marzo, completándose dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días que establece el Decreto Nº 293/02. Cabe destacar que la renegociación incluye numerosos contratos, por lo que los plazos de inicio y terminación de cada etapa pueden diferir según los casos.
La Primera Fase incluye la preparación de las normas básicas y guías a ser aplicadas por la Comisión, una convocatoria a las Empresas para mantener conversaciones informales e incorporar sus comentarios, y la entrega y explicación de las guías a las Empresas. A fin de acelerar el proceso, las Empresas serán invitadas agrupando a aquéllas que mantienen contratos similares.
En la Segunda Fase las empresas prepararán sus presentaciones, proveyendo una descripción del impacto que pueda haberles producido la emergencia, la consiguiente información de soporte y sus propuestas, las que serán presentadas por cada Empresa (en forma individual) ante la Comisión.
La presentación incluirá la documentación escrita, una presentación oral ante el equipo profesional de la Comisión, y un resumen ejecutivo en soporte magnético, que será oportunamente incluido en un sitio de Internet, formando parte de un mecanismo de diseminación de información y transparencia.
La Tercera Fase comprende las rondas de discusión mediante reuniones sucesivas, avanzando hacia la búsqueda de acuerdos. La Cuarta Fase comprende la consolidación de los acuerdos, la elaboración de actas de cierre y su elevación al MINISTERIO DE ECONOMIA.

2.2.2. Resguardo mutuo en el pedido de información a las empresas La información solicitada por la Comisión a las Empresas y las respuestas brindadas a las consultas que hicieren eventualmente las mismas, no implicará ni deberá entenderse como cesión o renuncia de ningún derecho o acción que el Estado pudiere tener respecto de los contratos o licencias, ni como reconocimiento de ningún derecho hacia las Empresas. Asimismo, la información brindada por las Empresas en el proceso de renegociación y las propuestas que éstas eventualmente realicen, no supondrá en ningún caso la renuncia a derechos que pudiere corresponderles de acuerdo a derecho, ni el reconocimiento hacia el Estado de ningún derecho por el hecho de su información o propuestas. 2.2.3. Responsabilidad en la información De acuerdo con la importancia del proceso de renegociación que se inicia, la información que brinde cada empresa deberá estar suscripta por persona autorizada a representarla legalmente según sus documentos contractuales o estatutarios, y deberá expresar la autenticidad de dicha información. Sin perjuicio de ello, la Comisión se reservará el derecho de validar la información recibida por los procedimientos que considere apropiados.

2.3. Organización Adoptada por el Gobierno El Decreto Nº 293/02 encomienda al MINISTERIO DE ECONOMIA la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos. En su Artículo 4º crea la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, presidida por el Ministro de Economía. El Decreto Nº 370/02 determina la integración de dicha Comisión, designando como Vicepresidente al Secretario Legal y Administrativo del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA, e incorporando un Secretario y Coordinador General, a los integrantes del Gabinete de Asesores del área de Servicios Públicos de dicho Ministerio, a los Secretarios de las áreas correspondientes (Energía, Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas), al Secretario de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, al representante que designe el Defensor del Pueblo de la Nación y a un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores.

La Comisión de Renegociación funcionará de acuerdo con las normas establecidas en su Reglamento Interno, manteniendo la estructura que se presenta en el gráfico adjunto. En términos generales, la conducción superior de la Comisión tendrá a su cargo las definiciones estratégicas del proceso de renegociación, haciendo un seguimiento permanente de su tarea. Los equipos de trabajo tendrán a su cargo las tareas de tipo operativo, llevando a cabo en forma directa las negociaciones con las Empresas.

3. INFORMACION A PRESENTAR A LA COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Para llevar a cabo el proceso de renegociación, se solicita a las Empresas que presenten la información de acuerdo con las pautas que al efecto establezcan las respectivas Guías. Con ello se procura facilitar el posterior procesamiento por parte de la Comisión, dada la brevedad de los plazos disponibles. Las Empresas podrán agregar en anexos adicionales toda otra información que consideren relevante y que no haya sido requerida en esta Guía. La Comisión podrá oportunamente requerir información adicional, que no haya sido requerida en las Guías.

La información que se solicita inicialmente es la que se detalla a continuación:

3.1.

Descripción del Impacto Producido por la Emergencia

3.2.

Resumen de la Situación Económico-Financiera Reciente

3.3.

Evolución Contractual

3.4.

Detalle del Endeudamiento

3.5.

Propuestas para la Superación de la Emergencia

3.6.

Presentación Inicial y Resumen Ejecutivo

3.1. Descripción del Impacto Producido por la Emergencia
Se solicita a la Empresa presentar una explicitación circunstanciada de la afectación directa e inmediata que -a su juicio- la emergencia económica pueda haber tenido sobre las obligaciones en curso de ejecución. Se sugiere que las posibles afectaciones sean ordenadas de acuerdo con las siguientes categorías:
- Sobre los ingresos y los mecanismos preexistentes para la actualización de tarifas
- Sobre los costos operativos
- Sobre las inversiones futuras y en curso de ejecución
- Sobre el endeudamiento
- Sobre los compromisos de pago con el Estado Nacional
- Otras afectaciones

3.2. Resumen de la Situación Económico-Financiera Reciente
Se solicita a la Empresa información básica sobre su situación económico-financiera correspondiente a los TRES (3) últimos ejercicios, incluyendo:
- Flujo de fondos
- Balance general
- Estado de resultados

Mediante anexos se podrán adjuntar las pautas y formularios correspondientes.

3.3. Evolución Contractual
Se solicita la información sobre:
a) Las modificaciones incorporadas al contrato original, si

es que las hubo, y los procesos de renegociación o redefinición de pautas del contrato que se encuentren actualmente en curso.
b) Las revisiones tarifarias que tuvieron lugar a lo largo de la concesión o licencia, y las que se encuentren en curso.
c) El grado de cumplimiento del contrato, expresado a través de indicadores relevantes.
d) La calidad del servicio brindado a los usuarios, los mecanismos de monitoreo implementados por la Empresa y los resultados alcanzados.

3.4. Detalle del Endeudamiento
Se solicita información respecto al endeudamiento contraído por la empresa concesionaria o licenciataria que se encuentra actualmente vigente, ordenado de acuerdo con la categoría de los acreedores, la naturaleza interna o externa de la deuda, el tipo de entidad financiera involucrada, montos, plazos, la aplicación del endeudamiento a la ejecución del contrato o licencia, y otras características relevantes de la deuda.

3.5. Propuestas para la Superación de la Emergencia En este punto se solicita a las Empresas:
a) Que presenten sus propuestas para compensar las eventuales afectaciones descriptas en el punto 3.1. Las Guías contendrán pautas e indicadores a tener en cuenta para la presentación de dicha propuesta, de manera tal de procurar que el esfuerzo en su tratamiento y consideración se encamine hacia aquéllas cuestiones susceptibles de ser incluidas en los futuros acuerdos, por encontrarse comprendidas en la situación de emergencia, sin que ello implique una limitación a los derechos de las empresas.
b) Que cuantifiquen el impacto que esperan que produzcan sus propuestas, de acuerdo con los lineamientos que se detallen en los anexos.

3.6. Presentación Inicial y Resumen Ejecutivo
En este punto se solicita a la Empresa:
a) Que en el plazo que se establece en el Capítulo 4 realice una presentación resumida de la información contenida en los puntos 3.1 a 3.5., a ser expuesta en forma oral, y con soporte gráfico, ante los equipos técnicos de la Comisión.
b) Que presente un resumen ejecutivo de la información contenida en los puntos 3.1. a 3.4., en soporte magnético, y una relación de la información contenida en dichos puntos, también en soporte magnético, que pueda ser dada a conocer al público a través de un website que se habilitará a esos efectos.

4. PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION
Respecto a la documentación detallada en el Capítulo 3:
- El plazo que se propone para su presentación es de DIEZ (10) días hábiles a partir de la entrega de la guía correspondiente. Ante el pedido de la Empresa, la Comisión podrá acordar la prórroga del plazo.
- La documentación escrita será presentada en TRES (3) copias, en la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA, sita en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Oficina 505.
- La exposición oral será presentada ante los equipos técnicos de la Comisión, en Paseo Colón 185, Piso 4º, Oficina 401. La Comisión establecerá los requerimientos técnicos y cualquier otro aspecto operativo, fijando un mecanismo de consulta que permita salvar dudas o formular aclaraciones respecto de la presentación de propuestas, lo que será establecido en las respectivas guías.

5. RECORDATORIO
Cabe reiterar el Artículo 10 de la Ley Nº 25.561: "Las disposiciones previstas en los artículos 8º y 9º de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones."

ANEXO II

LISTADO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000
AGUAS ARGENTINAS S.A.
AMERICA LATINA LOGISTICA- CENTRAL S.A.
AMERICA LATINA LOGISTICA- MESOPOTAMICA S.A.
AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELAS S.A.
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
BACTSSA
CAMINO DEL ABRA S.A.
CAMINOS DEL OESTE S.A.
CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
CAMINOS DEL VALLE S.A.
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
CAMUZZI GAS PAMPEANO S.A.
CONCANOR S.A.
CORREO ARGENTINO S.A.
COVIARES S.A.
COVICENTRO S.A.
COVICO U.T.E.
COVINORTE S.A.
DISTROCUYO S.A.
EDELAP S.A.
EDENOR S.A.
EDESUR S.A.
FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.
FERROSUR ROCA S.A.
FERROVIAS S.A.C.
GAS CUYANA S.A.
GAS DEL CENTRO S.A.
GAS NATURAL BAN S.A.
GASNOR S.A.
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
HIDROVIA S.A.
LITORAL GAS S.A.
METROGAS S.A.
METROVIAS S.A.
NEA MESOPOTAMICA S.A.
NUEVAS RUTAS S.A.
NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.
PUENTES DEL LITORAL S.A.
RED VIAL CENTRO S.A.
RUTAS DEL VALLE S.A.
SEMACAR S.A.
SERVICIOS VIALES S.A.
TELECOM S.A.
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
TERMINAL 4 S.A.
TERMINALES PORTUARIAS ARGENTINAS S.A.
TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A.
TRANSBA S.A.
TRANSCOMAHUE S.A.
TRANSENER S.A.
TRANSNEA S.A.
TRANSNOA S.A.
TRANSPA S.A.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A.
TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A.
TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN S.A.
TRENES DE BUENOS AIRES S.A.
VIRGEN DE ITATI S.A.

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1. INTRODUCCION

Debido al impacto de la devaluación en los servicios públicos, la Comisión de Renegociación de los contratos de Obras y Servicios Públicos fue instrumentada por los Decretos 293 y 370/2002 en la misión de llevar a cabo dicho proceso con el procedimiento establecido en la Res. ME 20/2002. En principio, debían  evacuar para julio de este año dictamen sobre la reestructuración de las tarifas, en el entendimiento que las mismas se deben adaptar a la Ley de Emergencia Pública, que ha modificado la convertibilidad e imposibilitado la indexación de dichas tarifas.

Ante ello, la normativa señalada le confería  a la Comisión emitir dictamen sobre la reestructuración tarifaría de las empresas de provisión de agua potable y desagües cloacales; de distribución y comercialización de energía eléctrica; provisión de transporte y distribución de gas; de telecomunicaciones de telefonía básica (fija); transporte público automotor y ferroviario de personas, de superficie y subterráneo; concesiones viales con cobro a usuarios, incluidos los accesos a la ciudad de Buenos Aires; servicio portuario; servicio ferroviario de cargas ; vías fluviales por peaje; Sistema Nacional de Aeropuertos y de servicio postal.

Respecto a estos dos últimos sistemas, donde se incluyen específicamente en las normativas, es decir  los contratos de concesión de AA2000 y de Correo Argentino que se debían renegociar ante el mayúsculo canon que ambas adeudan, a posteriori se las excluyo de la Comisión como se podrá observar ver más adelante.( ver punto 8.Posiciones y Situación de las empresas de servicio público:8.7 El sistema nacional de aeropuertos.8.9 El servicio postal)

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2. INSEGURIDAD - AUMENTOS

Si bien las tarifas se encuentran estables y en pesos, debemos vigilarlas rigurosamente. En efecto, pese a la tutela de la ley de Emergencia Pública, el Correo Argentino incrementó ,desde principio de año, los precios del 4 al 25 % a los servicios que tienen tarifa libre por contrato (cartas simples a América de $ 1,25 a $ 1,75 y en los envíos a Europa- Asia- Africa, aumentó, en enero de 2002, de $ 1,50 a $ 2,55; mientras que en el mes de marzo de ese mismo año el envío de cartas que pesan 20 grs. subió a $ 3; y recién en octubre a raíz de denuncias de asociaciones  de consumidores entre ellas ADECUA ante la CNC se logra al menos que la carta simple siga costando  O,75 ctv.). Otro claro ejemplo de abuso lo constituye el aumento unilateralmente decidido, y que rige a partir de la segunda quincena del mes de enero del 2002, aplicado por parte de Autopistas del Sol, empresa que en base a las cláusulas de ajuste en dólares estadounidenses, aumentó el costo del peaje de $ 1,70 a $ 1,90, pese a estar prohibido dicho aumento por el art. 8° de la Ley 25.561; como así también el reciente aumento en el servicio telefónico a los usuarios de tarjetas prepagas y de líneas de consumo controlado que aplicó Telecom. Y si sumamos las últimas suspensiones de los servicios de colectivos y trenes a partir de la Semana Santa, que solo castigaban los usuarios, veremos que son medidas que en su mayoría se permitían imponer sin informar previamente al público en general. Nos encontramos con que desde el inicio del proceso de revisión tarifaria, ya se daban el lujo de vulnerar los intereses económicos y demás derechos de los usuarios de servicios públicos con cuestionamientos e incrementos ilegales que deben ser insertados en el conjunto de la renegociación.

Evidentemente la inseguridad jurídica de los usuarios se agravó aún más desde fines de marzo del 2002, ante el inicio por parte de las empresas privatizadas de una fuerte presión contra el gobierno para que les autorice un aumento de tarifas, basándose en el repunte del dólar y la suba de los precios internos. A mediados de abril de ese año, las compañías hacen sentir su fuerte presión al gobierno, señalando que la falta de recursos provocará un deterioro en los diferentes servicios: v.g. cortes de energía, menos cañerías nuevas de agua y gas, demoras en la atención de los centros telefónicos, etc.; que únicamente se solucionaría con el aumento de tarifas.

No a las Audiencias Públicas. Así lo expresaba públicamente, el entonces coordinador de la Comisión Licc. Barbero, que  consideraba que los usuarios tenían su intervención a través del representante de las asociaciones de consumidores en la comisión, y porque al presentar las empresas sus informes sobre su situación –exceptuando las propuestas sobre las tarifas- los mismos se iban a conocer a través de Internet y al que tendrían acceso los consumidores (léase solo consumidores internautas).

Aclaramos que, al 19 de abril del 2002, Barbero nada ha hecho de lo que precedentemente que manifestaba en los primeros días de marzo.

Con respecto a las Audiencias Públicas, el 26 de marzo del 2002 los diputados del Frente para el Cambio Alicia Castro y Alfredo Villalba interpusieron una acción de amparo ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo de Liliana Heiland, para que el Poder Ejecutivo se abstenga de autorizar y/o disponer cualquier renegociación de los contratos con las prestatarias de los servicios públicos privatizados hasta tanto se celebren Audiencias Públicas con la participación de los usuarios y vecinos.

En la presentación, los legisladores le solicitaron a la juez que como medida cautelar, disponga "no innovar" hasta que en el expediente se dicte sentencia definitiva y ordene una "audiencia pública" en la que estén representados los usuarios.

Dijo la diputada Castro: "La renegociación contractual abierta por el gobierno nos coloca a las puertas de un nuevo aumento tarifario que profundizará el deterioro del salario ya seriamente afectado por el proceso inflacionario desatado a partir de la devaluación del peso".

Los accionantes sostuvieron que "los usuarios tenemos el derecho a ser oídos previamente a toda renegociación contractual" y que "el aumento tarifario afectará la competitividad de nuestra economía y profundizará la regresividad en la distribución del ingreso".

Audiencia Pública del Gas: Ajena a la renegociación, se debatieron en audiencia pública el 30 de abril del 2002, las tarifas del gas respecto a los aumentos estacionales.

Anteriormente : En la Secretaría de Energía se creía que será prácticamente imposible realizar un aumento de tarifas en los servicios de gas y electricidad debido a la crisis que se desató el 23 de abril del 2002tras la renuncia del Ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov. Los aumentos estaban previstos para el 1° de mayo, pero todo indica que quien asuma el Ministerio de Economía no se animaría a presentar entre sus primeras medidas un aumento del gas y la luz.

El argumento es que como dichos ajustes corresponden al precio mayorista de la energía en el caso de la luz, y al precio del gas en boca de pozo, deberán verse en conjunto con el ajuste de los márgenes de transportistas y distribuidoras. En resumen, se cree que recién en cuatro meses se definirán ajustes para los tres factores que inciden en la tarifa: materia prima, margen de transportista y margen del distribuidor. El objetivo sería considerar esas subas en conjunto para que el usuario no se sufra varios ajustes seguidos. El plan sería volver a la resolución del Ministerio de Economía que prohibía cualquier tipo de aumentos de tarifas que luego fue modificada para permitir los aumentos estacionales de luz y gas.

El 6 de julio 02 las empresas de servicios públicos privatizados y las entidades de defensa del consumidor coincidieron en que la mejor manera de definir los ajustes es mediante una audiencia pública y rechazaron la consulta por Internet propuesta por el Ministerio de Economía la semana anterior para definir el ajuste tarifario. La intención de Economía era evitar la politización del proceso. Sin embargo las empresas no están de acuerdo y así lo manifestaron en una reunión que mantuvieron con el coordinador de la comisión renegociadora, Miguel Sanguinetti, los representantes de Metrogas, Gas Natural BAN, Camuzzi, TGN, TGS, Litoral Gas.

Para los empresarios el mecanismo elegido por el Ministerio carece de transparencia y es más lento y engorroso, ya que demandaría por lo menos 60 días. Un ejecutivo del sector gasífero argumentó que las audiencias están previstas por la ley; es un método probado y jurídicamente más seguro.

El 8 de julio 02 el Ministerio de Economía aseguró que se harán audiencias públicas. Al otro día cambió de opinión al hablar de "consultas públicas", lo que implica "audiencias para algunos casos y otros en los que los ajustes tarifarios saldrán en forma directa"

El 16 de agosto 02 las empresas privatizadas presentaron al gobierno sus pedidos de aumentos de tarifas que van del 10 al 70% y solicitaron una rebaja impositiva para aliviar el impacto de los aumentos en los sectores de menores recursos. La mayoría de las empresas prefirió no hacer públicos los aumentos solicitados.

Al otro día el presidente Duhalde dijo que "hablar de 60 o 70% de aumento es realmente absurdo". Reiteró que el proceso de renegociación "es legal y se realizará mediante audiencias públicas con participación de todos los sectores".

Los aumentos no se podrían hacer efectivos antes de noviembre de 02 ya que los entes reguladores deben realizar la convocatoria a audiencias públicas para la primera quincena de septiembre y también intervendría una comisión bicameral todavía no constituida. Las empresas privatizadas temen que una vez que estén establecidos los aumentos, la Justicia intervenga a pedido de alguna asociación de consumidores y dé lugar a amparos que obliguen a no innovar.

El gobierno sólo estaría dispuesto a otorgar un aumento de emergencia del 10% y sería escalonado: a mayor consumo, más ajuste.

Según un artículo del diario Clarín del 18 de agosto 02, la suba de tarifas aumentará de 6 a 20 pesos por mes el presupuesto familiar. El mayor impacto sería si el gobierno acepta aumentos del 30% y el menor, si los aumentos quedan en un 10%. Si se da esta última posibilidad, esos 6 pesos implicarían, anualmente, 2,5 días menos de consumo de un hogar promedio y 5 días de un hogar pobre.

Estos aumentos también influirán en el índice inflacionario. Si el ajuste que se autoriza a las empresas, incluyendo las de transporte, es del 10%, el impacto en el costo de vida será del 1,3%. Si por el contrario el aumento del 10% no incluye al transporte el impacto índice de precios al consumidor sería del 0,8%.

El 21 de agosto 02, tras revisar las presentaciones de las empresas solicitando aumentos, el gobierno decidió realizar nuevos requerimientos para lograr que todas las operadoras cuantifiquen el aumento, obtener una mayor cantidad de datos para homogeneizar los análisis y las comparaciones entre las empresas de un mismo servicio para establecer las grandes diferencias que se apreciaron en compañías de gas y luz que tienen una cantidad similar de clientes y casi los mismos gastos operativos. Según el diario Clarín, los pedidos de aclaración serían para los transportistas y distribuidores eléctricos, la mayoría de las gasíferas, Aguas Argentinas y todos los concesionarios ferroviarios.

Cuando la Comisión Renegociadora reciba la información adicional se la pasará la ministro Lavagna, quien le ordenará a los entes reguladores que convoquen a audiencias y consultas públicas. Luego está por verse la participación que tendrá el Congreso. Según una información aparecida en Clarín el 22 de agosto 02, el presidente Duhalde habría impedido la intención del Congreso de tener la última palabra en el aumento de tarifas. Cuando comenzaba la discusión en Diputados sobre un proyecto de ley que estipula que el Congreso decida sobre las tarifas, los teléfonos de los jefes de bloque sonaron. Del otro lado, Duhalde les pedía, según una fuente legislativa, que no avanzaran con el proyecto ya que el Fondo Monetario no avalaría una participación del Congreso en el tema de las tarifas. Sin embargo, los legisladores piensan que las presiones provinieron de las empresas para lograr mayores aumentos.

El 24 de agosto 02, mediante la Resolución 308, el ministro de economía, Roberto Lavagna resolvió suspender las sanciones que les corresponden a las empresas privatizadas cuando no cumplen con el nivel de calidad exigidos para la prestación del servicio. Según esa resolución no se les exigirá el pago de multas a los concesionarios que demuestren "razonablemente que el incumplimiento imputado se produjo en razón del impacto que sufriera en su desenvolvimiento económico-financiero a partir de las medidas dispuestas por la ley 25.561 y sus normas complementarias." Esto, según el diario Clarín, significa que las empresas que justifiquen que incumplen con los niveles de calidad exigidos a causa de la emergencia económica y el impacto de la devaluación no serán sancionadas.

Según el diario Ambito Financiero, la resolución 308 no releva a las empresas de la obligación que tienen de mantener la calidad de la prestación. Dicho medio sostiene que las multas no se dejan de percibir sino que se guardan para el momento en que las compañías reclamen por la ecuación económica de los contratos. Afirma también que la resolución establece que los organismos reguladores deberán seguir con las actuaciones de cada caso y si la multa resultante es de las que percibe el estado, no se cobrarán sino que pasarán al paquete de la revisión de contractual pero indica que cuando el incumplimiento derive en multas o bonificaciones a percibir por los usuarios, se seguirá el trámite normal.

Sin embargo, las asociaciones de consumidores consideramos que la resolución 308 "es un aumento de tarifas encubierto" porque por la misma plata los usuarios van a tener un servicio de menor calidad y anunciaron que recurrirán a la justicia para que la medida sea revisada.

Por su parte, el representante de los consumidores ante la Comisión de Renegociación de los Contratos, Ariel Caplan, afirmó que la mencionada resolución "no dice expresamente que las empresas pueden bajar el nivel de calidad porque sería inconstitucional, pero en la práctica se desprende que así va a ocurrir". También dijo que la nueva medida "le permite a las empresas discutir el motivo de sus incumplimientos. Y mientras se pone en marcha ese largo y engorroso proceso para averiguar si la culpa es de las empresas o de la devaluación la gente sufrirá las consecuencias del empobrecimiento de la calidad de los servicios". Agregó que "si antes de esta resolución las empresas privatizadas ya incumplían muchas obligaciones y el control del Estado ya era deficiente, ahora la situación se va a agudizar."

Las empresas privatizadas estimaron los últimos días de agosto 02 que no habrá aumentos de tarifas antes de fin de año. Consideran que la aprobación de los aumentos podría trabarse en el Congreso. A mediados de octubre deberían girarse la información a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado. Como no existe un plazo concreto para que se expidan los legisladores, las empresas calculan que el Parlamento se tomará como mínimo dos meses para emitir una opinión, con lo cual el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de definir los aumentos a fines de diciembre.

El 29 de agosto 02 a la madrugada fracasó por falta de quórum el tratamiento del proyecto de ley que otorga el carácter de vinculante al dictamen sobre las tarifas que emita el Congreso. Fuentes oficialistas y opositoras sostienen que la ausencia de los legisladores del recinto se generó desde la Casa Rosada. El presidente Duhalde y el ministro Lavagna habrían dejado en claro que el FMI se opone a una intervención del Congreso en el tema de las tarifas. El temor del Poder Ejecutivo y del Fondo Monetario es que si hay una ley en discusión al mismo tiempo que se aumentan las tarifas por decreto, lloverían pedidos de amparos ante la Justicia.

Los entes reguladores de electricidad, gas y agua y la Comisión Nacional de Comunicaciones fueron informados el 5 de septiembre 02 por el Ministerio de Economía que se realizarán las audiencias públicas para tratar "la recomposición tarifaria" pedida por las empresas privatizadas y que se publicarán en medios de circulación los avisos correspondientes a las audiencias de luz y gas que se realizarán el 26 y 27 de septiembre respectivamente.

El mismo día las asociaciones de defensa del consumidor expresaron su malestar en sendas reuniones en los entes de luz y gas por la desprolijidad de los procedimientos y porque el ministro Lavagna ya adelantó que los aumentos serán inferiores a los dos dígitos y que esto transforma el debate en una formalidad.

En los organismos reguladores hay malestar porque no se sabe qué rol les corresponde asumir. Tampoco se ha definido hasta la fecha quién debe ser el que presida las audiencias. En el gobierno se discute si la persona indicada para esa tarea es el titular de la Comisión Renegociadora, Miguel Sanguinetti o los presidentes de cada ente regulador. Sobre este tema, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino consideró que esto es una señal de que se quiere armar "una parodia y que nosotros la legalicemos con nuestra presencia". Según la opinión de Mondino y el de las asociaciones de consumidores quien preside la audiencia es quien sustancia las actuaciones y por ello quien debe presidir es la Comisión Renegociadora pero para que ello ocurra se necesita de un decreto que se viene demorando prorrogando la vigencia de la Comisión. Por otra parte, se debería convocar al representante de los usuarios en la Comisión, Dr. Caplan, e informarlo de lo que se va haciendo pero ello no ha ocurrido, según informaron las asociaciones de consumidores.

Al día de la fecha, 5 de septiembre 02, tampoco se conoce el reglamento en el que se basarán las audiencias.

El 6 de Septiembre 02, en su último día en el país, el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, John Thorton, reclamó al gobierno que se avance en el cronograma de aumentos de las tarifas públicas.

Este pedido se debe a dos razones:

Primero, para que haya un programa monetario definido y un presupuesto creíble, es necesario saber el impacto de esos aumentos sobre la inflación.

La otra razón se debe a que en el directorio del Fondo tienen mucho peso los representantes del Grupo de los Siete, países donde se encuentran las sedes centrales de las compañías privatizadas.

El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 1839 conocido el 18 de septiembre 02, prorrogó otros 120 días el plazo para que el Ministerio de Economía eleve una propuesta de renegociación para 57 contratos de servicios públicos. El plazo original había vencido a mediados de agosto. La norma también admite que las propuestas a elevar pueden ser enmiendas de carácter transitorio. De esta forma, Lavagna intentaría proteger los aumentos de tarifas urgentes y eludir la intervención del Congreso o la reacción adversa de la justicia. El ministro aseguró que la intención del gobierno es que el aumento de tarifas se produzca este año, "una cosa es la renegociación de contratos, que es un proceso a la largo tiempo, y otro es este ajuste de tarifas que es de emergencia". También estimó que de 8 a diez días después de las audiencias el gobierno decidirá los aumentos.

El Decreto 1834, también conocido el 18 de septiembre 02, establece que cuando una privatizada entre en concurso de acreedores o se le pida la quiebra, el Poder Ejecutivo no utilizará la cláusula contractual que permite rescindir el contrato ante estas circunstancias. Este decreto no incluye a Aeropuertos y al Correo pero da tranquilidad a otras empresas como algunas concesionarias de trenes que podrán declararse en convocatoria sin perder la concesión.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Ente Unico porteño y siete asociaciones de consumidores (Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, C.E.C, Cruzada Cívica, DUC, DEUCO y Unión de Usuarios y Consumidores) unificaron criterios el 17 de septiembre 02 en una reunión realizada en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Se presentarán a las audiencias públicas para rechazar el aumento de tarifas y exigir la renegociación de los contratos y la revocatoria de las concesiones en los casos de incumplimiento. Alicia Olivera, Néstor Vicente y Ariel Caplan anunciaron que si el gobierno no accede a renegociar los contratos, se iniciarán acciones judiciales. Caplan adelantó que los consumidores plantearán los casos de Aguas Argentinas, Trenes de Buenos Aires y Trenes Metropolitano.

El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dijo el 19 de septiembre 02, que las audiencias para debatir las tarifas de luz y gas carecen de legalidad. Es posible que las mismas no se realicen o sean impugnadas en la justicia con lo cual el aumento de tarifas se postergaría.

Mondino puso de manifiesto la vulnerabilidad de la convocatoria de las audiencias desde el punto de vista legal. Dijo que "no están acordes ni con las leyes que regulan la actividad de la electricidad y gas, ni la ley de emergencia pública". Agregó que "la ley de emergencia pública no prevé aumentos de emergencia sino la renegociación de los contratos, por lo cual las audiencias no pueden ser llamadas por la comisión renegociadora de los contratos".

En una resolución dirigida al Ministerio de Economía para que suspenda los debates, Mondino agregó que el Palacio de Hacienda "asume funciones que por ley le corresponde a los entes reguladores". Dijo que no existe instrumento legal de la convocatoria, ni el reglamento del proceso, ni su publicación en el Boletín Oficial. Afirmó que "la comisión renegociadora no puede sustanciar el proceso de la audiencia porque no tiene facultades para fijar tarifas sino para renegociar contratos." Afirmó que la asamblea pública no tendrá validez legal y que desde la defensoría de la Nación se la va a impugnar por la vía administrativa y si es necesario por la judicial.

La defensora del pueblo de la ciudad, Alicia Olivera, y siete asociaciones de defensa del consumidor (Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, C.E.C, Cruzada Cívica, DUC, DEUCO y Unión de Usuarios y Consumidores) presentaron a la justicia el 20 de septiembre 02 un pedido de nulidad de las audiencias públicas.

Los demandantes explicaron que las audiencias son "ilegales y desprolijas" porque no cumplen con lo dispuesto en la ley de Emergencia Económica y en los decretos 293 y 370 del 2002 donde se establece que deben discutirse los contratos y no sólo las tarifas y también sostuvieron que el llamado a audiencias públicas es irregular porque no fueron publicadas en el Boletín Oficial. El ombudsman nacional, Eduardo Mondino, también dijo que las audiencias previstas carecen de transparencia porque no están acordes ni con las leyes que regulan la actividad del gas y electricidad ni con la Ley de Emergencia Económica.

Se trata de una acción sumarísima con la que se pretende frenar la suba de tarifas de gas, luz, teléfonos, agua y peajes.

La medida cautelar recayó en el Juzgado Federal N° 3 a cargo de la Juez Claudia Rodríguez Vidal.

Ante esta situación el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que explicó los mecanismos para la celebración de las audiencias por las tarifas de luz y gas, en principio y de peajes y teléfono más adelante. Entre otras cosas, Economía señaló que "ha sido puesta a disposición de todos los interesados la documentación referida a los requerimientos formulados por las empresas, que puede ser consultada en lo entes de control. El ministerio también invitó a las entidades defensoras de los consumidores a participar en las audiencias dándoles la posibilidad de nominar representantes para los usuarios. Pero el Foro de Asociaciones de Consumidores se niega a elegir un representante porque "no está conforme con el fondo ni con la forma de las audiencias". Patricia Vaca Narvaja explicó que "la situación económica de la mayoría de la gente no da para que haya ningún aumento tarifario y si fuera necesaria una readecaución tarifaria por los costos, debería recaer en sobre ciertos sectores y no sobre las pymes y los usuarios que apenas pueden pagar el servicio". También dijo que la tarifa social propuesta por el gobierno debería contemplar una rebaja de las tarifas y no sólo un "no aumento".

Para contrarrestar esta embestida, el Ministerio de Economía advirtió que "se ha efectuado una presentación ante el juzgado del Fuero Criminal y Correccional Federal N° 12 a efectos de solicitar que el magistrado disponga las medidas que estime conducentes para preservar el desenvolvimiento de las audiencias a celebrarse". Sin embargo el ministerio no aclaró cuáles eran esas "medidas conducentes".

Asociaciones de defensa de los consumidores, sindicatos, entidades empresariales y asambleas barriales convocaron para el 24 de septiembre 02 a las 20 hs un "apagón nacional" de 5 minutos, seguido por un cacerolazo en protesta contra los aumentos de tarifas.

Las agrupaciones convocantes nucleadas en el Comité contra el Tarifazo también convocaron a los ciudadanos, durante el apagón, a una manifestación con antorchas frente al Obelisco. También los invitaron a reunirse al día siguiente (25/9/02) frente al Correo Central donde se realizará la primera audiencia pública para tratar el aumento de la electricidad.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclamó ante la Justicia que se definan cuáles son los límites establecidos por el Ejecutivo nacional a las exigencias de calidad de los servicios públicos.

El trámite se presentó el 23 de septiembre 02 en el Juzgado de Primera Instancia Federal en lo Contencioso Administrativo N° 8. Allí, la Secretaría de Desarrollo Económico Porteña solicitó al juez que "aclare la incertidumbre provocada por la Resolución del Ministerio de Economía que suspendió los procedimientos de exigibilidad sobre las empresas de servicios públicos a raíz de la emergencia económica".

La justicia suspendió el 24 de septiembre 02 las audiencias públicas previstas para decidir el aumento tarifario. La jueza en lo contencioso administrativo, Claudia Rodríguez Vidal, hizo lugar a una medida cautelar pedida por la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Olivera y siete asociaciones de defensa del consumidor (Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, C.E.C, Cruzada Cívica, DUC, DEUCO y Unión de Usuarios y Consumidores).

La jueza había manifestado un día antes que este "es un tema casi sin antecedentes, porque habitualmente los usuarios piden que la Justicia ordene la convocatoria a audiencias públicas. En este caso el reclamo es el contrario y por eso requiere un estudio muy especial.

En su resolución (ver resolución completa) Rodríguez Vidal señaló que "la celebración de las audiencias con la única finalidad de analizar las solicitudes de recomposición tarifaria de urgencia presentadas por las empresas" no se ajusta a la ley de Emergencia Económica y que las tarifas no pueden discutirse en forma independiente de otras cuestiones, como la calidad del servicio, los planes de inversión o la rentabilidad de las empresas. La jueza también estableció que "las audiencias tal como han sido convocadas, impresionan como un mero formalismo, en las antípodas de su verdadera finalidad, cual es posibilitar a los usuarios un marco de libre debate y debida defensa de los derechos.

Las asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores consideramos que como consecuencia de este fallo no habrá aumentos este año ya que el mismo los supedita al proceso global de renegociación de contratos de concesión que llevará tiempo.

Voceros de las empresas privatizadas en declaraciones al diario Clarín lamentaron el fallo porque "pensábamos aprovechar la Audiencia para hacer un planteo claro de la crisis en la que estamos inmersos". También afirmaron que el fallo no las había sorprendido y que de continuar el bloqueo a los aumentos la situación puede desembocar en cortes y menos calidad en los servicios. Los mismos voceros consideraron que "no parece haber una real voluntad del gobierno por llevar adelante ni la renegociación de contratos ni, mucho menos, los ajustes tarifarios".

Cuando Clarín los consultó sobre qué pasará si los ajustes tarifarios se bloquean a mediano plazo contestaron que habrá una caída en la calidad del servicio. En una compañía eléctrica, que el diario no identifica, dijeron que "cuando no tengamos dinero para el mantenimiento, los cortes de luz podrían hacerse más frecuentes. En una telefónica, tampoco identificada, aseguraron que "seguiremos ajustando y ajustando, y en principio nuestros proveedores no tendrán órdenes de compra y tendrán que despedir personal, y no habrá ampliación de la red para nuevos abonados. Si la situación se extiende mucho, habrá más reducciones de personal en nuestras compañías, como las que hubo en los últimos meses. En una gasífera dijeron que "si recaudamos menos, no tendremos para pagar a los preveedores y no habrá combustible para entregar".

El 15 de noviembre 02, a pocas horas de que la Jueza Rodríguez Vidal suspendiera las audiencias públicas de luz y gas por segunda vez, (ver más en Audiencias Públicas), el presidente de la Comisión Renegoicadora, Gustavo Simenoff, envió a las empresas una notificación mediante la cual da por finalizada la Fase II de la Renegociación (en la que las empresas aportan la información sobre su situación económica y operativa) para pasar a la Fase III de la misma, en la que se discutirá la reformulación de los contratos para que luego sean validados por el Ministerio de Economía.

En el Palacio de Hacienda señalaron que la Comisión sigue adelante con su trabajo, que es renegociar los contratos y que las discusiones por las tarifas van por otra vía. Todo indica que éstas serían aumentadas por decreto de necesidad y urgencia. Patricia Vaca Narvaja, del Foro de Usuarios y Consumidores señaló que "llamar a renegociar los contratos es el camino razonable que hay que seguir, como están haciendo con Aguas Argentinas. Hay que rever los contratos antes de definir tarifas. Si salen por decreto, iremos a la Justicia".

El el 26 de noviembre 02, el mismo día que el ministro de economía de Francia elogió a su par argentino Roberto Lavagna por el fin del corralito y la decisión de aumentar las tarifas, el gobierno recusó a la jueza Rodríguez Vidal que había suspendido en dos ocasiones los llamados a audiencias públicas  (ver más en Audiencias Públicas). En el gobierno existen divergencias en cuanto a cómo encarar el tema del aumento tarifario: el ministro de economía impulsa la firma de un decreto mientras que el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, prefiere que se recorran los caminos legales que correspondan, incluyendo la realización de audiencias públicas. La recusación se inscribe dentro de la estrategia de Atanasof: buscar la aprobación de la justicia para iniciar los procedimientos que desembocarán en los aumentos en lugar de imponerlos por un decreto, que derivaría en impugnaciones judiciales.

El argumento del gobierno para cuestionar a la jueza es que ésta cometió un "prejuzgamiento". Básicamente, se la acusa de haber opinado sobre el fondo de la cuestión, (si se deben o no se deben autorizar los aumentos tarifarios), al dictar las medidas cautelares que suspendieron las audiencias. Las asociaciones de consumidores criticaron la recusación de Rodríguez Vidal. Patricia Vaca Narvaja dijo: "se siguen equivocando y pierden tiempo, esfuerzo, plata y credibilidad. Lo que deben hacer es volver a instalar la discusión de los aumentos en la comisión renegociadora de los contratos".

El 27 de noviembre 02 el ministro Lavagna anunció que la semana siguiente entrarán en vigor los aumentos de luz y gas y también anunció que aumentarán las tarifas del servicio telefónico. "El decreto está firmado y ya lo hablé con el presidente" dijo, y también afirmó que Duhalde dará curso al aumento el 29 de noviembre para que se empiece a aplicar desde el lunes 2 de diciembre. Indicó que la suba será de un 7% en gas, 9% en electricidad y 12% en teléfonos.

El 30 de noviembre 02 el Presidente Duhalde firmó finalmente el decreto N° 2437 que autoriza "a cuenta de la renegociación" los aumentos en las tarifas de gas (ver más en gas) y electricidad (ver más en electricidad).

El decreto deja fuera de los aumentos a los usuarios de bajos consumos y establece un incremento del 7,2% promedio para el gas y de un 9 a un 11% en la electricidad. Para los clientes comerciales e industriales de esos servicios las subas alcanzarán hasta el 16%.

El mismo día en que firmó el Presidente afirmó: "Me aseguré que realmente el aumento fuera para el grueso de los usuarios de 2,5 pesos por mes para la luz y de 1,47 pesos para el gas. Hoy firmé el decreto y el lunes (3 de diciembre) estará en el Boletín Oficial". Duhalde agregó justificando su medida que "hace un año que los que se oponen vienen hablando de un tarifazo. No hemos aplicado ningún tarifazo, sino simplemente una adecuación imprescindible para garantizar le mantenimiento de los servicios.".También dijo que "el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios" y que "por medio de los gremios del sector conocemos las dificultades que se presentan para poder hacer las tareas de mantenimiento y las inversiones necesarias para evitar problemas en el futuro".

El 3 de diciembre 02 se realizó la primera presentación judicial en contra del decreto que estableció los aumentos de luz y gas. La realizó el vicepresidente de la Legislatura proteña, Cristian Caram, que explicó que "el decreto utiliza la palabra adecuar las tarifas y no aumentar paa evitar contradecirse con la Ley de Emergencia que prohíbe esos aumentos. Y además en lo llamado a audiencia pública es una anomalía en sí misma"

El 4 de diciembre 02 se realizaron otras dos presentaciones judiciales en el mismo sentido que la realizada por Caram. Una fue hecha por la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira y la otra por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino a instancias de las asociaciones de defensa de los consumidores ADECUA, PROCONSUMER, CRUZADA CIVICA y ACUCC, además de la ASOCIACION CIVIL por los DERECHOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES. (ver demanda)

La presentación de Oliveira es una acción de defensa y protección de los usuarios y solicita una medida cautelar urgente para suspender el decreto. Oliveira explicó: "el ministro de economía se dedicó a buscar un atajo, con apariencia jurídica, para imponer aumentos tarifarios, en vez de activar el proceso de renegociación de los contratos, que es lo que corresponde hacer".

Eduardo Mondino y las asociaciones también pidieron la anulación del decreto. Sandra González y Osvaldo Riopedre, directivos de Adecua, expresaron que "el decreto presidencial avasalla, entre otros derechos, la facultad de la gente para debatir mediante la convocatoria de audiencias públicas en el marco del artículo 42 de la Constitución Nacional". Mondino además presentó una denuncia ante la justicia por las amenazas de muerte que recibió por su accionar sobre los aumentos de tarifas.

El 13 de diciembre 02 se conoció el fallo que asegura NAVIDADES SIN AUMENTO para
todos los usuarios del país de los servicios de luz y gas. La resolución que suspende los aumentos de tarifas de luz y gas, dictada por la juez en lo Contencioso Administrativo Federal Susana Córdoba, beneficia a los usuarios de todo el país y responde a una demanda presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación, a solicitud de las asociaciones de consumidores PROCONSUMER, ADECUA, CRUZADA CIVICA, ACUCC y  la ASOCIACIÓN CIVIL POR LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES en la reunión que mantuvieran con Eduardo Mondino a efectos de coordinar acciones judiciales en relación al dictado del Decreto 2437/02, en contra de lo previsto en el marco de la renegociación contractual que establece la Ley N° 25.561. (ver fallo)

El jefe de gabinete, Alfredo Atanasof dijo el 13 de diciembre 02 que los fallos que suspenden los aumentos "lo único que hacen es patear el problema para adelante" y que el gobierno apelará los fallos de los jueces Ernesto Marinelli (que frena los aumentos en la Capital Federal) y Susana Córdoba (que frena los aumentos a nivel nacional).

Atanasof dijo que el congelamiento de las facturas puede provocar "el colapso en el futuro" de los servicios públicos. A este viejo argumento sumó uno nuevo: dijo que no hay sólo un reclamo de las privatizadas sino que "hay una preocupación por parte de los trabajadores ocupados en empresas de servicios públicos que deben tenerse en cuenta".

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, señaló que "el gobierno tiene que cumplir con la ley de emergencia que él mismo promulgó y avanzar con la renegociación integral de los contratos". Mondino también dijo que las tarifas de los servicios "cuentan con un elemento distorsivo dado por las cargas impositivas que oscilan entre el 40 y el 50 por ciento del valor total que deben pagar los usuarios".

El presidente Eduardo Duhalde firmó el 22 de enero 03 el Decreto de Necesidad y Urgencia (120/03) que establece nuevas reglas de juego para la aprobación de aumentos en las tarifas de servicios públicos. El DNU modifica los artículos 8° y 9° de la Ley de Emergencia Pública que impedía al Poder Ejecutivo dar aumentos parciales fuera de la renegociación de los contratos. También habilita al Ministerio de Economía a dar las recomposiciones tarifarias que considere necesarias para garantizar la prestación de los servicios.

El vocero presidencial, Luis Verdi, indicó que ahora la decisión final la tiene el Ministerio de Economía que deberá precisar los porcentajes y las fechas en las que entrarán en vigor los futuros aumentos.

Con esta nueva norma, Duhalde intentaría retribuir el apoyo que brindó el Grupo de los Siete para destrabar la negociación con el FMI.

El Foro de Asociaciones de Defensa de los Consumidores dijo que la decisión del gobierno "es ilegal e inconstitucional" y que nuevamente acudirán a la justicia para frenar los aumentos. También le reclamó al ministro de Economía que remueva al subsecretario de Energía Eléctrica, Darío Arrué "por haber defendido una posición favorable a las privatizadas y por boicotear la labor de la Comisión Renegociadora al ordenarles a las empresas eléctricas que no presten colaboración con el organismo".

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, a instancia propia y solicitud de Proconsumer, Adecua, Cruzada Cívica y Acucc, y la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, se presentaron ante la justicia el 27 de enero 03 para que se derogue el decreto de necesidad y urgencia que le abriría las puertas al Ministerio de Economía para realizar ajustes en las tarifas de los servicios públicos. El argumento de los defensores fue el mismo: consideran que el DNU 120/03 es inconstitucional.

Mondino presentó un "juicio ordinario" contra el decreto y pidió también una medida cautelar de "no innovar" que frene cualquier intento de modificación de las tarifas. Mondino pidió que eso sea resuelto antes del lunes, cuando termina la feria judicial. La presentación recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal de feria a cargo de Martín Silva Garretón.

Alicia Oliveira interpuso un amparo judicial reclamando la inconstitucionalidad del decreto. La presentación fue realizada ante el juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Guillermo Rossi, pero hasta febrero el expediente estará a cargo de Silva Garretón.

El 29 de enero 03 el presidente Duhalde firmó el decreto 146/03 que establece los aumentos de las tarifas de gas y electricidad que entrarán en vigencia el 1° de febrero 03.

Para los usuarios de gas de Capital y Gran Buenos Aires, según el tipo de categoría de cliente, las subas van de un 7,3% a un 19,3% o sea, un promedio de 7,2%. (ver más en gas)

Las subas de la electricidad van de un 7,5 a un 16,4%, o sea, un promedio del 9%. (ver más en electricidad)

Las familias de bajo consumo no se verán afectadas por estos aumentos: en el caso de la luz, quienes consumen hasta 300 kw/hora por bimestre y en el caso del gas, quienes consumen menos de 500 metros cúbicos al año. Entre las dos tarifas, están exceptuados de los aumentos un tercio de los usuarios.

Las asociaciones de defensa del consumidor adelantaron que irán nuevamente a la justicia para frenar estos aumentos. Sandra González, de Adecua, dijo que "impugnaremos este decreto de aumento, tal como lo hicimos la semana pasada con el que se autorizaban a sí mismos a otorgar las subas".

Arien Caplan afirmó que "está claro que no hay necesidad ni urgencia y que los servicios no pueden estar en riesgo cuando las empresas tienen superávit operativo".

La Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Olivera, dijo que ampliará la demanda presentada contra del DNU 120/03 y agregó que "hay que recordar que la luz ya aumentó porque no aplicaron la rebaja estacional que debían hacer".

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó el 3 de febrero de 2003 un pedido de conexidad para que el recurso de amparo contra el aumento tarifario sea tratado por la misma jueza, Susana Córdoba, que ya frenó un anterior intento de suba de tarifas.

El pedido recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 a cargo de María Carrión de Lorenzo, quien resultó sorteada para hacerse cargo del recurso de amparo y medida cautelar contra el Decreto 120/03. Hasta el viernes ese amparo estuvo en el juzgado de Silva Garretón, que se negó a habilitar la feria  y no trató el tema y el 3 de febrero lo envió a sorteo.

El 10 de febrero el Ministerio de Economía informó que una misión del Banco Mundial, con participación del Fondo Monetario Internacional llegará al país el 17 del mismo mes para brindar "asistencia técnica sobre el proceso de renegociación de las concesiones de los servicios públicos".

En el comunicado del  ministerio se incluye una nota enviada por el BM y el FMI en la que ambos organismos afirman que "la misión no pretende hacer recomendaciones de cambios específicos a los contratos o tarifas, sino que espera actualizarse sobre la situación general de la renegociación y hacer una evaluación del marco en que se está desarrollando la misma". La carta está dirigida a Roberto Lavagna está firmada pro el subdirector del Departamento Occidental del FMI, John Dodsworth, y el director para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg.

La misión conjunta del BM y del FMI  comenzó su trabajo el 17 de febrero del 03 en la Capital Federal con una reunión en el Ministerio de Economía donde estuvieron Roberto Lavagna acompañado por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, el secretario legal del Palacio de Hacienda, Eduardo Pèrez y el coordinador de la comisiòn renegociadora de contratos, Gustavo Simeonoff. Por el Banco Mundial Juan Gaviria, Axel Von Trostsenburg, Antonio Stache y Vivien Foster. Por el FMI participó Luis Cubedou, representante de ese organismo en el país. No hubo información oficial sobre el encuentro.

El 18 de febrero del 03 la justicia dio el primer aval al aumento de tarifas. Respondiendo a una presentación de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Olivera, el juez en lo contencioso administrativo, Gullermo Rossi, que no hizo alusión específica al tema de los aumentos, señaló que el Poder Ejecutivo deberá informar dentro de los cincos días después de emitido el fallo y luego, el tercer lunes de cada mes lo siguiente:

  • el nivel de cumplimiento por parte de las concesionarias respecto de las  obligaciones a su cargo y de la calidad del servicio.
  • los términos de la propuesta empresaria, el avance de la renegociación de los contratos y sus modificaciones.
  • el estado debe informar sobre estos puntos en los medios masivos de comunicación.

Debido a que el fallo no dice nada de los aumentos, la Defensora del Pueblo de la Ciudad dijo que enviará al juez un pedido de aclaración sobre el tema. "Nos parece interesante que el juez se expida sobre los términos de la negociación, de la necesidad de una audiencia pública y de que se publique la información para los usuarios, pero no resuelve nada sobre los aumentos", señalaron en la Defensoría a cargo de Olivera.

La resolución deja entrever que se producirán las audiencias públicas establecidas en los pliegos licitatorios y reconoce que los usuarios no tienen la información necesaria a la que les da derecho la ley. Según el diario Clarín, fuentes allegadas a los expedientes judiciales sostienen que este fallo de Rossi sería un "tapón" en al resolución del tema de los aumentos tarifarios. Según esa línea, este aval "implícito" a los aumentos sería contrario a las decisiones que ya tomaron otros jueces e incluso a los juicios que aún están pendientes de ser resueltos. Con lo cual, si hay contradicciones, se supone que más adelante debería ser la Cámara la que decida qué fallo tiene validez.  

El 25 de Febrero de 2003 la juez Claudia Rodríguez Vidal suspendió los aumentos en las tarifas de gas y electricidad que regían desde el 30 de enero según lo dispuesto por el decreto 146 del Poder Ejecutivo.

Esta decisión judicial responde a una acción iniciada por el Foro de Asociaciones y el representante de los usuarios en la Comisión Renegociadora, Ariel Caplan. El gobierno apelará esta medida ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo ya que la medida de Rodríguez Vidal obliga al gobierno a suspender los aumentos hasta que se pronuncie la Cámara.

Con respecto a los aumentos de luz y gas el fallo no es retroactivo, es decir que los usuarios seguirán recibiendo una factura en la que se calculan los días transcurridos entre el 30/1/03 y la fecha en la que las empresas son notificadas de la resolución judicial con los nuevos valores. Los días anteriores y posteriores se facturarán a los valores vigentes hasta el 30 de enero.

Los puntos salientes del fallo de la juez Rodríguez Vidal son los siguientes:

  • En modo alguno el artículo 9 de la Ley de Emergencia autoriza a conferir tratamiento prioritario al tema tarifario.

  • No hay circunstancias que justifiquen el ejercicio de las facultades legislativas por el Ejecutivo (en relación al dictado de decretos de necesidad y urgencia)

  • El Poder Ejecutivo está impedido de introducir modificaciones en la Ley de Emergencia.

  • No se puede alegar la necesidad de la continuidad y seguridad de los servicios porque la ley expresa que las empresas no podrán suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

  • "Es inexplicable la preocupación que demuestra el gobierno en impedir el deterioro de la relación ingreso-egreso de las empresas sin que igual preocupación se demuestre por los ingresos de los habitantes que soportarán los aumentos".

Los entes reguladores Enargas y el Enre notificaron a las empresas del sector el 27 de febrero del 2003 la suspensión de los aumentos en los servicios de gas y luz. Mientras que el Enargas le ordenó a las licenciatarias a devolver a los usuarios el aumento que cobraron hasta la fecha por el decreto 146/03, el Enre se limitó a suspender los incrementos.

El 27 de febrero del 2003 un fallo de la juez Cristina Carrión de Lorenzo ordenó al Poder Ejecutivo a suspender los aumentos de luz y gas. En este caso, el fallo responde a una presentación hecha por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino y tiene vigencia nacional.

La juez Carrión ordenó suspender el decreto de necesidad y urgencia 120/03 por el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Emergencia Pública para poder aumentar las tarifas, lo que añade un elemento nuevo a los fallos que se conocieron anteriormente, como el de la juez Rodríguez Vidal, que suspendió sólo la norma que autoriza los aumentos de luz y gas.

Carrión también siguió en su fallo la misma línea de pensamiento que se expresó en otros fallos judiciales que trataban el aumento de tarifas en cuanto a que la Ley de Emergencia no permite aplicar aumentos de tarifas y sólo prevé la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas. Sostuvo que "no observa que exista una delegación de facultades en la Ley de Emergencia, que permitan dictar al Poder Ejecutivo cualquier medida que se estime conveniente y adecuada en materia tarifaria,  hasta la finalización del procedimiento de renegociación con control parlamentario". Al resaltar el control parlamentario la jueza Carrión también incorpora un elemento que no estaba presente en anteriores fallos judiciales.

En cuanto a los decretos de necesidad y urgencia, la juez sostuvo que según el criterio de la Corte Suprema, una norma de esa naturaleza se justifica cuando sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario o que la situación requiera solución inmediata, lo que "conduce a descartar criterios de mera conveniencia ajenos a a circunstancias extremas de necesidad".

La magistrada afirmó también que el Poder Ejecutivo no puede invocar la necesidad de asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones de los servicios públicos "porque las empresas se encuentran encuentran prioritariamente obligadas a prestar los servicios en condiciones de eficiencia, seguridad y confiabilidad, circunstancia que muy especialmente consideró la Ley de Emergencia". Y agregó que "al privilegiarse la situación econòmico-financiera de las empresas de servicios públicos, por sobre la crítica situación que hoy padece la sociedad en su conjunto, se vería afectado el interés que denota la Ley de Emergencia con respecto a la protección de los usuarios, debido a la pérdida de capacidad adquisitiva de los mismos".

El diario Ambito Financiero informa en su edición del 21 de marzo del 2003 que, hasta ese día, unas 18 empresas extranjeras habrían pedido ya el arbitraje del tribunal que controla el Banco Mundial, CIADI, por sus controversias con el Estado argentino por violación a los tratados de protección recíproca de las inversiones. Esto significa que esas compañías pasaron ya la etapa de negociación previa de seis meses que prevé la reglamentación del CIADI, y presentaron demandas contra el Estado Nacional, sobre las cuales deberá arbitrar ese tribunal.

La lista de las empresas que se presentaron ante el CIADI se conoce parcialmente ya que el gobierno no da información oficial y las empresas temen que si se conoce que le iniciaron juicio al estado haya un empeoramiento de su imagen pública.

Entre las empresas que ya iniciaron la demanda y pedido de arbitraje están:

  • La norteamericana Enron por Transportadora de Gas del Sur (TGS) debido a la suspensión de la cláusula de ajuste de la tarifa por precios de USA durante el gobierno de Fernando de la Rúa a raíz de una decisión de la justicia y por la ley de emergencia económica durante la gestión del Presidente Duhalde.

  • La misma empresa de USA por Azurix, empresa que tenía la concesión del agua en la provincia de Buenos Aires, por ruptura del contrato (el demandado es siempre el Estado nacional aunque el conflicto haya sido con una provincia).

  • La norteamericana CMS pro Transportadora de Gas del Norte (TGN) por las mismas razones que Enron por TGS.

  • La norteamericana Sempra por su participación en las distribuidoras de gas del sur y pampeana, y por las mismas razones que las transportadoras.

  • La italiana Camuzzi por las mismas empresas y motivos que la anterior.

  • La italiana Italgas por las distribuidoras de gas del centro y cuyana, y por las mismas causas que las otras gasíferas.

  • Lousiana Gas por su participación en Gas Natural BAN e idénticas razones.

  • La norteamericana AES por la modificación de los contratos provocada por al ley de emergencia en las empresas de distribución eléctrica EDEN y EDES (norte y sur de la provincia de Buenos Aires) y Edelap, una de las tres distribuidoras que sucedió a Segba y tiene jurisdicción nacional.

  • La española Endesa por su participación en El Chocòn y por la modificación del impuesto a los sellos.

  • La alemana Siemens por la rescisión del contrato de los DNI.

Entre las empresas que ya notificaron la disputa y transcurridos los seis meses, todavía no habrían iniciado acciones, se encuentran:

  • La francesa Totalfinalef por el congelamiento del precio del gas para las empresas productoras.

  • La norteamericana Chevron por la aplicación de retenciones a la exportación de hidrocarburos.

  • La norteamericana El Paso por su participación en CApex y también por los gravámenes a la exportación.

  • La norteamericana Pionner por el mismo motivo.

  • La norteamericana Exxon por medidas que afectan la desregulación del mercado petrolero.

  • La francesa Compagnie General des Eaux por Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba y Aguas de Santa Fe.

  • La británica British Gas pro su participación en Metro Gas y por el congelamiento de las tarifas por la ley de Emergencia Económica.

Según versiones, también se habrían presentado ante el CIADI, Endesa por Edesur; y Electricitè de France por Edenor. En apariencia, el gobierno basa su estrategia, de dilatar los trámites en la suposición de que la mayoría de las privatizadas que se presentaron por las tarifas no iniciarán juicio por lo menos hasta que asuma el nuevo gobierno y vean qué actitud tendrá el mismo ante los contratos.

                         

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2.1. AUMENTOS ESTACIONALES FUERA DE LA RENEGOCIACIÓN

El aumento por ajustes estacionales derivó en un conflicto mayúsculo, que según fuentes consultadas, pone en crisis la continuidad de las funciones de la Comisión. Se inició en los primeros días de abril con respecto al aumento en las tarifas de luz y gas, que entrará a regir a partir del 1° de mayo, por el incremento de los costos estacionales de la energía, que fuera rechazado en principio por Economía mediante el dictado de la Resolución N° 38, publicada en el Boletín Oficial el 10-4-2002.

El Jefe de Gabinete en los primeros días de abril del 2002 se reunió con empresarios del sector anticipando estos aumentos de gas y luz. De allí, que se puede entender que a los seis días de la vigencia de la Res. N° 38 se revierte la misma con la Res. 53/2002. Conforme a la nueva normativa estimamos que los incrementos podrían rondar 15% para la luz y entre 4% y 5% para el gas.

La base precedente del planteo era el valor al que Repsol YPF vendiera el gas al mercado interno en el invierno. La empresa, por su volumen de operación, marca el ritmo de los precios y voceros de la empresa han manifestado que no han definido los precios para los próximos meses. Pero no se descartaban los aumentos, ya que en razón de las bajas temperaturas ajustan para arriba, sumando a ello el impacto de la devaluación.

Al subir el precio del gas vendido por los productores, las distribuidoras (Metrogas y Gas Natural), podían trasladar el ajuste a los consumidores. Ese traslado siempre se efectúa anualmente a partir del 1° de mayo y se discute en el mes de abril en una Audiencia Pública. El ente regulador del sector, Enargas, había decidido no convocar esa reunión porque estaban a la espera del dictado de la Resolución N° 38.

La energía eléctrica también se ajusta históricamente a partir del 1° de mayo de cada año en razón de la mayor demanda y la generación se realiza en gran medida con combustibles más caros, porque el gas se deriva al consumo domiciliario. La Secretaría de Energía convocó una Audiencia Pública, siendo su posición la de autorizar el aumento del precio mayorista para permitir a los generadores adquirir combustible líquido que utilizan en reemplazo del gas cuando en el invierno aumenta el consumo del mismo; ello sin que los consumidores lo perciban, ya que se usaría un fondo compensador para amortiguar su impacto, es decir, se recurriría a un fondo de estabilización de las tarifas que controla Cammesa, la empresa mixta que forman la Secretaría de Energía y los operadores eléctricos.

Además de la suba del gas en boca de pozo y del precio estacional de la electricidad, en las tarifas de luz y gas debe recomponerse el margen con que se quedan los transportistas y los distribuidores. Si bien el gobierno intento dilatar la revisión tarifaria lo más posible, en la práctica ya se suman los aumentos del gas en boca de pozo y la energía mayorista, por lo cual los expertos prevén un largo período para una reconstitución de las tarifas.

Es decir, si bien el Ministerio de Economía intentó congelar los aumentos estacionales de gas y electricidad, tales servicios aumentarán irreversiblemente el 1° de mayo.

Por ahora, se resolvió negativamente para los usuarios el conflicto que se había suscitado, ya que la Ley de Emergencia Pública prohibió los aumentos de tarifas pero no se pronunció sobre los ajustes estacionales. Debido a ese vacío legal, los entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (Enre) deberán seguir avanzando sobre los ajustes estacionales.

Reiteramos, el 11 de abril 02, un día después de dar a conocer la Resolución N° 38, el Gobierno decidió dar marcha atrás con el congelamiento de aumentos estacionales que empezarán a regir a partir del 1° de mayo.

La decisión se tomó como consecuencia de la enérgica protesta de las empresas de energía, ya que dichos aumentos no estaban alcanzados por la Ley de Emergencia Económica ni por el Decreto N° 293, situación en la cual las asociaciones de consumidores no tuvimos espacio alguno ni participación .

Esta decisión produjo contradicciones en organismos estatales: el Ministerio de Economía indicó que el ajuste invernal sólo sería para el servicio eléctrico y no se pronunció sobre qué sucedería con el gas. Asimismo propondrá solo un aumento discreto en el fluido gasífero y crear un fondo eléctrico para no subir el precio de la electricidad a los usuarios. Ello en razón de estar preocupado por el efecto inflacionario de estos insumos y prefiere contener los valores hasta fines de julio próximo. El precio del gas en boca de pozo esta desregulado como los combustibles, que ya tuvieron una suba del 30% desde la ley de emergencia. Existe el criterio de aplicar iguales tarifas en pesos que en el invierno pasado, y autorizar luego incrementos trimestrales, eliminado las rebajas estacionales del verano.

Sin embargo, la Secretaría de Energía informó que habrá aumentos en el gas y la electricidad. Las tarifas del gas serán debatidas en audiencia pública el 30 de abril 02.

En fin, se cumplió por ahora, lo que las empresas habían pronosticado, que con la presión que iban a ejercer con el fundamento que los aumentos de invierno no están prohibidos por la Ley de Emergencia pública y que se había incrementado el precio de la materia prima iban a subir las tarifas desde el 1º de mayo 02.

Al respecto, el Dr. A. Caplan, Representante de los Usuarios en la Comisión, solicitó en su manifiesto dirigido al Pte. de la Nación y a otras autoridades que: "SE FIJE UN PLAZO A LA INTERRUPCIÓN DE LAS REVISIONES TARIFARIAS Y SE REGULE EL PRECIO DEL GAS EN BOCA DE POZO.

Si bien las revisiones tarifarias en curso constituyen un proceso que resulta complementario y no incompatible con la renegociación, ante la cuestionable decisión de interrumpirlas solicito se fije a dicha interrupción un plazo breve, cierto y determinado puesto que, de lo contrario, tal Resolución excedería los alcances de la delegación legislativa limitada a la actual situación de emergencia económica.

Atento a la gravedad de la situación social que nos encontramos y lo insostenible de un aumento sustancial en las tarifas energéticas solicitamos que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con su obligación constitucional de proteger "...la seguridad e intereses económicos ..." de los usuarios y de proveer a "... la defensa de la competencia contra toda distorsión de los mercados..." procediendo, conforme lo prevé expresamente el Art.13 de la ley 25.561 a: (i) regular el precio del gas en boca de pozo, (ii) Mantener el valor del gas en boca de pozo en pesos vigente con anterioridad a la sanción de la ley 25.561 a una paridad de ($1= U$S1) un peso un dólar. Y (iii) No autorizar ningún aumento hasta tanto se acredite fehacientemente el aumento efectivo de los costos de producción en cada caso concreto y en la medida de la efectiva incidencia de estos últimos."

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2.2. AJUSTES ESTACIONALES: RESOLUCIÓN 53/2002 M.E.  (ACLARACIÓN SOBRE LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN N° 38/2002)

B.O. 16/04/02 SERVICIOS PUBLICOS Resolución 53/2002 - ME – Aclaración sobre lo dispuesto por la Resolución N° 38/2002, en relación con los ajustes estacionales que define la Secretaría de Energía en el caso de la energía eléctrica y los ajustes por variaciones estacionales en el precio del gas comprado por las distribuidoras, definidos por el Ente Nacional Regulador del Gas.

Bs. As., 15/4/2002

VISTO el Expediente N° S01:0159953/2002, del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y lo dispuesto por la Ley N° 25.561, en sus Artículos 1°, 8°, 9° y 10, lo establecido por los Decretos N° 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y N° 370 de fecha 22 de febrero de 2002, y la Resolución MINISTERIO DE ECONOMIA N° 38 del 9 de abril de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que este Ministerio ha dictado la Resolución N° 38 de fecha 9 de abril de 2002, por la que se instruye a los Organismos Centralizados, Descentralizados y Desconcentrados de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, incluyendo a los Organismos de Regulación y Control abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos sometidos a su ámbito de competencia.

Que el objetivo de la citada Resolución, como se expresa en sus fundamentos, es asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 8°, 9° y 10 de la Ley N° 25.561, en cuanto a la pesificación de las tarifas de los servicios públicos y a la prohibición de aplicar cláusulas de ajuste en dólares estadounidenses o en otras divisas extranjeras, y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio contenidos en los contratos de concesión o licencia.

Que en caso de los Marcos Regulatorios establecidos para la Energía Eléctrica (Ley N° 24.065) y el Gas Natural (Ley N° 24.076) se prevén ajustes por variaciones estacionales en los precios de los insumos energéticos que responden a circunstancias objetivas, ajenas a la voluntad de los prestadores, diferenciables de las aludidas en el párrafo precedente.

Que dichos ajustes estacionales no están comprendidos dentro del proceso de renegociación tarifaria a cargo de este Ministerio y resultan fundamentales para asegurar el normal abastecimiento a la comunidad.

Que asimismo, recientemente la SECRETARIA DE ENERGIA ha dictado la Resolución N° 8 del 5 de abril de 2002, cuyos considerandos exponen claramente la necesidad y oportunidad de su dictado, por lo que es conveniente precisar que en nada queda afectada por lo dispuesto en la Resolución MINISTERIO DE ECONOMIA N° 38 de fecha 9 de abril de 2002.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que las facultades para el dictado de la presente medida surgen del Artículo 1° del Decreto N° 370/2002.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVE:

Artículo 1º - Aclarar que lo dispuesto por la Resolución MINISTERIO DE ECONOMIA N° 38 del 9 de abril de 2002 no alcanza a los ajustes estacionales que define la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente de este Ministerio en el marco de lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley N° 24.065 y su reglamentación, y los ajustes por variaciones estacionales en el precio de gas comprado por las Licenciatarias de Distribución de Gas fijados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 inciso c) de la Ley N° 24.076 y su reglamentación que define el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.

Art. 2º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Jorge Remes Lenicov."

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3. PARTICIPACION DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

3.1. INICIO DEL PROCESO DE RENEGOCIACION SIN CONVOCAR A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y DESIGNACION DEMORADA DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS.

Las asociaciones de defensa de los consumidores, paralelamente a estar vigilando rigurosamente que no se registre ningún tipo de aumento más, estamos organizándonos –sin recursos- a la espera que a la Comisión se le ocurra convocarnos. Basta señalar que procedieron a designar oficialmente al representante de los usuarios el 17-4-2002, debiendo por decreto haber sido cumplimentado en la Comisión el 15 de marzo 02.

Advirtiéndose desde ya una desigualdad en el acceso a la información y a participar, dado que solo las empresas privatizadas fueron invitadas al acto de apertura del proceso de renegociación que se celebró en el auditorio del Ministerio de Economía, donde expusieron expertos internacionales sobre casos de revisión de tarifas en países con fuertes crisis económicas como la nuestra.

Se omitió, tal como lo exige el art. 2º del Decreto 293/2002, convocar a las asociaciones de consumidores, que representan los derechos de los usuarios, o sea al mayor grupo económico de la renegociación. Nuestras organizaciones deberían haber sido las primeras en ser invitadas, y de hecho ya somos las últimas. Obsérvese que en los primeros días del mes de marzo se confeccionaron, sin siquiera exhibirlos a nuestras Asociaciones de consumidores, los formularios denominados PIC (Planteo Inicial de Daños), a efectos que las empresas respondan informando en ese cuestionario los daños que sufrieron como consecuencia de la devaluación y la desdolarización de sus tarifas.

Más grave aún, en la Res. 20/2002 M.E., en la que se establece el procedimiento a seguir en el proceso de renegociación, las asociaciones de consumidores ni figuramos a lo largo del contenido de la resolución. Aclaramos, que las asociaciones de consumidores desde un primer momento requerimos y exigimos espacio y participación. Así, el Foro de Asociaciones de Consumidores de la República Argentina, desde enero de 2002, presentó numerosas peticiones al Señor Presidente de la Nación, sin tener hasta la fecha respuesta alguna. Tampoco recibimos información para analizar entre 45 a 61 complejos contratos de concesión, y, en especial, poder poner énfasis ante las propuestas especulativas o indecentes de las empresas, o que no sean razonables y justas, para finalmente aceptar o rechazar los puntos de acuerdo por sector.

El usuario, por otra parte, seguirá con sus tarifas en suspenso sine die, hasta que el PEN se pronuncie sobre ellas. Estimamos en lo personal, que ante una larga y difícil decisión final, recién a partir del mes de agosto próximo quizás se podría visualizar fecha al respecto.

Reiteramos, todas las demoras ya producidas manifiestan inseguridad y desigualdad entre las partes; por otra parte las empresas presionan para que se logre un acuerdo previo para adecuar parcialmente las tarifas en base a la evolución de los precios internos y, a la vez, reducir inversiones en el supuesto caso que sus contratos prevean obras obligatorias, como por ejemplo en el caso de Aguas Argentinas, o exigencias de calidad, que tienen entre otras, las empresas de electricidad. Es decir, que las demoras pueden tender a que las empresas privatizadas ya intenten sentirse liberalizadas de aumentar sus tarifas. De hecho y como siempre, ya iniciaron sus conocidos lobbys.

El 20 de marzo 02, el Lic. José A. Barbero, Carlos A. Basco y Alfredo Debattista, en nombre de la Comisión recibieron por primera vez al sugerido representante de los usuarios Dr. Ariel Caplan, quien en la oportunidad fuera propuesto por 13 asociaciones de consumidores; al Dr. Eduardo Szelepsky, Pte. de Consumidores Activos; al Dr. Juan de Dios Cincunegui, de Cruzada Cívica y al suscripto Dr. Ricardo Nasio, Pte. de Proconsumer. En dicha reunión informal planteamos directamente nuestros propósitos y preocupaciones, los mismos que Ud. lee en este documento. Les reiteramos, y no nos cansaremos de decirlo, que las asociaciones de consumidores nos encontramos en la infructuosa espera que la Comisión se digne convocarnos oficialmente y que no se demoren como lo hicieron al integrar al representante de los usuarios el 17 de abril de 2002, es decir un mes más tarde de lo que preveía el decreto 370.

Entre los primeros actos del Dr. Ariel Caplan, sin estar oficialmente designado al frente de la Comisión como representante de los usuarios, solicitó la convocatoria formal de las asociaciones de consumidores una vez que fueran presentados los informes oficiales de las empresas, es decir los datos sobre cómo afectó la devaluación a sus negocios; cuál es la situación financiera de sus empresas; en qué estado se encuentra la prestación del servicio y cuáles son las alternativas para que la nueva situación económica afecte lo menos posible las tarifas.

Estos informes se empezaron a entregar el 15 de abril 02. Los de las compañías eléctricas fueron los primeros informes presentados, y para fines de abril la Comisión espera que el 50% de las empresas los presenten, mientras nosotros, los representantes de los consumidores seguimos a la espera de la convocatoria.

Una vez convocadas las asociaciones de consumidores, hipotéticamente se realizarán en conjunto los análisis tarifarios, que luego deben pasar a la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, para ser suscritos por el titular de esa dependencia. Recién a partir de ese momento pasarían a ser analizados por las dos Comisiones Bicamerales que se ocuparán del tema. Una de ellas es la creada por la Ley de Emergencia Pública y la otra es la llamada de "privatizaciones y reforma del estado", que en este momento está acéfala desde que en diciembre renunció su Presidente, el Diputado Alberto Natale.

Luego de este proceso, finalmente la Comisión podrá efectuar su conclusión, rindiendo cuentas a la Comisión Bicameral, y recién a posteriori elevar ad referéndum del Poder Ejecutivo el conjunto de las propuestas o los acuerdos de renegociación alcanzados, o en su defecto las recomendaciones de rescisión de los contratos de concesión. Luego, sin plazo prefijado, elevará a la Comisión Bicameral de Seguimiento que creó el artículo 20 de la Ley Nº 25.561, para que proceda a emitir su dictamen, el cual guardará carácter no vinculante. Todo ello, para que en definitiva, sin ley alguna, se den el lujo de resolver si corresponde o no aumentar las tarifas.

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3.1.1. JORNADA NACIONAL EN DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS.

El 15 de mayo 02 se realizó la Primer Jornada Nacional en Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

La presentación del evento estuvo a cargo del Dr. Ricardo Nasio, Presidente de PROCONSUMER y del Dr. Néstor Vicente, Presidente del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos.

En los paneles conformados disertaron el Dr. Azpiazu quien abordó el tema de la captura institucional y rentas de privilegio; el Dr. Juan de Dios Cincunegui quien se refirió a los contratos de concesión y derecho administrativo. Por último, el Dr. Ariel Caplan, representante de los usuarios ante la Comisión Renegociadora de los Contratos de las Empresas de Servicios Públicos, se refirió a la marcha de la Renegociación ordenada por el Poder Ejecutivo Nacional.

 

Conclusiones sobre talleres

1º Jornada Nacional

Taller sobre Municipios y Servicios Públicos Privatizados

Coordinador: Dr. Pablo Chamatrópulos

Conclusiones y Propuestas:

1. Promover que todos los municipios posean áreas de defensa al usuario y consumidor, cuyos funcionarios a cargo gocen de autonomía de funcionamiento en las estructuras administrativas y políticas del ejecutivo municipal y que estén integrados plenamente con la sociedad.

2. Promover desde los municipios acciones en el marco de la renegociación del Estado Nacional con las empresas de servicios públicos privatizados en defensa de los usuarios.

3. Generar una acción Pública en defensa de los seis puntos básicos para la renegociación de los contratos de servicios públicos.

4. Adhesión por parte de los presentes a los seis puntos propuestos por el Dr. Caplan.

Taller sobre Peajes y Transportes:

Coordinador: Alejandro Noriega

Conclusiones y Propuestas:

1. La evidente ilegalidad de las tarifas en los peajes, ya que contrarían lo normado por la ley de peajes.

2. Demandar la creación a corto plazo de un Ente Regulador de las Concesiones Viales.

3. Exigir la creación de caminos alternativos o secundarios que estén en buenas condiciones.

4. Denunciar la falta de Audiencia Pública en las concesiones de las autopistas y rutas nacionales, provinciales y municipales.

5. Demandar al Estado Nacional para que implemente sistemas de acceso gratuito a municipios o localidades que actualmente se encuentran sitiadas por puestos de cobro de peajes o garitas.

6. Crear un Plan Vial Nacional por ley que satisfaga los requerimientos de los usuarios de las concesiones viales, jerarquizando a Vialidad Nacional.

7. Solicitar la revisión el contrato de Concesión.

8. Organizar una Jornada de Protesta y Repudio.

Solución obtenida por el taller para acceder a rutas nacionales, provinciales y/o municipales (rutas abiertas) en forma gratuita, obligando a quitar los puestos de cobro de peajes.

Como los puestos de Peaje o garitas, a entender por este taller, atentan contra el desarrollo regional, se propuso el quite inmediato de las garitas o puestos de Peaje, compensándolo con el aumento de un centavo ($ 0,01) en el litro de gas oil. Si bien es cierto que el gas oil es actualmente caro, hay que destacar que la mayor cantidad de consumidores de este fluido son los transportistas. Ellos en este caso se ven perjudicados por el aumento del gas oil pero se verán beneficiados en más de un diez por ciento (10 %) de ahorro por el no pago del uso de rutas.

Área de Transporte de Pasajeros:

Ante la inminente desprotección que los usuarios padecen en el tema de los transportes de pasajeros, como asimismo la falta de control por parte de los organismos públicos, este taller arriba a la siguiente conclusión.

1. Solicitar y demandar la revisión contractual de los términos del Contrato de Concesión.

2. Obligar judicialmente a los concedentes al cumplimiento del pago del canon que las empresas actualmente adeudan al Estado Nacional.

3. No pagar los subsidios que las empresas solicitan y obligarlos a realizar las mejoras a los servicios que por contrato deben brindar.

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3.2. CARTA DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS AL PRESIDENTE, MINISTRO DE ECONOMIA Y DEMAS ACTORES DEL SECTOR.

"Buenos Aires, 16 de abril de 2002

SEÑORES:

Presidente de la Nación Argentina: Dr. Eduardo Duhalde

Ministro de Economía e Infraestructura: Dr. Jorge Remes Lenicov

Secretario y Coordinador General de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos: Lic. José Antonio Barbero

Integrantes del Gabinete de Asesores del Área Servicios Públicos del Ministerio de Economía e Infraestructura:

Ing. Guillermo Cappadoro

Ing. Jorge Osvaldo López Raggi

Lic. Carlos Américo Basco

Ing. Alfredo Debattista

Subsecretario de Energía: Dr. Alieto Aldo Guadagni

Subsecretario de Transporte: Dr. Guillermo Carlos López del Punta

Secretario de Comunicaciones del Ministerio de Economía e Infraestructura.

Secretario de Obras Públicas de la Presidencia de la Nación.

Secretario de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor del Ministerio de la Producción: Lic. Pablo Marón Challú

Con Copia a:

Acción del Consumidor – ADELCO

Comité del Consumidor – CODELCO

Asociación PROCONSUMER – Protección Consumidores del Mercosur-

Asociación Vecinal Belgrano "C" – Consumidores Activos

Asociación Civil Cruzada Cívica para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos

Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria

Centro de Educación al Consumidor "CEC"

Unión de Consumidores de Argentina "UCA"

DE.U.CO. Defensa Usuarios y Consumidores

Asociación Civil Formoseña de Defensa del Consumidor

Unión de Usuarios y Consumidores

Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina – ADECUA

Consumidores Argentinos

Defensa de Usuarios y Consumidores – DUC

La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación.

Comisión Bicameral de Seguimiento de La Emergencia Económica del Honorable Congreso de la Nación del Art.20 de la ley 25.561.

Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Honorable Congreso de la Nación del Art.14 de la ley 23.696.

Cámara de Exportadores de la República Argentina – C.E.R.A.

Cámara de Importadores de la República Argentina.

Centro de Navegación

Ente Nacional Regulador del Gas - ENARGAS

Ente Nacional Regulador de la Electricidad – ENRE

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

Comisión Nacional de Regulación de Transporte – C.N.R.T.

Secretaría de Gabinete y Relaciones Parlamentarias, Atención: Dra. Marisa Graham, titular del programa "Participación y Control Ciudadano, Promoviendo la Cultura de la Transparencia".

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. a efectos de expresarles la seria preocupación que genera la forma en que se está desarrollando el proceso de renegociación objeto de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos (de ahora en más "La Comisión") para cuya integración me propusieron la casi totalidad de las Entidades de Defensa de los Consumidores del país.

UN MAL COMIENZO.

Pese a haberse dispuesto que La Comisión debe estar integrada por "... un representante de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores involucradas - en cumplimiento del Art.42 de la Constitución Nacional –" dicha integración, si bien se

produjo de hecho con la invitación a participar de las reuniones a partir del 26.03.02, aún no fue formalizada con el dictado de la correspondiente Resolución Ministerial, no obstante haber vencido el plazo previsto a tal fin.

Esta situación debilita la participación de los usuarios que el estado nacional debe promover, tal como lo disponen la Constitución Nacional y el Decreto ya citado, razón por la cual se requiere una inmediata definición sobre el particular, máxime cuando la casi totalidad de la entidades de defensa del Consumidor coincidieron en quién debía ser su representante.

Por razones de elemental prudencia, había decidido esperar el dictado de la citada Resolución para realizar la presente petición. No obstante ello, ante la excesiva demora en la formalización de la designación, advirtiendo que mi determinación postergaba la debida participación de los usuarios en La Comisión y esterilizaba la representación que se me confirió, he decidido dar por terminada dicha espera y realizar la presente petición, no sin dejar aclarado que esta situación deja a los usuarios en una posición que nada tiene que ver con la debida participación que dispone el Art. 42 de la Constitución Nacional.

Se menoscaba la debida intervención de los usuarios cuando ésta es más aparente que real si se la limita a la mera asistencia a una Comisión sin Reglamento interno, vedándoseles de hecho el acceso a las Comisiones de Trabajo y a las reuniones con las empresas cuyos contratos están sujetos a renegociación.

Lo antedicho no surge ni de las intenciones ni de los dichos de los funcionarios con los que interactué hasta el presente sino de los hechos concretos y de las dificultades propias de la labor en una Comisión que carece hasta de un Reglamento Interno que contemple su funcionamiento.

Resulta un hecho alarmante y a la vez revelador del rumbo que está tomando el proceso de renegociación el dictado en forma sorpresiva de decisiones relevantes referidas a tales contratos por fuera de La Comisión creada para preservar la eficiencia y transparencia de tal proceso, colocándosela frente a hechos consumados que socavan el poder negociador del estado en desmedro del interés público y de los usuarios de los servicios.

DE CÓMO SE BURLÓ A LA COMISIÓN.

Resulta poco alentador que, pese a integrar La Comisión propuesto por las entidades de usuarios en ejercicio de su derecho constitucional a la participación e información, haya sido sorprendido por la publicación de un Decreto Nacional firmado el 04/04/02 en el que el poder ejecutivo nacional, excediendo sus atribuciones constitucionales, ya había resuelto cuestiones que el día anterior al de su publicación (09/04/02) fueron objeto de debate en La Comisión, como si se tratara de temas sujetos a su consideración y no hubieran sido ya resueltos por la primera autoridad administrativa del país, como en realidad había sucedido, sin que nadie en La Comisión lo supiese o en todo caso lo manifestase.

Me estoy refiriendo a la prematura e inconveniente dolarización de la tarifa de peaje por vía fluvial para la navegación internacional en la red troncal concesionada, dispuesta en el Decreto 576/2002 y que merece idénticos reparos a la dispuesta el mismo día en relación a las tasas aeronáuticas.

Tal como debiera surgir del acta pertinente, esta cuestión ocupó gran parte de la reunión de La Comisión del 09/04/02. En dicha ocasión el suscripto sostuvo la conveniencia de no aumentar las tarifas pesificadas a efectos de disminuir "el costo Argentino" y aumentar las exportaciones, con el consiguiente incremento de nuestra actividad económica e ingresos de divisas, mientras que contrariamente el Lic. Barbero sostenía que el mantenimiento de la tarifa pesificada beneficiaría fundamentalmente a empresas navieras extranjeras, disminuyendo ingresos de divisas por la prestación de los servicios de la Hidrovía y que la oportuna dolarización de tales tarifas podría posibilitar que en un Quid Pro Quo con el concesionario, el estado se liberase de aportar los cuarenta millones anuales del subsidio a su cargo.

Se trataba de un cordial cambio de opiniones entre el representante de los usuarios en pro de la disminución del costo del transporte internacional que, finalmente, terminan pagando los exportadores, importadores y consumidores Argentinos, con un funcionario que buscaba a través del incremento tarifario liberar al estado del pago del subsidio para destinar tales fondos a otros fines públicos. En todo caso, había consenso en que lo más conveniente para el interés del estado y de los usuarios era abordar la cuestión del ajuste de la tarifa pesificada en el momento de la negociación con el concesionario, para que tal incremento fuera el menor posible y permitiera, en su caso, disminuir o hasta eliminar el subsidio estatal. Ésta era la única posición razonable en defensa de los intereses del estado y de los usuarios.

Lo sorprendente es que cinco días antes de esta reunión de La Comisión, el presidente de la nación y varios de sus ministros ya habían firmado el Decreto Nacional que disponía la dolarización de tales tarifas, lo que resulta claramente inoportuno e inconveniente para el interés del estado y de los usuarios.

DOS MEDIDAS QUE SE SOLICITAN CON CARÁCTER DE URGENTE.

Impedir el aumento de las tasas y tarifas expresadas en dólares.

La dolarización de las tasas aeronáuticas y de la hidrovía decretadas requieren una inmediata rectificación con el propósito de evitar el grave perjuicio que causa al comercio internacional del país a los usuarios de dichos sistemas y, en particular, a los pasajeros internacionales argentinos que se tripliquen tales conceptos, para no mencionar el efecto cascada en el aumento de algunos precios e índices inflacionarios.

Los decretos citados disponen que las referidas tarifas y tasas "... se regirá en dólares estadounidenses ..." y que el contrato de concesión está sujeto a renegociación, por lo que nada impide que de esta última se derive una tarifa expresada en dicha moneda que sea menor a la prevista en el contrato de concesión original que la fijó en moneda extranjera. Pero resulta que, si bien la tarifa puede expresarse en dólares americanos para facilitar las relaciones comerciales internacionales, debe ser fijada en pesos porque así lo dispone el Art. 8 de la ley 25.561 y nunca puede entenderse que el Poder Ejecutivo tiene facultades para modificar los términos de la ley con la que se le delegan determinadas atribuciones legislativas.

Resulta necesario disponer y así lo solicito, en relación a la Hidrovía y a las Tasas Internacionales de Aeropuertos que perciba el concesionario, que las tarifas expresadas en dólares en la actualidad y hasta tanto termine el proceso de renegociación, sean las que representen una cantidad de dólares equivalentes a la cantidad de pesos que resulta de aplicar a las tarifas originales del contrato de concesión a una paridad de un peso un dólar. Así los citados decretos estarían dentro de los límites de la delegación legislativa y se evitaría que los concesionarios de la Hidrovía y de los Aeropuertos se constituyan en verdaderos privilegiados en este proceso de renegociación, en el que el resto de las empresas de servicios públicos mantienen sus tarifas en pesos a dicha equivalencia.

De esta forma, el estado nacional podrá negociar de forma eficiente contando a su favor con el interés del concesionario en resolver rápidamente las cuestiones objeto de la renegociación.

Si el estado nacional satisficiera en forma anticipada y antes de la renegociación las mayores preocupaciones de los concesionarios, llevará a cabo una negociación torpe e incompatible con la defensa del interés público y de los usuarios.

Además, se vulnera gravemente el principio de publicidad y transparencia cuando, pese a que se dispuso la creación de La Comisión que "... procederá a renegociar los contratos...", con participación del Defensor del Pueblo de la Nación y la integración de "... un representante de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores involucradas - en cumplimiento del Art.42 de la Constitución Nacional –", se resuelven, en forma previa a la renegociación, aspectos esenciales de tales contratos por fuera de La Comisión, creada para garantizar la eficiencia y transparencia en estas delicadas cuestiones.

Me permito este comentario con ánimo constructivo, en consonancia con el Art.1 de la Resolución 38/02 del Ministerio de Economía y con la convicción de que estamos a tiempo de reencauzar este proceso fortaleciendo la capacidad negociadora del estado en el interés público y de los usuarios en un contexto de transparencia, a cuyo efecto sería indispensable que se hiciera lugar a las medidas que se solicitan en el presente.

Reducir las tarifas portuarias en las terminales de Buenos Aires.

Tal como surge del acta del 19.03.02, en las terminales portuarias de Buenos Aires se aplican las tarifas máximas previstas en los contratos de concesión a una cantidad de pesos equivalentes a los dólares fijados en dichos contratos a una paridad de pesos $1,40 cada dólar cuando, según lo dispuesto en la ley 25.561, la paridad debería ser de $1 = U$S1, por lo que solicito se ordene la inmediata corrección de esta situación que contradice nuestro ordenamiento jurídico haciéndose saber a los concesionarios que deberán cobrar las tarifas en pesos a la paridad indicada en último término.

OTRAS PROPUESTAS Y PETICIONES.

Se debiera profundizar el camino iniciado con los Decretos 293 y 370 del corriente año, como así también con la Resolución 20/2002, que es concordante con las medidas preventivas previstas en el Artículo III de la "Convención Interamericana Contra la Corrupción" que ordena al estado contratar con "...publicidad, equidad y eficiencia ..." estimulando "... la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción", a cuyo efecto resulta indispensable:

MODIFICACIONES A "LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA RENEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS".

En las citadas normas no se prevé la convocatoria "... a las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente registradas, y a los entes de regulación y control, a fin de contar con su información y opinión", tal como se dispone en el Decreto 293/02 y solicito que se incluya en el procedimiento una vista a dichos órganos y asociaciones de las presentaciones que realicen las empresas con el fin de contar con su valioso aporte.

Solicito también que se requiera a las empresas prestadoras de los servicios públicos que informen el monto de pesos que percibieron en concepto de aplicación de índices de actualización de precios, discriminados año por año y desde el inicio de la prestación de dichos servicios.

SE FIJE UN PLAZO A LA INTERRUPCIÓN DE LAS REVISIONES TARIFARIAS Y SE REGULE EL PRECIO DEL GAS EN BOCA DE POZO.

Si bien las revisiones tarifarias en curso constituyen un proceso que resulta complementario y no incompatible con la renegociación, ante la cuestionable decisión de interrumpirlas solicito se fije a dicha interrupción un plazo breve, cierto y determinado puesto que, de lo contrario, tal Resolución excedería los alcances de la delegación legislativa limitada a la actual situación de emergencia económica.

Atento a la gravedad de la situación social que nos encontramos y lo insostenible de un aumento sustancial en las tarifas energéticas solicitamos que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con su obligación constitucional de proteger "...la seguridad e intereses económicos ..." de los usuarios y de proveer a "... la defensa de la competencia contra toda distorsión de los mercados..." procediendo, conforme lo prevé expresamente el Art.13 de la ley 25.561 a: (i) regular el precio del gas en boca de pozo, (ii) Mantener el valor del gas en boca de pozo en pesos vigente con anterioridad a la sanción de la ley 25.561 a una paridad de ($1= U$S1) un peso un dólar. Y (iii) No autorizar ningún aumento hasta tanto se acredite fehacientemente el aumento de efectivo de los costos de

producción en cada caso concreto y en la medida de la efectiva incidencia de estos últimos.

SE DICTE EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIÓN.

Solicito se dicte el reglamento de funcionamiento interno de La Comisión que prevé el Decreto 370/02, el que deberá garantizar su transparencia y eficiencia.

Con tal propósito solicito que el reglamento prohiba, mientras dure este proceso, encuentros privados entre los miembros de La Comisión y los representantes de las empresas cuyos contratos se renegocian, debiendo cada una de las reuniones ser notificadas al resto de sus miembros con 72 horas de anticipación, quienes podrán concurrir si así lo desearan.

Asimismo, solicito que el Reglamento prevea que una vez elaborado el preacuerdo entre La Comisión y las empresas, éste sea sometido a consideración de una Audiencia Pública con anterioridad a la elaboración del precontrato a elevar al Ministerio de Economía, con el propósito de considerar los planteos ahí vertidos en la confección de dicho documento. La Audiencia Pública es indispensable en la materia, está contemplada en la ley, en la recta interpretación de la constitución y es independiente de la participación de un representante de los Usuarios en La Comisión, máxime cuando esta participación resulta extremadamente limitada en el tiempo y en su objeto.

Solicito también que el reglamento interno contemple: (i) un mecanismo formal de información de las Comisiones Técnicas hacia La Comisión y que dicha información sea pública y compartida por todos sus miembros, (ii) un mecanismo de instrucciones de La Comisión hacia las Comisiones Técnicas, las que deberán registrarse en un libro especial,

(iii) los procedimientos de deliberación y de decisión en el seno de La Comisión, (iv) que se incluya en la página Web de La Comisión la información sobre quiénes son las personas que integran las Comisiones Técnicas, indicándose sus antecedentes, (v) Se disponga la participación de técnicos propuestos por las Asociaciones de Usuarios y el Defensor del Pueblo de la Nación en las Comisiones técnicas, (vi) Se disponga colocar en la página Web de La Comisión las propuestas de las empresas y los trabajos de las Comisiones Técnicas.

Sin otro particular, a la espera de una pronta resolución de las cuestiones aquí planteadas, los saluda atentamente.

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3.3. DESIGNACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS

 

El Ministerio de Economía después de recibir la intimación presentada por el Dr. Ariel Caplan resuelve designarlo oficialmente el 17-4-2002:

B.O. 19/04/02 MINISTERIO DE ECONOMIA Resolución 58/2002

Bs. As., 17/4/2002

VISTO la Ley N° 25.561, de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, los Decretos Nros. 50 de fecha 8 de enero de 2002, 293 de fecha 12 de febrero de 2002, 370 de fecha 22 de febrero de 2002 y la Resolución N° 20 de fecha 18 de marzo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.561, en su Artículo 9°, autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Nacional bajo normas de Derecho Público incluyendo los de obras y servicios públicos comprendidos en el Artículo 8° de la citada ley, estableciendo los criterios que deben seguirse en el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos.

Que en virtud de la mencionada disposición legal, el Decreto N° 293/02, encomienda al MINISTERIO DE ECONOMIA la renegociación de los contratos alcanzados por las previsiones del Artículo 8° de la Ley N° 25.561 que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos. Que a fin de cumplir con los cometidos encomendados al MINISTERIO DE ECONOMIA, el Artículo 4° del Decreto N° 293/02 creó la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que será presidida por el Ministro de Economía o por quien éste designare, e integrada por personas con sobrados antecedentes e idoneidad en la materia objeto de su misión.

Que en función de lo prescripto por el citado Artículo 4° del Decreto N° 293/02, la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS estará integrada por UN (1) representante de las asociaciones de usuarios y consumidores involucradas, en cumplimiento del Artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores (RNAC) cuenta con DIECISEIS (16) asociaciones, de las cuales TRECE (13) dieron su apoyo a la designación del señor Ariel Rolando CAPLAN (DNI N° 13.416.361) a fin de que integre la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado en estas actuaciones la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para entender en la presente cuestión, en virtud de lo dispuesto en los Decretos Nros. 293/02 y 370/02.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVE:

ARTICULO 1° - Desígnase como integrante de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al señor Ariel Rolando CAPLAN (DNI N° 13.416.361), como representante de las Asociaciones de Consumidores.

ARTICULO 2° - Establécese que por la tarea a desempeñar en el ámbito de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el representante de las Asociaciones de Consumidores, no percibirá remuneración o retribución alguna.

ARTICULO 3° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.

JORGE REMES LENICOV.

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3.4. SEIS PUNTOS BASICOS

Estos seis puntos han sido elaborados a fin de promover la participación de los

usuarios directos y de otras entidades intermedias en el proceso de renegociación, entendiendo que sería muy útil conseguir la movilización social en torno a ciertos principios básicos que constituyen la orientación que, con el consenso de las entidades defensoras de los consumidores, se quiere dar a esta renegociación.

 

SEIS PUNTOS BÁSICOS PARA LA RENEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS.

En mi carácter de representante de los usuarios en el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos, hago saber algunos puntos básicos que inspiran nuestra participación en la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos y que fueron consensuados con las Asociaciones de Defensa de los Consumidores que más abajo se detallan.

Exhorto a las entidades intermedias y a los usuarios particulares a expresar su adhesión a estos principios y hacérselo saber a las autoridades competentes.

PUNTOS DE PARTIDA PARA UNA RENEGOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS.

LA UTILIDAD RAZONABLE Y LAS TARIFAS JUSTAS.

El derecho de los concesionarios o licenciatarios a una utilidad razonable debe apreciarse en todo el término del contrato y no debe limitarse al análisis de la actual emergencia económica. Deberán ajustarse las utilidades antes que las tarifas, considerándose un crédito a favor de los usuarios los ilegítimos incrementos tarifarios producidos por aplicación de índices de precios extranjeros.

OPOSICIÓN AL AUMENTO DE LAS TARIFAS.

No resulta admisible un aumento sustancial y generalizado de tarifas puesto que conspiraría con la universalidad de los servicios excluyendo a millones de usuarios de servicios públicos esenciales que hacen a una existencia digna.

EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO DE LAS EMPRESAS COMO RIESGO EMPRESARIO.

Resulta inaceptable considerar que el endeudamiento externo de las empresas en moneda extranjera constituye un costo a ser compensado por incrementos tarifarios.

La financiación mediante el aporte de terceros, sea a través de créditos bancarios u obligaciones negociables, constituyen una decisión empresaria que descartó aportes genuinos de capital por parte de sus socios o de nuevos integrantes de las sociedades mediante el aumento del capital social y su apertura a terceros ya sea en el mercado público de acciones o mediante transacciones privadas.

Evitaron en el pasado, los accionistas de estas, empresas invertir capital genuino y/o licuar sus participaciones accionarias. Prefirieron endeudarse. Se trata prácticamente del único riesgo empresario asumido por las empresas que no debe ni puede trasladarse a los usuarios.

Las empresas decidieron financiarse en el extranjero y en moneda extranjera debido a que el costo financiero resultaba infinitamente menor. Nunca socializaron dichos beneficios ni plantearon trasladarlos a los usuarios con reducciones tarifarias. No pueden pretender ahora socializar la pérdida o compensarla con aumentos tarifarios.

Los usuarios no pueden constituir el seguro de cambio de las empresas prestadoras de servicios públicos. Es hora de que afronten las consecuencias de su política empresaria y asuman el costo del riesgo que asumieron.

MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Deberá mantenerse la calidad de los servicios y todas las obligaciones contractuales. Si alguna empresa no está en condiciones de hacerlo que se le apliquen las sanciones previstas, incluyendo la rescisión por culpa del concesionario, en cuyo caso podrá licitarse nuevamente el servicio seleccionando al oferente que ofrezca el mejor servicio a la menor tarifa.

NECESIDAD DE AUDIENCIA PÚBLICA.

Una vez elaborado el preacuerdo entre la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos y las empresas, este deberá ser sometido a Audiencia Pública con anterioridad a la elaboración del precontrato a elevar al Ministerio de Economía, con el propósito de considerar los planteos ahí vertidos en la confección de dicho documento.

6. SE REGULE EL PRECIO DEL GAS EN BOCA DE POZO.

Atento a la gravedad de la situación social en que nos encontramos y lo insostenible de un aumento sustancial en las tarifas energéticas, el Poder Ejecutivo Nacional debe ejercer su obligación constitucional de proteger "... la seguridad e intereses económicos..." de los usuarios y de proveer a "... la defensa de la competencia contra toda distorsión de los mercados ..." procediendo, conforme lo prevé expresamente el Art. 13 de la ley 25.561 a: (i) regular el precio del gas en boca de pozo, (ii) mantener el valor del gas en boca de pozo en pesos vigente con anterioridad a la sanción de la ley 25.561 a una paridad de ($1=U$S1) un peso un dólar. Y (iii) No autorizar ningún aumento hasta tanto se acredite fehacientemente el aumento de efectivo de los costos de producción en cada caso concreto y en la medida de la efectiva incidencia de estos últimos.

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3.5. INTIMACIÓN A LA COMISIÓN, CON ACTA PROTOCOLAR, A QUE ENTREGUE DOCUMENTACIÓN.

El 26 de abril del 2002 ante escribana autorizante, comparecieron ante la Comisión de renegociación, en Paseo Colón 185, 4º piso, el Dr. Ariel Caplan en su carácter de Representante de Usuarios y Consumidores en la Comisión, conjuntamente con Ricardo Nasio, Presidente de Proconsumer; Horacio Bersten, Presidente de Unión de Usuarios y Consumidores, Eduardo Szelepski, Presidente de Consumidores Activos, Ana Raquel Barrios, Presidente de Consumidores Libres, Susana Andrada, en representación de Centro de Educación al Consumidor, Alejandro Noriega, en representación de Unión de Consumidores de Argentina, Pedro Bussetti, Presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores. Manifestaron que ante la solicitud efectuada el 15 de abril a su Secretario y Coordinador General, Licenciado José Barbero para que entregue copia de toda documentación y presentaciones realizadas por las empresas, incluidas en el proceso de renegociación. Dicha petición, que se reiteró el 19 de abril, fue respondida ese día derivándola a los coordinadores de cada equipo técnico quienes, a través de Mabel di Marzio y Verónica, le comunicaron que dicho material iba a estar a disposición del Dr. Caplan el 24 de abril. Cuando el Dr. Caplan quiso combinar el retiro de la documentación, se le comunicó que no se le entregaría la misma ya que faltaba definir cuál era la que tenía carácter de confidencial. Es debido a esta situación que se le solicitó a la escribana actuante que intime a la Comisión a que entregue en el acto la siguiente documentación:

1. Detalle de toda la documentación presentada ante dicha Comisión por las empresas sujetas al proceso de renegociación.

2. Una copia, de ser posible en soporte magnético, de todas las presentaciones de dichas empresas.

3. En caso de no coincidir la documentación solicitada en el punto uno con la que entregue conforme se requiere en el punto dos, se indique en forma fundada las razones de tal decisión.

Ante la ausencia de todos los integrantes de la Comisión no se pudo acceder a la entrega de la documentación, por lo cual la escribana actuante intimó dicha entrega en un de 48 horas.

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3.5.1. EXITOSA MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA POR EL DR. CAPLAN

Buenos Aires, 16 de mayo de 2002 Y VISTOS: Para resolver la medida cautelar dictada en estos autos: "Caplan, Ariel Rolando c/ EN – M° de Economía – Res. 20/02 s/ Medida Cautelar (Autónoma)" – Expte. 127.160/2002; y

 

CONSIDERANDO:

 

I. Inicia la actora esta medida cautelar para que se ordene al Ministerio de Economía e Infraestructura que garantice y suministre al actor, de inmediato el "acceso suficiente y equitativo" a los cuatro equipos técnicos previstos en la Res. 20/02, para poder hacer efectiva su participación en este proceso.

Pide se le conceda el acceso sin restricciones a las reuniones de equipos técnicos señalados en el punto 2.3 de la Res. 20/02, y a la información de que disponen los equipos técnicos a los efectos de la renegociación contractual, en especial la suministrada por las empresas en el marco del proceso de renegociación.

II. Que la pretensión se introduce como una medida de las llamadas "autosatisfactivas" cuya procedencia ha sido reconocida doctrinaria y jurisprudencialmente para dar respuesta a las situaciones que plantea la urgencia (conf. Muñoz, Guillermo "Nuevas tendencias en medidas cautelares" Jornadas Patagónicas de Derecho Procesal; Rubinzal-Culzoni, p.217 y ss).

III. Que el art. 9 de la ley 25.561 autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos comprendidos en el art. 8° y dispuso que debería tomarse en consideración "(...) 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios (...)".

Que el dec. 293/02 ordenó la creación de la "Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, la que tendrá a su cargo el asesoramiento y asistencia del Ministerio de Economía en la tarea que se encomienda en el presente decreto. La mencionada Comisión estará presidida por el señor Ministro de Economía o por quien él designare, e integrada por personas con sobrados antecedentes e idoneidad en la materia objeto de su misión y por un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores involucrados –en cumplimiento del art. 42 de la Constitución Nacional- todos los cuales serán designados por el Poder ejecutivo Nacional" (art. 4).

Que la Res. 58/02 del Ministerio de Economía designó al actor como integrante de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos como representante de las Asociaciones de Consumidores (art. 1°) – ver fs. 28.

IV. En el marco de esta normativa, pareciera evidente que asiste derecho al actor –como representante de los usuarios- a requerir la información y documentación a la que refiere el acta notarial de fs. 29/30, y que, prima facie, no puede negársele ningún tipo de documentación presentada en la Comisión, pretextando algún carácter confidencial (fs. 29 vta.), ni impedir su acceso a reuniones de equipos técnicos, sin burlar la intención de la norma legal que expresamente lo incluye en la Comisión de Renegociación de los Contratos.

Entiendo que una actitud reticente no solamente comprometería lo resuelto en el decreto 293/02 y en la Res. 58/02 del Ministerio de Economía, sino que afectaría el derecho a la información reconocido en el art. 42 de la Constitución Nacional. En consecuencia la medida solicitada es procedente.

V. Resulta suficiente contracautela la caución juratoria que deberá prestar la actora (art. 199 del C.P.C.C.).

Por lo expuesto

 

RESUELVO:

1. Hacer lugar a la medida solicitada y ordenar a la demandada que en forma inmediata entregue al actor la documentación citada a fs. 30 del acta notarial de fs. 29/30 y permita su acceso sin restricciones a las reuniones de los equipos técnicos.

2. Suspender los plazos del proceso de renegociación de los contratos hasta que se cumplimente con lo ordenado en el punto anterior.

Regístrese y notifíquese mediante oficio que confeccionará y diligenciará la parte. Clara María do Pico, Juez Federal.

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3.6. TARIFA SOCIAL

Las asociaciones de consumidores estamos solicitando una "tarifa social" para los hogares que se encuentran debajo del límite de pobreza, situación que en principio sería compartida por el Gobierno.

Algunas entidades de defensa del consumidor proponemos constituir un fondo fiduciario formado por aportes del Estado mediante eliminación de impuestos, una contribución de usuarios de mayores recursos y una rebaja por parte de las empresas.

Por su parte, las compañías desde ya no aceptarían esta propuesta, argumentando que si el Estado sacrificara impuestos, las tarifas bajarían un 30 % promedio. También sostienen que si se les obliga a aportar a los consumidores de mayores recursos, éstos se verían perjudicados por un aumento mayor que disminuiría el consumo y aumentaría la morosidad.

Los sindicatos de las empresas privatizadas reclamaron el 12 de agosto 02 participar en el proceso de renegociación de las tarifas. Solicitaron la fijación de una tarifa social para los sectores de menores recursos y una tarifa más cara para las empresas exportadoras.

El Ministro de Economía, Roberto Lavagna aseguró que no habrá un incremento inminente de tarifas y que cuando lo haya los sectores de menos recursos serán excluidos del aumento.

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4. AUTORIDADES Y DEMAS INTEGRANTES DE LA COMISION

El Decreto 370/2002 designa:

Presidente: Jorge Remes Lenicov.

Vicepresidente: Eduardo Ratti, actual Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, quien en caso de ausencia o de impedimento temporal, reemplazará al Presidente.(que de hecho es el que preside la Comisión)

Secretario y Coordinador General: José Antonio Barbero (se desempeñó en Subterráneos de Bs.As., y cuando éstos se privatizaron, ocupó un cargo de primera línea en Metrovías, que controlaba el Grupo de Benito Roggio, y últimamente en una consultora privada sin precisarse la cartera de sus clientes. Si Ud. lo sabe por favor informarlo).

El Gabinete de Asesores del Area de Servicios Públicos:

( integrada por 4 miembros)

1. GUILLERMO CAPPADORO (en el 80 fue director argentino de la represa binacional Salto Grande);

2. JORGE OSVALDO LÓPEZ RAGGI (fue presidente de Segba y de Obras Sanitarias de la Nación);

3. CARLOS AMERICO BASCO (economista experto agropecuario);

4. ALFREDO DEBATTISTA (director de informática y comunicaciones de la Provincia de San Luis);

Representante de los usuarios: Dr. Ariel Caplan, designado oficialmente con fecha 17 de abril 02, quién trabajará en la Comisión conjuntamente con los doctores Eduardo Szelepsky y Ricardo Nasio.

Representante del Defensor del Pueblo de la Nación, que participará como veedor, es decir que no intervendrá en las decisiones.

Intervendrán por el Gobierno: Rafael Bielsa, y los Secretarios de Energía: Alieto Guadagni; de Transporte: Guillermo López Del Punta; de Comunicaciones: Jorge Sarghini, de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor: Pablo Challú y de Obras Públicas ( a los 25 días de marzo sin noticias de designación).

COMISIONES: Se conformarán una por cada servicio, a las que se incorporarán los técnicos de los entes reguladores y asesores especialmente contratados.

Las Asociaciones de Consumidores programan comisiones en igual sentido, registrando a los profesionales o expertos propuestos a efectos de tratar el caso de cada empresa en particular, en relación a los 61 contratos a renegociar.

Lamentablemente, sin la participación de las asociaciones, ya se está revisando la documentación presentada por las empresas, y se proyectan contactos grupales en base a contratos de similares características.

Mediante la Resolución N° 269/2002 publicada en el Boletín Oficial el 8 de agosto, el Ministerio de Economía reemplazó a los siguientes miembros de la Comisión Renegociadora que habían sido nombrados en abril: los ingenieros Guillermo Cappadoro y Osvaldo López y el licenciado Eugenio Negre. Fueron designados mediante la misma resolución el licenciado Héctor Neme y el ingeniero Gustavo Saltiel. 

Miguel Sanguinetti, titular de la Comisión Renegociadora, renunció el 6 de septiembre. Según el Palacio de Hacienda lo hizo por motivos personales, pero se sabe que fue por una disputa que mantuvo con los entes regualadores por el manejo de las audiencias públicas convocadas para fines de septiembre. El ministro Lavagna optó por reemplazarlo y colocar al frente de la comisión a un hombre de su confianza.

Se supone que la salida de Sanguinetti no alteraría el cronograma de las audiencias públicas que estableció Economía.

La pelea entre Sanguinetti y los entes se desató cuando estos últimos recibieron del Ministerio de Economía las notas informando que conducción de las audiencias públicas quedaban bajo su responsabilidad. Los entes no quieren aparecer ante los usuarios defendiendo los aumentos. Un director de uno de los entes destacó al diario Clarín: "Si la comisión renegociadora y Economía decidieron llamar a audiencias para otorgar ajustes de emergencia entonces deben ser ellos los que tienen que encargarse de dirigir y controlar las reuniones públicas". Los reguladores quieren que el costo político de justificar los aumentos caiga en Economía ya que las asociaciones de defensa de los consumidores ya anticiparon que se opondrán a los aumentos y que denunciarán a los funcionarios ante la justicia.

El Ministro Roberto Lavagna designó el 10 de septiembre 02 a Gustavo Seminoff como titular de la Comisión Renegociadora en reemplazo de Sanguinetti.

Seminoff es un escribano de 40 años que a mediados de la década del 90 trabajó junto a Domingo Cavallo. Manejó la Dirección de Bienes Estatales y copiloteó la venta de mil viviendas en Yaciretá.

 

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5. AUDIENCIAS PUBLICAS

A udiencias Públicas a realizarse en Avenida Corrientes 132 1°Piso, Capital Federal

 

  • 25 de septiembre 02: Servicios de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica.

 

  • 26 de septiembre 02: Transporte y Distribución de Gas.

 

  • 30 de septiembre 02: Accesos a la Capital Federal.

 

  • 7 de octubre 02: Corredor Vial N°18.

 

  • 9 de octubre 02: Telefonía Básica.

Estas audiencias fueron suspendidas el 24 de septiembre del 2002 por la Juez Claudia Rodríguez Vidal, titular del Juzgado Federal N° 3. (ver resolución completa)

El 5 de octubre 02 se conoció la decisión del Ministerio de Economía de llamar a nuevas audiencias públicas luego de la suspensión del anterior llamado por parte de la justicia.

La intención del ministerio es que sean los entes reguladores los que realicen estas nuevas convocatorias para evitar así el reclamo de las asociaciones de consumidores. En estas nuevas audiencias no se trataría un aumento de tarifas de emergencia sino un "ajuste extraordinario por aumento de costos", algo que está contemplado en la mayor parte de los contratos de concesión y que se basaría en el impacto de la devaluación y la inflación.

El 18 de octubre 02 se convocaron ocho audiencias públicas que se realizarán entre el 18 y el 26 de noviembre para debatir los aumentos de luz y gas:

18 de noviembre 02: Gas. La audiencia se realizará en el Enargás.

El ente regulador de la electricidad, Enre, decidió fragmentar las audiencias por empresas:

21 de noviembre 02: Transna. En Salta.

21 de noviembre 02: Transba. En Tandil.

22 de noviembre 02: Districuyo. En Mendoza.

25 de noviembre 02: Transener. En Buenos Aires.

26 de noviembre 02: Transpa. En Trelew.

26 de noviembre 02: Transportadora del Comahue. En Neuquén

Ante este nuevo llamado a audiencias públicas, a pesar de que sigue vigente una orden judicial que las suspendió, la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Olivera, dijo a Clarín el 21 de octubre 02: "todavía debo reunirme con los representantes de las asociaciones de usuarios para definir una estrategia jurídica. Pero no vamos a dejar pasar esta maniobra". Agregó también que "el hecho de que se vuelva a convocar audiencias públicas cuando una medida cautelar vigente lo impide indica que este gobierno ni siquiera respeta los presupuestos básicos de un estado de derecho. Todo esto es muy poco serio".

El 15 de noviembre 02, la jueza Claudia Vidal volvió a suspender las audiencias públicas previstas a partir del 18 de noviembre 02 para analizar los ajustes tarifarios de luz y gas.

En este nuevo fallo la jueza recordó que cuando la ley de emergencia económica habilitó la renegociación de las tarifas se dispuso contemplar el impacto de estas "en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas y la rentabilidad de las empresas". (Ver más en 2. INSEGURIDAD - AUMENTOS)

El 26 de noviembre 02 el gobierno recusó a la jueza Claudia Rodríguez Vidal y un nuevo juez se hará cargo interinamente de la causa hasta que la Cámara en lo Contencioso Administrativo, formada por los jueces Jorge Argento y Roberto Mordeglia, de la Sala III, decida si acepta el pedido de que la jueza sea separada de la causa. El argumento de la recusación del gobierno es que la jueza cometió "prejuzgamiento". La acusa de haber opinado sobre el fondo de la cuestión, si se deben o no se deben autorizar los aumentos tarifarios, al dictar las medidas cautelares que suspendieron las audiencias.(Ver más en 2. INSEGURIDAD - AUMENTOS)

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6. BASES OFICIALES PARA LA RENEGOCIACION

La Comisión, ante la pesificación de las tarifas atadas al dólar, deben evacuar la fórmula o fijar pautas que coincidan en ajustar el costo de los servicios para el período de transición, con el plazo de la emergencia pública fijada hasta noviembre de 2003.

Para ello, dispone entre sus metas absorber el impacto de la devaluación en el costo de esos servicios, logrando que las tarifas no aumenten o se incrementen lo menos posible.

Fundamentalmente la Comisión debe seguir los criterios legales establecidos por el artículo 9º de la Ley Nº 25.561, donde se autoriza al PEN a renegociar los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, y establece los criterios que deben seguirse:

a) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos;

b) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando estuvieran previstos contractualmente. Con respecto a los planes de inversión se frenaron totalmente ante el hecho que las tarifas se congelaron en pesos y encontrándose varias compañías endeudadas en dólares. Por ahora las empresas solo utilizan sus recursos para gastos corrientes (pago de salarios y demás gastos imprescindibles). Los problemas de caja se acentúan por la caída del consumo, el aumento de morosidad de los particulares y de las dependencias oficiales (nacionales, provinciales y municipales), además de los pagos comprometidos en el exterior;

c) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios;

d) la seguridad de los sistemas comprendidos; y

e) la rentabilidad de las empresas.

OBJETIVOS:

Al respecto, el Presidente de la Comisión Dr. Jorge Remes Lenicov, ya ha declarado públicamente que estima imposible que las empresas absorban todo el costo que les ocasionan la inflación y devaluación; y manifiesta que buscará el menor impacto tarifario posible, evitando que las concesiones se desfinancien o los servicios colapsen. Ante ello sus objetivos serían:

a) Reducir o eliminar el canon que pagan al Estado Nacional, haciendo la salvedad respecto de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y Correo Argentino S.A., empresas que no pagan o saldan parcialmente los cánones a los que se habían comprometido;

b) Cerrar el mercado al ingreso de nuevos competidores;

c) Reducir el nivel de calidad previsto en el contrato. Esto palmariamente significa la posibilidad de incumplir las cláusulas de calidad de servicio, siempre y cuando no afecten en exceso a la población usuaria. Ante ello están dispuestos a aceptar más tiempos de corte o menos tensión;

d) Estirar los plazos de concesión de aquellos contratos que están por vencer. Este alargamiento de los plazos será para aquellas concesiones que tienen términos cortos, mientras que para el resto no tiene sentido porque puede entrañar un peligro grave, ya que un contrato de prórroga puede no estipular las obras a efectuarse en caso de mejoramiento de la economía en general o para ese sector en particular, es decir, podríamos tener un contrato prorrogado hasta el año 2025, y sin que la concesionaria tenga obligación de efectuar obras o mejoras importantes.( Ej: Un puente en un poblado en una concesión vial en el año 2025, podría estar quebrado o bajo el agua).

e) Achicamiento de los planes de expansión: Se aceptará que las empresas inviertan menos en redes, como una forma de aminorarles la presión financiera .

ESTRATEGIAS:

La estrategia del equipo económico factiblemente era la de mantener todas las tarifas sin cambios hasta julio próximo (02), para que esas subas no se trasladen rápidamente al índice de precios al consumidor, donde inciden en un 7,68 %. Mas con los aumentos estacionales dispuestos con la Res.53/2002 que serán trasladados indefectiblemente a dicho índice, la estrategia que anticipara en el mes de marzo Economía quedó en la nada. (En enero ppdo. el consumo de los servicios registró una baja del 12% respecto al de enero del año pdo. según el INDEC.)

Por otra parte, fuentes oficiales cercanas a las negociaciones insistieron que el gobierno no contemplaría una indexación por mecanismos directos de traslado de precios, como el CER ni tampoco se atarían automáticamente las tarifas a las subas de la inflación.

Las mismas fuentes sostienen que Economía estaría pensando en un sistema de ajuste vinculado a otros elementos como por ejemplo los avances en el cronograma de inversiones previstas o el plan de obras comprometidas por las concesionarias.

Esperemos que no sigan en Economía buscando un ajuste a corto plazo, ante la suba del dólar y de los precios internos, porque ya no solo complicarán a las renegociaciones sino que provocarán en nuestras asociaciones de consumidores el inicio de acciones judiciales.

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7. COMBUSTIBLES

Es la sangre en el cuerpo de las renegociaciones. Dentro de las renegociaciones a efectuar, la Comisión deberá contemplar por decreto, en el cuadro energético, la situación en que se encuentra la comercialización de combustibles líquidos, entre los que se incluye el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC).

Al respecto, es fundamental que las petroleras no vuelvan a subir los precios de los combustibles porque ya han trasladado en parte significativa el impacto de la devaluación, dado que si no hay precio cierto de los combustibles, el gobierno no puede sentarse con las distribuidoras para intentar que pacten con las petroleras un valor moderado para el gas en el invierno. Y esto es así porque el precio del gas en boca de pozo siempre tiene por referencia el valor de los combustibles sustitutivos (gasoil y fueloil).

Si no hay precio para el gas en la primera semana de mayo, en que empiezan a regir las llamadas tarifas de invierno, tampoco puede haber precio de electricidad, cuyo costo depende en parte de ese fluido y también de cierto modo, de los combustibles líquidos en los días de más bajas temperaturas.

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8. POSICIONES Y SITUACION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

ACLARACION: el contenido de este capítulo es al solo efecto de advertir al movimiento de usuarios y consumidores la posición y situación que esgrimen las empresas, sin que ello signifique compartir tales criterios. Por lo tanto, reiteramos nuestro firme e inclaudicable propósito de propender a que el resultado de las negociaciones tenga como corolario las tarifas estables y adecuadas en pesos, es decir que la renegociación sea justa y equitativa. Para ello reiteramos la necesidad de contar con el aporte de todos para fundamentar lo dicho.

El conjunto de los 61 contratos a renegociar, abarca diversas áreas y contiene una gran diversidad de cláusulas y mecanismos contractuales de ejecución, tanto en lo que respecta a los derechos y obligaciones asumidos por las partes, como en lo relacionado con el régimen tarifario y pueden ser impactados por la reforma del régimen cambiario de diversas maneras, sea en lo relativo a:

a) sistema de fijación y reajuste de tarifas:

b) las deudas vinculadas con el sistema financiero en la plaza nacional o internacional;

c) los compromisos de inversión y ejecución de obras,

d) al pago del canon,

e) eliminación de subsidios,

f) compensaciones tributarias, aduaneras o de cargas sociales,

g) alícuotas diferenciales y otros aspectos.

De ello se deduce que la comisión no podrá determinar una formula única para todos los contratos, ya que en cada servicio se registran particularidades distintas. Ante ello, veamos la posición, postura y demás situaciones de cada una de las empresas de servicios públicos en particular.

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8.1. La provisión de servicios de agua potable y desagües cloacales. Aguas Argentinas

Para este servicio la Comisión designó como Coordinador de Aguas y Saneamiento a Jorge Osvaldo López Raggi.

Aquí se ha de discutir un solo contrato, el de Aguas Argentinas.

ANTECEDENTES :

En principio, esta quiere aumentar las tarifas para compensar la inflación y el alza de los insumos y componentes importados, pretende un seguro de cambio para las deudas en el exterior, y más años de contratos para compensar la caída de sus ingresos.

En el inicio del proceso la Comisión estimaba que no se les ofrecerá un seguro de cambio para sus deudas en el exterior que asciende a U$S 700 M.. Sin especificar qué deudas fueron contraídas para efectuar obras relacionadas con la prestación de servicios.

El 13 de marzo de 2002, Juan Carlos Cassagne, Pte. de Aguas Argentinas, previo a concurrir a la Comisión, le pidió al Presidente de la Nación garantizar la seguridad jurídica, quejándose que no saben que hacer con los bonos provinciales, y le pidió mecanismos intermedios mientras continúa la renegociación de los contratos.

El 18 de marzo de 2002, el entonces Secretario de Coordinación de la Comisión Renegociadora, José Barbero, recibió al Presidente y al Gerente General de Aguas Argentinas, Juan Carlos Cassagne y Michael Trousseau, respectivamente, quienes manifestaron que el principal problema de la empresa luego del abandono de la convertibilidad es el endeudamiento externo de la misma. Además participaron de la reunión Jorge López Raggi y el ex síndico Rafael Bielsa.

La vocera de la empresa, Adriana Lauro, recordó que dicha deuda totaliza 700 millones de dólares y que el impacto de la devaluación representa hasta el día de hoy, una pérdida de 740 millones de pesos para la concesionaria. Si bien los empresarios no solicitaron expresamente un seguro de cambio, anticiparon que reclamarán un mecanismo de asistencia estatal para compensar el nivel de la recaudación en dólares que tenían antes de la pesificación y el congelamiento de tarifas que impuso la ley de emergencia económica.

Aguas Argentinas en default: se declaró en cesación de pagos el 9 de abril de 2002

En una nota a la Comisión Nacional de Valores, Juan Carlos Cassagne, Presidente de Aguas Argentinas, expresó que la situación financiera de la sociedad se ha visto severamente afectada debido al congelamiento de tarifas en la relación uno a uno con el dólar, al mismo tiempo que se devaluó el peso. Debido a esa situación, Cassagne afirmó que la empresa se ve obligada a suspender transitoriamente el pago del servicio de su deuda para administrar sus disponibilidades en efectivo con el objetivo de asegurar la continuidad de sus servicios esenciales. Cassagne también sugiere que la empresa le volverá a plantear al gobierno la necesidad de un seguro de cambio. Aguas Argentinas había sido la primera en solicitar al gobierno un seguro de este tipo para enfrentar su deuda que, en un 95%, fue contraída en dólares. Los principales acreedores de la empresa son la Corporación Financiera Internacional, el BID, el Banco Mundial y ocho bancos cuya representación ejerce el ING Baring.

El 9 de agosto 02 el Ministerio de Economía despachó una carta con copia a 59 empresas privatizadas para que antes del 14 del mismo mes presentes sus "requerimientos en materia de ajustes tarifarios de urgencia". En Aguas Argentinas estimaron que el ajuste que solicitarán será de un 10%.

El 16 de agosto 02 las empresas privatizadas presentaron al gobierno sus pedidos de aumentos de tarifas que van del 10 al 70% y solicitaron una rebaja impositiva para aliviar el impacto de los aumentos en los sectores de menores recursos. La mayoría de las empresas prefirió no hacer públicos los aumentos solicitados.

La presentación de Aguas Argentinas será el 20 de agosto 02. Trascendió que el aumento que solicitará la empresa es del 10%.

El 23 de agosto 02 el Ministerio de Economía distribuyó la información sobre los aumentos que solicitaron las empresas privatizadas.

Aguas Argentinas pidió un ajuste del 42%. Voceros de la empresa informaron que es lo que se necesita por los próximos 18 meses para compensar el desfasaje entre los ingresos y egresos y cubrir costos, mantenimiento e intereses de la deuda de la empresa.

El Ministerio de Economía anunció el 26 de agosto 02 la fecha de la audiencia pública para Aguas será el 4 de octubre 02.

Eduardo Perez, Vicepresidente de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, le solicitó por carta el 2 de septiembre 02 al Presidente del Ente Tripartito, Ing. Eduardo Cevallo, que para facilitar la organización y desarrollo de la consulta pública concerniente a la concesionaria del sector aguas, sea él quien la convoque y dirija el procedimiento en virtud de su experiencia en la materia. Le solicita que el cierre de final de dicha consulta no se extienda más allá del 4 de octubre del 2002. Le informa que se le enviarán al ente las actuaciones que contienen las solicitudes de la empresa que está tramitando al Comisión de Renegociación.

Perez detalló los criterios que se deberán contemplar en la audiencia:

  1. El objeto de la consulta es tratar la recomposición tarifaria de urgencia solicitada por la empresa.
  2. La convocatoria se realizará con difusión en el Boletín Oficial, en tres diarios de circulación nacional por tres días y en Internet.
  3. En la consulta actuarán como parte: la empresa, el Defensor del Pueblo de la Nación y demás personas públicas o privadas que tengan interés en hacerlo y que cumplan con los requisitos de ese organismo
  4. Se cursarán invitaciones a autoridades públicas en general y en particular a las Comisiones Bicamerales del Congreso creadas por el art. 14 de la ley 23.696 y el art. 20 de la ley 25.561.
  5. A partir del último día de publicación de la convocatoria, las actuaciones correspondientes serán puestas a disposición de los interesados por el plazo que ese organismo estime conveniente.
  6. Dentro de los cinco días de finalizado el proceso, la Comisión remitirá al Ministro de Economía un informe detallado sobre sus resultados con copia de toda la documentación producida.
  7. Se designarán funcionarios de la Comisión para que acudan a la consulta.

El 5 de septiembre 02 el grupo francés Suez informó una fuerte caída de sus beneficios semestrales a causa de una provisión de 500 millones de euros a causa de la crisis argentina. Sin embargo, el director general de la compañía, Philippe Brongniart, dijo que la misma no contempla retirarse del país.

El presidente de Suez, Gerard Mestrallet, dijo que "defendemos nuestros intereses con un recurso ante el Tribunal Internacional de Arbritraje". El procedimiento ante el tribunal emprendido por la empresa a mediados de año se hace en dos fases: la primera, de seis meses, pasa por una negociación amistosa y si no se llega a ningún resultado, se puede iniciar un juicio. En este momento se está en la fase de contactos con el gobierno, explicó Brongniart, que considera más realista la vía de un aumento de tarifas que una indemnización ya que el gobierno argentino no tiene dinero.

En el diario Clarín del 24 de octubre 02 se informa sobre el plan del Ministerio de Economía para apurar el aumento de las tarifas del agua. Según dicho plan, la semana que viene se iniciaría un proceso de discusión de inversiones y contratos, que incluiría una consulta pública por escrito, que terminaría con un ajuste de un dígito que se aplicaría desde diciembre. El plazo para la presentación de las objeciones y propuestas de los usuarios y otros interesados en el tema tarifario será hasta fines de noviembre.

El 28 de octubre 02 la Comisión Renegociadora le exigirá a Aguas Argentinas que presente un "plan de mejora y expansión de servicios de emergencia. Ese plan deberá ir acompañado de un proyecto "mínimo" de inversiones, con plazo hasta diciembre de 2003. También deberá contener una "propuesta de ajuste de tarifas para financiar esa iniciativa y recomponer los ingresos de la empresa, afectados por la devaluación y la inflación".

El 13 de noviembre 02 la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración presidida por el senador justicialista de Santa Fe, Oscar Lamberto convalidó los informes de la Auditoría General de la Nación donde se constataban "numerosas irregularidades y falencias" en el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), en la administración del Pami y en las concesiones del Correo y de las terminales aeroportuarias.

En el caso específico del ETOSS, la investigación de la AGN detectó que el ente no le exigió a Aguas Argentinas el "cumplimiento de las obligaciones contractuales" y además incurrió en una "excesiva demora en la aplicación de penalidades".

Los técnicos del área "Agua y Saneamiento" de la Comisión Renegociadora le recomendaron al gobierno el 20 de noviembre que antes de definir cualquier aumento tarifario de Aguas Argentinas "evalúe los incumplimientos de inversiones que arrastra la concesionaria y el destino dado a los ingresos provenientes de los cargos fijos que se crearon para financiar la ampliación de redes". Los técnicos sostuvieron que "con los ingresos actuales la empresa puede cubrir los costos operativos y atender las obras de mantenimiento y las reparaciones de emergencia". (ver informe completo)

Luego de afirmar que las facturas de agua y cloacas aumentaron un 62% promedio para los usuarios residenciales, advirtieron que "no resultaría posible un aumento generalizado de tarifas y que en caso de autorizarse un ajuste debería recaer sólo en los usuarios de mayores ingresos".

El informe fue realizado sobre la base de los datos aportados a la Comisión por el ETOSS, Aguas Argentinas y la subsecretaría de Recursos Hídricos. Algunas de sus conclusiones son las siguientes:

  • A fines del 2002, la empresa ya registraba un incumplimiento en las inversiones de expansión y del plan de saneamiento integral de 57,7 millones de pesos.
  • La empresa no inició ninguna obra de expansión comprometida para el 2002
  • Los usuarios de menores ingresos fueron los más afectados por los incrementos tarifarios que se registraron desde 1998. El último ajuste fue del 4,3% y, curiosamente, entró en vigencia en enero de este año.
  • La empresa incorporó arbitrariamente a sus ingresos los recursos provenientes de los "cargos tarifarios adicionales" (como SUMA y el CIS) que deberían destinarse a la ampliación de redes.
  • Desde 1994 la empresa tuvo una muy alta rentabilidad en relación al patrimonio neto que osciló entre un 13 y un 34%. Las inversiones fueron financiadas fundamentalmente con créditos externos a costos inferiores a la rentabilidad del capital invertido en el negocio, lo cual generó un riesgo financiero, con índices de endeudamiento superiores a lo normal.

Con fecha 4 de noviembre 02, el Dr. Alberto Diego Sarciat había dirigido dos Memorandum al Dr. Diego Simeonoff, Secretario y Coordinador de la Comisión Renegociadora, en relación a los informes de Cierre de Fase II e Inicio de Fase III de la renegociación. (ver memorandum)

Por su parte, la vocera de Aguas Argentinas, Adriana Lauro, señaló que el fin de la convertibilidad le produjo a la empresa un desfasaje de 1700 millones de pesos entre sus ingresos y sus obligaciones. Y agregó "si se postergan inversiones y se difieren los vencimientos de deudas, ese desequilibrio se reduce a 350 millones, el cual se puede empezar a recuperar con un ajuste del 10% y una reducción del IVA la mitad".

El 4 de diciembre 02 Aguas Argentinas presentó su propuesta de aumentos tarifarios ante el ente regulador del sector (ETOSS) y la Comisión Renegociadora. La empresa se encuentra en la Fase III de la renegociación de su contrato de concesión dentro del marco de la Ley de Emergencia Económica.

  • La propuesta de la empresa incluye los siguientes puntos:
  • Incremento tarifario del 15%.
  • Propuesta al gobierno para que reduzca un 25% (o sea, cinco puntos porcentuales el IVA al servicio). Según la empresa esto sería un 10% de rebaja en las boletas de los usuarios.
  • El aumento no alcanzaría a los beneficiarios del Programa Tarifa Social. Actualmente se encuentran bajo este programa 10.000 usuarios aunque con el presupuesto que tiene la empresa a esos efectos de cuatro millones de pesos, alcanzaría para beneficiar a 100.000 que deben ser seleccionados por los municipios del área de la concesión.
  • Cancelación de deudas del Estado con la empresa por servicios prestados (alrededor de 100 millones de pesos).
  • Reasignación del impuesto a la ganancia mínima presunta estimado en 45 millones de pesos para solventar el programa de inversiones.
  • Los aumentos destinados a financiar obras irán a un fideicomiso y no a la caja de la compañía.

El ajuste que propone la empresa va acompañado de un "Plan de Mejoras y Expansión del Servicio 2002/2003". Voceros de la empresas explicaron: "proponemos un programa que permite no sólo asegurar la calidad y continuidad del servicio sino también iniciar planes de expansión que posibiliten ir trazando un escenario para la salida de la crisis, a través de inversiones por 245 millones de pesos para 2002 y 2003".

En el ETOSS consideran que esta propuesta no va a tener demasiados cuestionamientos porque se viene discutiendo hace tiempo.

El mecanismo de Consulta Pública aprobado por Economía para el caso de Aguas Argentinas prevé 25 días hábiles para que los usuarios puedan cuestionar la propuesta.

La Comisión de Usuarios del Etoss, ante el llamado a Consulta Pública que adoptó el Ministerio de Economía por Resolución N° 671/02, interpuso Recurso administrativo de Reconsideración con fecha 11 de diciembre 02 ante el citado ministerio, solicitando la convocatoria de Audiencia Pública.(ver recurso)

El 30 de enero 03 as asociaciones de defensa de los consumidores convocaron para el 11 de febrero 03 a una audiencia de debate público sobre la renegociación del contrato de Aguas Argentinas. La convocatoria fue hecha por la Comisión de Usuarios del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS). Según la Comisión de Usuarios, el Ministerio de Economía "prefirió hacer una consulta pública por carta y por Internet, en lugar de convocar a una audiencia pública". Ante la falta de respuesta del ministerio, se realizó esta convocatoria ya que según dijeron sus voceros "queremos que todos los usuarios del servicio puedan participar y expresar su opinión al respecto, ya que era un deber del Estado garantizar que esta consulta se lleve a cabo mediante una audiencia pública, tal como lo señala la Constitución Nacional". La Convocatoria Pública será presidida por el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino.

La Comisión Renegociadora elaboró un documento donde se cuestiona duramente a la empresa Aguas Argentinas. El informe, que se puede ver en Internet (www.mecon.gov.ar), afirma que la empresa no tiene déficit operativo que la habilite a pedir aumentos. También sostiene que la misma incumplió con los planes de inversión y de expansión previstos para el año pasado y que tampoco inició las obras previstas para este año y que la tarifa subió entre un 54 y un 65% desde que se hizo cargo del servicio.

Los puntos salientes del informe son los siguientes:

  •  Al 31 de marzo de este año la empresa no tenía problemas para cubrir lso costos operativos, siempre y cuando no pague la deuda.
  • La mayoría de sus insumos son locales y no importados.
  • La rentabilidad promedio de la empresa fue del 20%, contra una rentabilidad promedio del sector con máximos del 10%.
  • Esto se debe a la escasa inversión inicial de capital propio:  por contrato, sólo estaba obligada a aportar un capital de 120 millones de dólares. Las inversiones realizadas fueron apalancadas con endeudamiento externo, lo que explica su alta exposición financiera actual.
  • La expansión de la red se hizo sobre la base del aumento de tarifas (subsidio cruzado de viejos usuarios hacia los nuevos)
  • En 1999 se incorporó la indexación por la inflación de los EEUU, que el contrato original no preveía.
  • Los empleados de la empresa mermaron en un 50% desde la concesión.
  • Fue sancionada por el ente regulador con 6.274.000 pesos de multa no cobradas hasta hoy.
  • Existe incumplimiento en la ejecución de las inversiones de Expansión y el Plan de Saneamiento Integral a fines de 2001. Se calcula que el monto no invertido es de 57,7 millones de dólares, es decir, el 50% del total.

Basándose en este informe, las asociaciones de defensa de consumidores solicitarán la revocación del contrato de concesión de la empresa. La vocera de la empresa, Adriana Lauro, dijo que "si bien no hubo inversión el año pasado no hay un incumplimiento del 50%, esa es una foto de un momento", pero admitió que "hay un retraso con las obras".

Ariel Caplan dijo que "es impensable que le den un aumento tarifario teniendo en cuenta el grado de incumplimiento de la empresa". Por su parte, Patricia Vaca Narvaja dijo que "la empresa pide aumentos de tarifas para cumplir con su endeudamiento. La comisión demostró que no tiene problemas para cubrir los costos operativos".

El 11 de febrero 03 se realizó una convocatoria pública organizada por la Comisión de Usuarios del ETOSS para discutir la propuesta de Aguas Argentinas ante la Comisión Renegociadora. El objetivo de dicha convocatoria es reunir las opiniones de los consumidores y elaborar un documento que se presentará en la Consulta pública donde se debate la proposición de la empresa que incluye un ajuste tarifario del 15% e inversiones por 155 millones de pesos.

El inicio del debate estuvo a cargo de Patricia Vaca Narvaja, de Consumidores Argentinos y miembro de la Comisión de Usuarios del ETOSS. Luego tomó la palabra Marcelo Treguer, también de esa comisión y dio a conocer un informe técnico en el que se detallaba que "la empresa ha incumplido sistemáticamente con las disposiciones contractuales y reglamentarias del ente, algo que le valió la aplicación de numerosas sanciones. El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo que "no se pueden discutir los incrementos tarifarios antes de que el estado defina seriamente si la empresa está en condiciones de continuar prestando el servicio, o si bien debe pensarse en la readecuación de éste".

El diputado Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, dijo que "la pretensión del aumento del 15% en al tarifas es inaceptable" y agregó que "por esa y muchas otras razones , el estado debería proceder a la rescisión del contrato".

Reinaldo Enríquez, de  ACUC, recordó que, si bien el contrato de concesión establecía que pro 10 años no debían aumentar las tarifas, se autorizaron aumentos del 13,5% aún en un período deflacionario".

Entre estas disertaciones se escucharon también testimonios de vecinos que enumeraron sus quejas hacia la empresa.

El accionista mayoritario de Aguas Argentinas, el grupo francés Suez, informó el 6 de marzo de 2003 en París que está decidido a recurrir a un arbitraje internacional si no termina el procedimiento previo actualmente en curso con el Estado argentino. El presidente de Suez, Gèrard Mestrallet dijo que "nuestra determinación es total y si, cuando llega la fecha, consideramos que nuestro interés es solicitar el arbitraje, lo haremos".

Suez se presentó a mediados del año pasado ante el CIADI, tribunal arbitral que depende del Banco Mundial, para denunciar la violación del tratado de protección recíproca de las inversiones entre Francia y Argentina.

Los funcionarios del gobierno aseguran que no prosperarán  los juicios en el CIADI contra el Estado argentino porque nadie tuvo aumentos y una suba de tarifas en aguas rompería ese equilibrio.

El jueves 3 de abril del 2003 la Comisión Renegociadora envió a la empresa Aguas Argentinas una propuesta para avanzar en la renegociación de las tarifas.

La empresa había pedido un aumento del 15% y una rebaja del IVA pero Economía propuso un aumento del 10% hasta fines del 2003 cuyo monto será depositado y administrado mediante un fideicomiso para continuar con la expansión de la red. Economía también fija en 180 días el plazo para la finalización del proceso de renegociaciòn con la empresa y establece que sus accionistas no pueden avanzar con presentaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La Argentina enfrenta en este momento 9 demandas ante ese organismo (Ver más en Inseguridad y Aumentos) ante el que Aguas Argentinas inició un trámite que todavía no derivó en una demanda.

 

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8.2. El servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica

EDENOR S.A – EDESUR S.A – DISTROCUYO S.A – TRANSBA S.A – TRANSCOMAHUE S.A – TRANSENER S.A – TRANSNEA S.A – TRANSNOA S.A – TRANSPA S.A – EDELAP S.A

Para este servicio, la Comisión cuenta con la participación del Dr. Alieto Guadagni, en su condición de Subsecretario de Energía de la Nación.

Respecto de estos contratos hay dos situaciones en el desarrollo del proceso. Son los de mayor complejidad y urgencia, por la proximidad del invierno, que provocaron internas entre Economía y Jefatura de Gabinete que pueden leerse en el punto .

Debemos diferenciar entre:

DISTRIBUIDORAS: estas pretenden que se las exima de penalidades de multa por deficiencias en la prestación de los servicios, por un periodo de transición y que las tarifas se ajusten conforme la inflación mensual. También, le reclaman al Gobierno ayuda del exterior para poder negociar con los bancos y así afrontar las deudas existentes.

TRANSPORTISTAS: quieren la implementación de un seguro de cambio para los créditos tomados y entonces expandir el sistema. Además, sugieren que se mantengan las variaciones estacionales de precios que tiene el mercado mayorista y que se adicionen a las tarifas de los usuarios una no definida cantidad de centavos para financiar obras.

Para el Ministerio de Economía los contratos de Edenor y Edesur son de los pocos considerados como aceptables.

El 18 de marzo, con la invitación a las empresas privatizadas del sector, se inició el proceso de renegociación en la Secretaria de Energía. Presidida por el Coordinador de la Comisión José Barbero, y por parte del gobierno, Rafael Fernández Morandé, se realizaron dos reuniones, una con las distribuidoras eléctricas: EDENOR (representada por Henri Ducrè), EDESUR (José María Rovira ) y EDELAP( Jon Habbas, que es la distribuidora de los cinco partidos que rodean a La Plata ); y otra con las transportistas : TRANSENER, TRANSNOA, TRANSPA y TRANSCOMAHUE.

Los representantes de las compañías eléctricas se retiraron de la Secretaría de Energía con el formulario de estilo a efectos de ser contestado y presentado dentro de los 10 a 15 días siguientes. Allí deberán detallar las nuevas ecuaciones de sus negocios luego de la devaluación y demás conceptos que exige la Res.20/2002..

Según fuentes de las empresas, las empresas plantearon el aumento del 43% del costo de sus insumos luego de la salida de la convertibilidad hasta la fecha. Aducen que solo en la última semana se les acumuló un tercio de ese incremento debido al aumento del dólar. Parte de la tecnología y de las materias primas que usan estas empresas dicen que son importadas, por ejemplo, los precintos de los medidores de luz o la tecnología en frío que se usa para empalmar las líneas de cableado.

Dentro del sector energético algunos insisten en que no van a pedir aumentos pero si la revisión integral de sus contratos

Por otra parte, las principales generadoras del país agrupados en Ageera, se reunieron el 4 de abril con el Subsecretario de Energía, Bautista Marcheschi, donde les pidió una declaración de precios en pesos para el periodo mayo-octubre. Ante ello los empresarios le propusieron que se practique una actualización semana tras semana y criticaron las medidas de Marcheschi al decir que son "poco transparentes, intervencionistas e insuficientes para permitir un desarrollo sustentable del sector"(La Nación 5-4-2002, Economía & Negocios, pág.3)

Sin haberse aún designado oficialmente al Dr. Caplan en la Comisión como Representante de los Usuarios, el 11 y 12 de abril la compañía eléctrica Edelap y las transportistas Transener y Transba, fueron las primeras en entregar los requisitos establecidos en el formulario, que debían presentar en el marco de la renegociación. Allí solicitan un aumento del 15% en las tarifas del sector.

Las distribuidoras manifestaron que el sector eléctrico "está en riesgo" y que si no se realiza una pronta adecuación de tarifas, se producirá un deterioro en la calidad de las prestaciones y que los usuarios se enfrentarán a dificultades como salida de servicio de las centrales térmicas, al no poder afrontar el aumento del fuel oil y del gas que han aplicado las empresas petroleras, como así también la imposibilidad de reparar las líneas de alta tensión por el aumento de precios de los insumos importados debido a la devaluación. También señalan que se producirá una demora en la atención de reclamos y problemas por la falta de mantenimiento de las redes. Se suspenderían las nuevas conexiones y aumentaría la frecuencia y duración de los cortes temporarios.

Asimismo, las distribuidoras han advertido a la Comisión que no pueden garantizar la continuidad del servicio si no se establece una recomposición tarifaria que les permita amortiguar el impacto de la devaluación.

Los cortes de luz y los apagones que perjudican a los usuarios fueron nuevamente advertidos por las empresas eléctricas en reclamo como otro elemento de presión para obtener una rápida definición sobre los aumentos tarifarios.

Según las empresas, los precios de los cables y los principales insumos que éstas utilizan registraron aumentos que van desde un 130% al 200%.

Edenor estimó que la devaluación le generó a la empresa una "pérdida de cambio de 1000 millones de pesos" debido a sus 530 millones de dólares de deuda. La empresa también afirma que en las actuales circunstancias no existen posibilidades

de acceder a créditos y que de no haber una corrección en las tarifas, Edenor llegará a fin de año con "una pérdida de 400 millones de pesos y un déficit de $1000 millones". La distribuidora reclama la implementación de una cláusula de ajuste que esté ligada a la variación de los costos que están atados en un 70% a la evolución del dólar y en un 30% a la evolución de los precios internos. Según la empresa, las tarifas comparadas en dólares, están cuatro veces más baratas que en Brasil.

Voceros de la empresa manifestaron que el consumo del primer trimestre del año cayó un 10% con respecto al mismo período del año pasado y que además aumentaron la morosidad en los pagos de facturas como así también el robo de energía.

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) advirtió el 12 de agosto que el servicio se tornará inviable si no se les autoriza a las compañías del sector a subir las tarifas en el corto plazo. Orlando Romatti, gerente de ADEERA, explicó que las "empresas serán comprensivas si el Gobierno insiste en que el aumento no sea superior al 10%" y agregó que se necesita urgente una definición al respecto ya que "no es posible seguir prestando un servicio con tarifas totalmente insuficientes" y destacó que los actuales precios del sector son una tercera parte de los de España y el Mercosur y que no cubren el costo operativo: "si algo se rompe lo arreglamos como podemos, pero no  estamos en condiciones de hacer inversiones en los insumos importados necesarios para abastecer la moderna tecnología que incorporamos en estos años".

Con respecto a la tarifa social, Romatti dijo que "no hay inconveniente en reconocer que algunos sectores de menores recursos no paguen más y lo cubran otros sectores pero eso tiene que ser transitorio".

En el seminario de IDEA que se realizó el 14 de agosto, el titular de Pecom Energía, Oscar Vicente sostuvo que "el gas se vende hoy, en boca de pozo, a 35 centavos de dólar por millón de BTU. El precio libre es de 1,27 dólar. Si se lleva a 60 centavos, el impacto será de entre 20 y 22% promedio en las facturas de gas y del 20 al 25% en las de luz por el impacto que significa el uso del gas para generar electricidad".

El 16 de agosto las empresas privatizadas presentaron al gobierno sus pedidos de aumentos de tarifas que van del 10 al 70% y solicitaron una rebaja impositiva para aliviar el impacto de los aumentos en los sectores de menores recursos. La mayoría de las empresas prefirió no hacer públicos los aumentos solicitados.

Edelap sería la empresa que más aumento solicitó: un 70%. Edenor habría planteado un incremento del 45% y Edesur del 40%. Ninguna de las dos empresas propuso tarifas sociales aunque en los últimos días lo habían propuesto.

Por su parte, las transportadoras de electricidad no precisaron aumentos y sólo reclamaron una "recomposición general de sus ingresos."

El 23 de agosto el Ministerio de Economía distribuyó la información sobre los aumentos que solicitaron las empresas privatizadas.

Las compañías eléctricas que fundamentaron su pedido son:

TransNea 139%

Trans Noa 92,8%

Districuyo 62%

Las que enviaron sus pretenciones de aumento pero sin fundamentar son:

Edenor 36%

Edesur 35,4%

Edelap 39%

Transba 24%

Transener 93%

Transcomahue SA 32,4%

Transpa no define

El Ministerio de Economía anunció el 26 de agosto que la fecha de la audiencia pública para las compañías eléctricas será el 25 de septiembre. (ver más en Audiencias Públicas)

El 24 de noviembre se produjo el apagón más grave de la historia local. La explosión de un transformador que recibe la energía de las centrales hidroeléctricas del sur afectó a casi 16 millones de personas. El corte comenzó a las 15:28 hs y se extendió por más de cuatro horas. Se quedó sin luz la mayor parte de la Capital Federal y gran parte del Gran Buenos Aires,  donde fueron afectados un 90 % de los clientes de Edesur y 70% de los de Edenor. También se afectó a un altísimo porcentaje de los usuarios de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Saavedra, Tornquist y Coronel Suárez. También se vieron afectados gran cantidad de hogares de las provincias de Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Fe. En la Capital Federal dejaron de funcionar los semáforos y por varias horas se vio afectado el servicio de subterráneos. La falta de luz no fue el único problema: centenares de personas que habitan en los barrios porteños de Caballito, Devoto y Palermo y en algunas localidades como Quilmes sufrieron también la falta de agua. El clima aumentó el descontento de los usuarios: cuando el agua comenzó a escasear la sensación térmica alcanzaba los 36 grados. El corte afectó a dos plantas potabilizadoras (San Martín en Palermo y General Belgrano de Bernal) y catorce estaciones de bombeo de Aguas Argentinas.

El transformador que explotó pertenece a la empresas Transener. El vocero de la empresa, Oscar Dores descartó que la falla se deba a un "sabotaje" o "problemas de mantenimiento". A través de un comunicado de la Secretaría de Energía, el gobierno también descartó cualquier tipo de sabotaje.

Dores también dijo que se realizarán peritajes para determinar la causa del desperfecto. El ENRE dijo al día siguiente del apagón a los representantes de asociaciones de defensa de los consumidores que también realizará peritajes y dijo que posiblemente se pida la colaboración de alguna universidad.

Dores aseguró también que en los últimos meses la empresa tuvo problemas con la provisión de elementos para  mantener en funcionamiento los equipos de distribución de energía en un intento de ligar el desperfecto a los inconvenientes que, según aducen las empresas, tienen para conseguir repuestos importados por causa de la devaluación. Sin embargo el ENRE descartó que el problema esté relacionado con ello ya que el repuesto que necesitó la empresa para solucionar el problema se hallaba en sus depósitos.

La falla se originó en la estación Ezeiza. Una explosión quemó uno de los transformadores, el 2 fase R. La tremenda magnitud del corte se debió a que la estación Ezeiza recibe dos de las cuatro líneas de alta tensión del llamado "Corredor del Comahue", que trae la energía producida en las centrales hidroeléctricas de El Chocón, Alicurá, Piedra del Aguila, Cerros Colorados, entre otras usinas de la provincia Neuquén. Según un vocero de Transener, ese corredor aportaba en el momento del corte un 25% de la energía que se estaba consumiendo en el país.

Antes de que se cumplieran las 24 horas del inicio del apagón, el vocero de Edenor, Alberto Lipi advirtió que habrá más cortes si se sigue demorando el ajuste de tarifas. Precisó que el problema "fue un tema estrictamente externo a Edenor pero afectó a ésta y otras distribuidoras; la falla técnica desenganchó las cuatro las cuatro líneas del Comahue y afectó al sistema interconectado nacional de allí". En cuanto a la causa de la falla, dijo que esa pregunta debía trasladarse a los responsables de Transener. Y siguiendo la misma línea de razonamiento de Dores dijo: "desde hace meses las empresas vienen advirtiendo sobre los problemas derivados de período muy prolongado sin inversiones". Por su parte, el representante de los usuarios ante la Comisión Renegociadora consideró que "el corte se trató de una extorsión al gobierno y los usuarios".

Al día siguiente del apagón llegó al congreso el informe en el que se basó el ministro de economía, Roberto Lavagna para calcular los aumentos de las tarifas de los servicios.

Electricidad: Los consumidores de Edesur, Edenor y Edelap con menores consumos no tendrían aumentos. Son 1.820.000 usurarios y representan el 42,3% de los clientes de las compañías eléctricas. Los consumidores medianos, por ejemplo, pequeños comerciantes, tendrían un aumento del 12% y las industrias un aumento del 15%. Para las industrias clientes de Edelap el aumento sería del 16%.

Las transportistas también se verían beneficiadas con aumentos. La empresa Transener, involucrada en el apagón del 24 de noviembre recibiría un aumento del 22%.

El 26 de noviembre Enrique Devoto, secretario de Energía, dijo que "sin ajuste de tarifas la calidad del servicio no se puede sostener en el tiempo", y que si bien no ocurriría nada si los aumentos no se dan inmediatamente pero que sí habrá consecuencias si el congelamiento de tarifas se perpetúa en el tiempo. Al respecto un técnico del ente regulador explicó que Edenor "este año iban a hacer una línea directa entre la Central Costanera y Colegiales, que reducía el riesgo de cortes. Esa obra está postergada. El riesgo entonces es mayor". En cuanto a las razones del apagón Devoto dijo  que la empresa descartó que fuera un atentado y nosotros descartamos que sea una forma de presión porque sería muy burdo hacerlo de esa manera".

El ministro de economía antes de su viaje a Europa redactó, junto a Devoto, el borrador de un decreto para el aumento de tarifas . Ese borrador se encuentra en manos del presidente Duhalde  "pero el apagón complicó su firma", reconoció el secretario de Energía.

El 30 de noviembre el Presidente Duhalde firmó el decreto número 2437 que autoriza los aumentos de luz y gas (ver más en Inseguridad y Aumentos).

El aumento para la electricidad será de un 9% promedio.

El aumento será diferente para cada categoría de usuarios. Según el decreto, los usuarios residenciales que consumen menos de 300 kw/h por bimestre no tendrán aumento. Aquellos cuyo consumo está entre los 301 y 600 kw/h, el ajuste llega al 11% para los clientes de Edesur y a un 10,4% para los de Edenor. Para las casas de familia de mayores consumo, los ajustes estarán entre un 7,5 y 9%.

Los pequeños y medianos comerciantes cuyas facturas oscilan entre los 50 y los 200$ sin impuestos tendrán un aumento de alrededor del 10%.

Los usuarios industriales de media tensión (mayormente pymes) pagará alrededor de un 15% de aumento y los clientes de alta tensión (grandes usuarios) tendrán un aumento del 9%.

Según la empresa Edelap, que provee el servicio en el sur del Gran Buenos Aires, el aumento no permite mantener la calidad del servicio y por lo tanto tampoco permite evitar que se produzcan nuevos cortes. En un comunicado la empresa dijo que el ajuste "es un aso hacia la readecuación de los ingreso que son necesarios para sostener el servicio eléctrico, pero resulta absolutamente insuficiente".

El 29 de enero el presidente Duhalde firmó el decreto 146/03 que establece los aumentos de las tarifas de gas y electricidad que entrarán en vigencia el 1° de febrero.

En el caso de la luz, las subas van de un 7,5 a un 16,4%, o sea, un promedio del 9%.

Las familias de bajo consumo no se verán afectadas por estos aumentos, es decir que quienes consumen hasta 300 kw/hora por bimestre no sufrirán el aumento.

Los aumentos de la electricidad están expresado en pesos en el decreto y según las categorías son los siguientes:

R2 (Residencial) Son las casas de familia de mayor consumo. El cargo fijo aumentó de 16,47$ a 19,17$,es decir un aumento del 16,4%. El kw hora pasa de costar 0,04$ a costar 0,043$, es decir, un aumento del 7,5%.

G1 (Comercial) Son los comercios y las industrias con consumos más bajos. El cargo fijo pasó de 8,15$ a 8,82$, un aumento del 8,2%. El kw hora pasó de 0,105$ a 0,115$, o sea que tiene un aumento del 9,5%

Los entes reguladores Enargas y Enre notificaron a las empresas del sector el 27 de febrero de 2003 la suspensión de los aumentos en los servicios de gas y luz. Mientras que el Enargas le ordenó a las licenciatarias a devolver a los usuarios el aumento que cobraron hasta la fecha por el decreto 146/03, el Enre se limitó a suspender los incrementos..

El 27 de febrero de 2003 un fallo de la juez Cristina Carrión de Lorenzo ordenó al Poder Ejecutivo suspender los aumentos de luz y gas. En este caso, el fallo responde a una presentación hecha por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino y tiene vigencia nacional. (ver más en Inseguridad y Aumentos)

Adeera, asociación que reúne a las distribuidoras de energía eléctrica, dio a conocer un comunicado el 11 de marzo de 2003 en el que asegura que "si los gobiernos nacionales y provinciales no renegocian seriamente los contratos de concesión, encontrando el modo de proveer el adecuado equilibrio del sector eléctrico, estaremos enfrentando en poco tiempo una severa crisis eléctrica". Al ser consultado por el diario Clarín a qué se referían con "severa crisis", el gerente de Adeera, Orlando Ramati respondió "caída de la calidad del servicio, producto de la imposibilidad de hacer mantenimiento preventivo por falta de recursos y agregó que en el año 2003 habrá más cortes y por más tiempo que en el 2002.

En el año 2002 no hubo mucha cantidad de cortes pero el apagón que se produjo el 24 de noviembre en Capital y Gran Buenos Aires hizo bajar los promedios de los períodos anteriores. Según Ramati, sobre esa base habrá una caída. Ramati advirtió que el período de más riesgo es el invierno porque está aumentando el robo de energía ya que los que no pueden pagar el servicio se enganchan y esa demanda es infinita ya que cuando no se paga no hay límite al consumo. También dijo que a esa situación hay que agregarle el aumento en el precio de las garrafas, de más de un 100%, y que eso generará una fuerte demanda adicional y que ese será el momento del peligro de corte.

Según Marcelo Cantón, del diario Clarín, lo que buscan las distribuidoras con esta argumentación es reimpulsar la suba de tarifas. Adeera, que reúne a 37 distribuidoras, dice que la pesificaciòn y el congelamiento de tarifas las empujó a " un virtual default que les impide pagar normalmente a proveedores y acreedores" y a un "deterioro creciente de la calidad del servicio" y declararon que "ya hemos comenzado a transitar las emergencia en el sector eléctrico".

Beneficios gracias al dólar. La distribuidora eléctrica Edenor informó que cerró el primer trimestre del año 2003 con un beneficio de $ 210,8 millones, como producto de la revaluación del peso frente al dólar. Señala a su vez que esta cifra reduce la pérdida cambiaría de la sociedad que fue el año pasado de $ 1195 millones. Se ve reflejado el efecto que tienen las variaciones en la cotización del  dólar en la deuda de Edenor (US$ 500 millones). La baja de la divisa provocó una reducción  de los pasivos en pesos de la empresa que se tradujo en una ganancia contable. Edesur obtuvo beneficios por $ 32 millones a pesar de que al mismo tiempo sus perdidas ascendieron a $ 3 millones.

 

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8.3. La provisión de transporte y distribución de gas

METROGAS S.A - GAS CUYANA S.A – GAS DEL CENTRO S.A – GAS NATURAL BAN S.A – GASNOR S.A – TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A – TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A – CAMUZZI GAS PAMPEANO S. A – CAMUZZI GAS DEL SUR S.A

Respecto de estos contratos, conjuntamente con los de electricidad, como ya dijimos son los que tienen mayor complejidad y urgencias para ser tratados ante la proximidad del invierno, o sea desde el 1 de mayo. Argumentan e insisten que este aumento no forma parte del conjunto de las renegociaciones, ya que es ajeno a las cláusulas prohibidas por ajuste por dólar e indexación.

Respecto a las renegociaciones, tanto Transporte y Distribuidoras reclaman restablecer la indexación de las tarifas. Buscan un aumento equivalente a la inflación que se desató en el mes de enero ppdo.

Por otra parte, las distribuidoras dicen que no van a renunciar a los ajustes tarifarios que tienen congelados por fallo judicial. Son las que siguen el índice inflacionario de EEUU y están sin aplicar desde el mes de enero de 2000. Requieren asimismo que no se les exija calidad de servicio mientras dure la emergencia.

Por un lado se encuentra el aumento que solicitan las distribuidoras del gas por sus propios costos, lo que se conoce como "valor agregado de distribución" que se sumaría a las subas de los precios mayoristas del gas en boca de pozo.

Según la ley de marco regulatorio, las centrales térmicas deben presentar sus costos variables dos veces por año, en febrero y octubre, pero voceros de las generadoras sostienen que "es imposible determinar los costos del gas en pesos para los próximos seis meses".

El valor del gas está desregulado y por razones estacionales, normalmente sube el 1 de mayo y baja el 1 de octubre. Considerando lo que ocurrió el año pasado, esos mismos voceros estiman que el gas en yacimientos de la Cuenca Neuquina, que provee el 50 % de lo que se consume en el país, subirá 25 % en dólares en mayo.

Hasta el día de hoy, los contratos entre las generadoras y las distribuidores de gas, y en algunos casos, directamente con las petroleras, se pesificaron uno a uno pero están sujetos a una renegociación entre las partes.

Si en la negociación entre las petroleras y las distribuidoras de gas no se llega a un acuerdo en la revisión de los contratos ya firmados, tendrán un impacto de 20 a 25 % en la materia prima, que representa un tercio de la factura que pagan los consumidores.

Para el Ministerio de Economía éstos contratos, también, son de los pocos considerados como aceptables.

El 13 de marzo Will Adamson de la inglesa Metrogas se quejó al Presidente que no pueden recolectar los bonos provinciales, y remarcó las dificultades por el endeudamiento externo que no fue pesificado, de 400 millones de dólares por inversiones genuinas. Y advirtió sobre que el desfasaje tarifario viene de dos años atrás y a los pocos días entró en default .

El 21 de marzo la Comisión Renegociadora recibió a los representantes de las mencionadas empresas transportistas y distribuidoras de gas a quienes les entregaron los formularios que deberán completar en un plazo de 10 días para comenzar las negociaciones individuales con cada una.

Pese a que la renegociación no terminará antes de junio, los funcionarios admiten que las tarifas aumentarán para compensar los efectos de la devaluación y la pesificación. Los ajustes se definirán caso por caso, por eso los incrementos de tarifas podrían no ser uniformes para todas las operadoras.

Los funcionarios también declararon que las empresas reclaman un seguro de cambio para afrontar la deuda del sector que asciende a 2600 millones de dólares, de los cuales la mayor parte fue contraída con organismos financieros internacionales.

Las distribuidoras le anticiparon al gobierno que exigirán mantener el mecanismo de ajuste que les posibilitaba hasta enero trasladar a las tarifas las variaciones del precio del gas en boca de pozo.

Otro planteo de las empresas es que se les permita realizar ajustes por la inflación norteamericana que la Justicia trabó a mediados del año 2001. También pedirán una compensación por los incrementos de hasta un 50 % que registraron los insumos importados que se utilizan en la operación del servicio.

El 25 de marzo ppdo., Metrogas anunció que suspenderá los pagos de capital e intereses sobre el total de su deuda financiera e inició un plan de reestructuración de la misma. La deuda de Metrogas, cuyos accionistas principales son British Gas y Repsol YPF, asciende a 420 millones de dólares, de los cuales el 10% fue contraído con entidades locales y por eso, pesificado. Según el vocero de la compañía, Orlando Di Pino, "se trata de un caso de suspensión transitoria de pagos a acreedores financieros con el objetivo de preservar el normal desenvolvimiento de la empresa". También afirmó que no se va a discontinuar el servicio y explicó que Metrogas acumuló en lo últimos tres meses entre 20 y 30 millones de pesos por moras del pago del servicio debido a la recesión.

Un analista no identificado le comentó a La Nación : "Podrían haber pagado, pero están apurando la renegociación del contrato". (La Nación, 26/3/02)

Las empresas de gas aseguraron al Diario Clarín el 11 de abril que "la calidad del servicio está garantizada", pero también arguyen que habrá falta de medidores, que se podría dificultar el pago automático, que no habrá refuerzo en la oferta de fluido y que no ampliarán la cantidad de clientes. Señalan que "gran parte de sus insumos son importados, y se deben pagar en dólares. Y aunque uno tenga divisas, en muchos casos igual no se consiguen".

El 15 de abril el ente regulador Energas, publicó una solicitada llamando a audiencia pública para discutir el aumento de tarifas por el reajuste de invierno. La audiencia se realizará el 30 de abril a las 8 hs en la sede del organismo en Suipacha al 600.

El 9 de agosto el Ministerio de Economía despachó una carta con copia a 59 empresas privatizadas para que antes del 14 del mismo mes presentes sus "requerimientos en materia de ajustes tarifarios de urgencia". Una de las mayores empresas de gas precisó que el sector está pensando en pedir un aumento del 30% promedio.

En el seminario de IDEA que se realizó el 14 de agosto, el titular de Pecom Energía, Oscar Vicente reclamó un ajuste de precios que implicaría una suba del 20 al 25% en las facturas de gas y luz.

Dijo Vicente: "el gas se vende hoy, en boca de pozo, a 35 centavos de dólar por millón de BTU. El precio libre es de 1,27 dólar. Si se lleva a 60 centavos, el impacto será de entre 20 y 22% promedio en las facturas de gas y del 20 al 25% en las de luz por el impacto que significa el uso del gas para generar electricidad".

Vicente también reclamó que el ajuste debe realizarse "ya" porque si no se comienzan a perforar nuevos pozos antes de noviembre para que estén en producción el invierno que viene faltará el gas.

Por su parte, el ex secretario de Energía, Daniel Montamat sostuvo que "el gobierno debería instrumentar un esquema de transición que permita la recuperación gradual de las tarifas".

El 16 de agosto las empresas privatizadas presentaron al gobierno sus pedidos de aumentos de tarifas que van del 10 al 70% y solicitaron una rebaja impositiva para aliviar el impacto de los aumentos en los sectores de menores recursos. La mayoría de las empresas prefirió no hacer públicos los aumentos solicitados.

La mayoría de las gasíferas no precisaron un porcentaje de aumento.

El 22 de agosto el Enargas confirmó la reducción de los fondos que permiten subsidiar el consumo de gas en la Patagonia. Según el Gobierno de Tierra del Fuego esto implicaría un aumento de más del 200% en las facturas domiciliarias. El Enargas relativizó la posibilidad de un fuerte impacto en las tarifas. El diputado nacional por el PJ Fueguino, Omar Becerra, anunció la creación de un foro de legisladores patagónicos que tratarán el tema para lograr la modificación del decreto reglamentario y de la creación del Fondo Fiduciario para garantizar el mantenimiento de las actuales tarifas para la región.

El 23 de agosto el Ministerio de Economía distribuyó la información sobre los aumentos que solicitaron las empresas privatizadas.

Las gasíferas que fundamentaron el pedido de aumentos son:

Metrogas 66,8%

Litoral Gas 49,1%

Las empresas del sector que pidieron aumentos y aun no los fundamentaron son:

GasNor 47%

GasNea 170%

Gas del Centro 61,5%

Gas Cuyana 48,4%

Gas Natural BAN 68,8%

y las transportadoras TGN 39,4% y TGS 173,7%

El Ministerio de Economía anunció el 26 de agosto la fecha de la audiencia pública para las empresas de gas será el 26 de septiembre. (ver más en Audiencias Públicas)

Las nueve empresas de distribución de gas junto a las dos transportadoras del producto reclamaron el 2 de octubre "la urgente atención de las autoridades y el rápido tratamiento de la situación del sector". Dijeron que "hoy resulta imprescindible recomponer parcialmente las tarifas y buscar la forma de restablecer los contratos"

Según el comunicado, la devaluación y la pesificación y el congelamiento de tarifas, así como la asimetría entre el cobro de tarifas en pesos y los mayores costos por la inflación "imposibilitan las inversiones necesarias"

Afirman que el sector atraviesa "una profunda crisis que pone en riesgo sus prestaciones" y que las empresas se están descapitalizando rápidamente.

Protestaron porque "hay sectores que irresponsablemente promueven el delito con mensajes que incitan a un uso ilegal del servicio y fomentan el no pago del mismo".

Según un vocero de una de las empresas, en declaraciones a Ambito Financiero, "a medida que va pasando el tiempo, lo que se cobra es cada vez menos y ya se gastó el excedente de caja que pudo haber en un principio". Añadió que cuando se habla de afectación de servicio, las empresas se refieren al "mantenimiento de las redes en lo que respecta sobre todo a seguridad". Dijo que también que la mayoría de los insumos y repuestos son importados y destacó que "va a llegar un momento en que no se pueda mantener el negocio, no ya ganar dinero".

El 25 de noviembre llegó al Congreso el informe técnico en el que se basó el ministro de Economía Roberto Lavagna para calcular los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Según el mismo, los usuarios de gas de menos consumo no tendrían aumento. Son 1.894.000 de personas y representan un 34% del total de los usuarios de gas. Pero los hogares que tienen un consumo medio o alto superarían el 7% de aumento que prometió Lavagna. Los que más pagarían serían los usuarios de la categoría medio y alto consumo de la empresa Centro (un 7,4%). Sólo los clientes de Camuzzi Gas del Sur pagarían menos, un 5,6%. Los retoques para los consumos industriales llegarían a un 17,7% para los clientes de Camuzzi y de un 19,3% para los clientes de GNC de MetroGas.

El 30 de noviembre el Presidente Duhalde firmó el decreto número 2437 que autoriza los aumentos de luz y gas (ver más en Inseguridad y Aumentos).

Los clientes residenciales que consuman menos de 500 metros cúbicos de gas por año se salvarán del aumento. Los que superen ese consumo pagarán en promedio, los siguientes porcentajes:

5,6% para los clientes de Gas del Sur

7,1% para los clientes de Litoral Gas,Cuyana, Gasnory y Gasnea

7,2% para los clientes de Pampeana y Gas Natural

7,3 para los clientes de MetroGas

7,4 para los clientes de Gas del Centro

En el caso del gas natural comprimido (GNC) los incrementos van del 8,2 a casi el 20% para los estacioneros según el área de qué empresa distribuidora estén ubicados. Sin embargo el sobreprecio que deberán pagar los consumidores va a ser menor ya que las subas se aplican sobre el precio del combustible y no sobre el impuesto que incluye el valor final que paga el consumidor.

El 29 de enero el presidente Duhalde firmó el decreto 146/03 que establece los aumentos de las tarifas de gas y electricidad que entrarán en vigencia el 1° de febrero.

Para los usuarios de gas de Capital y Gran Buenos Aires, según el tipo de categoría de cliente, las subas van de un 7,3% a un 19,3% o sea, un promedio de 7,2%.

Las familias de bajo consumo no se verán afectadas por estos aumentos que en el caso del gas son quienes consumen menos de 500 metros cúbicos al año.

En el decreto los aumentos del gas están expresados en porcentajes:

METROGAS:

Residenciales: en las categorías de medianos y altos consumos las subas son de un 7,3%. Los usuarios que consumen menos de 500 metros cúbicos al año, que son entre el 25 y el 30% de todo el país no se verán afectados por los aumentos.

Industriales: Hay tres categorías. Las empresas que aceptan interrumpir el servicio en invierno, cuando hay mayor demanda de gas de los domicilios, tendrán un aumento del 12,3%. Las compañías que por contrato no se les puede cortar el suministro del gas tendrán un aumento del 14,8%. Para los grandes usuarios el aumento será de un 18%.

En las otras ocho distribuidoras, el aumento a los clientes residenciales es similar. El mayor incremento, de un 7,4% lo tendrán los usuarios de Centro Córdoba. Los que menos aumento tienen, de un 5,6% son los clientes de Camuzzi Gas del Sur.

En las tarifas industriales para grandes consumidores, las mayor suba es para los clientes de Metro Gas y la menor para los de Gasnor, con un aumento del 8,8%. Para los servicios interrumpibles, el mayor aumentos se registra en en Camuzzi Gas del sur con el 17,7% y quienes menos aumento tienen son los usuarios de Gas Nea con el 6%. Para las industrias que no les cortan el gas, la tarifa más cara es la de Camuzzi Gas del Sur, de un 20% y la más baja es la de Litoral y Gas Nea con un 7,7% de aumento.

La mayor suba de GNC está en Camuzzi Gas Pampeana con el 19,8% y la menor en Cuyana, de un 8,2%.

Los entes reguladores Enargas y el Enre notificaron a las empresas del sector el 27 de febrero de 2003 la suspensión de los aumentos en los servicios de gas y luz. Mientras que el Enargas le ordenó a las licenciatarias a devolver a los usuarios el aumento que cobraron hasta la fecha por el decreto 146/03, el Enre se limitó a suspender los incrementos.

El 27 de febrero de 2003 un fallo de la juez Cristina Carriòn de Lorenzo ordenó al Poder Ejecutivo suspender los aumentos de luz y gas. En este caso, el fallo responde a una presentación hecha por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino y tiene vigencia nacional. (ver más en Inseguridad y Aumentos).

El congelamiento de las tarifas no impidió que las empresas de servicios públicos mostraran balances positivos. Metrogas obtuvo en el primer trimestre del año 2003 un beneficio de $ 98,6 millones. El 70% de las acciones de Metrogas está en manos de Gas Argentino. Otro 10% está en poder de los empleados de la compañía y el resto se cotiza en las bolsas de New York y Buenos Aires.

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8.4. El servicio de telecomunicaciones de telefonía básica (fija)

TELECOM S.A – TELEFONICA S.A

La designación del ex Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Carlos Ruckauf, Jorge Sarghini, como Secretario de Comunicaciones, dará el rumbo a las negociaciones.

Téngase en consideración que para las telefónicas las variables de ajuste son más acotadas, ya que se trata de un mercado desregulado y las empresas no pagan

cánones anuales y no tienen plazo de concesión

El viernes 22 de marzo ppdo., se realizo una breve reunión formal con José Barbero como Coordinador de la Comisión; Jorge Sarghini en nombre de su Secretaria de Comunicaciones y con los representantes de Telefónica Argentina y Telecom. Por Telefónica estuvieron: su Pte. Miguel Angel Gutiérrez, que había asumido el 12 de febrero ppdo., justamente para encabezar las renegociaciones, el Gerente General Guillermo Ansaldo y el Secretario General a cargo del tema regulatorio, Fernando Borio. Esta compañía, paralelamente, emitió un comunicado para aclarar ciertos temas financieros y afirmó que hasta ahora no han aprobado ningún plan de acción especifico. Respecto de Telecom, concurrieron su Pte. Juan Carlos Masjoan; la Gerente General Susana Malcorra y el Director de Estrategias de Negocio Edmundo Poggio. Ambas empresas hicieron conocer que su deuda conjunta asciende a 6000 millones de dólares y manifestaron su deseo de superar la critica situación. Por otra parte los responsables de Telecom hicieron total silencio respecto de las declaraciones de su socio francés, que en la presentación de su balance anual afirmó que no invertirá más dinero en la Argentina.

Si bien no fue tema de la reunión del 22 de marzo, anticipamos que como en la mayoría de los servicios, se denota incertidumbre por la incidencia de la variación del tipo de cambio en el endeudamiento externo y en los insumos importados, así como las subas de los precios internos y una caída del 10 % en el volumen de llamadas, circunstancias que han de complicar en principio la renegociación.

Las prestatarias están preocupadas por la proliferación de los bonos provinciales que afecta su capacidad de pago y los ataques políticos por ser empresas extranjeras.

No hay que olvidar que la Cámara de Diputados dio media sanción a una ley para imponer a las telefónicas una tasa del 2 % sobre su facturación bruta, destinada a financiar a los municipios. Esa tasa ya había sido vetada por el Ejecutivo el año pasado. Pero quedará sin efecto el veto antedicho si ambas cámaras aprueban el proyecto, que se transformará en ley.

Antes de sentarse a negociar las telefónicas ya amenazan con recortes en la impresión de las guías telefónicas, la no prestación del 110 gratuito, o el subsidio para los usuarios de bajos recursos y despidos de personal, es decir, como siempre las menos solidarias en momentos de crisis.

El 9 de agosto el Ministerio de Economía despachó una carta con copia a 59 empresas privatizadas para que antes del 14 del mismo mes presentes sus "requerimientos en materia de ajustes tarifarios de urgencia". Las empresas telefónicas dejaron trascender que reclamarán un aumento entre el 20 y el 30%.

El 16 de agosto las empresas privatizadas presentaron al gobierno sus pedidos de aumentos de tarifas que van del 10 al 70% y solicitaron una rebaja impositiva para aliviar el impacto de los aumentos en los sectores de menores recursos. La mayoría de las empresas prefirió no hacer públicos los aumentos solicitados.

Telefónica no dio a conocer los detalles de su pedido.

Trascendió que Telecom solicitó un aumento del 30%. El vocero de la empresa indicó que la propuesta incluía aumentar el abono residencial en un 30,2%, el abono comercial en un 31,9% y el profesional en un 29,8%. Telecom planteó varias alternativas para los aumentos de las llamada para que sea el gobierno el que finalmente decida. La empresa también informó que los aumentos no alcanzarán a los jubilados, los usuarios de bajo consumo y a los adherentes al Plan Jefes de Familia.

El 23 de agosto el Ministerio de Economía distribuyó la información sobre los aumentos que solicitaron las empresas privatizadas.

Las compañías teléfonicas informaron que reclaman un ajuste de emergencia que está alrededor del índice inflacionario acumulado en el año para poder seguir brindando el servicio con un mínimo de calidad.

Telefónica hizo un sólo pedido de un aumento de 34,65% sobre el servicio básico.

Telecom dividió los pedidos según los servicios que presta:

Abono básico 30/32% según sea casa de familia, profesional, gobierno o comercial.

Servicio Urbano 43%

Larga distancia nacional del 9 al 21%

Larga distancia internacional 275%

Voceros de Telecom aseguran que la ecuación promedio de esos ajustes da un 29%.

El Ministerio de Economía anunció el 26 de agosto la fecha de la audiencia pública para las empresas telefónicas será el 7 de octubre. (ver más en Audiencias Públicas).

La CNC ordenó el 14 de mayo de 2003 a Telefónica no introducir cambios en las bonificaciones relativas al servicio de "línea control" (el porcentaje de la bonificación es del 35 % en cantidad de pulsos) que utilizan mayormente los usuarios de menores recursos. Sin embargo los voceros de la compañía dijeron que no se dará marcha atrás con la decisión tomada porque las bonificaciones se encuentran por debajo del cuadro tarifario básico. La CNC asegura que con estos cambios va a haber un incremento de 1,18 pesos más IVA en las tarifas del servicio básico telefónico con esta modalidad a partir de los primeros días de junio. Esto se deberá a la disminución en las bonificaciones. Telefónica solicitó autorización al ente de control para la concreción de las medidas pero se rechazó el pedido. Como igualmente continuó con su proyecto, la Comisión dispuso que se aplicaría la sanción correspondiente en caso de incumplimiento. Ahora, se presume que la diferencia será resuelta por el Ministerio de Economía que es la instancia superior al CNC.

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8.5. El transporte público automotor y ferroviario de personas, de superficie y subterráneo

TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A – TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A – TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN S.A –TRENES DE BUENOS AIRES S.A – VIRGEN DE ITATI S.A – METROVIAS SA

El Subsecretario de Transporte de la Nación Guillermo López del Punta será, también, representante en la Comisión..

Con respecto a los ferrocarriles suspendió, como en todo servicio público, el aumento de las tarifas, que en el caso iba a llegar al 30 % entre este año y el 2003, y que fuera autorizado durante la gestión aliancista.

Es un sector considerado crítico ya que de los cuatro concesionarios, dos están en convocatoria de acreedores: Metropolitano y Ferrovìas. Los otros dos, TBA y Metrovìas (que también maneja los subtes) declaran estar en una delicada situación financiera.

TRENES DE PASAJEROS: Los 4 concesionarios del área metropolitana pretenden modificar el esquema de los boletos. Promueven el sistema de la tarifa plana similar al de los colectivos que tienen dos o tres secciones. También intentan reprogramar las inversiones, aumentar las medidas de seguridad y redefinir la cantidad de servicios previstos para un escenario de crecimiento económico.

El Ministerio de Economía tiene al respecto una visión muy crítica, ya que se comprometieron con cánones que no pagan; ganó la empresa que más mintió; asumieron compromisos mayores a los que no pueden hacer frente.

El martes 12 de marzo las cámaras que nuclean a las empresas de colectivos mantuvieron una reunión con el secretario de Transporte, Guillermo López Del Punta, en la que le manifestaron la problemática que enfrentan las compañías que representan. Las mismas plantean el incremento del costo del boleto en 10 centavos o el levantamiento de los servicios nocturnos, ante el fuerte incremento de costos que soportan debido a la suba del gasoil y de los insumos importados. En efecto, Horacio Piñeiro, en su carácter de titular de la cámara de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (Cetap), fue quien solicitó al Gobierno un incremento en el valor de los boletos del orden de 10 centavos para las dos primeras secciones ya que consideró que el servicio de 22 a 4 hs. es imposible de mantener en estas condiciones. Piñeiro indicó que las cámaras del sector iban a tener una reunión en la sede de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) en la cual estaba previsto adoptar como resolución el levantamiento de los servicios que se prestan durante la madrugada. Piñeiro justifica su posición diciendo que los incrementos en los combustibles y los insumos provocan un desfasaje que supera el 25 por ciento a las empresas de Capital Federal, y el 35 por ciento a las del grupo 1 que son las que tienen entrada en la provincia. Por este motivo está intentando que el gobierno les otorgue una compensación que podría ser una rebaja en el impuesto al gasoil. Piñeriro agregó que Del Punta les pidió 24 horas para responder y que hasta el momento (viernes 15 de marzo) no lo ha hecho. También declaró que de lograrse esa compensación por el costo fiscal del combustible el incremento sería de 10 centavos para la primera y segunda sección.

Durante la semana del 8 al 12 de abril, las empresas de auto transporte de pasajeros presionaron al gobierno para obtener medidas compensatorias que les permitan afrontar los aumentos del gas oil, que en los últimos 40 días subió más de un 20%. Las empresas amenazaron con recortar un 10% la cantidad de servicios que prestan por día y despedir cuatro mil choferes.

Para evitar esto, la Secretaría de Transporte anunció dos medidas: la fijación de un precio diferencial para el gasoil de los transportistas, que se está negociando con las petroleras y por otra parte, anunció un subsidio mensual de 1100$ por colectivo.

En cuanto a los trenes, la intención de las autoridades es ajustar la oferta de servicio a la demanda de los pasajeros que en estos tres meses se redujo en un 20%. La secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de la Producción, autorizó la disminución de los servicios, pero la Comisión Reguladora de Transportes, que depende de la Secretaría de Hacienda, quiere sancionar a los concesionarios por incumplimiento de contrato.

El 16 de agosto las empresas privatizadas presentaron al gobierno sus pedidos de aumentos de tarifas que van del 10 al 70% y solicitaron una rebaja impositiva para aliviar el impacto de los aumentos en los sectores de menores recursos. La mayoría de las empresas prefirió no hacer públicos los aumentos solicitados.

Las empresas ferroviarias no precisaron un aumento concreto. Solicitaron compensar los mayores costos y que el Estado se ponga al día con los subsidios adeudados.

El 20 de agosto la Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) denunció "un agravamiento de la ya insostenible situación económica y financiera que soporta el sector" debido al incremento de costos (principalmente el gasoil) y propuso que el gobierno aumente el subsidio de 1000 pesos que se recibe mensualmente por vehículo. La propuesta también incluye una reducción en el costo del combustible para las empresas del sector, compensaciones impositivas o aumento de tarifas. Explicaron también que es imposible para el sector dar el aumento de 100 pesos que dispuso el Ministerio de Trabajo ya que le costaría al sector unos 11 millones de pesos.

El 23 de agosto el Ministerio de Economía distribuyó la información sobre los aumentos que solicitaron las empresas privatizadas.

Las empresas de trenes de pasajeros no pidieron aumentos de tarifas sino otro tipo de compensaciónes "por mayores costos". Esto les permite cumplir con las exignecias de la Comisión Renegociadora y a la vez mantener la posibilidad de solicitar aumentos de tarifas durante la renegociación de los contratos.

El 9 de enero el gobierno anunció que al día siguiente firmará un acuerdo con los representantes de las empresas productoras de petróleo (Repsol-YPF, Petrobras, Pan American y Chevron entre otras) y las compañías refinadoras de combustible (Esso y Shell) para garantizar la provisión de gasoil más barato (0,82$ por litro) para los auto transportistas y ferrocarriles urbanos de todo el país hasta el 28 de febrero. Al igual que anteriores acuerdos, el que se firmará mañana será por 90 días cubrirá de diciembre a febrero.

El secretario de Transporte, Guillermo López Del Punta, anticipó los principales alcances del acuerdo:

  • Junto con el compromiso que asumirán las petroleras, se difundirá el listado de las empresas que están habilitadas para acceder al gasoil subsidiado. Además de la identificación de los compradores se darán a conocer los cupos máximos de gasoil que podrá adquirir cada uno para el desempeño de sus actividades.
  • El mantenimiento del gasoil diferencial al transporte de pasajeros implicará para el gobierno el desembolso de una compensación mensual de 22 millones de pesos a las petroleras. Dicho subsidio se cubrirá con los ingresos provenientes de las retenciones que pesan sobre las exportaciones de hidrocarburos y derivados.

El acuerdo no pudo cerrarse antes por las diferencias que se plantearon en torno a la cantidad de gasoil consumida por el transporte de pasajeros. Mientras las petroleras dicen haber vendido 125 millones de litros mensuales, en el gobierno sostienen que la demanda a subsidiar no puede superar los 80 millones de litros. Ahora, con la identificación de quienes son los que pueden cargar y el cupo máximo por empresa, los funcionarios esperan superar esta controversia.

Con esta prórroga, el gobierno logrará dilatar los pedidos de aumentos de tarifas que piden los transportistas por los aumentos que sufrieron en sus costos en los últimos meses. Además de un precio diferencial en el gasoil, las empresas de colectivos solicitaron una ajuste tarifario que los funcionarios analizan tratar mediante una consulta pública. A mediados de diciembre y por requerimiento de los funcionarios, los auto transportistas reclamaron un aumento de tarifas que va del 25 al 62,85% para las diferentes secciones de recorridos. De aprobarse estos pedidos, el boleto mínimo en las líneas urbanas se elevaría de 75 a 95 centavos, y la tarifa para viajes de hasta 12 km pasaría de 0,8 a 1,05$.

Las líneas suburbanas reclaman aumentos que van de un mínimo de 31,92% a un máximo de 62,85%. Según ha trascendido la intención del gobierno es reconocer sólo un incremento del 12% promedio. Guillermo López Del Punta dijo que "en ningún caso se van a convalidar las subas solicitadas por los transportistas" y aclaró que "como máximo se podrían aprobar alzas de entre 10 y 15 centavos pero sólo para las primeras secciones". Las autoridades deben decidir si la Comisión Renegociadota antes de lanzar la consulta incluye a los servicios de subterráneos en la recomposición tarifaria. La idea de los funcionarios es que la tarifa única del subte acompañe el incremento final que se defina para el boleto mínimo de colectivo.

Los técnicos de la Secretaría de Transporte elaboraron un documento de consulta con los siguientes datos:

  • Entre 1993 y 2002, los colectivos metropolitanos tuvieron una caída de casi el 46% en los pasajeros transportados y la reducción de la oferta de servicios fue de sólo el 5,6%.
  • La deuda bancaria del sector es de casi 150 millones de pesos.
  • Las empresas arrastran un "millonario pasivo" que viene de 22.000 juicios por accidentes que no están cubiertos por las aseguradoras. En 1996, la liquidación de la compañía de seguros Belgrano le dejó a 120 empresas una carga de 850 millones de pesos producto de 11.000 sentencias impagas.

 

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8.6. Las concesiones viales con cobro a usuarios, incluidos los accesos a la ciudad de Buenos Aires

AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELAS S.A – AUTOPISTAS DEL SOL S.A – CAMINOS DEL OESTE S.A – CAMINOS DEL ABRA S.A – GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A

CONCESIONARIOS DE RUTAS NACIONALES: los contratos vencen en un año. Van a ofrecer extender las concesiones a cambio de no aplicar aumentos. Así también que los subsidios se otorguen con una actualización similar a la devaluación.

CONCESIONARIOS DE LAS AUTOPISTAS. Los contratos tienen fecha de vencimiento hasta el año 2020. Pretenden ajustar las tarifas de acuerdo a la marcha del dólar o que el estado le conceda un seguro de cambio para los pagos en el exterior.

El Ministerio de Economía entiende que es panorama es muy crítico, debiendo señalar al respecto que en relación a las Rutas Nacionales se comprometieron las concesionarias al pago de cánones que no cumplen y que la experiencia acumulada indica que ganó la empresa que más mintió. Asimismo, se asumieron compromisos mayores a los que no pueden hacer frente.

El 19 de marzo se reunieron con la Comisión Renegociadora, José Barbero y Carlos Basco, con Rafael Bielsa como representante del gobierno con los representantes de los concesionarios viales: Roberto Servente de Coviares-Autopista La Plata-Buenos Aires; Alberto García Villalba de Autopista Ezeiza-Cañuelas; Jorge Codaells de Concesionario del Oeste y Luis Freixas de Autopistas del Sol. Los empresarios sostuvieron que a pesar de la similitud que tienen los contratos, "cada acceso es un caso distinto y por eso no se descarta que las soluciones también sean distintas". Una de las diferencias que señalaron es el nivel de endeudamiento externo de cada empresa. En este caso, la empresa más comprometida es Autopista del Sol (Acceso Norte) que tiene una deuda de 480 millones de dólares en dos obligaciones Negociables que vencen en el 2004 y el 2009. A principios de marzo, Autopistas del Sol entró en default al no poder cumplir con un pago de intereses de 18 millones de dólares. Un empresario explicó: "Con una empresa que tiene tarifas en pesos, que no pueden ser aumentadas ni actualizadas por inflación, y una deuda asumida en dòlares, el futuro no existe". También explicó que la recaudación es muy inferior a lo que deben pagar por intereses.

El resto de los concesionarios, si bien tienen sus deudas pesificadas se quejaron por el CER y que más años de concesión no son una solución automática por lo cual intentarán que se les actualicen las tarifas, dejando para más adelante el tema de la extensión de los contratos. También existe la posibilidad que se combinen ambas soluciones.

Hasta hoy, las concesionarias de accesos a la Capital Federal han invertido 1800 millones de dólares, de los cuales 800 corresponden a Autopistas del Sol.

El 23 de abril la Comisión Renegociadora recibió de los operadores de los accesos a la Capital Federal le planearon dos pedidos básicos: un aumento de tarifas que,

como mínimo, contemple la inflación interna, y un seguro de cambio para las deudas contraídas en moneda extranjera.

La devaluación sólo afectó a Autopistas del Sol ya que las demás concesionarias lograron pesificar sus deudas.

En cuanto a las tarifas, cada concesión también debe analizarse por separado ya que existe una gran diferencia entre las mismas. Para un recorrido de 100 kilómetros en la Autopista Bs. As - La Plata se abonan $10,5, en el Acceso Oeste $5,3, en la Autopista Ricchieri - Cañuelas $2,3 y el Acceso Norte $1,8.

El 16 de agosto las empresas privatizadas presentaron al gobierno sus pedidos de aumentos de tarifas que van del 10 al 70% y solicitaron una rebaja impositiva para aliviar el impacto de los aumentos en los sectores de menores recursos. La mayoría de las empresas prefirió no hacer públicos los aumentos solicitados.

Los concesionarios viales reiteraron su pedido de abril y dejaron la decisión del ajuste en manos de los funcionarios.

El 23 de agosto el Ministerio de Economía distribuyó la información sobre los aumentos que solicitaron las empresas privatizadas.

La mayoría de las empresas de peaje no pidieron aumentos de tarifas sino otro tipo de compensaciones "por mayores costos". Esto les permite cumplir con las exigencias de la Comisión Renegociadora y a la vez mantener la posibilidad de solicitar aumentos de tarifas durante la renegociación de los contratos.

Caminos del Río Uruguay pidió un subsidio de 1.700.000 pesos mensuales.

Autopistas del Sol solicitó un 15% sobre el peaje más un subsidio de 70 millones de pesos anuales.

Autopista Ezeiza-Cañuelas solicitó un un incremento del 50% más un subsidio.

Covaires solicitó un subsidio o aumento de peajes hasta totalizar 30 millones de pesos anuales.

El Ministerio de Economía y el Occovi (Organismo de Control de Concesiones Viales) convocaron el 12 de septiembre por Resolución 271 a audiencia pública en Punta Carrasco para analizar los aumentos de peajes.

Desde que se privatizaron las rutas es la primera vez que los usuarios manifestarán su opinión en una audiencia pública. La convocatoria es para analizar los cinco casos de concesionarios que solicitaron ajustes: Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste, Autopista Ezeiza-Cañuelas, Covaires y Caminos del Uruguay. El resto de las rutas nacionales que tienen peajes no fueron incluidas ya que no solicitaron aumentos o sus contratos vencen en el 2003.

Según informa el diario Clarín en su edición del día 17 de noviembre, luego de la suspensión a fines de septiembre de las audiencias públicas para discutir los aumentos de tarifas el gobierno pondrá en marcha un nuevo mecanismo para descongelar los peajes de los accesos  a la Capital Federal.

Si se cumplen los plazos que la Comisión Renegociadora acordó con los concesionarios, en un máximo de diez días se lanzará el proceso de "consulta pública" para definir los ajustes de tarifas que comenzarán a regir desde febrero del 2003. (ver más en Audiencias Públicas)

La negociación prevista por los funcionarios contemplará el caso de cada concesión en particular ya que a diferencia de otros servicios privatizados, las autopistas no tienen el mismo esquema económico y contractual, sin embargo hay algunas características comunes:

  • un ajuste tarifario del 15 % promedio

  • incrementos graduales para algunas autopistas en una segunda etapa. Se fijaría un cronograma de aumentos hasta fines del 2003 para que todos los acceso se acerquen al nivel tarifario de la autopista Buenos Aires-La Plata.

  • recategorización tarifaria para  los diferentes tipos de vehículos. De las 6 categorías que existen en la actualidad se pasaría a cuatro con lo que se amortiguaría el impacto de los aumentos en la mayoría de los camiones.

  • reducción y postergación de las principales inversiones.

El 5 de diciembre los concesionarios de los accesos a la Capital Federal presentaron las propuestas de renegociación al ponerse en marcha el mecanismo de consulta pública. La instancia de participación abierta por la Comisión Renegociadora se extenderá por un plazo de 25 días hábiles, luego correrá un período de 10 días más para la definición de los incrementos. Los usuarios podrán acceder a los planteos de las empresas en Paseo Colón 185 o en la página web de la Comisión (www.mecon.gov.ar/crc). Esta vez no habrá audiencias y todos los cuestionamientos deberán hacerse por escrito.

Los requeremientos de las empresas son los siguientes:

  • Autopista Reccheri-Cañuelas-Ezeiza: un aumento del 50% en la tarifa básica. Es decir, elevar el actual peaje de los automóviles de $ 0,70 a $ 1,10. Además solicitó un ajuste mensual por el CER y un subsidio tarifario a definir durante dos años. También planteó la postergación de las principales obras que debía realizar en el período 2003-2004.

  • Acceso Norte: reclama un ajuste inicial del 15% y cuatro subas escalonadas durante el 2003 para llevar la tarifa básica de $ 1,90 a $ 3,50, o sea, más de un 80%. Además propone dos mecanismos de ajuste: una actualización anual de tarifas basada en la evolución que muestre el PBI en el período 2003-2010 y otra indexación mensual que tome los costos operativos, financieros y los índices de inflción local. Tarmbién reclama un subsidio a  modo de "requerimiento extra tarifario" de 70 millones de pesos durante siete años.

  • Autopista La Plata-Buenos Aires: pide un incremento del 42%, o sea, que el peaje suba de $ 0,90 a $ 2,70. Como alternativa la empresa pide un subsidio de 29 millones de pesos anuales. Además reclama una baja de impuestos, la reducción de los intereses que debe pagarle al estado por el préstamo otorgado en 1993 para terminar la obra y la postergación de las inversiones pendientes, entre las cuales se destaca la autopista ribereña Puerto Madero.

  • Acceso Oeste: pide un aumento del 37,5% para subir el peaje de $ 1,50 a $ 2,10 y un ajuste mensual basado en el comportamiento de la inflación minorista y el índice de precios mayorista.

El 3 de enero del 2003 se informó que la concesión de las rutas 12 y 14 será renegociada mediante una consulta pública. La Comisión Renegociadora puso en marcha la consulta para adecuar en un plazo de 25 días hábiles "el contrato y las inversiones" del corredor vial 18 que tiene a su cargo la empresa Caminos del Río Uruguay. La empresa ya había logrado una renegociación en 1996, que extendió la concesión hasta el año 2018 a cambio de construir 60 km. de autopistas.

A diferencia del resto de las privatizadas, la concesionaria del corredor 18 no solicitó un aumento de tarifas sino un aumento del 45% en el subsidio mensual que le otorga el estado en concepto de compensación tarifaria. Es decir, la empresa quiere cobrar unos dos millones de pesos más por mes para no aumentar los peajes. La propuesta de la empresa también contempla la postergación de las obras de la autovía Ceibas-Gualeguaychú, el perdón de las multas por incumplimientos de obras y una reducción del 15% en las inversiones destinadas a los rubros "rehabilitaciones y servicios al usuario".

Ricardo Lasca, directivo del Comité de Defensa del Usuario Vial, rechazó el pago de un mayor subsidio y reclamó una revisión de las tarifas "para ver si cumplen con las bases técnicas y económicas que fijan las normas vigentes para las concesiones de peajes".

El 20 de enero venció el plazo para presentar oposiciones a la reestructuración tarifaria de los peajes. La Comisión Renegociadora obtuvo una fuerte oposición a los aumentos que reclaman las empresas concesionarias. Esta oposición provino de particulares, la Defensoría del Pueblo de la Nación y de un grupo de 12 entidades del campo y el transporte, que también exigieron que se cumpla con la ley nacional del peaje que establece que las tarifas deben ser iguales o inferiores al "beneficio" que recibe el usuario al transitar por una autopista arancelada.

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8.7. El sistema nacional de aeropuertos

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

Actualmente el ORSNA, que es el Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeropuertos pasó a depender de la órbita del Ministerio de Economía.

El 5 de abril, AA2000 ya advierte que entrará en default. Esperemos que no sean lágrimas de cocodrilo y que no siga siendo de uso diario entre las empresas privatizadas la palabra "default", como viene sucediendo con Telecom, Autopistas del Sol, Metrogas, Aguas Argentinas, entre otras, justo al momento de renegociar sus contratos.

Por otra parte, nos llama la atención que la Comisión aún no convocara a AA2000, al igual que al Correo Argentino, máxime que el Ministerio de Economía entiende que la situación de estas empresas es muy crítica, ya que Aeropuertos Argentina 2000 pese a ser concesionario de 32 estaciones aéreas, no paga el canon. A la fecha adeuda un canon pesificado de 385 millones aproximadamente y reclama al Estado una cifra similar.

El 22 de abril el Ministerio de Economía dispone dejar sin efecto la convocatoria respecto a AA2000 y CORREO ARGENTINO:

B.O. 22/04/02 CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Resolución 64/2002 - ME - Suspéndense los plazos del artículo 5° de la Resolución N° 20/2002, en relación con las empresas concesionadas Correo Argentino S.A. y Aeropuertos Argentina 2000, hasta tanto se expida la Procuración del Tesoro de la Nación, consultada sobre distintas reclamaciones administrativas y jurisdiccionales interpuestas por las mencionadas firmas.

El Presidente del ORSNA demandó el 2 de abril de 2002 a AA 2000 por las deudas acumuladas y estudia la rescisión del contrato de concesión. En efecto, el titular del ORSNA, Orlando Caporal, así lo informó el 10 de abril ante los miembros de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

DE LAS TASAS AEROPORTUARIAS EN INAUDITOS DOLARES

AA200, manifestando públicamente su default técnico, llevo a Economía el pedido de poder cobrar la tasa aeroportuaria en dólares. Ante ello, y sin más trámite y en contra del bolsillo de los usuarios, se dicta el Decreto 577/20.

B.O. 10/04/02 se norma sobre las TASAS AERONAUTICAS Decreto 577/2002 - Aclaración sobre las mencionadas tasas, vigentes en pesos según los valores nominales expresados en los cuadros tarifarios para las correspondientes a vuelos de cabotaje, y en dólares estadounidenses las relacionadas con vuelos internacionales, incluyendo los países limítrofes.

Bs. As., 4/4/2002

...EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° - Aclárase que la totalidad de las tasas aeronáuticas correspondientes a vuelos de cabotaje previstas en los Cuadros Tarifarios vigentes son en pesos, por lo que los obligados al pago de cada una de ellas cumplen su obligación abonando la cantidad nominal en pesos correspondientes a los valores allí expresados.

Art. 2° - Aclárase que la totalidad de las tasas aeronáuticas de los Cuadros Tarifarios correspondientes a los vuelos internacionales, incluyendo los países limítrofes, son en dólares estadounidenses, las que podrán ser abonadas en su equivalente en pesos considerando la cotización del dólar estadounidense según el tipo de cambio libre vigente al momento de su desembolso.

Art. 3° - Ratifícase que el Contrato de Concesión para la Explotación, Administración y Funcionamiento del Sistema Nacional de Aeropuertos se encuentra comprendido en el proceso de renegociación a los efectos de readecuar su ecuación económico - financiera a los parámetros de origen de la concesión.

Art. 4° - Comuníquese mediante Airport International Circular (AIC) lo dispuesto en el presente decreto.

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DUHALDE. Jorge M. Capitanich. Jorge R. Vanossi. Rodolfo Gabrielli. Jorge L. Remes Lenicov. José H. Jaunarena.

Nos preguntamos ¿si AA 2000 está por decreto entre las empresas que deben renegociar sus contratos con el Estado, porqué no se renegociaron con la Comisión las tasas en dólares, que representa para el concesionario una recaudación de u$s 50 millones anuales? En efecto, por este ingreso AA 2000 podría tener a fines de año, al margen de 100 millones de explotación, una recaudación de 150 millones de pesos, algo menos de lo que significa el compromiso del canon con el Estado: 170 millones por año.

El 10 de abril, mediante Decreto 577/20 publicado en el Boletín Oficial, el cual lo transcribimos más adelante, se dispuso la dolarización de la tasa aeronáutica internacional, que desde enero sanamente estaba pesificada.

Las tasas aeroportuarias que percibe en parte AA 2000 las paga el pasajero a las líneas aéreas por el uso de la aerostación y las compañías aéreas como comisión le abonan directamente para operar en los aeropuertos, como tasa de aterrizaje. A su vez, la Fuerza Aérea cobra la tasa de protección en vuelo que pagan las líneas aéreas.

Desde ahora la tasa será de 32,50 dólares o su equivalente en pesos según la cotización libre del día. Es así que la tasa por la que antes se pagaba 32,5 pesos ahora costará 86,93 pesos lo que constituye un desproporcionado aumento del 185% en plena crisis económica. Como argumento dicen que "en todos los países del mundo las tasas aeroportuarias para vuelos internacionales se perciben en dólares o en la moneda nacional pero según el valor de la divisa".

Se incluye la tasa a la que denominan Tasa Aeroportuaria Unica que es de U$S 10, que se reparte entre la Dirección Nacional de Inmigraciones y la Dirección General de Aduanas que pagan los pasajeros.

Es decir, de los 32,50 dólares, 18 corresponden a AA 2000, 7 U$S a Migraciones, 3 U$S a Aduana y 2,5 por tasa de seguridad.

Además AA2000 recibe la tasa de 5 pesos se seguirá percibiendo en nuestra moneda por los vuelos nacionales de cabotaje, sus pasajes sufrieron un aumento del 20%,.Y por tasa de vuelos regionales, con destinos a países limítrofes de hasta 300 kilómetros, como Buenos Aires-Montevideo o Mendoza-Santiago, la tasa se fijó en 8 dólares.

Con respecto a la dolarización de las tasas, JURCA (Junta de Representantes de Compañías Aéreas) que nuclea a 38 empresas que operan en el país, locales y extranjeras, se oponía. Según la Junta, argumentaba que no se aprecian incrementos en los costos del servicio que justifiquen un aumento del 200% según la paridad cambiaria. Por otra parte, la entidad también se quejaba ya que el monto de las tasas en dólares que cobran AA 2000 y la Fuerza Aérea a los vuelos internacionales no se volcaba al mantenimiento de los programas de seguridad, de apoyo a la navegación, a la informatización del servicio migratorio, etc., por lo que las mismas no cumplen el objetivo que fundamentan su imposición.

Asimismo, JURCA afirma que el incremento de las tarifas atenta contra el turismo, al encarecerlo en el Aeropuerto, mientras que las líneas aéreas hacen enormes sacrificios para mantener sus tarifas estables. Aclaramos respecto a las "tarifas estables" que los pasajes aéreos aumentaron un 25%. De ahí, también, que con justa razón la Cámara Argentina de Turismo critique las tasas en dólares, "el incremento de costos es un nuevo golpe para el turismo emisor". Los viajes al exterior se reducirán este año un 70% , según las previsiones de la Secretaria de Turismo.

El Dr. Enrique M. Spinedi, técnico jurídico en el Sistema Nacional Aeroportuario, ex vocal del ORSANA, nos dice al respecto, en carta de lectores para el Diario La Nación:

"PARECE QUE ALGUNOS SE BENEFICIAN... Desde hace algún tiempo, los gobernantes de turno que supimos conseguir, pretenden sin descanso y quizás involuntariamente, acostumbrar a todos los que habitamos esta selva llamada Argentina, que acatemos en silencio los actos de gobierno (Decretos, Resoluciones, Disposiciones, etc.) que dictan sin sujeción a principio alguno, decidiendo cambios de grave trascendencia social, moral y económica, que además de violentar la Constitución Nacional, aumentan en cantidad el grupo de "perdedores", beneficiando en cambio a un grupo de elite, supuestamente "ganador".

Merced a varios Decretos de Poder Ejecutivo Nacional, la deuda en Dólares Estadounidenses que la empresa concesionaria del Grupo "A" del Sistema Nacional de Aeropuertos mantenía con el estado Nacional ha que dado pesificada (a pesar de estar en mora y no haber cumplido con el plan de inversiones comprometido contractualmente), las partes van a "renegociar" el contrato (incumplido) y ahora, para colmo de males, con el Decreto Nº 577/2002, y en relación a los Vuelos

Internacionales, las Tasas de Aterrizaje, Uso de Pasarelas Telescópicas y Estacionamiento de Aeronaves que pagan las empresas, y la de Uso de Aerostación que pagan los pasajeros, las percibirá el Concesionario en DOLARES ESTADOUNIDENSES, pero el alquiler o canon que no pagó y los futuros, los abonará en PESOS, sin respetarse elementales Preceptos constitucionales, confirmàndonos que vivimos en un estado que carece de seguridad jurídica.

A pesar de que la concesión se otorgó con exclusividad y al solo riesgo del concesionario, esto habría sido olvidado, puesto que en cuanto al RIESGO, la doctrina en general pone especial énfasis en señalar que el CONCESIONARIO debe explotar el SERVICIO PUBLICO por su propia cuenta y riesgo, y el concepto señalado es esencial puesto que , sin lo que la doctrina denomina "CLAUSULA DE RIESGO Y VENTURA" no habría contrato de concesión.

Si se pretendieran mezclar los principios propios de un sistema de fuerte intervencionismo estatal con aquellos que pertenecen a un sistema de Estado prescindente, correremos el riesgo de que - como está ocurriendo - los principios de prescindencia se apliquen a la GANANCIAS Y UTILIDADES del Concesionario, y los del intervencionismo estatal a las PERDIDAS y a las RESPONSABILIDADES.

La ruptura del equilibrio entre utilidades y beneficios del Concesionario por una parte, y por otra, sus responsabilidades directas tanto frente al Estado concedente como frente a los Usuarios, atenta contra las raíces más profundas de la justicia y del derecho, y debe ser corregida." Fdo. Enrique M. Spinedi

En la carta enviada por el representante de los usuarios al Presidente de la Nación, que transcribimos en el punto 3.2., exige:

"DOS MEDIDAS QUE SE SOLICITAN CON CARÁCTER DE URGENTE:

Impedir el aumento de las tasas y tarifas expresadas en dólares.

La dolarización de las tasas aeronáuticas y de la hidrovía decretadas requieren una inmediata rectificación con el propósito de evitar el grave perjuicio que causa al comercio internacional del país a los usuarios de dichos sistemas y, en particular, a los pasajeros internacionales argentinos que se tripliquen tales conceptos, para no

mencionar el efecto cascada en el aumento de algunos precios e índices inflacionarios.

Los decretos citados disponen que las referidas tarifas y tasas "... se regirá en dólares estadounidenses ..." y que el contrato de concesión está sujeto a renegociación, por lo que nada impide que de esta última se derive una tarifa expresada en dicha moneda que sea menor a la prevista en el contrato de concesión original que la fijó en moneda extranjera. Pero resulta que, si bien la tarifa puede expresarse en dólares americanos para facilitar las relaciones comerciales internacionales, debe ser fijada en pesos porque así lo dispone el Art. 8 de la ley 25.561 y nunca puede entenderse que el Poder Ejecutivo tiene facultades para modificar los términos de la ley con la que se le delegan determinadas atribuciones legislativas.

Resulta necesario disponer y así lo solicito, en relación a la Hidrovía y a las Tasas Internacionales de Aeropuertos que perciba el concesionario, que las tarifas expresadas en dólares en la actualidad y hasta tanto termine el proceso de renegociación, sean las que representen una cantidad de dólares equivalentes a la cantidad de pesos que resulta de aplicar a las tarifas originales del contrato de concesión a una paridad de un peso un dólar. Así los citados decretos estarían dentro de los límites de la delegación legislativa y se evitaría que los concesionarios de la Hidrovía y de los Aeropuertos se constituyan en verdaderos privilegiados en este proceso de renegociación, en el que el resto de las empresas de servicios públicos mantienen sus tarifas en pesos a dicha equivalencia.

De esta forma, el estado nacional podrá negociar de forma eficiente contando a su favor con el interés del concesionario en resolver rápidamente las cuestiones objeto de la renegociación.

Si el estado nacional satisficiera en forma anticipada y antes de la renegociación las mayores preocupaciones de los concesionarios, llevará a cabo una negociación torpe e incompatible con la defensa del interés público y de los usuarios.

Además, se vulnera gravemente el principio de publicidad y transparencia cuando, pese a que se dispuso la creación de La Comisión que "... procederá a renegociar los contratos...", con participación del Defensor del Pueblo de la Nación y la integración de "... un representante de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores involucradas - en cumplimiento del Art.42 de la Constitución Nacional –", se resuelven, en forma previa a la renegociación, aspectos esenciales de tales contratos por fuera de La Comisión, creada para garantizar la eficiencia y transparencia en estas delicadas cuestiones.

El juez federal Raúl Tettamanti embargó el 16 de agosto dos Boeing 737-200 de Aerolíneas Argentinas en el marco del enfrentamiento entre la concesionaria aeroportuaria y las líneas aéreas nucleadas en Jurca. AA2000 sostiene que Aerolíneas no le liquidó 1.160.000 en concepto de tasa aeroportuaria. AA2000 exige el pago de dicha tasa en dólares apoyándose en el decreto 577/02 del Poder Ejecutivo. Varias líneas aéreas apelaron ese decreto y le pagan el importe a AA200 en pesos.

En este conflicto se arrogan competencia cuatro jueces federales:  Ernesto Marinelli y Claudia Rodríguez, a favor de mantener la dolarización, y Clara María Do Pico, a favor de las entidades de Defensa del Consumidor y contra la dolarización. A esta disputa se suma ahora el juez Tettamanti.

El 21 de agosto, mediante Decreto 1534 y Decreto 1535 del Poder Ejecutivo, se citó a las empresas Aeropuertos 2000 y Correo Argentino para renegociar sus contratos. Cuando se creó la Comisión Renegociadora, el entonces Ministro de Economía Jorge Remes Lenicov excluyó a ambas empresas de la renegociación por registrar deudas con el Estado por cánones impagos en el orden de los 300 millones de pesos cada una.

En AA2000 restaron importancia al decreto ya consideran que el gobierno se mueve lentamente en estas renegociaciones.

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó que la tasa de aeropuertos para viajes al exterior seguirá costando 18 dólares a los pasajeros, como lo había dispuesto el poder ejecutivo por decreto. Sin embargo Aeropuertos Argentina 2000 sólo podrá ingresar "dentro de su patrimonio" 18 pesos por pasajero: el fallo estableció que la diferencia entre los 18 pesos y los 18 dólares será provisoriamente depositada en plazo fijo en Dólares en el Banco Ciudad. Aeropuertos Argentina 2000 deberá registrar documento y dirección de cada pasajero, ante una eventual devolución de la diferencia. El fallo de la Cámara tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que es el reclamo de  las asociaciones de defensa del consumidor por la inconstitucionalidad del decreto 577, que estableció la dolarización de la tasa.

El gobierno dictó el decreto 1910/02 de necesidad y urgencia el 1° de octubre en el que ratifica el decreto 577 que está objetado en la justicia y por el cual se dolarizan las tarifas aeroportuarias que pagan las aerolíneas y pasajeros de vuelos internacionales.

El nuevo decreto también establece que a partir de ahora, los pasajeros pagarán las tasas que les corresponden tanto a Aeropuertos Argentina 2000 como a la Fuerza Aérea y Migraciones según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior hábil del pago. Hasta ahora se usaba como parámetro el tipo de cambio vendedor de las casas de cambio. Los pasajeros siguen teniendo la posibilidad de pagar la tasa directamente en dólares.

Según Ambito Financiero, esta nueva norma podría resolver el problema judicial porque por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia será girado al Parlamento. Si éste no se pronuncia en el término de 30 días, el decreto se convierte en ley, y perderían su sustento los argumentos esgrimidos por la justicia, según los cuales corresponde la intervención del Congreso por tratarse de un cambio de tarifas que no encuadra dentro de lo dispuesto por la ley de Emergencia Pública en cuanto a la pesificación y congelamiento de tarifas.

La Justicia Federal suspendió el 4 de noviembre la vigencia de uno de los decretos que determinó la dolarización de las tasas de aeropuertos que se pagan para los embarques internacionales. La medida cautelar había sido solicitada por Aerolíneas Argentinas.

La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, María José Sarmiento, suspendió los efectos ejecutorios del decreto de necesidad y urgencia 1910/02, al considerar que la norma es ratificatoria del decreto 577/02, de dolarización de las tasas aeroportuarias para los vuelos internacionales, que ya había sido suspendida por otra medida cautelar.

La jueza consideró que el decreto 1910/02 "no aparece como legítimo en los términos del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, pues no existen circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario para habilitar el dictado de decretos de necesidad y urgencia".

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración presidida por el senador justicialista de Santa Fe, Oscar Lamberto convalidó el 13 de noviembre los informes de la Auditoría General de la Nación donde se constataban "numerosas irregularidades y falencias" en el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), en la administración del Pami y en las concesiones del Correo y de las terminales aeroportuarias.

El 6 de diciembre, las compañías aéreas le reclamaron al gobierno una rebaja del 50% en los valores del las tasas aeronáuticas y aeroportuarias y advirtieron que si ello no ocurre, varias empresas podrían abandonar el país.

Las empresas apuntan a los valores en dólares que pagan por los distintos conceptos (apoyo al aterrizaje, protección al vuelo, estacionamiento, balizamiento nocturno, etc) pero no dicen nada de la tasa que pagan los pasajeros. Según las empresas, Ezeiza es el quinto aeropuerto más caro del mundo y una rebaja del 50% en las tasas dolarizadas no afectaría a AA2000 y la Fuerza Aérea, ya que sus ingresos en pesos igual se verían incrementados en un 75% con respecto al año pasado.

Para las aerolíneas, sólo un 30% de los costos aeroportuarios están atados al dólar.  En cambio, el vocero de AA2000, Sergio Resumil, dijo que el impacto por costos dolarizados sobre el negocio de AA2000 es de 65% y no del 30%.

La ofensiva de las empresas mostró dos aspectos clave:

Por primera vez el reclamo se canalizó al margen de JURCA, la entidad que nuclea a las aerolíneas que operan en el país. Un punto que llamó la atención fue el cuestionamiento lanzado contra Aerolíneas Argentinas, una de las principales actoras de JURCA. Según las compañías extranjeras, Aerolíneas Argentinas, por un fallo judicial favorable goza de un régimen especial que le permite pagar las tasas al cambio de un dólar un peso.

El otro dato saliente es que las aerolíneas salieron a pedir una rebaja en las tasas justo cuando está por conocerse un dictamen de la Comisión Renegociadora del contrato de Aeropuertos.

La Comisión Renegociadora del contrato de Aeropuertos Argentina 2000 emitió un dictamen técnico el 24 de febrero del 2003 en el que recomienda modificar las cláusulas principales de la concesión:

  • Aplicar un canon variable
  • Recalcular las inversiones obligatorias
  • Mantener el aeropuerto Jorge Newbery en su actual ubicación

La comisión está integrada por representantes del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Jefatura de Gabinete y por las asociaciones de usuarios.

Este dictamen debe ser aprobado por los ministerios de Defensa y de Economía, la jefatura de gabinete la comisión bicameral del Parlamento, todavía no constituida.

La comisión tuvo en cuenta para sus conclusiones los cambios en el mercado aerocomercial por los cuales los pasajeros pasaron de 25 millones en 1998 a sólo 12 millones actualmente.

Los puntos salientes a modificar son:

El monto del canon que debe abonar el concesionario al Estado será variable, según una fórmula de ajuste que considera el tráfico de pasajeros. El pago será mensual. Actualmente es semestral.

En caso de mora en el pago del canon la sola certificación por parte del ORSNA respecto del monto adeudado será suficiente para que el Estado obtenga en un juicio la ejecución de la obligación.

Los cánones adeudados a la fecha por un monto superior a los 200 millones de pesos y los reclamos de AA2000 serán tratados por una comisión especial, que deberá dictaminar en el curso de veinte días.

Durante el resto de la concesión AA2000 deberá realizar inversiones por un monto total de $ 2.519.917.000.- Los estándares de calidad a alcanzar se revisarán cada tres años y en el trienio 2003-2005, AA2000 deberá invertir un mínimo de 100 millones de pesos.

Las garantías de cumplimiento del plan de inversiones y del contrato se incrementan en 50 millones de pesos.

El Aeroparque metropolitano se mantendrá en su actual ubicación pero el concesionario deberá pagar las expropiaciones y las obras para mejorar su seguridad.

 

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8.8. El servicio portuario

Es el más conflictivo, ya que por una Resolución de la Administración General de Puertos, las terminales cobran en dólares pese a la pesificación.

En la carta del Dr. Caplan como Representante de los Usuarios dirigida al Pte. de la Nación y otras autoridades, transcripta en el punto 3.2, entre sus partes expresa:

"Reducir las tarifas portuarias en las terminales de Buenos Aires.

Tal como surge del acta del 19.03.02, en las terminales portuarias de Buenos Aires se aplican las tarifas máximas previstas en los contratos de concesión a una cantidad de pesos equivalentes a los dólares fijados en dichos contratos a una paridad de pesos $1,40 cada dólar cuando, según lo dispuesto en la ley 25.561, la paridad debería ser de $1 = U$S1, por lo que solicito se ordene la inmediata corrección de esta situación que contradice nuestro ordenamiento jurídico haciéndose saber a los concesionarios que deberán cobrar las tarifas en pesos a la paridad indicada en último término."

El 23 de agosto el Ministerio de Economía distribuyó la información sobre los aumentos que solicitaron las empresas privatizadas.

Las terminales portuarias no pidieron aumentos de tarifas sino otro tipo de compensaciones "por mayores costos". Esto les permite cumplir con las exigencias de la Comisión Renegociadora y a la vez mantener la posibilidad de solicitar aumentos de tarifas durante la renegociación de los contratos.

La juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, ordenó el 17 de febrero de 2003 a las empresas concesionarias de las terminales portuarias de Buenos Aires que facturen al cambio  "un peso igual a un dólar" las tasas que cobran por el transporte de mercaderías. La juez hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la petroquímica Petroken Ensenada SA contra el Poder Ejecutivo. La magistrada señaló en su fallo que "las tarifas a facturar al usuario por los servicios que reciben de las empresas concesionarias (terminales portuarias) deben mantenerse en pesos, a la relación de cambio un peso igual a un dólar". También afirmó que esto debe cumplimentarse "hasta que culminen, con cada concesionario, los procedimientos de renegociación a realizar, con arreglo de las autolimitaciones que el propio Estado fijó, en especial en lo concernientes a la competencia y al procedimiento".

La empresa demandante había solicitado la anulación de una resolución firmada en el 2002 por la Administración General de Puertos y los concesionarios, que habilitó el cobro de tarifas al valor del dólar libre. La juez entendió que el acuerdo era "ilegítimo" y aludió a la ley de Emergencia Económica que ordenó "abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de servicios públicos".

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8.9. El servicio postal

CORREO ARGENTINO S.A

El organismo regulador del Servicio Postal es la Gerencia Postal de la Comisión Nacional de Comunicaciones -CNC-, sobre el que cabe destacar que inexplicablemente autorizo en el mes de febrero del 2002, en forma arbitraria e ilegal, aumentos en el cuadro tarifario del Correo Argentino por lo cual se elevo la tarifa del 4 al 25%.

Correo Argentino, después de más de dos años de no abonar el canon respectivo, que a los primeros meses del año 2002 sumaban aproximadamente más de 260 millones de dólares estadounidenses, y que fuera concursada en el mes de diciembre ppdo., pagó a mediados de marzo de 2002 la suma de 5 millones de dólares de los U$S 51,6 millones de la cuota del canon que vence en dicho mes. Con ello buscaban en un primer momento que la Comisión se avocara a la renegociación de su contrato. Como otros elementos de presión utilizados, aducían que debían suspender a 1600 empleados por un año, bajar sus costos y que estaban haciendo las cosas bien, que negociarán con Oca y similares para compensar viajes. Arguían que la empresa perdió 50 millones de pesos y que registran caídas de un 20% en relación al mismo mes del año 2001.

La Comisión a igual que AA2000, en su momento no la convocó. El 22 de abril se dispuso dejar sin efecto la convocatoria respecto a AA2000 y CORREO ARGENTINO, según la siguiente normativa:

B.O. 22/04/02 CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Resolución 64/2002 - ME - Suspéndense los plazos del artículo 5° de la Resolución N° 20/2002, en relación con las empresas concesionadas Correo Argentino S.A. y Aeropuertos Argentina 2000, hasta tanto se expida la Procuración del Tesoro de la Nación, consultada sobre distintas reclamaciones administrativas y jurisdiccionales interpuestas por las mencionadas firmas.

Bs. As., 18/4/2002

VISTO la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario y lo dispuesto por los Decretos Nros. 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y 370 de fecha 22 de febrero de 2002 y la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 20 de fecha 18 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 8° de la ley citada en el Visto dispuso que a partir de la fecha de su sanción, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedaban sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.

Que por el Artículo 9° de la norma citada precedentemente se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos antes aludidos.

Que por Decreto N° 293/02, el PODER EJECUTIVO NACIONAL encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA llevar adelante la renegociación de los contratos celebrados con la Administración Pública Nacional que tengan por objeto la prestación de Obras y Servicios Públicos, en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.561.

Que por el Decreto N° 370/02 se determinó la integración de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS creada por el Decreto N° 293/02.

Que por el Artículo 5° del Decreto N° 370/02 se encomendó al ex MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA, el dictado del Reglamento Interno de la citada Comisión, así como las normas de procedimiento con ajuste a las cuales se llevará a cabo el proceso de renegociación mencionado precedentemente.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 20 del 18 de marzo de 2002, el señor Ministro aprobó las Normas de Procedimiento para la Renegociación de los Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos incorporando como Anexo II el Listado de Contratos objeto de la renegociación, incluyendo entre otros los referidos a AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 y CORREO ARGENTINO S.A.

Que por el Artículo 5° de la resolución antes citada, se encomendó a la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, comunicar a los sujetos alcanzados por la aplicación del régimen, el inicio del proceso de renegociación de los contratos comprendidos en su Anexo II, lo que tendría lugar dentro de los DIEZ (10) días de su entrada en vigencia.

Que con respecto a distintas reclamaciones administrativas y jurisdiccionales interpuestas por las empresas concesionarias CORREO ARGENTINO S.A. y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, se encuentra sujeto a estudio si las mismas quedan abarcadas por la incumbencia que prescribe el Artículo 8° de la Ley N° 25.561.

Que dada la importancia de la cuestión en trato y las implicancias jurídicas y económicas que de la misma se desprenden, se ha solicitado la elevada opinión de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

Que hasta tanto el Alto Organo Asesor no se expida, resulta conveniente suspender los plazos del Artículo 5° de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 20/02, con relación a las empresas concesionadas CORREO ARGENTINO S.A. y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en los Decretos Nros. 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y 370 del 22 de febrero de 2002.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVE:

Artículo 1° - Suspéndese, respecto de las empresas concesionadas CORREO ARGENTINO S.A. y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, la vigencia del Artículo 5° de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 20 de fecha 18 de marzo de 2002.

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Jorge Remes Lenicov.

El 21 de agosto, mediante Decreto 1534 y Decreto 1535 del Poder Ejecutivo, se citó a las empresas Aeropuertos 2000 y Correo Argentino para renegociar sus contratos. Cuando se creó la Comisión Renegociadora, el entonces Ministro de Economía Jorge Remes Lenicov excluyó a ambas empresas de la renegociación por registrar deudas con el Estado por cánones impagos en el orden de los 300 millones de pesos cada una.
 

Si bien el Correo Argentino entonces se mostró sorprendido por la decisión, confeccionó una lista de reclamos: marco regulatorio, la exclusividad de emisión de sellos postales, el poder fedatorio de las cartas documento, las asimetrías en los convenios laborales, las tarifas y la deuda del Estado por servicios impagos que rondaría los 100 millones de pesos.

La Auditoría General de la Nación recomendó el 7 de septiembre de 2002 al Poder Ejecutivo, rescindir el contrato del Correo Argentino si la empresa no abonaba los 207 millones de pesos adeudados del canon.

El Auditor General, Leandro Despouy, afirmó: "Aquí hubo organismos que no cumplieron con su obligación de fiscalizar el cumplimiento del contrato, que no exigieron los pagos correspondientes".

El dictamen de la Auditoría, que investigó el control del cumplimiento de los pagos semestrales del canon y el seguimiento de los entes reguladores, es muy duro y fue girado al Congreso, al Ministerio de Economía y al Gabinete.

La conclusión general del informe es que se incumplió tanto en los pagos de la empresa como en el control de los organismos.

Según la empresa, el pago del canon debe quedar sujeto a la renegociación del contrato, señalando de esta forma que no habrá pagos.

En la Auditoría señalaron que sus recomendaciones no son obligatorias, pero que de no ejecutarlas el organismo competente, deberá explicar el fundamento de esa actitud.

La Comisión de Informática y Comunicaciones del Congreso de la Nación convocó para el 29 de octubre a una audiencia para debatir el nuevo marco. Los correos privados objetaron esta convocatoria ya que el modelo de debate propuesto "favorece explícitamente al Correo Argentino". La Cámara de Correos Privados dijo que "recibimos la convocatoria con menos de una semana de anticipación y por vía de fax". Por esa razón enviaron una nota el 24 de octubre a la comisión parlamentaria pidiendo la postergación de la audiencia. Al celebrarse la audiencia, fue interrumpida por la línea que responde a Hugo Moyano.

En el Congreso existen dos iniciativas de marco regulatorio: una fue originada por la Cámara deDiputados y la otra por la Cámara de Senadores. Según los correos privados las dos dejan de lado el canon que el Correo Argentino se comprometió a pagar en la privatización, y que hoy no está abonando, para imponer un porcentaje sobre la facturación de todas las empresas postales.

Además de la discusión sobre el marco, el Ejecutivo formó una comisión para renegociar el contrato del Correo Argentino.

Por otra parte, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración presidida por el Senador justicialista de Santa Fe, Oscar Lamberto convalidó el 13 de noviembre ppdo. los informes de la Auditoría General de la Nación donde se constataban "numerosas irregularidades y falencias" en el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), en la administración del Pami y en las concesiones del Correo y de las terminales aeroportuarias.

Por el lado del Correo, la AGN comprobó un "reiterado incumplimiento del concesionario y un quebrantamiento de las condiciones expresas del contrato". El informe también recomienda el cobro de los cánones impagos, que según la Jefatura de Gabinete llega a $ 451.005.376. La AGN le advierte al gobierno que debe determinar el "perjuicio fiscal que sufrió el Estado por esos incumplimientos".

El Correo Argentino suspendió a partir del 12 de febrero el servicio gratuito de envíos de telegramas y cartas documento laborales. Mediante un comunicado, la empresa dijo que "a partir del 12 de febrero, Correo Argentino suspenderá la cuenta corriente que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos tiene con la empresa. Esto significa que a partir de la mencionada fecha, Coreo Argentino lamentablemente no podrá continuar prestando el servicio de telegrama y carta documento Ley 23.789". El comunicado agrega que "Correo Argentino lamenta tener que tomar esta decisión. Sin embargo se ve obligado a ello debido a los reiterados incumplimientos de compromisos de pago pro parte del Ministerio de Trabajo. Ese ministerio se había comprometido en el mes de octubre a abonar, al menos, los nuevos importes mensuales de su cuenta corriente, quedando pendiente una antigua e importante deuda que dicho organismo mantiene con la empresa".

La compañía dice que el ministerio le adeuda 15 millones de pesos de facturas impagas y que la cuenta mensual de Trabajo suma entre 400 y 600 mil pesos a ese pasivo.

El Correo Argentino dio marcha atrás el 13 de febrero con la decisión que había tomado el día anterior y volverá a brindar los servicios gratuitos de telegramas y cartas documento laborales.

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8.10. El servicio ferroviario de cargas.

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A – FERROSUR ROCA S.A – AMERICA LATINA LOGISTICA CENTRAL S.A – AMERICA LATINA LOGISTICA S.A - NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A

Si bien en este servicio no existen usuarios según la definición de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, las asociaciones participaremos ante el hecho que el transporte de varios de los insumos y demás bienes de los consumidores y usuarios se movilizan en los servicios ferroviarios de cargas.

Ninguno cumplió con las inversiones previstas. Requieren los concesionarios una renegociación integral de los contratos. Pretenden eliminar el canon, solicitan la condonación de multas y la reprogramación de las inversiones. En materia tarifaria, las empresas tienen bandas mínimas y máximas entre las cuales pueden moverse. En un principio no tendrían trabas para ajustar las tarifas, ya que están por debajo del techo.

El 22 de marzo acudieron a la Comisión Renegociadora de contratos los ferrocarriles de cargas NCA, Ferrosur, ALL y Ferroexpreso Pampeano. De todas las empresas que se reúnen con la Comisión, éstas son las que menos tienen para renegociar ya que sus tarifas fluctúan dentro de una banda que, por el momento, no estaría afectada por los ajustes.

El 23 de agosto el Ministerio de Economía distribuyó la información sobre los aumentos que solicitaron las empresas privatizadas.

Las empresas de trenes de carga no pidieron aumentos de tarifas sino otro tipo de compensaciones "por mayores costos". Esto les permite cumplir con las exigencias de la Comisión Renegociadora y a la vez mantener la posibilidad de solicitar aumentos de tarifas durante la renegociación de los contratos.

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8.11. Las vías fluviales por peaje

Es el corredor navegable Santa Fe - Océano Atlántico. Tiene tarifas fijadas en dólares. Existe un subsidio anual en dólares, aún en danza, que le iba a otorgar el Estado Nacional para evitar el aumento del peaje.

Mediante el Decreto 526/02, el Poder Ejecutivo dispuso que las tarifas de peaje de las operaciones de buques destinados al cabotaje nacional sean pesificadas para no afectar a las empresas de navegación y a las economías regionales.

El mencionado decreto prevé mantener la vigencia de las tarifas en dólares para los buques extranjeros en la red troncal concesionada, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe y Río de la Plata, para favorecer las operaciones de las empresas locales en lo que concierna al comercio fluvial.

El Dr. Caplan, en la carta que enviara al Presidente de la Nación expuesta en el punto 3.1, dice al respecto:

"Me estoy refiriendo a la prematura e inconveniente dolarización de la tarifa de peaje por vía fluvial para la navegación internacional en la red troncal concesionaria, dispuesta en el Decreto 576/2002 y que merece idénticos reparos a la dispuesta el mismo día en relación a las tasas aeronáuticas.

Tal como debiera surgir del acta pertinente, esta cuestión ocupó gran parte de la reunión de La Comisión del 09/04/02. En dicha ocasión el suscripto sostuvo la conveniencia de no aumentar las tarifas pesificadas a efectos de disminuir "el costo Argentino" y aumentar las exportaciones, con el consiguiente incremento de nuestra actividad económica e ingresos de divisas, mientras que contrariamente el Lic. Barbero sostenía que el mantenimiento de la tarifa pesificada beneficiaría fundamentalmente a empresas navieras extranjeras, disminuyendo ingresos de divisas por la prestación de los servicios de la Hidrovía y que la oportuna dolarización de tales tarifas podría posibilitar que en un Quid Pro Quo con el concesionario, el estado se liberase de aportar los cuarenta millones anuales del subsidio a su cargo.

Se trataba de un cordial cambio de opiniones entre el representante de los usuarios en pro de la disminución del costo del transporte internacional que, finalmente, terminan pagando los exportadores, importadores y consumidores Argentinos, con un funcionario que buscaba a través del incremento tarifario liberar al estado del pago del subsidio para destinar tales fondos a otros fines públicos. En todo caso, había consenso en que lo más conveniente para el interés del estado y de los usuarios era abordar la cuestión del ajuste de la tarifa pesificada en el momento de la negociación con el concesionario, para que tal incremento fuera el menor posible y permitiera, en su caso, disminuir o hasta eliminar el subsidio estatal. Ésta era la única posición razonable en defensa de los intereses del estado y de los usuarios.

Lo sorprendente es que cinco días antes de esta reunión de La Comisión, el presidente de la nación y varios de sus ministros ya habían firmado el Decreto Nacional que disponía la dolarización de tales tarifas, lo que resulta claramente inoportuno e inconveniente para el interés del estado y de los usuarios

DOS MEDIDAS QUE SE SOLICITAN CON CARÁCTER DE URGENTE.

Impedir el aumento de las tasas y tarifas expresadas en dólares.

La dolarización de las tasas aeronáuticas y de la hidrovía decretadas requieren una inmediata rectificación con el propósito de evitar el grave perjuicio que causa al comercio internacional del país a los usuarios de dichos sistemas y, en particular, a los pasajeros internacionales argentinos que se tripliquen tales conceptos, para no mencionar el efecto cascada en el aumento de algunos precios e índices inflacionarios.

Los decretos citados disponen que las referidas tarifas y tasas "... se regirá en dólares estadounidenses ..." y que el contrato de concesión está sujeto a renegociación, por lo que nada impide que de esta última se derive una tarifa expresada en dicha moneda que sea menor a la prevista en el contrato de concesión original que la fijó en moneda extranjera. Pero resulta que, si bien la tarifa puede expresarse en dólares americanos para facilitar las relaciones comerciales internacionales, debe ser fijada en pesos porque así lo dispone el Art. 8 de la ley 25.561 y nunca puede entenderse que el Poder Ejecutivo tiene facultades para modificar los términos de la ley con la que se le delegan determinadas atribuciones legislativas.

Resulta necesario disponer y así lo solicito, en relación a la Hidrovía y a las Tasas Internacionales de Aeropuertos que perciba el concesionario, que las tarifas expresadas en dólares en la actualidad y hasta tanto termine el proceso de renegociación, sean las que representen una cantidad de dólares equivalentes a la cantidad de pesos que resulta de aplicar a las tarifas originales del contrato de concesión a una paridad de un peso un dólar. Así los citados decretos estarían dentro de los límites de la delegación legislativa y se evitaría que los concesionarios de la Hidrovía y de los Aeropuertos se constituyan en verdaderos privilegiados en este proceso de renegociación, en el que el resto de las empresas de servicios públicos mantienen sus tarifas en pesos a dicha equivalencia.

De esta forma, el estado nacional podrá negociar de forma eficiente contando a su favor con el interés del concesionario en resolver rápidamente las cuestiones objeto de la renegociación.

Si el estado nacional satisficiera en forma anticipada y antes de la renegociación las mayores preocupaciones de los concesionarios, llevará a cabo una negociación torpe e incompatible con la defensa del interés público y de los usuarios.

Además, se vulnera gravemente el principio de publicidad y transparencia cuando, pese a que se dispuso la creación de La Comisión que "... procederá a renegociar los contratos...", con participación del Defensor del Pueblo de la Nación y la integración de "... un representante de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores involucradas - en cumplimiento del Art. 42 de la Constitución Nacional –", se resuelven, en forma previa a la renegociación, aspectos esenciales de tales contratos por fuera de La Comisión, creada para garantizar la eficiencia y transparencia en estas delicadas cuestiones."

Durante la segunda quincena de julio se reunieron el secretario de Transporte López del Punta, el subsecratario de Puertos y Vías Navegables, Oscar Feschbach, y los representantes de actividades vinculadas con la navegación comercial para analizar el destino de las obras a realizarse en la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Del Punta informó que los usuarios no serán convocados para la renegociación pero sin embargo se les otorgará el derecho a tomar conocimiento de la misma y a formular opiniones. El presidente de la Cámara Naviera, Jorge Alvarez, sostuvo que los usuarios deberían ser tenidos en cuenta en las conversaciones y recordó a las autoridades que esta negociación no debe soslayar la situación provocada por la devaluación y la pesificación asimétrica. 

También se informó que la empresa Hidrovía SA ya presentó los estudios de factibilidad de la obra, que no contemplan que el Estado realice aportes ya que los costos serían absorbidos en su totalidad por el peaje, aunque no se mencionaron los valores estimados.

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ANEXO NORMATIVO

 

Resolución 308/2002 - ME

B.O. 20/08/02 CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  - Norma complementaria e interpretativa de las que rigen el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesto por la Ley N° 25.561 y los Decretos Nros. 293/2002, 370/2002 y 1090/2002. Niveles de calidad exigibles a los concesionarios. Incumplimientos. Reclamos o presentaciones de las empresas concesionarias o licenciatarias.

Bs. As., 16/8/2002

VISTO el Expediente N° S01:0202235/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 25.561, los Decretos Nros. 293 del 12 de febrero de 2002, 370 del 22 de febrero de 2002, 1090 del 25 de junio de 2002, 355 del 21 de febrero de 2002 y la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 20 del 18 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9° de la Ley N° 25.561 autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Nacional bajo normas de derecho público, incluyendo los de obras y servicios públicos comprendidos en el Artículo 8° de la referida ley, estableciendo los criterios que deben seguirse en el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos.

Que el Decreto N° 293/02 encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA la misión de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos.

Que por el Artículo 4° de la citada norma fue creada la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, con la función de asesorar y asistir al MINISTERIO DE ECONOMIA en dicho proceso, estableciendo que dicha Cartera podrá establecer, dentro de su ámbito, las modalidades organizativas y operativas necesarias para lograr el desarrollo de las acciones adecuadas a la misión asignada.

Que por el Artículo 5° del Decreto N° 370/02 se facultó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA a dictar el reglamento de funcionamiento de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y las normas de procedimiento con ajuste a las cuales se llevará a cabo el proceso de renegociación.

Que el Decreto N° 1090/02 dispuso que los diversos reclamos por incumplimiento de los contratos sometidos al proceso de renegociación, que pudieran plantearse antes del dictado del decreto que refrende los acuerdos de renegociación o las recomendaciones de rescisión, deberán ser incluidos en el procedimiento de renegociación y formar parte del acuerdo, estableciendo asimismo, que los concesionarios deberán mantener la calidad de los servicios públicos involucrados en el contrato respectivo.

Que, igualmente, el Decreto citado en el párrafo precedente dispuso que los concesionarios que efectuaren reclamos por incumplimiento contractual fuera del proceso de renegociación establecido por el Decreto N° 293/02 quedarán automáticamente excluidos de dicho proceso.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 20/02 fueron aprobadas las "Normas de Procedimiento para la Renegociación de los Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos", así como el "Listado de Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos" sujetos al proceso de renegociación.

Que la adecuada interpretación y aplicación de la normativa citada favorecerá el curso del proceso de la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos que se desarrolla actualmente.

Que resulta conveniente arbitrar los recaudos necesarios para posibilitar una adecuada implementación del proceso de renegociación de los contratos, en orden a asegurar las prestaciones de los servicios públicos que brindan las empresas concesionarias y licenciatarias.

Que corresponde al MINISTERIO DE ECONOMIA, como Autoridad de Aplicación del referido proceso, establecer los criterios interpretativos sobre los alcances de las normas que resultan de aplicación, a los efectos de ordenar las instancias y procedimientos tendientes a armonizar la labor a su cargo, con relación a las acciones que hacen al desenvolvimiento de las concesiones y licencias involucradas por parte de las Secretarías de Estado que actúan como Autoridad de Aplicación y los respectivos Entes de Control.

Que la competencia del MINISTERIO DE ECONOMIA resulta asimismo contemplada por el Decreto N° 355/02 que modificó la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en un todo de acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto N° 355/02 y en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 293/02 y 370/02.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVE:

Artículo 1° - Las disposiciones que se establecen por la presente Resolución tienen el carácter de complementarias e interpretativas de las normas que rigen el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesto a través de la Ley N° 25.561 y los Decretos Nros. 293/02, 370/02 y 1090/02.

Art. 2° - Las Autoridades de Aplicación de los contratos de concesión o licencia de servicios públicos sujetos al proceso de renegociación, como los respectivos Organos de Control, continúan ejerciendo sus respectivas atribuciones y facultades, conforme a lo establecido en las normas que definen su competencia y los marcos regulatorios correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 25.561, los Decretos Nros. 293/02, 370/02 y 1090/02 y sus normas complementarias y reglamentarias.

Art. 3° - Los estándares de calidad referidos por el Decreto N° 1090/02 son aquellos previstos en las condiciones estipuladas en los respectivos contratos de concesión, sus modificaciones y addendas vigentes. Dichos estándares constituyen los niveles de calidad exigibles al concesionario.

Art. 4° - Respecto de los incumplimientos de los contratos que se hubieran detectado con anterioridad al dictado del Decreto N° 1090/02, como aquellos que se verifiquen a partir de ese momento, la Autoridad competente, sea el Organo de Control o la Autoridad de Aplicación, procederá a sustanciar las actuaciones administrativas conforme a lo previsto en las normas vigentes.

Art. 5° - Efectuada la intimación o apercibimiento por parte de la Autoridad competente, sea el Organo de Control o la Autoridad de Aplicación, en aquellos casos en los cuales el concesionario evidenciara o demostrara razonablemente que el incumplimiento imputado se produjo en razón del impacto que sufriera en su desenvolvimiento económico-financiero a partir de las medidas dispuestas por la Ley N° 25.561 y sus normas complementarias, corresponderá que una vez agotada la instancia administrativa, el Organo de Control o la Autoridad de Aplicación, emita sus conclusiones, poniendo en conocimiento de ello a la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a efectos de su consideración dentro del proceso de negociación.

Art. 6° - En el supuesto contemplado en el artículo precedente, si se determinara que corresponde una sanción económica o multa, la misma será valuada por la Autoridad competente, sea el Organo de Control o la Autoridad de Aplicación, e informada a la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, correspondiendo la suspensión de todo procedimiento de exigibilidad al concesionario a efectos de su inclusión en la negociación contractual. Tratándose de sanciones que impliquen bonificaciones a los usuarios, las mismas proseguirán su trámite normal.

Art. 7° - En los casos en que el incumplimiento no fuera vinculado por el concesionario al impacto de la emergencia o cuando tal circunstancia no fuera demostrada razonablemente, la Autoridad competente continuará con los actos propios de su poder de policía, eximiéndose a dicha Autoridad, de incluir tal incumplimiento dentro de la renegociación a cargo de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Art. 8° - Los reclamos o presentaciones de las empresas concesionarias o licenciatarias que estuviesen referidos a cuestiones propias del desarrollo de las operaciones que forman parte del desenvolvimiento normal y ordinario de la concesión serán tramitados ante la Autoridad Administrativa competente, sea el Organo de Control, la Autoridad de Aplicación, u otra Autoridad Administrativa que correspondiera según la naturaleza del asunto.

Art. 9° - Cuando tales reclamos o presentaciones trataren sobre cuestiones cuya naturaleza o decisión se vinculasen directamente con las materias o tópicos que deban contemplarse dentro del proceso de renegociación, tales presentaciones se formularán ante la Autoridad Administrativa con competencia primaria, la cual determinará la procedencia de su derivación a la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para su tratamiento.

Art. 10. - La COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS procederá a evaluar las presentaciones que los concesionarios y licenciatarios realicen ante ella, como también las derivaciones efectuadas por las Autoridades Administrativas, Autoridades de Aplicación y Organos de Control, determinando si procede su consideración dentro del proceso de renegociación, o bien si considera que corresponde otro curso de acción.

Art. 11. - Las empresas concesionarias o licenciatarias, que mientras se desarrollare el proceso de renegociación en curso, efectuaren una presentación en sede judicial o ante un tribunal arbitral, articulada sobre el presunto incumplimiento contractual fundado en las normas dictadas en razón de la emergencia, serán intimadas por el MINISTERIO DE ECONOMIA, como Autoridad de Aplicación del régimen dispuesto por el Decreto N° 293/02, a desistir de tal acción, bajo apercibimiento de que si así no lo hicieran, se instarán los actos para disponer su exclusión de dicho proceso.

Art. 12. - Comuníquese a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION creadas por el Artículo 20 de la Ley N° 25.561 y por el Artículo 14 de la Ley N° 23.696, respectivamente.

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Roberto Lavagna.

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 Decreto 1839/2002

B.O. 17/09/02 CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  Extiéndese el plazo para que el Ministerio de Economía eleve al las propuestas de renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos definidos en el artículo 1º del Decreto Nº 293/2002. Excepciones.

Bs. As., 16/9/2002

VISTO el Expediente Nº S01:0197443/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario y el Decreto Nº 293 del 12 de febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 9º de la Ley Nº 25.561, se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos alcanzados por las disposiciones del artículo 8° de la referida norma.

Que por el artículo 1° del Decreto Nº 293/02 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA la misión de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.

Que por el artículo 2º del mencionado decreto, se estableció un plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles para que el citado Ministerio elevara al PODER EJECUTIVO NACIONAL las propuestas de renegociación de los referidos contratos.

Que tales contratos, ante la emergencia que atraviesa nuestro país, se hallan sometidos a una serie de variables, entre las cuales se destacan las negociaciones con Organismos Multilaterales, que inciden de diversa forma sobre su situación actual y su futura evolución, circunstancia que dificulta avanzar con la rapidez deseada en la tarea de renegociación encarada.

Que, aún existiendo avances importantes en el proceso en marcha, el plazo que fuera fijado oportunamente para que el MINISTERIO DE ECONOMIA elevara al PODER EJECUTIVO NACIONAL las propuestas de renegociación, a la fecha, resulta limitado.

Que dicha labor se encuentra a cargo de la COMISION DE RENEGOCIACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 293/02, y cuyos avances pueden observarse en el sitio de Internet del MINISTERIO DE ECONOMIA (www.mecon.gov.ar/ crc).

Que por tal razón resulta pertinente extenderlo, a fin de arbitrar los recaudos necesarios para desarrollar convenientemente las evaluaciones y gestiones para posibilitar el cumplimiento de la labor encomendada.

Que no ha sido ajeno a ello, lo actuado en los autos "CAPLAN ARIEL R. C/EN-MINISTERIO DE ECONOMIA-RES 20/02 S/MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA" que limitó la referida tarea.

Que la ampliación que se propicia del plazo fijado para la renegociación, se compadece con los intereses y perspectivas tanto del ESTADO NACIONAL, de las empresas concesionarias y licenciatarias, como de los usuarios, procurando no afectar las prestaciones de los servicios públicos de que se trata.

Que, asimismo, resulta conveniente establecer disposiciones complementarias para dotar de previsibilidad al tratamiento que corresponderá otorgar a distintas situaciones que puedan plantearse durante el transcurso del proceso de renegociación, o bien al momento de ocurrir el vencimiento del plazo dispuesto.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta conforme a la delegación efectuada al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los artículos 1º y 9º de la Ley Nº 25.561, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 76 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1º - Extiéndese por CIENTO VEINTE (120) días hábiles, a partir del vencimiento del período establecido por el artículo 2° del Decreto Nº 293 del 12 de febrero de 2002, el plazo para que el MINISTERIO DE ECONOMIA eleve al PODER EJECUTIVO NACIONAL las propuestas de renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos definidos en el artículo 1º del Decreto Nº 293/02, e identificados en el artículo 2º de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 20 de fecha 18 de marzo de 2002, con excepción de los contratos de concesión, excluidos de las previsiones del Decreto Nº 293/02, por los Decretos Nros. 1534 y 1535, ambos de fecha 20 de agosto de 2002.

Art. 2º - A los efectos de lo previsto en el artículo 2º del Decreto Nº 293/02 y en el artículo 1º de la presente norma, se establece:

a) Las propuestas a ser elevadas por el MINISTERIO DE ECONOMIA al PODER EJECUTIVO NACIONAL, podrán contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas del contrato, de carácter transitorio.

b) En aquellos casos que no resulte posible alcanzar un acuerdo con la empresa concesionaria o licenciataria, el MINISTERIO DE ECONOMIA deberá elevar al PODER EJECUTIVO NACIONAL un informe conteniendo los avances alcanzados y las recomendaciones que estimare pertinentes para el curso de las acciones a seguir.

c) En el supuesto de que las tratativas en curso estuvieran encausadas pero demandaran de tiempo adicional al plazo previsto para concluir la renegociación, el MINISTERIO DE ECONOMIA queda facultado para establecer una nueva prórroga del plazo que resulta del artículo 1º del presente decreto, hasta un máximo de SESENTA (60) días,

d) Existiendo razones que imposibilitaren avanzar o concluir el proceso de negociación sobre determinado contrato, mediando causas no imputables a la concesionaria o licenciataria, que impidieran continuar o concluir la negociación, el MINISTERIO DE ECONOMIA queda facultado para resolver la suspensión del proceso de renegociación, hasta tanto se remuevan los impedimentos existentes. Dicha suspensión no podrá exceder el plazo establecido en el inciso anterior.

Art. 3º - El MINISTERIO DE ECONOMIA será la Autoridad de Aplicación del presente decreto, estando facultado para dictar las normas interpretativas, reglamentarias y complementarias que correspondan.

Art. 4º - Comuníquese a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION creadas por el artículo 20 de la Ley Nº 25.561 y por el artículo 14 de la Ley N° 23.696.

Art. 5º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DUHALDE. Alfredo N. Atanasof. Roberto Lavagna.

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Decreto 1834/2002

B.O. 17/09/02 EMPRESAS CONCESIONARIAS O LICENCIATARIAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  Adoptánse medidas respecto de determinadas contingencias económicas o procesos judiciales que afecten a las Empresas Concesionarias o Licenciatarias de obras y servicios públicos, comprendidas en el proceso de renegociación dispuesto por la Ley Nº 25.561, los Decretos Nros. 293/2002 y 370/2002 y la Resolución ME Nº 20/2002, y durante el plazo de emergencia pública establecido en la citada Ley, con la finalidad de asegurar la continuidad y calidad de los servicios públicos que brindan.

Bs. As., 16/9/2002

VISTO el Expediente S01:0190977/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley Nº 25.561; los Decretos Nros. 293 del 12 de febrero de 2002, 370 del 22 de febrero de 2002 y la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 20 del 18 de marzo de 2002; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al PODER EJECUTIVO NACIONAL hasta el 10 de diciembre de 2003, para dictar las medidas tendientes a revertir la grave crisis que atraviesa nuestro País.

Que dicha norma estableció que en los contratos de obras y servicios públicos celebrados por la Administración Pública, quedarán sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio, determinando que los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedaban establecidos en pesos a la relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1), autorizando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar tales contratos.

Que el Artículo 10 de la referida Ley, previó que en ningún caso las disposiciones referidas en el considerando precedente autorizarían a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

Que por el Decreto Nº 293/02 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.561, que tuvieran por objeto la prestación de obras y servicios públicos, debiendo elevar las propuestas de renegociación contractual al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que actualmente el MINISTERIO DE ECONOMIA se encuentra desarrollando el proceso de negociación de los contratos con las Empresas Concesionarias y Licenciatarias, conforme a lo dispuesto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que la difícil situación económica que hoy atraviesa nuestro País, no resulta ajena al desenvolvimiento de las Empresas Concesionarias y Licenciatarias que se encuentran a cargo de la prestación de los servicios públicos, dado que los efectos de la crisis alcanzan tanto a su situación económico financiera, como también sus estados contables y patrimoniales.

Que ello puede eventualmente derivar en que esas Empresas se encuentren obligadas a solicitar su concurso preventivo, como a enfrentar otras contingencias judiciales.

Que dichas circunstancias han de provocar incertidumbre respecto del cumplimiento de sus compromisos y también sobre la necesaria continuidad en la prestación de los servicios públicos a la población.

Que debe tenerse presente que los contratos de concesión de los servicios públicos referidos, estipulan que la presentación de la Concesionaria en concurso preventivo será causal de extinción del contrato, contemplando asimismo que el GOBIERNO NACIONAL, en su carácter de poder concedente, tendrá la facultad de resolver la continuidad de la concesión, cuando no se viera afectado el cumplimiento de las obligaciones esenciales del Contrato.

Que atendiendo a tal circunstancia, resulta prioritario para el ESTADO NACIONAL establecer las condiciones tendientes a asegurar la continuidad y calidad de los servicios públicos que dichas Empresas brindan a la población.

Que tales condiciones deben atenderse máxime cuando tales contratos se encuentran cursando un proceso de renegociación entre el GOBIERNO NACIONAL y las distintas Empresas, el cual ha sido dispuesto por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION formando parte de la legislación de emergencia aprobada.

Que con tal objetivo resulta conveniente arbitrar medidas dirigidas a otorgar previsibilidad sobre las decisiones que pudiera adoptar el GOBIERNO NACIONAL, ante determinadas contingencias económicas o procesos judiciales que afecten a las Empresas Concesionarias o Licenciatarias, evitando que tales hechos generen incertidumbre respecto a la continuidad del Contrato de Concesión y la prestación de los servicios públicos.

Que la presente medida, de ningún modo afectará las competencias conferidas por las normas concursales vigentes, es decir, la Ley Nº 24.522, con las modificaciones incluidas por las Leyes Nros. 25.563 y 25.589.

Que las decisiones a adoptarse deben también contemplar adecuadamente la observancia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las Empresas Concesionarias y Licenciatarias en los respectivos contratos con el ESTADO NACIONAL.

Que en razón de las normas que encuadran la presente materia, corresponde establecer que el MINISTERIO DE ECONOMIA sea la Autoridad de Aplicación de las medidas que se disponen por el presente.

Que corresponde comunicar la presente medida a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION creadas por el Artículo 20 de la Ley Nº 25.561 y por el Artículo 14 de la Ley Nº 23.696, respectivamente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECOCONTRATOS NOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta, conforme a la delegación efectuada al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los artículos 1º y 9º de la Ley Nº 25.561, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 76 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1º - Durante el plazo de emergencia pública establecida por el artículo 1º de la Ley Nº 25.561 y con la finalidad de asegurar la continuidad y calidad de los servicios públicos que se brindan a la población, la sola presentación en concurso preventivo o la solicitud de quiebra de las Empresas Concesionarias o Licenciatarias de obras y servicios públicos, comprendidas en el proceso de renegociación dispuesto por los artículos 8º y 9º de la referida Ley, los Decretos Nros. 293/02 y 370/02 y la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 20/02, con las excepciones previstas en los Decretos Nros. 1534 y 1535, ambos de fecha 20 de agosto de 2002; no dará lugar a la rescisión de los contratos de concesión o licencia que celebraron con el ESTADO NACIONAL. Todo ello, sin perjuicio de las demás facultades con las que, en su calidad de concedente u otorgante de la licencia, el ESTADO NACIONAL cuenta para declarar la extinción del contrato por otras causales distintas a la sola presentación en concurso preventivo o solicitud de quiebra de las Empresas Concesionarias o Licenciatarias de obras y servicios públicos. La Autoridad de Aplicación comunicará al Juez competente la caducidad o suspensión de la concesión o licencia otorgada en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la fecha del dictado del correspondiente acto administrativo.

Art. 2º- El MINISTERIO DE ECONOMIA será la Autoridad de Aplicación del presente decreto, estando facultado para dictar las normas interpretativas, reglamentarias y complementarias, así como para dar intervención y solicitar todo tipo de información a las distintas Autoridades de Aplicación y de control y regulación que actúan respecto de las concesiones y licencias comprendidas.

Art. 3º - Comuníquese a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION creadas por el Artículo 20 de la Ley Nº 25.561 y por el Artículo 14 de la Ley Nº 23.696, respectivamente.

Art. 4º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DUHALDE. Alfredo N. Atanasof. Roberto Lavagna.

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Resolución 271/2002 - OCCOVI

B.O. 12/09/02 CONCESIONES VIALES  - Convócase a Audiencia Pública Consultiva para el tratamiento de la recomposición tarifaria de urgencia solicitada por diversas empresas concesionarias. Reglamento. Carácter de las opiniones vertidas en la Audiencia Pública Consultiva. Convocatoria. Autoridades. Participantes. Etapa preparatoria. Desarrollo de la Audiencia. Resultados.

Bs. As., 9/9/2002

VISTO, el Expediente Nº 3973/2002 del Registro del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, y

CONSIDERANDO:

Que de público y notorio, que viene llevándose a cabo por la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dentro del marco de la Ley Nº 25.561 y los Decretos Nº 293 de fecha 12 de febrero de 2002, y Nº 370 de fecha 22 de febrero de 2002 la renegociación de los Contratos de Concesión de Obra Pública de los Accesos a la Ciudad de Buenos Aires Norte, Oeste, Ricchieri y Autopista Buenos Aires - La Plata; y del Corredor Nº 18 de la Red Vial Nacional.

Que a los fines de garantizar la máxima transparencia y juridicidad de tales procedimientos el ESTADO NACIONAL ha resuelto someter a consulta pública previa el tratamiento de la recomposición tarifaria de urgencia solicitado por las empresas AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO NORTE a la Ciudad de Buenos Aires, GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO OESTE a la Ciudad de Buenos Aires, AEC SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO RICCHIERI a la Ciudad de Buenos Aires, CONCESIONARIA VIAL ARGENTINO ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA (COVIARES S.A.), concesionaria de la AUTOPISTA BUENOS AIRES - LA PLATA, RIBEREÑA DE LA CAPITAL FEDERAL y NUEVO PUENTE SOBRE EL RIACHUELO, y CAMINOS DEL RIO URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del Corredor Nº 18 de la Red Vial Nacional.

Que el Señor Subsecretario legal y Administrativo del MINISTERIO DE ECONOMIA en su carácter de Vicepresidente de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS por Nota S.L. Y A. Nº 212/02, obrante a fojas 1/2 del expediente citado en el Visto, con el objeto de facilitar la organización y desarrollo de la consulta, ha dispuesto requerir a este ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES para que por cuenta y orden de esa Comisión formule la convocatoria y dirija el procedimiento.

Que no se encuentra previsto el régimen de Audiencias Públicas dentro del REGLAMENTO ADMINISTRATIVO REGULATORIO DE LAS PRESTACIONES, LA FISCALIZACION Y CONTROL Y LA PROTECCION AL USUARIO Y A LOS BIENES DEL ESTADO -Marco Regulatorio- aprobado por Decreto Nº 1994 de fecha 23 de septiembre de 1993, y del Decreto Nº 87 de fecha 25 de enero de 2001. Asimismo, en ninguno de los otros contratos de concesión que se encuentran bajo la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento de su cumplimiento por este Organo de Control, prevé la implementación del régimen de Audiencias Públicas.

Que no obstante, dado el requerimiento formulado se considera conveniente convocar a personas públicas y privadas indicadas a una AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA para el tratamiento de la recomposición tarifaria de urgencia solicitado por las empresas concesionarias, conforme con la convocatoria de la parte dispositiva y el procedimiento que corre como Anexo I de la presente. Que ha tomado la intervención que le compete la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo.

Que el suscrito es competente para el dictado de la presente, en mérito al requerimiento indicado en el tercer considerando, de lo dispuesto por el Decreto Nº 1994 de fecha 23 de septiembre de 1993, modificado por el Decreto N° 87 de fecha 25 de enero de 2001.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES RESUELVE:

Artículo 1° - Convócase por cuenta y orden de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA a AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA para el tratamiento de la recomposición tarifaria de urgencia solicitado por las empresas AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO NORTE a la Ciudad de Buenos Aires con expediente CUDAP EXP. S01: 0209912/02, GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO OESTE a la Ciudad de Buenos Aires con expediente a identificar en el acto de la Audiencia, AEC SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO RICCHIERI a la Ciudad de Buenos Aires con expediente CUDAP EXP. S01: 0209939/02, CONCESIONARIA VIAL ARGENTINO ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA (COVIARES S.A.), concesionaria de la AUTOPISTA BUENOS AIRES - LA PLATA, RIBEREÑA DE LA CAPITAL FEDERAL y NUEVO PUENTE SOBRE EL RIACHUELO con expediente CUDAP EXP. S01: 0210263/02, y CAMINOS DEL RIO URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del Corredor Nº 18 de la Red Vial Nacional con expediente CUDAP EXP. S01: 0210320/02, para el día 30 del mes de septiembre de 2002, a las 9.00 hs. en el Centro Punta Carrasco "Salón de Usos Múltiples", Av. Costanera Norte y Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2° - La AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA se realizará de acuerdo a las siguientes pautas generales, a saber:

I) Previo a la realización de la Audiencia, se desarrollará una etapa Preparatoria en la que se realizará la INSCRIPCION y VISTA DE LA DOCUMENTACION:

Los interesados en participar en la audiencia podrán inscribirse desde el día 11 de septiembre de 2002 hasta el 25 de septiembre de 2002, y tomar vista de la documentación desde el día 11 de septiembre de 2002 hasta el día 27 de septiembre de 2002 en la SECRETARIA DE ATENCION AL USUARIO del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, sito en Paseo Colón Nº 185 Piso 6º, en el horario de 9:30 a 13 y de 14 a 17:30 horas. La extracción de fotocopias será a exclusivo costo del solicitante.

II) AUDIENCIA PUBLICA: el día 30 de septiembre de 2002 a las 9.00 horas se dará comienzo a la Audiencia Pública Consultiva de acuerdo con el Orden del Día que incluirá la nómina de los participantes registrados que harán uso de la palabra durante el desarrollo de la audiencia, el orden y tiempo de las alocuciones previstas y el nombre y cargo de quienes presiden y coordinan la Audiencia.

Art. 3° - Las opiniones recogidas durante la audiencia pública son de carácter consultivo y no vinculante.

Art. 4° - Desígnase como autoridades de la AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA, como Presidente alterno al Sub Director Ejecutivo del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES Sr. Juan Carlos VERAMENDI, como Secretario al Dr. Fernando H. MOLINAS y como Instructor a la Dra. María Paulina SEGOVIA, en tanto que la Presidencia será asumida por el suscripto.

Art. 5° - Publíquese la convocatoria efectuada por TRES (3) días en el BOLETIN OFICIAL, por TRES (3) días en TRES (3) diarios de circulación nacional y en internet. En la publicación se hará constar una relación suscinta del objeto de la convocatoria, así como el procedimiento a seguir por los interesados para participar en la AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA.

Art. 6° - Invítase a participar de la AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA a la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, a las COMISIONES BICAMERALES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION creadas por los artículos 14 de la Ley Nº 23.696 y 20 de la Ley Nº 25.561, a la GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a la GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, a la GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los gobiernos municipales de las ciudades comprendidas en el área de concesión, y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor inscriptas en el Registro Nacional de Representantes de Asociaciones de Consumidores, dependiente de la "Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor", que tengan interés en la materia objeto de esta Audiencia.

Art. 7° - Líbrense los edictos correspondientes, notifíquese de la presente Resolución a la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, por intermedio de la SECRETARIA GENERAL DE ATENCION AL USUARIO.

Art. 8° - Apruébase el REGLAMENTO DE AUDIENCIAS PUBLICAS CONSULTIVAS, que integra la presente como Anexo I.

Art. 9° - Instrúyase a la SECRETARIA GENERAL DE ATENCION AL USUARIO a comunicar a todas las Gerencias y al personal de las mismas que deberán prestar su más amplia colaboración con la realización de la AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA.

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, archívese.

Carlos H. Hidaldgo.

ANEXO I REGLAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA

TITULO I CUESTIONES GENERALES

CAPITULO I

DEFINICION Y OBJETIVOS. CARACTER DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA

ARTICULO 1º - DEFINICION Y OBJETO GENERAL.

La audiencia pública es una instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisión pública. A través de este mecanismo la autoridad responsable de la decisión habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés general o particular respecto a dicha decisión, expresen su opinión acerca de ella. El objetivo general de la audiencia pública es que la autoridad responsable acceda a la mayor cantidad de información y que incremente los niveles de transparencia del proceso decisorio a través del contacto directo con la ciudadanía.

ARTICULO 2º - OBJETO DE LA AUDIENCIA PUBLICA.

El objeto de la audiencia pública es poner a consideración de la ciudadanía y los interesados el tratamiento de la recomposición tarifaria de urgencia solicitado por las empresa AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO NORTE a la Ciudad de Buenos Aires, GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO OESTE a la Ciudad de Buenos Aires, AEC SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del ACCESO RICCHIERI a la Ciudad de Buenos Aires, CONCESIONARIA VIAL ARGENTINO ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA (COVIARES S.A.), concesionaria de la AUTOPISTA BUENOS AIRES – LA PLATA, RIBEREÑA DE LA CAPITAL FEDERAL y NUEVO PUENTE SOBRE EL RIACHUELO, y CAMINOS DEL RIO URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA, concesionaria del Corredor Nº 18 de la Red Vial Nacional.

ARTICULO 3º - CARACTER CONSULTIVO.

Las opiniones recogidas durante la audiencia pública son de carácter consultivo y no vinculante.

CAPITULO II

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA. AUTORIDADES.

ARTICULO 4º - AUTORIDAD CONVOCANTE.

La COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA es la autoridad convocante.

ARTICULO 5º - ORGANISMO COORDINADOR Y DE IMPLEMENTACION.

El ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, organismo descentralizado dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la PRESIDENCIA DE LA NACION es el organismo coordinador y de implementación de la audiencia pública, en los términos previstos de la Nota S.L. Y A. Nº 212 de fecha 3 de septiembre de 2002.

ARTICULO 6º - COSTOS DE LA AUDIENCIA.

La autoridad convocante debe aportar los recursos necesarios para la organización y eficiente desarrollo de la audiencia pública.

TITULO II

DE LA AUDIENCIA PUBLICA

CAPITULO I

DE LOS PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA

ARTICULO 7º - PARTICIPANTES. Podrá ser participante toda persona física o jurídica que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática objeto de la Audiencia. Una enunciación no taxativa de aquéllos que pueden ser participantes en las mismas condiciones incluye a:

a. Los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de los Poderes Ejecutivos locales;

b. Los legisladores nacionales y locales;

c. Los miembros del Poder Judicial de la Nación y de los Poderes Judiciales locales;

d. Los funcionarios de los organismos de control;

e. Los expertos, nacionales o extranjeros que faciliten la comprensión de la temática objeto de la audiencia

f. Los organismos públicos que tengan un interés en esta cuestión.

g. Las universidades, centros de investigación, unidades académicas y demás entidades que tengan conocimientos técnicos sobre el tema.

h. Entidades sindicales.

i. Organizaciones no gubernamentales.

j. Colegios Profesionales

ARTICULO 8º - CONDICIONES DE LA PARTICIPACION.

Son condiciones para la participación la inscripción previa en el registro habilitado a tal efecto.

ARTICULO 9º - PERSONAS JURIDICAS. Las personas jurídicas participan por medio de sus representantes legales o un apoderado, debidamente acreditados mediante el instrumento legal correspondiente, certificado por autoridad policial, judicial o escribano público. En el caso de las personas jurídicas se admite un solo orador en su representación.

ARTICULO 10. - PARTICIPACION SIMULTANEA.

Las personas físicas no podrán participar simultáneamente como tales y en representación de una persona jurídica. El representante de una persona jurídica no podrá serlo de otras. Las personas físicas y jurídicas sólo podrán tener una intervención.

ARTICULO 11. - UNIFICACION DE LA REPRESENTACION.

En cualquier etapa del procedimiento se podrá exigir la unificación de la representación de las partes con intereses comunes.

En caso de divergencia entre ellas sobre la persona del representante, éste será designado por el Presidente de la audiencia. Los participantes podrán solicitar al Presidente de la Audiencia, en cualquier etapa del proceso, la unificación de representación.

En cualquiera de los supuestos mencionados, la unificación de representación no implica acumular el tiempo de participación.

ARTICULO 12. - PARTICIPANTES NO INSCRIPTOS. Todas las personas que asistan sin inscripción previa a la Audiencia Pública sólo pueden participar mediante la formulación de preguntas por escrito, previa autorización del Presidente de la Audiencia. Al finalizar las presentaciones, el Presidente de la Audiencia decidirá la modalidad de respuesta.

CAPITULO II

DEL ORGANISMO DE IMPLEMENTACION Y DE COORDINACION

ARTICULO 13. - ORGANISMO DE IMPLEMENTACION Y DE COORDINACION. FUNCIONES.

El organismo de coordinación e implementación, tiene como funciones principales:

a) Ejecutar las acciones requeridas para la eficaz y eficiente realización de la audiencia pública;

b) Administrar el expediente de la audiencia pública;

c) Organizar y administrar el registro de participantes;

d) Garantizar el libre acceso al expediente de todos los interesados;

e) Decidir los recursos interpuestos por quienes hayan solicitado su inscripción y les fuera denegada;

f) Seleccionar el espacio físico adecuado para la audiencia pública y dotarlo de los recursos necesarios;

g) Confeccionar y elevar el orden del día a la autoridad convocante para su aprobación;

h) Prever la asistencia de un cuerpo de taquígrafos;

i) Coordinar el desarrollo de la audiencia pública;

j) Realizar apoyo logístico durante el desarrollo de la audiencia;

k) Desempeñar toda otra actividad de corte administrativo, conducente al correcto desarrollo de la audiencia, que le solicite la autoridad convocante o quien la presida.

l) Realizar una evaluación final del desarrollo del proceso de la audiencia pública, la cual será elevada a la autoridad convocante e incorporada al expediente;

TITULO III

DE LAS ETAPAS DE LA AUDIENCIA PUBLICA

CAPITULO I – ETAPA PREPARATORIA

ARTICULO 14. - ETAPA PREPARATORIA. La etapa preparatoria inicia con el expediente que motiva la audiencia pública, a partir de la Nota S.L. Y A. Nº 212 de fecha 3 de septiembre de 2002.

ARTICULO 15. - OTRAS ACTUACIONES.

Deberán agregarse al expediente las actuaciones labradas en cada una de sus etapas, las constancias documentales de la publicación de la convocatoria, los antecedentes, despachos y/o expedientes de los organismos competentes, los informes obligatorios mencionados en el artículo 8º y cualquier otro estudio, informe o documentación de los participantes y técnicos consultados.

ARTICULO 16. –

La etapa preparatoria estará a cargo de un instructor y tiene por objeto realizar todos los trámites previos, necesarios para la realización de la audiencia y poner en conocimiento de las partes y el público todos los hechos vinculados al objeto de la misma.

ARTICULO 17. –

El instructor tiene amplias facultades para:

a) Fijar plazos;

b) Determinar los medios por los cuales se registrará la audiencia;

c) Decidir acerca de la legitimación de las partes y en su caso la unificación de su personería, teniendo en cuenta el buen orden del procedimiento de la AUDIENCIA PUBLICA CONSULTIVA. Quienes no fueren admitidos como partes podrán recurrir exclusivamente ante el Director Ejecutivo del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.

d) Todas las demás que sean conducentes para la tramitación del procedimiento.

ARTICULO 18. - PUBLICIDAD.

El expediente estará a disposición de los interesados para su consulta en lugar que defina la autoridad convocante mediante la resolución respectiva. Las copias que se soliciten, son a costa del interesado.

ARTICULO 19. - CONVOCATORIA.

La convocatoria debe consignar:

a) La autoridad convocante;

b) El objeto de la Audiencia Pública;

c) El día, hora y lugar de celebración de la Audiencia Pública;

d) El organismo de coordinación y de implementación de la Audiencia;

e) El lugar en donde se puede tomar vista del expediente, inscribirse para ser participante en la Audiencia y presentar la documentación relacionada con el objeto de la misma;

f) El plazo para la inscripción de los participantes;

g) Las autoridades de la Audiencia Pública;

ARTICULO 20. - PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.

La autoridad convocante debe publicar la convocatoria a la audiencia pública con una antelación no menor a quince (15) días corridos respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, por lo menos en tres (3) de los diarios de mayor circulación nacional, durante tres (3) días a costa de la autoridad convocante, y en el Boletín Oficial, durante tres (3) días.

ARTICULO 21. - CONTENIDO DE LA PUBLICACION.

La publicación mencionada debe indicar:

a) La autoridad convocante;

b) El objeto de la audiencia pública;

c) El día, hora y lugar de celebración de la audiencia pública;

d) Los plazos previstos para la inscripción de los participantes;

e) El domicilio del lugar de la inscripción y vista del expediente;

ARTICULO 22. - HABILITACION DEL REGISTRO. INSCRIPCIONES.

Se deberá habilitar un registro para la inscripción de los participantes.

La inscripción se realizará en un formulario preestablecido, numerado correlativamente, y debe incluir como mínimo los datos previstos en el formulario que se adjunta a este Reglamento. Se entregará constancia de la inscripción. La inscripción al Registro es libre y gratuita.

ARTICULO 23. - PLAZOS DEL REGISTRO.

El registro se habilita con una antelación no menor a los quince (15) días corridos previos a la celebración de la Audiencia y cierra cuarenta y ocho (48) horas hábiles antes de la realización de la misma.

ARTICULO 24. - INSCRIPCION Y ORDEN DE LAS EXPOSICIONES.

El orden de alocución de los participantes registrados es conforme al orden de inscripción en el registro.

ARTICULO 25. - TIEMPO DE LAS EXPOSICIONES.

El tiempo de las exposiciones será definido en el orden del día. Sin perjuicio de ello, todos los participantes tienen derecho a una intervención oral de, al menos, cinco (5) minutos, con un tiempo máximo de diez (10) minutos, excepto de que se tratare de expertos especialmente convocados, funcionarios que presenten el proyecto de decisión o participantes autorizados expresamente por el Presidente de la audiencia pública.

ARTICULO 26. - ESPACIO FISICO. El organismo de coordinación e implementación deberá seleccionar y organizar el espacio físico en el que se desarrollará la audiencia pública. El espacio físico deberá prever lugares apropiados tanto para los participantes como para el público y la prensa, permitiendo el registro de la audiencia a través de diversos medios, incluidos filmaciones y grabaciones.

ARTICULO 27. - ORDEN DEL DIA. El organismo de coordinación e implementación deberá poner a disposición del público y las autoridades antes de la realización de la audiencia el orden del día. Este debe incluir:

a) La nómina de los participantes registrados que harán uso de la palabra durante el desarrollo de la Audiencia;

b) El orden y tiempo de las alocuciones previstas;

c) El nombre y cargo de quienes presiden y coordinan la Audiencia.

CAPITULO II

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA

ARTICULO 28. - PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA. FUNCIONES. El Presidente de la Audiencia tiene las siguientes atribuciones:

a) Designar a un secretario o secretaria que lo asista;

b) Presentar las reglas de funcionamiento de la Audiencia;

c) Decidir sobre la pertinencia de intervenciones orales de expositores no registrados;

d) Decidir sobre la pertinencia de las preguntas formuladas;

e) Decidir sobre la pertinencia de realizar grabaciones y/o filmaciones;

f) Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como su reapertura o continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a pedido de algún participante;

g) Hacer desalojar la sala cuando resulte indispensable para el normal desarrollo de la Audiencia;

h) Recurrir a la asistencia de la fuerza pública cuando las circunstancias lo requieran;

i) Ampliar excepcionalmente el tiempo de las alocuciones cuando lo considere necesario;

j) Cerrar la audiencia pública.

ARTICULO 29. - REGISTRO DE LA AUDIENCIA. Todo el procedimiento debe ser trascripto taquigráficamente y puede ser asimismo registrado por medios audiovisuales.

ARTICULO 30. - PREGUNTAS POR ESCRITO.

El Presidente de la Audiencia estará facultado para habilitar preguntas por escrito de parte del público. El Presidente resuelve acerca de la pertinencia de la lectura de las mismas, atendiendo al buen orden del procedimiento.

ARTICULO 31. - FINALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA.

Concluidas las intervenciones de los participantes, el Presidente dará por finalizada la Audiencia. En el expediente deberá agregarse, una vez revisada, la versión taquigráfica de todo lo expresado en la misma.

CAPITULO III

DE LOS RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PUBLICA

ARTICULO 32. - INFORME FINAL DE CIERRE.

La autoridad de coordinación e implementación deberá elevar un informe de cierre que contendrá una descripción sumaria de las intervenciones y las incidencias de la audiencia. Este informe no podrá contener apreciaciones valorativas sobre el contenido de las presentaciones.

Además, debe dar cuenta de la realización de la audiencia, indicando las fechas en que sesionó, los funcionarios presentes en ella y la cantidad de participantes, mediante:

a) Una publicación en el Boletín Oficial.

b) Un informe a los mismos medios donde fuera publicada la convocatoria.

ARTICULO 33. - RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PUBLICA.

La autoridad convocante informará al finalizar la audiencia acerca de los plazos y la modalidad de publicidad de la decisión objeto de la convocatoria.

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Decreto 1534/2002

B.O. 21/08/02 CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  Dispónese la renegociación del Contrato de Concesión celebrado entre el Correo Argentino S.A. y el Estado Nacional, a fin de permitir su readecuación económico-financiera teniendo en cuenta el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y sin afectar la calidad de los servicios, el legítimo interés de los usuarios y la rentabilidad empresaria. Constitúyese una Comisión negociadora. Integración.

 

Bs. As., 20/8/2002

VISTO la Ley N° 25.561, los Decretos Nros. 840 del 26 de agosto de 1997 y 293 del 18 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el dictado del Decreto N° 840 del 26 de agosto de 1997 el PODER EJECUTIVO NACIONAL adjudicó la concesión de los servicios postales, monetarios y de telegrafía a la entonces CORREO ARGENTINO S.A. (e.f.), sociedad constituida por las empresas ITRON S.A., SIDECO AMERICANA S.A. y BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, en los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones aprobados por el Decreto N° 265 del 24 de marzo de 1997, sus anexos y las Circulares oportunamente dictadas, facultando al señor Secretario de Comunicaciones de la PRESIDENCIA DE LA NACION a suscribir el contrato de concesión respectivo.

Que mediante la sanción de la Ley N° 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegándose en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otras cosas, la facultad de renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos.

Que sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta que las tasas que percibe el concesionario no se derivan de cláusulas de ajuste en moneda extranjera ni de indexación, a que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 25.561, no resulta de aplicación al caso lo dispuesto por la última parte del citado artículo 8° ni, por lo tanto, el procedimiento establecido en su artículo 9°, debiéndose considerar a la concesión en cuestión fuera de los alcances de las disposiciones del Decreto N° 293/02.

Que no obstante ello, resulta procedente la renegociación del contrato de concesión del servicio postal a los efectos de readecuar su ecuación económico-financiera a los parámetros de origen de la concesión.

Que tal renegociación deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, sin afectar la calidad de los servicios, como asimismo, el legítimo interés de los usuarios, preservando la seguridad y rentabilidad de las empresas.

Que lo expuesto precedentemente encuentra su fundamento en la circunstancia de que se ha operado una sustancial variación de las condiciones económicas imperantes en nuestro país, respecto de las existentes al momento de aprobarse la respectiva concesión.

Que asimismo, la prestación obligatoria del Servicio Postal Universal, como la aprobación del Quinto Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, a través de la Ley N° 25.338 importan para el concesionario obligaciones y responsabilidades que motivan también la renegociación del aludido contrato de concesión.

Que sin perjuicio de ello, la renegociación en cuestión deberá tener en cuenta, asimismo, la solución de los múltiples reclamos y litigios planteados entre CORREO ARGENTINO S.A. y el ESTADO NACIONAL, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, respectivamente.

Que, asimismo, corresponde crear una Comisión a efectos de llevar a cabo el procedimiento de renegociación del contrato que nos ocupa.

Que teniendo en cuenta la complejidad de la concesión que tratamos, corresponde que la Comisión que se crea requiera la opinión acerca del proyecto de convenio a que se arribe a la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC), y al MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que debe tenerse presente que al darse intervención en el tema a la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) se garantiza la participación de los usuarios en la renegociación en cuestión.

Que, asimismo, y previo a la aprobación de lo actuado el convenio en cuestión deberá ser elevado a la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la cual, y atento a razones de complejidad de la renegociación ya aludidas, y la existencia de procesos judiciales, solicitará la intervención en el tema tanto de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, como de la COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696.

Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades previstas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° - Establécese que el Contrato de Concesión de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía celebrado entre el CORREO ARGENTINO S.A. y el ESTADO NACIONAL deberá ser renegociado a fin de permitir su adecuación a los parámetros vigentes, de preservar intangible la ecuación económica-financiera y de garantizar el interés general.

Art. 2° - A los efectos de llevar a cabo la renegociación del contrato de Concesión oportunamente celebrado con CORREO ARGENTINO S.A. constitúyese una Comisión integrada por un (1) representante de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, un (1) representante de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, un (1) representante de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y un (1) representante de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES. Dicha Comisión deberá cumplir su cometido dentro del plazo de NOVENTA (90) días.

Art. 3° - La Comisión creada por el artículo anterior deberá dar oportuna intervención del proyecto de convenio a que se hubiese arribado, a la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC), y al MINISTERIO DE ECONOMIA.

Art. 4° - La Comisión creada por el artículo 2° del presente, deberá emitir su parecer acerca de las diferentes opiniones vertidas por los organismos a que hace referencia el artículo 3° precedente, el que deberá ser puesto en conocimiento del concesionario CORREO ARGENTINO S.A., procediéndose en su caso a la readecuación de los términos acordados.

Art. 5° - Previo a su suscripción, el convenio en cuestión, deberá ser elevado a la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION la cual solicitará la intervención en el tema tanto de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION como de la COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696.

Art. 6° - El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS suscribirá el respectivo contrato de renegociación, ad referendum del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Art. 7° - Exclúyese de las previsiones del Decreto N° 293/02 a la renegociación del Contrato de Concesión oportunamente suscripto con Correo Argentino S.A. aprobado por Decreto N° 840/97, el que quedará alcanzado por la normativa del presente acto.

Art. 8° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DUHALDE. Alfredo N. Atanasof. Roberto Lavagna.

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Decreto 1535/2002

B.O. 21/08/02 CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  Constitúyese una Comisión a los efectos de llevar a cabo la renegociación del contrato de Concesión celebrado con el consorcio "Aeropuertos Argentina 2000 S.A.", renegociación que deberá tener en cuenta, asimismo, la solución de los reclamos y litigios planteados entre la mencionada empresa y el Estado Nacional, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. Integración de la Comisión.

 

Bs. As., 20/8/2002

VISTO la Ley N° 25.561, los Decretos Nros. 293 del 12 de febrero de 2002, 163 del 11 de febrero de 1998 y 577 del 4 de abril de 2002, y

CONSIDERACION:

Que mediante el dictado del Decreto N° 163/ 98 el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó el Contrato de Concesión suscripto el 9 de febrero de 1998 entre el Estado Nacional, AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., entonces en formación, y el Consorcio de Personas Jurídicas compuesto por Societá Per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., Ogden Corporation, Corporación América Sudamericana S.A., Societá Italiana De Le Imprese Miste All’Estero Simes S.p.A. y Riva Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Industrial, Comercial, Financiera y Agropecuaria.

Que mediante la sanción de la Ley N° 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegándose en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otras cosas, la facultad de renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos.

Que el Decreto N° 293/02 creó, en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA una Comisión de Renegociación de Contratos y Obras y Servicios Públicos a los efectos de que asesore y asista a dicho Ministerio en la renegociación de los contratos aludidos.

Que no obstante ello, el Decreto N° 577/02 excluyó implícitamente a la concesión que tratamos del procedimiento determinado por el citado Decreto N° 293/02, sin perjuicio de lo cual el artículo 3° del decreto mencionado en primer término ratificó que el Contrato de Concesión para la Explotación, Administración y Funcionamiento del Sistema Nacional de Aeropuertos se encuentra comprendido en el proceso de renegociación a los efectos de readecuar su ecuación económico-financiera a los parámetros de origen de la concesión.

Que tal renegociación deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, sin afectar la calidad de los servicios, como asimismo, el legítimo interés de los usuarios, preservando la seguridad y rentabilidad de las empresas.

Que lo expuesto precedentemente encuentra su fundamento en la circunstancia de que se ha operado una sustancial variación de las condiciones económicas imperantes en nuestro país, respecto de las existentes al momento de aprobarse la respectiva concesión.

Que sin perjuicio de ello, la renegociación en cuestión deberá tener en cuenta, asimismo, la solución de los múltiples reclamos y litigios planteados entre AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. y el ESTADO NACIONAL, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, respectivamente.

Que asimismo corresponde crear una Comisión a efectos de llevar a cabo el procedimiento de renegociación del contrato que nos ocupa. Que teniendo en cuenta la referida existencia de diversos reclamos administrativos y judiciales resulta pertinente que, tanto un representante del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) como de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, integren la Comisión que se crea por el presente, la que asimismo contará con un representante de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en cuyo ámbito tramitó el procedimiento licitatorio que culminó con la suscripción del contrato que se renegocia, y un representante de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION la que de acuerdo con lo determinado por el Decreto N° 355/02 actúa como Servicio Jurídico de la citada JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que debe tenerse presente que el representante del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) integra la citada Comisión a efectos de brindar información acerca de los reclamos administrativos presentados por el Concesionario en jurisdicción del referido Organismo de Control y cualquier otra cuestión técnica sobre la que se solicite su asesoramiento.

Que atento la complejidad de la concesión que tratamos, corresponde que la Comisión que se crea requiera la opinión acerca del proyecto de convenio a que se arribe al MINISTERIO DE ECONOMIA, al MINISTERIO DE LA PRODUCCION, al MINISTERIO DE DEFENSA, y al MINISTERIO DEL INTERIOR, carteras éstas dentro de las cuales actúan, la SECRETARIA DE TRANSPORTE, la FUERZA AEREA ARGENTINA y la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, respectivamente.

Que debe tenerse presente que al contar los usuarios con representación en el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), el cual tiene amplia participación en el procedimiento de renegociación que nos ocupa, se garantizan los derechos que a aquellos les acuerda el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Que, asimismo, y previo a la aprobación de lo actuado el convenio en cuestión deberá ser elevado a la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la cual solicitará la intervención en el tema de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) y de la COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696.

Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades previstas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1°- Constitúyese una Comisión integrada por un (1) representante de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, un (1) representante de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, un (1) representante de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y un (1) representante del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), a los efectos de llevar a cabo la renegociación del contrato de Concesión oportunamente celebrado con el consorcio "Aeropuertos Argentina 2000 S.A." aprobado por Decreto N° 163/98. Dicha Comisión deberá cumplir su cometido dentro del plazo de NOVENTA (90) días, a partir de la designación de sus representantes.

Art. 2° - La Comisión creada por el artículo anterior deberá dar oportuna intervención del proyecto de convenio a que se hubiese arribado al MINISTERIO DE ECONOMIA, al MINISTERIO DE DEFENSA, al MINISTERIO DE LA PRODUCCION y al MINISTERIO DEL INTERIOR.

Art. 3° - La Comisión creada por el artículo 1° del presente, deberá emitir su parecer acerca de las diferentes opiniones vertidas por los organismos a que hace referencia el artículo 2° precedente, el que deberá ser puesto en conocimiento del concesionario "AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.", procediéndose, de corresponder fundadamente, a la readecuación de los términos acordados.

Art. 4° - Previo a su suscripción, el convenio en cuestión deberá ser elevado a la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la cual solicitará la intervención en el tema de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) y de la COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696.

Art. 5° - El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS suscribirá el respectivo contrato de renegociación, ad referendum del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Art. 6° - Exclúyese de las previsiones del Decreto N° 293/02 a la renegociación del Contrato de Concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos, aprobado por Decreto N° 163 del 9 de febrero de 1998, el que quedará alcanzado por la normativa del presente acto.

Art. 7° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DUHALDE. Alfredo N. Atanasof. Roberto Lavagna.

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FALLO A FAVOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE SUSPENDE LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN.

CAUSA N° 162.765/02 "UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES Y OTROS C/ EN -M° ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA- RESOL 20/02 S/ AMP. PROC. SUMARÍSIMO.

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2002.

 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1) Que se presentan diversas asociaciones de usuarios y consumidores y la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y en los términos de los arts. 52, 53 y 55 de la ley 24.240, promueven demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Economía e Infraestructura-, con el objeto de que se ordene al Estado Nacional que proceda a dar acabado cumplimiento al proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos, de acuerdo con las pautas establecidas en los arts. 8°, 9° y 10° de la ley 25.561, los decretos 293/02 y 370/02 y la Resolución del Ministerio de Economía 20/02, absteniéndose de incursionar en vías de hecho o dictar actos administrativos que importen la inobservancia y violación del marco regulatorio de la renegociación de los referidos contratos.

Preliminarmente solicitan que, hasta tanto se resuelva en definitiva la presente acción, se decrete una medida cautelar por la que se suspenda la realización de las audiencias públicas que, de conformidad con lo avisos publicados en los diarios, fueran convocadas para los próximos días 25, 26 y 30 de septiembre y 7 y 9 de octubre próximos.

Complementando dicha medida, solicitan se disponga -también cautelarmente- que, hasta tanto recaiga resolución sobre el fondo de la cuestión, la demandada se abstenga de decidir cualquier aumento tarifario o reducción de las obligaciones concernientes a la empresas incluidas en la resolución 20/02.

2) Afirman, sustancialmente, que el Estado Nacional está actuando por vías de hecho en el intento de consumar un aumento tarifario de -por lo menos- algunos de los servicios públicos sujetos a la renegociación prevista en la ley 25561, obrando fuera de las normas de procedimiento que regulan la renegociación de los contratos; que la convocatoria a las audiencias carece de todo sustento en acto administrativo que las disponga, y también de los antecedentes que las justifiquen o expresen su necesidad o conveniencia; que no existen a actos o normas que establezcan las reglas del procedimiento mediante el cual se intenta adoptar el pretendido aumento tarifario; que no existe previsión normativa relativa a cual es el rol de la Comisión de Renegociación establecida para conducir el proceso renegociatorio, desconociéndose también el procedimiento al que se ajustarán el trámite de resolución de los aludidos aumentos, y en especial el rol que asumirán frente a esa posible decisión los respectivos Entes de Control.

Con concreta atinencia a las audiencias cuya suspensión cautelar solicitan, apuntan que no fueron decididas por acto administrativo alguno; que como forma de publicidad se ha recurrido a la publicación en los diarios de circulación nacional, omitiéndose la publicación en el Boletín Oficial -salvo en el caso de las concesiones viales-; que resulta incierto el lugar de realización, habiéndose en algunos casos cambiado hasta tres veces el lugar (caso de audiencias correspondientes a energía eléctrica y gas); que se desconoce el funcionario que presidirá las audiencias, ni qué participación tendrán en ellas los Entes Reguladores (afirman en este punto que las autoridades de algunos de los entres reguladores -gas- expresaron su voluntad de no participar de las mismas); que se ha invitado a algunas asociaciones de consumidores a asumir la representación de los usuarios, posición que fue rechazada por el Defensor del Pueblo, en razón de haberse expedido éste sobre la ilegalidad de las audiencias, recomendando en algunos casos -servicios públicos de gas y electricidad- al Estado Nacional que respete las disposiciones de los marcos regulatorios legales que en cada caso correspondan.

En suma, sostienen que la conducta estatal que critican, constituye un grave y manifiesto atropello a los principios de legalidad y debido proceso administrativo, que contraviene los cometidos de la renegociación de los contratos de servicios públicos, decidida por el propio Estado como consecuencia de la ley de emergencia, sustentándose el actuar del Poder Ejecutivo exclusivamente en la lógica del "hecho consumado", y utilizando la trascendencia institucional de las audiencias públicas, para convalidar un pseudo aumento de urgencia.

3) Luego de reseñar las disposiciones que, a partir de la ley de emergencia económica, han sido dictadas en el marco de la renegociación de los contratos relativos a la prestación de servicios públicos, se sostiene que el Estado Nacional ha dispuesto sin fundamento y en forma unilateral la convocatoria a audiencias públicas con el único objetivo de tratar una recomposición urgente de las tarifas que ya se habría acordado -afirman- con las prestadoras, tranformando a la audiencias en un procedimiento vacuo solo encaminado a convalidar esos incrementos y dejando sin efecto la renegociación.

4) Que, liminarmente, corresponde recordar que es condición básica para la viabilidad de medidas como la requerida, la configuración de los extremos previstos en el art. 230 del Código Procesal, en cuanto norma adjetiva reguladora del instituto. De modo que sin mengua de ponderar la razón última de ellas, vale decir, la de evitar se convierta en ilusoria la resolución o eventual sentencia que ponga fin a la contienda, cabe exigir aún y como presupuesto insoslayable de tal procedencia, la configuración de la verosimilitud del derecho invocado (fumus bonus iuris) y el peligro de un daño irreparable en la demora (periculum in mora).

Así, pues, las medidas cautelares tienen como requisito fundamental para su procedencia, que encuentren justificación en el riesgo que corre el derecho debatido o que habrá de debatirse en un proceso ulterior, evitando que el pronunciamiento resulte inoficioso, pero cuidando de mantener la igualdad de las partes.

5) Amén de ello, es necesario destacar, que las providencias cautelares no constituyen un fin en si mismas, sino que, ineludiblemente, están pre ordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, cuyo resultado práctico aseguran preventivamente, y que si bien las medidas precautorias pueden solicitarse antes o conjuntamente con la promoción de la acción principal, como en la especie, deben estar íntimamente vinculadas al objeto de la litis, pues se desnaturalizaría el fin de la cautela, si no se corresponde con el resultado final de un proceso.

Que, es por tal razón que -como ya he señalado en anteriores precedentes- no existen en esta materia las medidas cautelares estrictamente autónomas, dado que ellas deben estar referidas siempre a un proceso o juicio de cualquier clase, iniciado o por iniciar, en donde se ventilará precisamente lo relativo a la existencia del pretendido derecho que se dice lesionado (arg. arts. 195, 207 y 230 del Cód. Procesal).

6) Previo a ingresando al tratamiento de la medida cautelar que se solicita, cabe comenzar por recordar que los jueces no se encuentran obligados a dar respuesta a todos los argumentos de las partes, sino tan sólo a aquellos que resulten conducentes para la solución del conflicto y en tanto las alegaciones se encuentren debidamente fundadas; exigencia que, en los casos en que se controvierte la validez de actos estatales, debe ser adecuadamente correlacionada con la gravedad institucional de la decisión jurisdiccional que se pretende. Y así lo dejo aclarado, pues en el desarrollo del escrito de inicio, las demandantes formulan apreciaciones respecto de los fundamentos y alcances de resoluciones judiciales de otros tribunales, que resultan contrapuestas con pronunciamiento que la suscrita ha adoptado, cuestión que es ajena a la presente contienda, y deberán ser dilucidada en el marco de los procesos pertinentes.

7) Que en los términos en que la medida ha sido planteada, debo señalar inicialmente que las actoras invocan como derecho aplicable al caso, los arts. 52 y 55 de la ley 24.240.

Sustenta su legitimación para promover la acción, en el caso de asociaciones los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional, y en la previsión del art. 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y de la ley N° 3 de la Ciudad, en lo atinente a la Defensora del Pueblo.

El texto constitucional reconoce a los usuarios y consumidores, en la relación de consumo, el derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, condiciones de trato equitativo y digno; por su parte, la ley 24.240, en tanto regula las relaciones entre los usuarios y consumidores y los proveedores de cosas y servicios (arts. 1 y 2 de la ley), dispone en el capítulo referido a las acciones judiciales que "el consumidor y usuario podrá iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados", legitimando la promoción de la acción, también, a las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas. En cuanto a la Defensora, las normas invocadas le conceden amplias atribuciones para la protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías tutelados en la Constitución Nacional y en las leyes no sólo frente a los actos hechos u omisiones de la administración, sino también frente a los prestadores de los servicios públicos.

Que atendiendo a las normas citadas, no encuentro preliminarmente, obstáculo para reconocer a las accionantes legitimación para promover esta acción.

8) Que en cuanto a la configuración en la especie de autos, de los presupuestos establecidos en el art. 230 del Código Procesal, -apreciados con el criterio que fue descripto en los considerandos anteriores-, corresponde iniciar el tratamiento de la cuestión con un análisis -confinado sin duda al estrecho marco de cognición que habilitan peticiones como la presente- de las disposiciones pertinentes de la ley de emergencia, y los decretos relativos al proceso de renegociación al que la ley alude.

Y en ese orden, debo comenzar recordando que de acuerdo con la ley 25561, de emergencia pública y de reforma del sistema financiero (BO 2002.01.07 número extraordinario), se dispuso -en lo que aquí interesa- autorizar al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de la administración regidos por normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, para lo cual debía tomarse en consideración, en lo que a estos últimos concierne, los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuvieren previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas (art.9° de la ley 25561). Se dejó sentado también (art. 10), que en ningún caso las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos estaban autorizadas a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

Que, con sustento en la conveniencia de centralizar el proceso de renegociación de los contratos, adecuándolos a la aplicación de criterios homogéneos por parte del Estado Nacional en todos los casos, y a la posibilidad de su tratamiento rápido y ordenado, se encomendó al Ministerio de Economía la misión de llevar a cabo el aludido proceso, estimándose también ventajosa la creación de una Comisión de Renegociación, con la finalidad de asistir al Ministerio en la tarea, comisión que integrarían los diversos sectores involucrados, entre ellos los usuarios y consumidores.

A esos fines se dicta el decreto 293/02 (BO 2002/02/14), que enumera en el art. 1° los servicios públicos sujetos a la renegociación de los contratos, y fija en 120 días el plazo para elevar las propuestas pertinentes. En el art. 2° se establece además, que el Ministerio debía convocar a las empresas prestatarias y a las asociaciones de consumidores legalmente registradas, y a los entes reguladores y de control, a fin de contar con su información y opinión. Merece especial atención el art. 3° de conformidad con el cual, se establecen como Guía de Renegociación a todos los efectos, los criterios económicos definidos en el art. 9° de la ley 25561, añadiéndose que deberá contemplarse en particular las inversiones efectivamente realizadas, así como las demás obligaciones comprometidas contractualmente.

El decreto 370, del 22.02.02 determina la integración de la Comisión de Renegociación, que funcionaría presidida por el Ministro de Economía e Infraestructura, y de la que participarían los titulares de las subsecretarías jurisdiccionales relacionadas con la prestación de los servicios públicos, la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores, amén del que designara el Defensor del Pueblo de la Nación.

Por resolución 20/02 del Ministerio de Economía, fueron aprobadas las "Normas de Procedimiento para la Renegociación de los Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos", y se establecieron las guías de renegociación contractual para cada sector en particular.

Concretamente, por el punto 2.2 de la mencionada resolución, se decidió que el procedimiento de renegociación, - dicho esto en los términos sumarios y preliminares que corresponden a todo decisorio cautelar- estuviera dividido en cuatro fases, a saber: Primera fase: preparación de normas básicas y guías a ser aplicadas por la Comisión de Renegociación, convocatoria a las empresas para mantener conversaciones informales, incorporar sus comentarios y explicar el contenido de las guías; Segunda Fase: presentación por parte de las empresas de sus propuestas de renegociación, sobre la base de la descripción del impacto producido por la emergencia, el resumen de la situación económica financiera reciente, la evolución contractual, el detalle del endeudamiento, y la propuesta para superar la emergencia; Tercera Fase: corresponde a las "rondas de discusión mediante reuniones sucesivas, avanzando hacia la búsqueda de acuerdos "; Cuarta Fase: consistente en la consolidación de los acuerdos, la elaboración de actas de cierre y su elevación al Ministerio de Economía.

La norma contempla con precisión, que entre la información que las empresas deben suministrar a la Comisión de Renegociación, y que resulta ineludible, debe incluirse la que atiende a los ingresos y mecanismos preexistentes para la actualización de tarifas, el análisis de las revisiones tarifarias que tuvieron lugar a lo largo de la concesión o licencia, y las que se encuentran en curso; además de la cuantificación del impacto que esperan que sus propuestas produzcan, en el marco del servicio, aspecto que debería ser correlacionado con los criterios que deben presidir la renegociación y que fueran establecidos en el art. 9 de la ley 25561. Pero además, forma también parte de esta propuesta las inversiones futuras y en curso de ejecución, el resumen de la situación económica-financiera correspondiente a los tres últimos ejercicios, los que incluyen flujo de fondos, balance general, y estado de resultados, detalle del endeudamiento, costos operativos y los compromisos de pago con el estado nacional, y con acreedores internos y externos, el grado de cumplimiento del contrato expresado a través de indicadores relevantes, la calidad del servicio brindada a los usuarios, los mecanismos de monitoreo implementados por las empresas y los resultados alcanzados.

Merece una especial consideración, en el marco de la normas que regulan el proceso de renegociación, lo dispuesto por el decreto 1839, del 16 de septiembre próximo pasado (es decir en forma concomitante a la convocatoria a las audiencias públicas, en que se sustenta la presente petición cautelar); por esa norma se extiende por 120 días hábiles, a partir del vencimiento del período establecido por el art.2° del decreto 293, del 12.02.02, el plazo para que el Ministerio de Economía eleve al Poder Ejecutivo las propuestas de renegociación de los contratos alcanzados como consecuencia del proceso renegociador. Ello sobre la base de la incidencia que ejerce la actual situación de emergencia y las negociaciones con los Organismos Multilaterales, que dificultaban "avanzar con rapidez en la tarea encarada".

De allí que, es el propio Poder Ejecutivo el que reconoce los atrasos producidos en el cronograma de avance en las fases del procedimiento de renegociación, lo que no se compadece en principio, con la aceleración de los trámites referidos a las reformas tarifarias.

9) Que así las cosas, y formulada la reseña del marco normativo al que debe ajustarse el proceso de la renegociación, considero que el derecho que invoca la actora en punto a la falta de sustento para la celebración de las audiencias públicas convocadas, reviste un grado de verosimilitud suficiente para fundar el otorgamiento de la medida cautelar que se requiere.

Ello así por cuanto, dicho esto en el marco de provisionalidad que es propio de toda medida cautelar,

a) la celebración de las audiencias con la única finalidad de analizar las solicitudes de recomposición tarifaria de urgencia presentadas por las empresas concesionarias y licenciatarias que participan del proceso de renegociación, no se encuentra encardinada en el procidimiento diseñado en la resolución 20/02; más bien la realización de este tipo de convocatoria, sólo parece justificada en las fases finales del procedimiento, y con el objetivo de discutir íntegramente las propuestas globales de la renegociación.

b) no parecería preliminarmente factible, separar la cuestión atinente a la modificación de las tarifas, del resto de las materias que deben ser analizadas en el marco de la renegociación integral de los contratos de prestación de servicios, tales como la calidad de los mismos o los planes de inversión, los niveles de endeudamiento, la rentabilidad de las empresas en los períodos precedentes y sus utilidades, etc., pues todos ha sido establecidos en el art. 9° de la ley 25561 como criterios que debían presidir el proceso de renegociación.

c) tampoco resulta de los avisos de convocatoria, la participación que hubiera tenido en esa decisión no sólo la Comisión de Renegociación, sino especialmente los Entes Reguladores de cada servicio. Merece en este punto recordarse que, la resolución 308/02 del Ministerio de Economía, en tanto norma complementaria e interpretativa de las que rigen el proceso de renegociación, deja claramente establecido, en su art. 2°, que las Autoridades de Aplicación de los contratos de concesión o licencia de los servicios públicos sujetos al proceso de renegociación, como los respectivos Organos de Control, continúan ejerciendo sus respectivas atribuciones y facultades, conforme lo establecido en las normas que definen su competencia y los marcos regulatorios correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 25561, los decretos 293/02, 370/02 y 1090/02 y sus normas complementarias.

Y esto es particularmente relevante en lo atinente a los servicios de transporte y distribución de gas y energía eléctrica, cuyos marcos regulatorios contemplan la realización de audiencias públicas, antes de dictar resoluciones relativas a materias que incidan sobre los derechos de los usuarios y consumidores (ley 24.076) y en el caso concreto de las modificaciones de tarifas por parte de los transportistas y distribuidores (art. 46 de la ley 24.065); en ambos casos las audiencias deben realizarse con la necesaria participación de respectivos entes de control; de allí que, desde la perspectiva que se viene exponiendo, las audiencias convocadas para los días 25 y 26 de septiembre, no se ajustan a las exigencias de los marcos regulatorios concretos.

d) finalmente, en la medida que cualquier decisión que se adoptara respecto de futuros ajustes tarifarios, no podría sustentarse sino en la realización de la aludidas audiencias, en razón de las deficiencias que habrían concurrido al momento de su convocatoria, resulta francamente inaceptable habilitar su realización.

Tal como han sido convocadas, impresionan como un mero formalismo, en las antípodas de su verdadera finalidad, cual es la de posibilitar a los usuarios un marco de libre debate y debida defensa de los derechos que pudieran entender afectados, ejercitando su derecho de participación (como expresión de una sociedad democrática) reconocido por el texto constitucional; como acertadamente se ha sostenido, la realización de una audiencia pública no sólo comporta una garantía de razonabilidad para el usuario y un instrumento idóneo para la defensa de sus derechos, sino asimismo un mecanismo de formación de consenso de la opinión pública, una garantía de transparencia de los procedimientos y un elemento de democratización del poder (confr. Cám.Apel.Cont.Adm.Fed, Sala IV, in re "Youssefian, Martín c/Estado Nacional", sentencia del 23.06.98).

10) Por último, también encuentro configurado el presupuesto que alude al peligro en la demora, pues precisamente la realización de las audiencias, en las condiciones en que han sido convocadas, no sería sino convalidar el direccionamiento de la conducta estatal hacia el camino de la ilegalidad, con el daño que eso causa en el seno de la sociedad, en orden a la percepción que ésta debe tener acerca de la transparencia, de la validez y de la sustentabilidad legal de los procedimientos y de las decisiones que adoptan las autoridades gubernamentales; máxime en las actuales circunstancias por la que atraviesa la Nación.

De conformidad entonces con los fundamentos que se llevan expuestos, encontrando configurados en autos los presupuestos que hacen admisibles medidas como la solicitada,

RESUELVO:

Admitir la medida cautelar peticionada, ordenando, en consecuencia, la suspensión de la realización de las audiencias públicas convocadas en el marco del proceso de renegociación iniciado con motivo de la ley 25561, con la finalidad exclusiva de considerar una recomposición tarifaria de urgencia, ello hasta tanto las mismas puedan tener lugar como parte del proceso global de renegociación.

Como corolario del acogimiento de la medida, se deberá comunicar -mediante oficio de estilo-al Estado Nacional, a las empresas prestadoras de los servicios públicos cuyas audiencias hubieran sido establecidas, y a los Entes Reguladores pertinentes, la suspensión que por la presente he dispuesto.

Exímese a las actoras de prestar contracautela en los términos del inc. 2° del art. 200 del Código Procesal.

Regístrese, y notifíquese mediante oficio, los que serán diligenciados en el día (art. 36 del Reglamento de la Justicia Nacional).

 

CLAUDIA RODRIGUEZ VIDAL

JUEZ FEDERAL

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Decreto 2437/2002

B.O. 03/12/02 SERVICIOS PUBLICOS  Readécuanse, en forma transitoria, las tarifas de los servicios públicos de gas y energía eléctrica.

Bs. As., 2/12/2002

VISTO el Expediente N° S01:0277592/2002 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario y los Decretos N° 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y N° 370 de fecha 22 de febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 25.561 ha declarado la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades en el PODER EJECUTIVO NACIONAL hasta el 10 de diciembre de 2003.

Que por Decreto N° 293/02 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA la renegociación de los contratos alcanzados por el Artículo 8° de la Ley N° 25.561, que tengan por objeto la ejecución de una obra pública o la prestación de servicios públicos, creándose además la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, con la finalidad de asistir y asesorar al MINISTERIO DE ECONOMIA en tal tarea.

Que distintos concesionarios de servicios públicos han planteado la necesidad de adecuar las tarifas de los servicios públicos a su cargo a efectos de mantener su prestación en niveles adecuados de calidad y seguridad dada la variación resultante de la aplicación de los criterios de la Ley N° 25.561.

Que tales fueron los precedentes tenidos en cuenta por el MINISTERIO DE ECONOMIA al exceptuar por Resolución N° 487 del 11 de octubre de 2002 al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS de la abstención de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten los precios y tarifas.

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL al establecer los derechos de los consumidores y usuario de bienes y servicios públicos, pone a cargo de la autoridad pública proveer lo que resulte necesario para la protección de esos derechos, debiendo asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

Que los derechos enunciados se verían seriamente afectados de no reconocerse dentro del marco de la renegociación contractual prevista en la Ley N° 25.561 un incremento tarifario de índole transitoria a efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos en condiciones de seguridad y confiabilidad.

Que el Ministro de Economía, en su condición de Presidente de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tiene competencia para evaluar y proponer la regulación transitoria de los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica y oligopólica.

Que se encuentra debidamente acreditada la necesidad y urgencia de readecuar el cuadro tarifario de ciertas y determinadas prestaciones de servicios públicos concesionados a efectos de no poner en peligro su suministro.

Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha sostenido que "... En tiempos de graves trastornos económicos-sociales, el mayor peligro que se cierne sobre la seguridad jurídica no es el comparativamente pequeño que deriva de una transitoria postergación delas más estrictas formas legales, sino el que sobrevendría si se los mantuviera con absoluta rigidez, por cuanto ellos, que han sido fecundos para épocas de normalidad y sosiego, suelen adolecer de políticas eficientes frente a la crisis." (CSJN, in re Peralta Luis A. y otro c/Estado Nacional; La Ley, 1991-C-158).

Que en igual sentido ha dicho el más alto Tribunal que "... La Constitución Nacional no reconoce derechos absolutos que en momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad." (Fallos: 238:76;200:450; CSJN, in re Peralta Luis A. y otro c/Estado Nacional; La Ley, 1991-C-158).

Que, en consecuencia, existen antecedentes que justifican el ejercicio de facultades extraordinarias en forma transitoria, con el único fin de preservar el interés de los usuarios en mantener el acceso a servicios públicos eficientes y asegurando su continuidad.

Que dicha facultad fue delegada al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 13 de la Ley N° 25.561.

Que la prohibición de aplicar cláusulas indexatorias, indexación por precios, variaciones de costos o repotenciación de deudas, expresados en la Ley N° 25.561 y el Decreto N° 214 del 3 de febrero de 2002, en modo alguno coartan el derecho a la revisión de cuestiones tarifarias, basadas en principios de equidad, de pura raigambre constitucional.

Que tal criterio, tiene como antecedente el dictado del Decreto N° 1312 de fecha 24 de junio de 1993 que autorizó la redeterminación de los precios en los contratos de obra pública, aún vigente la Ley de Convertibilidad N° 23.928, que contenía la prohibición de aplicar cláusulas similares a las citadas en el considerando anterior.

Que los organismos técnicos del MINISTERIO DE ECONOMIA han analizado y fundamentado la cuestión tratada, justificando en el ámbito de sus respectivas competencias la medida que se dicta.

Que el criterio explicitado responde al principio establecido en la Ley N° 25.561 que el precio de los servicios públicos debe cubrir razonablemente los costos económicos del concesionario sin perder de vista el interés de los usuarios a un mejor servicio al menor precio y el del concesionario, que se verifica en su ánimo de lucro.

Que es función indelegable del ESTADO NACIONAL, en momentos de crisis como la que transcurre, mantener un justo y razonable equilibrio entre los dos intereses en juego, proveyendo la normativa de excepción, que asegure la prestación de los servicios públicos en las condiciones de satisfacción de las necesidades de los usuarios y consumidores.

Que las tareas de renegociación de contratos de obras y servicios públicos suponen un proceso, en el cual deben producirse avances parciales.

Que dichos avances parciales deberán ser tenidos en cuenta y ponderados adecuadamente en la conclusión de las renegociaciones.

Que resulta necesario mantener informadas a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, creadas por el Artículo 20 de la Ley N° 25.561 y por el Artículo 14 de la Ley N° 23.696, respectivamente.

Que las disposiciones del presente decreto se encuadran en la impostergable tarea de resguardar el derecho de los usuarios y la continuidad de los servicios públicos.

Que la naturaleza excepcional y la urgencia de la situación planteada hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades previstas por el Artículo 9° de la Ley N° 25.561 y el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

Artículo 1° - Readécuanse, en forma transitoria y hasta tanto concluya el proceso de renegociación a cargo de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, las tarifas de los servicios públicos de gas y energía eléctrica que se especifican en los Anexos I, lI y lIl del presente decreto del cual forman parte integrante.

Art. 2° - Las tarifas readecuadas por el Artículo 1° del presente decreto quedan comprendidas en el Proceso de Renegociación dispuesto por la Ley N° 25.561 y deberán ser tomadas en consideración al momento de finalización de dicho proceso.

Art. 3° - El presente decreto comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4° - Comuníquese a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, creadas por el Artículo 20 de la Ley N° 25.561 y por el Artículo 14 de la Ley N° 23.696, respectivamente.

Art. 5° - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

DUHALDE. Alfredo N. Atanasof. Roberto Lavagna. Juan J. Alvarez. Aníbal D. Fernández. Graciela Camaño. María N. Doga. Graciela Giannettasio. Jorge R. Matzkin. Carlos F. Ruckauf. José H. Jaunarena. Ginés M. González García.

 

ANEXO II

TARIFAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA- LEY 24.065

"TRANSENER S.A."

Remuneración por:

1.1 Conexión:

- por cada salida de 500 kV.: cuarenta pesos con ochocientas cuarenta milésimas ($ 40,840) por hora,

- por cada salida de 220 kV.: treinta y seis pesos con setecientas cincuenta y cuatro milésimas ($ 36,754) por hora,

- por cada salida en 132 kV.: treinta y dos pesos con seiscientas setenta y tres milésimas ($ 32,673) por hora.

- por transformador de rebaje dedicado: doscientas cinco milésimas de peso ($ 0,205) por hora por MVA.

1.2 Capacidad de Transporte:

- para líneas de 500 kV.: setenta y cuatro pesos con ochocientas ochenta y seis milésimas ($ 74,886) por cada 100 km.

- para líneas de 220 kV.: sesenta y dos pesos con cuatrocientas cinco milésimas ($ 62,405) por cada 100 km.

2.- Energía Eléctrica Transportada:

- se establece en treinta y seis millones trescientos doce mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($ 36.312.694) por año.

"SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL COMAHUE"

Remuneración por:

1.1 Conexión:

- por cada salida de 132 kV. ó 66 kV.: tres pesos con cuatrocientas sesenta y tres milésimas ($ 3,463) por hora,

- por cada salida de 33 kV. ó 13,2 kV.: dos pesos con quinientas noventa y siete milésimas ($ 2,597) por hora,

- por transformador de rebaje dedicado: doscientas sesenta y un milésimas de peso ($ 0,261) por hora por MVA.

1.2 Capacidad de Transporte:

Para líneas de 132 kV. ó 66 kV.: setenta y cuatro pesos con cuatrocientas cincuenta y seis milésimas ($ 74,456) por hora cada 100 km.

Estos ingresos incluyen el seguro de contingencias igual al UNO POR CIENTO (1%) del valor de reposición de dichos equipamientos

2.- Energía Eléctrica Transportada: se establece en trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiún pesos ($ 364.421) por año.

"TRANSNOA S.A."

Remuneración por:

1.1 Conexión:

- por cada salida de 132 kV. ó 66 kV.: dos pesos con novecientas trece milésimas ($ 2,913) por hora,

- por cada salida de 33 kV. ó 13,2 kV.: dos pesos con ciento ochenta y cinco milésimas ($ 2,185) por hora,

- por transformador de rebaje dedicado: doscientos dieciocho milésimas de peso ($ 0,218) por hora por MVA.

1.2 Capacidad de Transporte:

- para líneas de 132 kV. ó 66 kV.: sesenta y dos pesos con seiscientas cincuenta y cuatro milésimas ($ 62,654) por hora cada 100 km.

Estos ingresos incluyen el seguro de contingencias igual al UNO POR CIENTO (1%) del valor de reposición de dichos equipamientos.

2.- Energía Eléctrica Transportada:

- se establece en tres millones doscientos sesenta y un mil quinientos doce pesos ($ 3.261.512) por año.

"TRANSPA S.A."

Remuneración por:

1.1 Conexión:

- por cada salida de 330 kV.: seis pesos con novecientas sesenta y seis milésimas ($ 6,966) por hora,

- por cada salida de 132 kV. o 66 kV.: dos pesos con setecientas ochenta y seis milésimas ($ 2,786) por hora,

- por cada salida de 33 kV. o 13,2 kV.: dos pesos con noventa milésimas ($ 2,090) por hora,

- por transformador de rebaje dedicado: doscientas nueve milésimas de peso ($ 0,209) por hora por MVA.

1.2 Capacidad de Transporte:

- para líneas de 330 kV.: sesenta y dos pesos con seiscientas noventa y cuatro milésimas ($ 62,694) por hora cada 100 km.

- para líneas de 132 kV. o 66 kV.: cincuenta y nueve pesos con novecientas siete milésimas ($ 59,907) por hora cada 100 km.

Estos ingresos incluyen el seguro de contingencias igual al UNO POR CIENTO (1%) del valor de reposición de dichos equipamientos.

2.- Energía Eléctrica Transportada:

- se establece en dos millones trescientos un mil setecientos setenta y ocho pesos ($ 2.301.778) por año.

"TRANSNEA S.A."

Remuneración por:

1.1 Conexión:

- por cada salida de 220 kV.: seis pesos con ochocientas cincuenta y ocho milésimas ($ 6,858) por hora,

- por cada salida de 132 kV. o 66 kV.: tres pesos con cuatrocientas treinta milésimas ($ 3,430) por hora,

- por cada salida de 33 kV. o 13,2 kV.: dos pesos con quinientas setenta y dos milésimas ($ 2,572) por hora,

- por transformador de rebaje dedicado: doscientas sesenta y cuatro milésimas de peso ($ 0,264) por hora por MVA.

1.2 Capacidad de Transporte:

- para líneas de 220 kV.: setenta y siete pesos con ciento sesenta y seis milésimas ($ 77,166) por hora cada 100 km.

- para líneas de 132 kV. o 66 kV.: setenta y tres pesos con ochocientas sesenta y siete milésimas ($ 73,867) por cada 100 km.

Estos ingresos incluyen el seguro de contingencias igual al UNO POR CIENTO (1%) del valor de reposición de dichos equipamientos.

2.- Energía Eléctrica Transportada:

- se establece en cero pesos ($ 0) por año.

"DISTROCUYO S.A."

Remuneración por:

1.1 Conexión:

- por cada salida de 132 kV. o 66 kV.: tres pesos con trescientas setenta y siete milésimas ($ 3,377) por hora,

- por cada salida de 33 kV. o 13,2 kV.: dos pesos con quinientas treinta y tres milésimas ($ 2,533) por hora,

- por transformador de rebaje dedicado: doscientas cincuenta y cuatro milésimas de peso ($ 0,254) por hora por MVA. 1.2 Capacidad de Transporte:

- para líneas de 220 kV.: setenta y cinco pesos con novecientas noventa milésimas ($ 75,990) por hora cada 100 km.

- para líneas de 132 kV. o 66 kV.: setenta y dos pesos con seiscientas doce milésimas ($ 72,612) por hora cada 100 km.

Estos ingresos incluyen el seguro de contingencias igual al UNO POR CIENTO (1%) del valor de reposición de dichos equipamientos.

2.- Energía Eléctrica Transportada:

- se establece en cero pesos ($ 0) por año.

"TRANSBA S.A."

Remuneración por:

1.1 Conexión:

- por cada salida de 220 kV.: cinco pesos con seiscientas sesenta y un milésimas ($ 5,661) por hora,

- por cada salida de 132 kV. o 66 kV.: dos pesos con ochocientas cincuenta y un milésimas ($ 2,851) por hora,

- por cada salida de 33 kV. o 13,2 kV.: dos pesos con ciento treinta y ocho milésimas ($ 2,138) por hora,

- por transformador de rebaje dedicado: doscientos catorce milésimas de peso ($ 0,214) por hora por MVA.

1.2 Capacidad de Transporte:

- para líneas de 220 kV.: sesenta y cuatro pesos con ciento treinta y tres milésimas ($ 64,133) por hora cada 100 km.

- para líneas de 132 kV. o 66 kV.: sesenta y un pesos con doscientas ochenta y tres milésimas ($ 61,283) por cada 100 km.

Estos ingresos incluyen el seguro de contingencias igual al UNO POR CIENTO (1%) del valor de reposición de dichos equipamientos.

2.- Energía Eléctrica Transportada:

- se establece en siete millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento noventa y dos pesos ($ 7.694.192) por año.

ANEXO III

TARIFAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - LEY 24.065

Cuadro Tarifario EDESUR S.A.

Tarifa 1 - R1 
Cargo Fijo 4,51 $/bim. 
Cargo Variable 0,080 $/kWh

Tarifa 1 - R2 
Cargo Fijo 19,17 $/bim. 
Cargo Variable 0,043 $/kWh

Tarifa 1 - G1 
Cargo Fijo 8,82 $/bim. 
Cargo Variable 0,115 $/kWh

Tarifa 1 - G2 
Cargo Fijo 65,74 $/bim. 
Cargo Variable 0,079 $/kWh

Tarifa 1 - G3 
Cargo Fijo 180,63 $/bim. 
Cargo Variable 0,051 $/kWh

Tarifa 1 - AP 
Cargo Variable 0,067 $/kWh

Tarifa 2 
Cargo por Potencia 9,71 $/kW-mes 
Cargo Variable 0,061 $/kWh

Tarifa 3 - BT 
Cargo Pot. Pico 10,56 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 7,19 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,037 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,032 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,024 $/kWh

Tarifa 3 - MT 
Cargo Pot. Pico 5,99 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 3,98 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,035 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,031 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,023 $/kWh

Tarifa 3 - AT 
Cargo Pot. Pico 3,06 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 0,60 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,034 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,030 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,022 $/kWh

Tarifas Servicio de Peaje EDESUR S.A.

Tarifa 2 
Cargo por Potencia 7.551 $/MW-mes 
Cargo Variable 32,49 $/MWh

Tarifa 3 - BT 
Cargo Pot. Pico 8.406 $/MW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 7.194 $/MW-mes 
Cargo Variable Pico 4,24 $/MWh 
Cargo Variable Resto 3,67 $/MWh 
Cargo Variable Valle 2,77 $/MWh

Tarifa 3 - MT 

Cargo Pot. Pico 3.832 $/MW-mes 

Cargo Pot. F. Pico 3.978 $/MW-mes 

Cargo Variable Pico 2,38 $/MWh 

Cargo Variable Resto 2,07 $/MWh 

Cargo Variable Valle 1,56 $/MWh 

Tarifa 3 - AT 
Cargo Pot. Pico 907 $/MW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 598 $/MW-mes 
Cargo Variable Pico 0,93 $/MWh 
Cargo Variable Resto 0,80 $/MWh 
Cargo Variable Valle 0,61 $/MWh

EDESUR S.A.

SERVICIO DE REHABILITACION

Para cada servicio interrumpido por falta de pago 
Tarifa 1- Uso RESIDENCIAL $ 5,45 
Tarifa 1- Uso GENERAL Y ALUMBRADO PUBLICO $ 33,00 
Tarifas 2 y 3- $ 87,30

CONEXIONES DOMICILIARIAS

a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO 
- Aéreas monofásicas $ 66,45 
- Subterráneas $ 206,40 
- Aéreas Trifásicas $ 125,75 
- Subterráneas Trifásicas $ 315,55

b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO 
- Aéreas monofásicas $ 174,40 
- Subterráneas $ 561,10 
- Aéreas Trifásicas $ 307,25 
- Subterráneas Trifásicas $ 580,10

Cuadro Tarifario EDENOR S.A

Tarifa 1 - R1 
Cargo Fijo 4,58 $/bim. 
Cargo Variable 0,079 $/kWh

Tarifa 1 - R2 
Cargo Fijo 19,40 $/bim. 
Cargo Variable 0,042 $/kWh

Tarifa 1 - G1 
Cargo Fijo 9,00 $/bim. 
Cargo Variable 0,115 $/kWh

Tarifa 1 - G2 
Cargo Fijo 66,81 $/bim. 
Cargo Variable 0,079 $/kWh

Tarifa 1 - G3 
Cargo Fijo 183,08 $/bim. 
Cargo Variable 0,050 $/kWh

Tarifa 1 - AP 
Cargo Variable 0,067 $/kWh

Tarifa 2 
Cargo por Potencia 9,87 $/kW-mes 
Cargo Variable 0,061 $/kWh

Tarifa 3 - BT 
Cargo Pot. Pico 10,76 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 7,21 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,037 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,032 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,024 $/kWh

Tarifa 3 - MT 
Cargo Pot. Pico 6,17 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 3,99 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,036 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,030 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,023 $/kWh

Tarifa 3 - AT 
Cargo Pot. Pico 3,23 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 0,60 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,034 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,029 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,022 $/kWh

Tarifas Servicio de Peaje EDENOR S.A.

Tarifa 2 
Cargo por Potencia 7.600 $/MW-mes 
Cargo Variable 32,42 $/MWh

Tarifa 3 - BT 
Cargo Pot. Pico 8.489 $/MW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 7.210 $/MW-mes 
Cargo Variable Pico 4,24 $/MWh 
Cargo Variable Resto 3,64 $/MWh 
Cargo Variable Valle 2,77 $/MWh

Tarifa 3 - MT 
Cargo Pot. Pico 3.895 $/MW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 3.987 $/MW-mes 
Cargo Variable Pico 2,39 $/MWh 
Cargo Variable Resto 2,04 $/MWh 
Cargo Variable Valle 1,56 $/MWh

Tarifa 3 - AT 
Cargo Pot. Pico 956 $/MW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 600 $/MW-mes 
Cargo Variable Pico 0,93 $/MWh 
Cargo Variable Resto 0,80 $/MWh 
Cargo Variable Valle 0,61 $/MWh

EDENOR S.A.

SERVICIO DE REHABILITACION

Para cada servicio interrumpido por falta de pago 
Tarifa 1- Uso RESIDENCIAL $ 5,45 
Tarifa 1- Uso GENERAL Y ALUMBRADO PUBLICO $ 33,00 
Tarifas 2 y 3- $ 87,30

CONEXIONES DOMICILIARIAS

a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO 
- Aéreas monofásicas $ 66,45 
- Subterráneas $ 206,40 
- Aéreas Trifásicas $ 125,75 
- Subterráneas Trifásicas $ 315,55

b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO 
- Aéreas monofásicas $ 174,40 
- Subterráneas $ 561,10 
- Aéreas Trifásicas $ 307,25 
- Subterráneas Trifásicas $ 580,10

Cuadro Tarifario EDELAP S.A.

Tarifa 1 - R1 
Cargo Fijo 4,48 $/bim. 
Cargo Variable 0,080 $/kWh

Tarifa 1 - R2 
Cargo Fijo 19,07 $/bim. 
Cargo Variable 0,043 $/kWh

Tarifa 1 - G1 
Cargo Fijo 8,74 $/bim. 
Cargo Variable 0,115 $/kWh

Tarifa 1 - G2 
Cargo Fijo 65,26 $/bim. 
Cargo Variable 0,079 $/kWh

Tarifa 1 - G3 
Cargo Fijo 179,41 $/bim. 
Cargo Variable 0,051 $/kWh

Tarifa 1 - AP 
Cargo Variable 0,066 $/kWh

Tarifa 2 
Cargo por Potencia 9,64 $/kW-mes 
Cargo Variable 0,061 $/kWh

Tarifa 3 - BT 
Cargo Pot. Pico 10,57 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 7,27 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,038 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,032 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,025 $/kWh

Tarifa 3 - MT 
Cargo Pot. Pico 5,95 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 4,02 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,036 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,030 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,023 $/kWh

Tarifa 3 - AT 
Cargo Pot. Pico 3,00 $/kW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 0,60 $/kW-mes 
Cargo Variable Pico 0,034 $/kWh 
Cargo Variable Resto 0,029 $/kWh 
Cargo Variable Valle 0,022 $/kWh

Tarifas Servicio de Peaje EDELAP S.A.

Tarifa 2 
Cargo por Potencia 7.492 $/MW-mes 
Cargo Variable 32,56 $/MWh

Tarifa 3 - BT 
Cargo Pot. Pico 8.424 $/MW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 7.271 $/MW-mes 
Cargo Variable Pico 4,26 $/MWh 
Cargo Variable Resto 3,64 $/MWh 
Cargo Variable Valle 2,79 $/MWh

Tarifa 3 - MT 
Cargo Pot. Pico 3.806 $/MW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 4.021 $/MW-mes 
Cargo Variable Pico 2,40 $/MWh 
Cargo Variable Resto 2,05 $/MWh 
Cargo Variable Valle 1,57 $/MWh

Tarifa 3 - AT 
Cargo Pot. Pico 854 $/MW-mes 
Cargo Pot. F. Pico 605 $/MW-mes 
Cargo Variable Pico 0,93 $/MWh 
Cargo Variable Resto 0,80 $/MWh 
Cargo Variable Valle 0,61 $/MWh

EDELAP S.A.

SERVICIO DE REHABILITACION

Para cada servicio interrumpido por falta de pago 
Tarifa 1- Uso RESIDENCIAL $ 5,45 
Tarifa 1- Uso GENERAL Y ALUMBRADO PUBLICO $ 33,00 
Tarifas 2 y 3- $ 87,30

CONEXIONES DOMICILIARIAS

a) CONEXIONES COMUNES POR USUARIO 
- Aéreas monofásicas $ 66,45 
- Subterráneas $ 206,40 
- Aéreas Trifásicas $ 125,75 
- Subterráneas Trifásicas $ 315,55

b) CONEXIONES ESPECIALES POR USUARIO 
- Aéreas monofásicas $ 174,40 
- Subterráneas $ 561,10 
- Aéreas Trifásicas $ 307,25 
- Subterráneas Trifásicas $ 580,10

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PRESENTACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION A INSTANCIAS DE ADECUA, PROCONSUMER, CRUZADA CIVICA, ACUCC Y ASOCIACION CIVIL POR LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

4/12/2002

INICIA DEMANDA - MEDIDA CAUTELAR.

Señor Juez:

Eduardo René MONDINO, DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, calidad que acredito con la copia de la Resolución s/n, dictada el 23 de diciembre de 1999 por los Presidentes del H. Senado y de la H. Cámara de Diputados de la Nación, con domicilio legal en la calle Montevideo 1244, de esta ciudad, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I. OBJETO.

1.

Que vengo a promover formal demanda ordinaria contra el ESTADO NACIONAL (Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), con domicilio en Balcarce 50 de esta ciudad, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 2437/02 (B.O. 3-12-2002), y de cualquier otra norma que haya sido dictada a consecuencia de los mismos, o que los complemente.

Por la norma cuya inconstitucionalidad aquí se pide, se dispuso el aumento de las tarifas de los servicios públicos de gas y de energía eléctrica, habiendo el PEN denominado ese incremento como una readecuación transitoria.

Sin perjuicio de lo que infra se desarrolla, adelanto que el decreto impugnado viola las previsiones de la Ley de Emergencia N° 25.561 y también los procedimientos que necesariamente debían tener lugar (art. 46 Leyes 24.065 y 24.076) como parte del proceso de renegociación de los servicios públicos antes citados.

Consiguientemente, el decreto cuestionado importa un quebrantamiento del principio de legalidad que es piedra fundamental de nuestro sistema constitucional y por ello debe ser declarado ilegítimo.

2.

La presente acción se promueve en tutela de los derechos de incidencia colectiva del conjunto de usuarios de los servicios públicos de gas y energía eléctrica perjudicados por el incremento tarifario decidido en el decreto cuestionado, y asimismo, por que así lo han solicitado a la institución a mi cargo las siguientes entidades defensoras de usuarios y consumidores:

PRCONSUMER -Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur-.

ADECUA -Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina-.

ASOCIACION CIVIL CRUZADA CIVICA para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos.

ASOCIACION CIVIL por los Derechos y Garantías Consitucionales.

A.C.U.C.C. -Asocación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes-.

Todas ellas, en el escrito que agrego al presente y mencionaré al ofrecer la prueba, han solicita de esta Institución a mi cargo, que interponga las acciones pertinentes, en relación al Decreto N° 2437/02, pues, los aumentos transitorios no se encuentran previstos en el marco de la renegociación dispuesta por la Ley N° 25.561.

II. HECHOS.

En el marco de la Ley N° 25.561 (B.O. 07/01/02), por la que se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional (art. 9°) a renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública Nacional, incluyendo los de servicios públicos, ello derivado de que se dejó sin efecto (art. 8° de dicha ley) las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.

En ese marco, el legislador estableció los criterios que la Administración debe tener en consideración ineludiblemente a los efectos de encarar la renegociación de dichos contratos administrativos, en el caso de que los mismos tengan por objeto la prestación de servicios públicos, a saber: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos y, finalmente, 5) la rentabilidad de las empresas.

En base a dicha ley el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 293/02 (B.O. 14/02/02), por el que se encomendó al Ministerio de Economía e Infraestructura de la Nación, la renegociación de los contratos alcanzados por las previsiones del artículo 8° de la Ley 25.561, esto es, aquéllos que tuvieran por objeto la prestación de obras y servicios públicos.

El art. 2° del citado Decreto N° 293/02, dispuso que las propuestas de renegociación contractual debían elevarse al PEN dentro de los CIENTO VEINTE (120) DÍAS de entrada en vigencia de dicha norma, hecho acontecido el 15 de febrero del corriente año 2002.

Además, el art. 4°, creó la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos "…para brindar al mencionado órgano ministerial el asesoramiento y asistencia que en cada caso requiera …". Agregando: "Que dado el plazo previsto por el artículo 2° del citado decreto para elevar al Poder Ejecutivo Nacional las propuestas de renegociación contractual, y la urgencia que impone la situación de emergencia pública declarada por la Ley N 25.561, resulta imperativo constituir la mencionada Comisión, y dar inicio al proceso previsto por el artículo 9 de dicha ley."

Recuérdese que por el citado artículo 9° de la Ley N° 25.561 se autorizó al PEN a renegociar los contratos celebrados con las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.

Como se ve, atento la complejidad y extensión de los asuntos que la Comisión debía tener a estudio para asesorar al PEN acerca de la renegociación de los contratos, aquélla se integró con el Ministro de Economía e Infraestructura (o por quien éste designare) y, además, conforme reza la norma "…por personas con sobrados antecedentes e idoneidad en la materia objeto de su misión, los cuales serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL … Que atento que las decisiones que se adopten, en el marco de la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos que se llevará a cabo, involucrarán aspectos relacionados con las políticas y misiones asignadas a diversas Secretarías de Estado, se considera conveniente que la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS cuente con la participación de los titulares de las Secretarías jurisdiccionales correspondientes, a fin de que, en aquellas materias que se vinculen con sus competencias específicas, proporcionen los antecedentes y evaluaciones que cada caso requiera, y contribuyan a armonizar los criterios resolutivos que se sigan. Que es también conveniente que participe la SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE LA PRODUCCION y el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION … e invitar a las asociaciones de usuarios y consumidores representativas involucradas a proponer al Ministro de Economía e Infraestructura UN (1) representante a fin de brindar su asistencia ante la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en aquellos asuntos que sean de su incumbencia.".

Es del caso adelantar que el Defensor del Pueblo aceptó la invitación prevista en el art. 3° del Decreto 370 (B.O. 27/2/2002) y que designó al Adjunto I, Dr. Jorge E. CERMESONI para asistir a las reuniones de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos. Además, las asociaciones de usuarios propusieron al Dr. Ariel CAPLAN, quien pasó a integrar en representación de aquellas la mentada Comisión.

Finalmente, se dispuso que el Ministerio de Economía e Infraestructura de la Nación recabaría de los Entes Reguladores de Servicios Públicos "… la información y opinión que resulten necesarias…".

Complementando la normativa relacionada con el proceso de renegociación, el Ministerio de Economía de la Nación, dictó, con fecha 18 de marzo de 2002, la Resolución N° 20/02 mediante la cual se aprobó las normas de procedimiento para la mencionada renegociación y el listado de contratos de prestación de obras y servicios públicos a los cuales se les debería aplicar el procedimiento en cuestión.

Como se ve, por dicha Resolución se establecieron las normas básicas destinadas a fijar las pautas generales del proceso de renegociación contractual habilitado por la Ley Nº 25.561, dando a conocer el enfoque general y los mecanismos de implementación adoptados para servir de guía a los concesionarios o licenciatarios de servicios públicos en el procedimiento a seguir ante la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos.

Posteriormente, y complementando la anterior, el Ministerio de Economía dictó con fecha 9 de abril de 2002 la Resolución N° 38/02 disponiendo que la Administración Pública Nacional y los organismos que la integran deberían abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos sometidos a su ámbito de competencia, haciendo observar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8° y 10 de la Ley N° 25.561.

Como objetivo y alcance de la renegociación, se estableció adecuar de común acuerdo los contratos de concesión o licencia, durante el período de emergencia y hasta tanto sea superada dicha situación, sin introducir cambios estructurales, a efectos de preservar la vida del contrato y las condiciones originariamente pactadas con miras a su restablecimiento futuro.

Se estableció que el proceso de renegociación se realizaría en cuatro fases. Sobre el particular, cabe señalar que la tercera comprendía la realización de rondas de discusión mediante reuniones sucesivas, avanzando hacia la búsqueda de acuerdos; y la cuarta fase, comprendía la consolidación de los acuerdos, la elaboración de las actas de cierre y su elevación al Ministerio de Economía.

El Defensor del Pueblo, en fecha 6 de marzo de 2002, a través de la Resolución D.P. N° 34/02 aceptó la invitación formulada por el Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de participar ante la Comisión de Renegociación.

Ello con fundamento en que su misión es la de proteger los derechos fundamentales e intereses de los individuos, de grupos y de la comunidad en general, frente a actos u omisiones que impliquen - por parte de la administración pública nacional y entes descentralizados -, el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, o que pueda dañar o alterar a los ecosistemas naturales o a los elementos del medio ambiente, estando su finalidad perfectamente determinada: la de proteger los derechos del ciudadano y de la comunidad.

Cabe mencionar a esta altura del relato que con anterioridad a la invitación, mi parte recomendó al Ministerio de Economía de la Nación, que convoque a Audiencias Públicas para debatir las modificaciones a los contratos de obras y servicios públicos en el marco de la Ley N° 25.561 y el Decreto N° 293/2002 a fin de garantizar y proteger el derecho de los usuarios y consumidores, en el marco del artículo 42 de la Constitución Nacional.

Si se recuerda, y contrariamente a lo decidido por el Ministerio de Economía de la Nación (Resolución N° 38/02), que dispuso que los Organismos Descentralizados, Centralizados y Desconcentrados de la Administración Pública Nacional, como así también los órganos de regulación y control, debían abstenerse de adoptar decisiones que afecten directa o indirectamente los precios y tarifas de los servicios públicos, afianzado de esta manera la función y el objetivo de creación de la Comisión, se fueron dictando diferentes Resoluciones y Decretos que desnaturalizaron el rol de la Comisión, quitándole herramientas de negociación, por ende, privándola de una real eficacia.

Uno de los primeros actos realizados fue el dictado de la Resolución N°53/2002 del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la cual se aclaró que la Resolución N° 38/02 no alcanzaba los ajustes estacionales en las tarifas de gas y electricidad, de tal manera que se autorizaba por esta vía incrementos en las tarifas de estos servicios, en una clara contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.561.

Luego, a través de la Resolución N° 64/02 del Ministerio de Economía de la Nación, se suspendió la renegociación de los contratos de las empresas concesionarias CORREO ARGENTINO S.A. Y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, por las distintas reclamaciones administrativas y jurisdiccionales interpuestas por las mismas.

Posteriormente, a través de los Decretos Nros. 576/02 y 577/02, se dolarizaron las tarifas aeronáuticas, como así también las de la hidrovía.

Por último, y resultando un hecho altamente llamativo, a través de la Resolución Conjunta N° 61/02 y 11/02, de los Ministerios de Economía y de la Producción, se otorgó un subsidio a las concesionarias del Servicio Ferroviario de Pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires, cuya asignación adquiere el carácter de anticipo a cuenta de compensaciones indemnizatorias no tarifarias, las que deberán ser computadas al momento de decidirse la readecuación de los contratos en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 293/2002. En realidad se premia la mala calidad en la prestación de un servicio público.

Es decir, mientras se hallaba la Comisión de Renegociación analizando las posibles alternativas de solución, el Poder Ejecutivo Nacional adoptó decisiones que inciden directamente sobre cuestiones que debían ser tratadas y resueltas en la Comisión.

Esta situación, que generó un estado de desorientación, llevó al Poder Legislativo a considerar proyectos de ley que también incidieron sobre aspectos que debían discutirse en la Comisión.

El Poder Ejecutivo Nacional no definió políticas y herramientas claras destinadas a solucionar los viejos y nuevos problemas con los que se enfrentan hoy los servicios públicos.

Por esto y por la desnaturalización del espíritu con el cual fue creada la Comisión, toda vez que se le otorgaron una serie de facultades, que en los hechos, fueron asumidos directamente por el Poder Ejecutivo, llevaron al Defensor del Pueblo de la Nación a apartarse de la Comisión de Renegociación, entendiendo que se produjeron cambios sustanciales en el escenario y en el planteo inicial de la necesidad de renegociar los contratos, y en las cuestiones a debatir en cada servicio público en particular, sin perjuicio que el Defensor continuara ejerciendo, en defensa de los usuarios, las facultades conferidas por el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL y la Ley N° 24.284, razón por la cual seguirá funcionando en la órbita de la Institución la Comisión Técnica de Obras y Servicios Públicos.

Posteriormente, en fechas 8, 9 y 10 de septiembre de 2002 se publicaron "avisos" en matutinos nacionales anunciando la realización de Audiencia Pública para considerar la recomposición tarifaria de urgencia solicitada por las empresas distribuidoras y transportistas de gas y electricidad. Tal audiencia fue suspendida por orden judicial.

A través del Decreto 487/02 se exceptuó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS y al ENTER NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD de las restricciones previstas en la Resolución M.E. N° 38/02, autorizándolos a llevar a cabo los procesos de modificaciones tarifarias de acuerdo a lo que prescriben los artículos 46 de la Ley N° 24.075 y 24.076.

Con fundamento en el citado Decreto N° 487/02, el ENARGAS y el ENRE convocaron a Audiencias Públicas para debatir tales modificaciones.

Sin embargo, dichas audiencias fueron suspendidas por orden judicial. Los fundamentos en los que se basó la señora juez, se sustentan en que las nuevas convocatorias resultan violatorias de las expresas disposiciones de la Ley N° 25.561 y del proceso de renegociación iniciado en su consecuencia, agregando que si bien la participación de los Entes es un requisito necesario - y por ende su ausencia fue considerada como un vicio de la convocatoria a las primeras audiencias.

En ese orden de ideas cabe recordar, que en el mes de setiembre del corriente año 2002, diversas asociaciones de consumidores y la Defensora del Pueblo de la ciudad autónoma de Buenos aires, promovieron una acción sumarísima (en los términos de lo arts. 52, 53 y 55 de la Ley 24.240) para que se ordenara al Estado nacional a cumplir con el proceso de renegociación de los contratos de servicios conforme las pautas establecidas en los arts. 8°, 9° y10° de la Ley 25.561, y, en consecuencia que se abstuviera de incursionar en vías de hecho o en dictar actos administrativos que importaran la inobservancia y violación de dicho esquema normativo, ajustando cualquier aumento tarifario a dicho marco legal, otorgando asimismo, las garantías de participación razonable y adecuada de los usuarios.

Como medida cautelar, los actores pidieron la suspensión de las audiencias públicas convocadas en diarios de circulación nacional, hasta tanto su convocatoria y preparación se ajustara a derecho. Además, las actoras solicitaron que hasta tanto el Tribunal se expidiera sobre el fondo del asunto, se ordenara a la demandada que se abstuviera de decidir cualquier aumento tarifario.

Dicho juicio se rotuló "UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL -M. de ECONOMIA Resol. 20/02 s/ proc. sumarísimo art. 321 inc. 2 C:P:C. y C." (expte. 162.765/02) y quedó radicado por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3 a cargo de la Dra. Claudia Rodriguez Vidal, Secretaría N° 5.

Cuadra significar, que con fecha 24 de setiembre de 2002 el juzgado resolvió la suspensión de la realización de las audiencias públicas convocadas en el marco del proceso de renegociación iniciado con motivo de la ley 25.561, con la finalidad exclusiva de reconsiderar una recomposición tarifaria de urgencia, ello hasta tanto las mismas puedan tener lugar como parte del proceso global de renegociación.

Con posterioridad a dicha cautelar, el Ministerio de Economía dictó el Decreto 487/02 y con complemento de las resoluciones 1/2002 y 476/2002 el ENRE y ENARGAS, las partes actoras ampliaron la demanda plasmada en el juicio referido precedentemente y pidieron la inconstitucionalidad de la Resolución 487/02 y de las resoluciones de los entes reguladores de energía eléctrica y gas referidos.

Nuevamente el juzgado interviniente acogió la medida cautelar peticionada por las actoras, disponiendo la suspensión de la aplicación y ejecución de las audiencias públicas que se convocaban según la normativa impugnada en la ampliación de la demanda.

En su pronunciamiento el Tribunal recordó que la Res. (M.E.) 38/02, había dispuesto (en el marco de lo establecido en los arts. 1,8,9 y 10 de la ley 25.561 y el decreto 293/02), que la Administración Pública Nacional y la totalidad de sus organismos -cualquiere fuese su naturaleza- debía abstenere de adoptar cualquier decisión que afectaran los precios de las tarifas de los servicios públicos, haciendo observar lo dispuesto en los arts. 8 y 10 de la ley 25.561).

Dicha resolución judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto si bien aquella fue recurrida, aún no se ha expedido la Sala III de la Excma. Cámara del fuero.

III. ILEGALIDAD DEL AUMENTO DECIDIDO.

Surge de los antecedentes normativos referidos en el capítulo anterior el esquema al cual el Poder Ejecutivo Nacional sujetó su proceder a fin de renegociar y, en particular, fijar -si así correspondiera- un aumento de las tarifas de los respectivos servicios públicos. Concretamente, la demandada limitó su accionar a un procedimiento que no ha cumplido con el dictado de la norma en crisis.

Consiguientemente, y de manera liminar, cabe recordar que V.E. tiene decidido que, "…como principio, no resulta descartable que las autolimitaciones administrativas, formalizadas o no, constituyan una fuente de obligaciones para la Administración, de forma tal que si ésta decidió voluntariamente someterse a un determinado procedimiento a él se encuentre, en definitiva, vinculada". (Causa N° 519/01, fallada el 15/03/01, Sala V del fuero).

Debe destacarse, a esta altura del relato, que el suscripto recurre a V. S. como consecuencia del incumplimiento que el Poder Ejecutivo Nacional viene sistemáticamente observando en los pasos a cumplir en todo lo atinente a la fijación de las tarifas de los servicios públicos, violando tal como ya se dijo, sus propias normas.

Tal como se expusiera el artículo 9 de la Ley N° 25561, autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos que tuvieran por objeto la prestación de servicios públicos tomando en consideración, entre otras cuestiones, el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos.

La ley N° 25561, resulta en este aspecto, complementaria de las Leyes 24.076 (gas) y 24.065 (energía eléctrica), por lo tanto no puede autorizarse un incremento tarifario, aunque el mismo resulte ser de emergencia, sin que exista un análisis sobre cómo impactará el mismo, en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos.

Es importante destacar que los precios en la economía tienen un fuerte impacto sobre la distribución de los ingresos, por ende, una modificación en las tarifas de los servicios públicos, manteniendo congelados los ingresos produce una distribución regresiva del mismo y por ende se constituye en un instrumento de expulsión de usuarios, afectando la accesibilidad al servicio público.

El legislador no modificó la legislación antes referida, sino que para el período de emergencia, necesitó darle un complemento a los fines de posibilitar el equilibrio de los distintos factores de la producción en este proceso de transición. Es por ello que en materia de modificaciones tarifarias estableció claros institutos que necesariamente deben ser cumplidos.

Bajo estas circunstancias, el Defensor del Pueblo de la Nación, con motivo del dictado de la Resolución M.E. N° 487/02, que autorizó al ENRE y al ENARGAS a realizar modificaciones tarifarias, solicitó en fecha 24 de octubre de 2002 al Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Dr. Eduardo Perez, que envíe los informes normados en el artículo 9 de la Ley N° 25.561.

Como respuesta a ello, se indicó que se elaboró el informe final Fase II de la Comisión Renegociadora de Contratos, en el que se señala que el primer recaudo de la Ley N° 25.561, en su artículo 9, es destacar la incidencia de las tarifas de servicios públicos en la formación de los restantes precios y en el poder adquisitivo de la población. Toda consideración sobre tarifas, aun cuando tenga naturalmente en cuenta los costos del servicio - nivel microeconómico - obliga a ubicar el problema en su contexto macroeconómico. Cabe destacarse que si bien se lo titula como Informe Final, no constan conclusiones relativas a éste tópico.

Bajo estos preceptos, no podemos dejar de considerar que la actual situación del salario real, unida a la fuerte disminución de la demanda de los servicios públicos y al incremento de la morosidad, hacen dificultoso un incremento general de las tarifas.

Creo que, los entres reguladores (ENARGAS y ENRE) debieron requerir al Ministerio de Economía y/o a la Secretaría de Política Económica los informes relativos a este aspecto.

Por lo demás los arts. 46 de las Leyes 24.076 (gas) y 24.065 (energía eléctrica) son terminantes en cuanto a la necesidad de celebrar audiencias públicas como paso ineludible previo a decidir cualquier modificación en las tarifas.

Este requisito no ha sido derogado por la Ley 25.561, sino que ha venido a ser convalidado incluso con los propios actos del PEN que dispuso la realización de dichas audiencias. Ahora bien si por omisiones o defectos que le son imputables a la demandada dichas reuniones no pudieron celebrarse por haberlo así decidido la justicia, no pueda la accionada violentar la legislación vigente y las decisiones jurisdiccionales decidiendo un aumento tarifario acudiendo a un decreto de necesidad y urgencia.

Consiguientemente, el Poder Ejecutivo Nacional no sólo violenta los claros preceptos de la Ley 25.561 y las disposiciones contenidas en los arts 46 de los marcos regulatorios del gas y la electricidad (leyes 24.076 y 24.065), sino que asimismo, contradice sus propias disposiciones (que establecieron los procedimientos que necesariamente debían tener lugar como parte del proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos) y desconoce fallos judiciales que le impiden adoptar decisiones como la que aquí se cuestiona.

El aumento tarifario decidido es irrazonable e ilegal, debiendo tenerse particularmente en cuenta que el incremento aludido se proyectará sobre valores que antes del mismo son elevados, en términos de las posibilidades de los usuarios nacionales. Sobre el particular es público y notorio el alto grado de desempleo existente en nuestro país, y también el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores cuyos salarios -en general- no sólo no se han incrementado sino que en muchos casos han disminuido.

Algo más.

El esquema elaborado por la demandada, si bien deja afuera de las subas a los usuarios residenciales de bajos consumos, prevé un aumento promedio del 7,2% para los clientes residenciales de gas (los porcentajes varían según la zona) y para la industria, el aumento oscilará entre el 14,8% y el 18% según la zona del país. En el caso de la energía eléctrica se estima un aumento en la tarifa final del 11% para los residenciales y del 13% a 16% para los comercios e industrias.

Allí se configura el perjuicio para quienes deberán abonar un precio superior al actual, de manera directa. Obvio resulta que estos incrementos será proyectados por los comercios e industrias a los precios finales de los productos, mercaderías y servicios que brindan, lo que traerá aparejado un aumento general de precios.

Más allá de los cuestionamientos formales al Decreto, analizaremos el fondo del mismo, esto es, si la estructura tarifaria aprobada resulta razonable. La razonabilidad debe evaluarse en función de las posibilidades reales de los usuarios de abonar esa tarifa y por ende, el acceso al servicio. Esto último fue debidamente planteado en la ley de emergencia, al destacar que al momento de fijación de nuevas tarifas debe tenerse en cuenta la accesibilidad al servicio.

El Decreto refleja la falta de una verdadera evaluación del nivel de ingreso de los usuarios. Al respecto es necesario precisar lo siguiente. La precarización del nivel de empleo, para mayo del 2002, indica que, en el sector ocupados de la ciudad de Buenos Aires, representa el 61,8%. En el Conurbano Bonaerense, representa el 42% pero, el 26,2% de ellos, corresponden a empleados con ingresos iguales o menores a $ 200 y, en el resto de los centros urbanos, es del 50%, con un 30% de sectores con ingresos inferiores a los $ 200; la estructura principal de ocupados precarios, está constituida por subocupados no calificados y los empleados que tienen ingresos igual o menores a $200; servicio doméstico; planes de empleo; cartoneros; club del trueque, etc.

En este marco, podemos realizar el siguiente análisis, sobre las tarifas propuestas.

Respecto a las tarifas de gas, se estableció la categoría R1 la cual quedaría exenta de incrementos, sin embargo los parámetros establecidos para acceder a ello, resultan cuestionables. Ello, en razón de que respecto de este asunto no existen a la fecha del dictado del Decreto, propuestas, antecedentes, o informe alguno por parte de la Comisión de Renegociación de los Contratos. Es decir, el Decreto se ha basado en criterios arbitrarios y carentes de todo soporte o sustento que permita avalar los aumentos y sus coeficientes.

A su turno, en el servicio de electricidad se estableció que los usuarios categorizados como R1 T1, es decir aquellos que consuman 300 kwh o menos, estarían exentos del incrementos.

Sin embargo para los usuarios R1 T2, el incremento resulta ser del 12%. Tal aumento se basó en datos estadísticos que no reflejan la realidad de la estructura de consumo energético de las zonas marginales de los centros urbanos, donde a partir del año 2000, por el alto precio del gas licuado de petróleo, la energía eléctrica fue usada como insumo vital de todo el quehacer doméstico. Solamente en los grandes centros urbanos con alto desarrollo de las redes de gas pueden existir usuarios con niveles de consumos de 300 o menos Kwh. Por ende, no estamos frente a una tarifa social y menos aun, frente a una estructura tarifaria que contemple el sector asalariado.

La estructura tarifaria aprobada es altamente regresiva, dado que el cargo fijo varió un 16%, en tanto que el cargo variable un 7,5%. Por ende, a niveles de menores consumos, mayores aumentos. Para 350 Kwh por bimestre el incremento es del 12%, mientras que para consumos de 1000 kwh por bimestre es del 10%.

En el caso del servicio eléctrico, al igual que en el de gas el porcentaje de incremento no está fundamentado y desconociéndose además, la existencia de los cuadros de costos.

A más de lo expuesto, cabe agregar que el P.E.N. no ha realizado los estudios correspondientes, o si los hizo aquellos carecerían del rigor técnico pertinente, pues resulta imposible suponer que se autoricen aumentos como los que se pretenden con fundamentos serios sin contar con los antecedentes y exámenes suficientes de los que resulte que ese incremento resulta necesario, procedente y, particularmente acorde en su quantum con las posibilidades de los usuarios.

Ninguna duda cabe que con el Decreto impugnado se han violentando las propias leyes que se han citado supra, específicas en la materia, sino, además, preceptos constitucionales a los que me referiré infra.

Lo cierto es que el PEN ordena por el artículo 1° del Decreto N° 2437/02 una readecuación en forma transitoria "…y hasta tanto concluya el proceso de renegociación de la COMISION DE RENEGOCIACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS…", un aumento en las tarifas de los servicios públicos de gas y energía eléctrica, a regir a partir de la publicación del decreto en crisis en el Boletín Oficial. Es decir, a partir del 3 de diciembre de 2002.

Funda el PEN esta arbitraria medida, de manera completamente contradictoria, en el derecho de los usuarios, con cita del artículo 42 de la Constitución Nacional, para que no vean afectado el servicio, pues, afirma, los distintos concesionarios de los servicios públicos beneficiados, no pueden, con las tarifas actuales, "…mantener su prestación en niveles adecuados de calidad y seguridad…". .

Así pues, y bajo la apariencia de que peligra el servicio, lo que hace presumir que de no producirse el aumento la población podría quedarse sin luz y sin gas, pues uno de sus Considerandos reza ".. a efectos de no poner en peligro su suministro…", decide un incremento tarifario, violentando, como se dijo, las normas que rigen la materia, sus propios actos, y la Constitución Nacional.

Señala el PEN en el decreto que se impugna, que el aumento es transitorio, hasta tanto concluya el proceso de renegociación y, además, que la ‘readecuación’ tarifaria "…quedarán comprendidas en el Proceso de Renegociación dispuesto por la Ley N° 25.561 y deberán ser tomadas en consideración al momento de finalización de dicho proceso…":

Así pues, no sólo aparece como absolutamente arbitrario e ilegal el aumento dispuesto, sino también los índices o coeficientes aplicados al efecto, pues, la mera afirmación en cuanto a que "…el precio de los servicios públicos debe cubrir razonablemente los costos económicos del concesionario…", no alcanza para ordenar la readecuación que se impugna.

Violenta los propios procedimientos que fijó para proceder al incremento tarifario y no se encuentra probado de manera alguna que peligre el servicio público de luz o gas, así como tampoco que con el aumento dispuesto se disipe esa amenaza.

Simplemente el PEN cedió a los reclamos de los concesionarios y autorizó este incremento, una vez más, en perjuicio de los usuarios y no a favor, pues, la muletilla que utiliza de manera reiterada, en el sentido que se ha ordenado el incremento en protección de la continuidad del servicio y, por tanto, de los usuarios, con cita errada del artículo 42 (CN) no sólo no resulta creíble sino, además no se ajusta a derecho.

El principio de equidad que pregona ha sido violado, precisamente con el dictado del decreto que se impugna.

Finalmente, no puedo dejar de sostener que la transitoriedad del aumento, esto es, al decir del PEN, la readecuación ‘en forma transitoria’, no resiste el menor análisis, a poco que se avance en las consideraciones que se formulan en el Decreto.

Señala el Poder Ejecutivo que "…las tareas de renegociación de contratos de obras y servicios públicos suponen un proceso…"; y agrega: "….en el cual deben producirse avances parciales…". Hasta aquí no hay duda alguna, pues, todo proceso o procedimiento o negociación o renegociación, supone avances y, por tanto, parciales.

Empero, en modo alguno, esos avances, es decir, esos adelantos pueden conllevar una conclusión. En el caso concreto, el aumento tarifario. Es decir, se está (o estaba) discutiendo si corresponde un incremento tarifario y, en su caso, su quantum, y, sin embargo, el PEN bajo el falaz argumento de ‘readecuación en forma transitoria’ dispone modificaciones en los valores de los servicios de gas y electricidad, por entender que ello es únicamente un avance parcial.

La pregunta que se impone es: si la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS aconseja, al finalizar el ‘proceso de renegociación’, no aumentar las tarifas o aconsejar un incremento menor al ordenado por el PEN mediante el Decreto N° 2437/02 en crisis; los concesionarios beneficiados por esta medida ilegal, habrán de devolver la diferencia a los usuarios?.

La respuesta es obvia: NO.

Y, pensar lo contrario, al menos aparece como ingenuo frente al accionar del PEN que por decreto de necesidad y urgencia aumenta las tarifas, como se dijo, cediendo a las presiones de las empresas en detrimento de los intereses de los usuarios. Por todo lo expuesto es que resulta absolutamente indispensable dictar la medida cautelar que se solicita infra, pues, a la fecha, no están dadas las condiciones objetivas ni jurídicas que autorizan los incrementos y aparece como creíble la afirmación de que "…dichos avances parciales deberán ser tenidos en cuenta y ponderados adecuadamente en la conclusión de las renegociaciones…".

A más de lo expuesto, cabe agregar que la ley de emergencia económica limita la probabilidad de alzas tarifarias al marco de la renegociación total de los contratos, la que, además, como se vio, debe realizarse mediante el esquema de audiencias públicas.

Por lo tanto, esta suerte de ‘aumento a cuenta’ no sólo es ilegal sino que, además, indica que sin contar con el consejo o asistencia técnica de la COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y de las opiniones que el PEN pueda obtener producto de las audiencias públicas que obligatoriamente debe realizar, ya ha tomado la decisión de aumentar.

Mi parte no ignora que hay insumos que han aumentado, pero eso no conduce inexorablemente a que por ese único motivo se permitan incrementos indiscriminadamente, sin conocer de qué manera o en que grado impactan en la estructura de costos de los prestadores de servicios, o, si ello realmente ocurre. De todos modos, parece que la demandada se ha planteado -a pesar de las ilegitimidades expuestas en el presente- admitir aumentos tarifarios en los servicios públicos.

Por todo lo expresado, autorizar un aumento tarifario desconociendo toda la normativa vigente significa violentar la Constitución Nacional. En su consecuencia debe V.S. declarar la inconstitucionalidad del decreto impugnado.

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA ACCION.

Concretamente, cabe recordar lo estatuido por el artículo 42 de nuestra Carta Magna. Véase:

"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno"

"Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados , al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios".

"La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control".

a) El derecho a la participación

El tercer párrafo mencionado es claro en cuanto al derecho a tener necesaria participación en los organismos de control, sujeto a la reglamentación que contemplará la forma y cantidad de su integración a los directorios de los entes reguladores.

b) La protección de sus intereses, información, trato equitativo y digno

El párrafo primero completa el principio constitucional, al establecer el derecho de los usuarios a la protección de los intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

Está por demás claro que el derecho a una información adecuada y veraz presupone el derecho a la publicidad y debate, mediante la realización de una audiencia pública, de los elementos en base a los cuales se decidirá el aumento en las tarifas y, por qué no, la prórroga o no de una concesión exclusiva sobre un servicio público.

Como lógica derivación de ese principio, es irrazonable sostener que pueda ejercerse libertad de elección alguna si se niega no sólo el libre y público acceso a la información sino, directamente, el derecho a intervenir y ser oído en forma previa a la toma de decisiones que comprometen los derechos subjetivos de los administrados.

c) Flagrante violación al artículo 42 de la C.N.

Todos esos derechos de naturaleza constitucional se verían lesionados en la especie, si se permitiera que las autoridades y las concesionarias dispongan del patrimonio y el bolsillo de los usuarios y consumidores, lesionen sus intereses económicos, les impidan el acceso a una información adecuada y veraz, y los sometan a un trato ilegal, sin darles siquiera oportunidad de intervenir en una audiencia pública para defender y evitar que se lesionen sus derechos e intereses económicos lesionados.

A lo dicho cabe agregar que a la luz del nuevo texto del artículo 42 de la C.N., nuestra doctrina tiene dicho que: "Se ha dado jerarquía constitucional a la protección y tutela de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para salvaguardar los intereses de los demandantes dentro del proceso de consumo. El objetivo de la norma es lograr, dentro de la sociedad de consumo, una mejor calidad de vida. El principio establece que consumidores y usuarios de bienes y servicios (art. 42), tienen derecho a ser tutelados en la relación de consumo, en los distintos aspectos que surgen de ella, a saber: ... Intereses económicos: La relación de consumo implica substantivamente una relación de intereses económicos, más aún en la economía de mercado, del juego de la oferta y la demanda, donde precios y tarifas constituyen la contraprestación del consumidor, por la provisión que debe guardar siempre una relación básica de justicia contractual o reglamentaria, pública o privada con la ecuación de razonabilidad y proporcionalidad entre prestación y precio. El interés del consumidor reside en obtener el bien o servicio de que se trate por un precio justo, razonable. La distorsión de las leyes del mercado, por especulación, por acuerdos oligopólicos, por la existencia de monopolios, afecta el interés económico del consumidor y motiva la tutela judicial en caso de arbitrariedad o discriminación (art. 43, 2° párrafo)... Información: Un derivado obligatorio de este derecho a la protección de los usuarios y consumidores, es el derecho a una información adecuada y veraz. Es obligación, entonces, de los proveedores de bienes y servicios brindar la información adecuada, proporcionada, clara; una información basada en hechos serios y ciertos. Saber qué consumo, qué es lo que pago y por qué lo pago ... los eventuales consumidores o usuarios de bienes o servicios, frente a los obligados (quienes los producen, facilitan, suministran o expiden, cualquiera sea su naturaleza, pública o privada) a que los bienes o productos incorporen o lleven consigo la información técnica y económica a disposición de los interesados, antes de ser adquiridos, utilizados o disfrutados ... Trato equitativo y digno: El proveedor o quien brinde los bienes, servicios o prestaciones debe hacerlo en condiciones de un trato equitativo y digno. Equitativo, sobre bases de principios análogos para prestaciones análogas; es decir, el derecho a recibir igual bien o servicio por igual pago o contraprestación. Digno, en tanto y en cuanto el trato dispensado a los consumidores de bienes o usuarios de servicios sea respetuoso, considerado, de conformidad a los usos sociales, a las costumbres del decoro comercial, a la dignidad personal o a las reglas éticas del honor y discreción de la libertad y de la intimidad humanas....". ("INTERPRETANDO LA CONSTITUCIÓN", CARRIO, DROMI, FRIAS, GIL LAVEDRA Y QUIROGA LAVIE, ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, pgs. 32/34).

f) Violación al artículo 17 de la Constitución Nacional.

Aquí, cada usuario y cada consumidor ve afectados no solamente sus intereses. No puede privarse a nadie de su derecho de propiedad sin el cumplimiento del debido proceso en sentido sustantivo y adjetivo.

A más de lo expuesto, cabe agregar que en los contratos públicos existe un ingrediente que es mucho más trascendente que el económico, ya que se encuentra en la base misma de su justificación, que le da razón de ser, y sin el cual no podría existir: el interés público. Pues bien, también el interés público debe mantener su vigencia; el interés público es la ecuación sine qua non del contrato público y es deber de la Administración el mantenerse vigilante acerca de su permanente actualidad. (DROMI, Roberto, "Renegociación y reconversión de los contratos públicos", Ed. Ciudad Argentina, pag. 56).

Como se dijo el procedimiento está específicamente previsto en materia de energía eléctrica (ley 24.065) y gas (ley 24.076), particularmente en materia tarifaria.

Todos esos derechos de raigambre constitucional se han visto lesionados al no celebrarse la audiencia pública previa al aumento de tarifas, sometiendo así a los titulares de los derechos aludidos en los párrafos anteriores a un trato inequitativo al privárselos de intervenir en un debate en el que debieron analizarse los antecedentes respectivos.

La necesidad de su celebración resulta asimismo, del espíritu de la Ley de Emergencia Pública 25.561. Hace a la transparencia de lo que se decida en materia de tarifas, y máxime tomando en consideración lo previsto en el art. 9 de la mentada ley y la grave crisis que afecta a la Nación y sus habitantes, que sea indispensable realizar audiencias públicas. Es necesario que todos los actores sociales debatan y busquen entre todos la mejor solución para el aspecto tarifario de los servicios públicos, y que cada interesado tenga la posibilidad de dar a conocer sus razones en torno al asunto en el marco de una audiencia. Indudablemente, luego de su celebración el Estado contará con insuperables elementos ponderación previo a decidir la materia.

El Estado Nacional además de los preceptos constitucionales citados ha incumplido con los procedimientos dispuestos por la Ley 25.561 y las disposiciones contenidas en los marcos regulatorios de la energía eléctrica y el gas y normas dictadas en su consecuencia. Consiguientemente, el decreto impugnado transgrede de manera manifiesta el precepto contenido en el inciso d) del art. 7° de la Ley nacional de Procedimientos Administrativos.

V. DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA - SU IMPROCEDENCIA

El nuevo texto constitucional reformado en el año 1994, viene a dejar atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por el constituyente del 53/60, se planteaba.[1]

Sabido es que la télesis reformadora del 94, se orientaba hacia una atenuación del poder atribuido al Presidente. Dentro de la perfectibilidad, la reforma tuvo muchos puntos de equilibrio. Así, a ello contribuyen tres instituciones legislativas muy fuertes: 1) los decretos de necesidad y urgencia, 2) la delegación legislativa y 3) la promulgación parcial de las leyes.

La nueva Constitución, pone así término a dicha controversia, y contempla expresamente los decretos de necesidad y urgencia. Ciertamente, la circunstancia de regularlos no significa autorizarlos. "La gran cuestión que plantean los objetores de la constitucionalización de los decretos de necesidad y urgencia es la presunción de que regular dichos decretos implica autorizarlos. Grave error. Ponerle reglas a una situación de excepción significa no otra cosa que limitarla.

Referíamos antes, que la orientación reformista estaba dada hacia la morigeración de las facultades presidenciales. El instituto en análisis, contribuye a ello. No obstante, la Constitución Material, hoy nos coloca ante una utilización indiscriminada del decreto o reglamento de necesidad y urgencia, proyectando una imagen desfavorable del mismo. A ello, se suma la ausencia de un marco normativo concreto que asegure el control parlamentario pertinente. Bien señala Germán Bidart Campos cuando dice " ...Es la manía del ‘decretismo’ síntoma de una tendencia autoritaria que refuerza con desmesura al sistema presidencialista, y frustra los intentos que con la reforma se hicieron para modelarlo y matizarlo" [2]

La Constitución recientemente reformada, prevé el marco normativo en el cual una decisión del Poder Ejecutivo de naturaleza legislativa será, excepcionalmente válida, en tanto concurran las circunstancias que la misma norma establece. Esto nos señala el carácter excepcional de los decretos de necesidad y urgencia y por lo tanto la hermenéutica interpretativa de la norma habrá de hacerse en forma directa.

Ante todo eso. La interpretación de la excepción a la regla general debe hacerse de manera restrictiva.

El artículo 99 inciso 3 consagra la prohibición al Poder Ejecutivo de dictar disposiciones de carácter legislativo. Plasma, al decir de Cassagne, un sistema complejo, en gran parte fundado en antecedentes de nuestra propia realidad.[3]

Compartiendo la fundamentación dada por Comadira, en cuanto que "la previsión de situaciones de grave riesgo social, que requieran de respuestas urgentes no susceptibles de generarse por el órgano constitucional al que compete el ejercicio normal de la función legislativa, es una cuestión que integra la propia dialéctica del Estado de Derecho" [4], debemos señalar que en todo caso el Estado de Derecho exige que se los limite a situaciones excepcionales y que tengan su origen en causas ajenas a quienes ostentan el poder, además de someterlos a un estricto control parlamentario y en casos concretos, judicial.

Se expone como pauta genérica en el inciso 3 segundo párrafo del artículo 99 de la Constitución Nacional que: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo".

Esta pauta debe ser directriz, y no perderse nunca de vista. Gobierna todo lo relativo a los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución. Quiere decir, la regla es la prohibición bajo nulidad absoluta e insanable. Los decretos de necesidad y urgencia, son una excepción, y como tal de la interpretación de la norma, deberá ser restrictiva.

Cabe entonces preguntarse, ¿cuáles son entonces las excepcionales circunstancias habilitantes de la potestad legislativa del poder ejecutivo?

La respuesta se encuentra en el párrafo tercero de la norma constitucional citada cuando estatuye que dice solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes.

Se trata, pues de las razones de necesidad y urgencia habilitantes de la competencia del poder Ejecutivo. En la interpretación de Cassagne, las razones que justifican el dictado de un reglamento de esta especie, deben existir simultáneamente en una situación caracterizada por:

a-          Una necesidad que coloque al gobernante ante la decisión extrema de emitir normas para superar una grave crisis o situación que afecte la subsistencia y continuidad del Estado o de grave riesgo social, en tal sentido, la emisión del acto ha de ser inevitable e imprescindible y su no dictado ser susceptible de generar consecuencias de muy difícil, sino imposible, reparación ulterior

b- Una proporción adecuada entre la finalidad perseguida y las medidas que prescribe el reglamento; y

c- La premura con que deben dictarse las normas para evitar o prevenir graves riesgos comunitarios. [5]

Las circunstancias excepcionales deben serlo de manera objetiva y realmente tales, de modo de evitar que los decretos de necesidad y urgencia sean excepcionales por el mero voluntarismo del presidente o por su urgencia personal o intereses políticos o conveniencia partidaria.

La nueva Constitución, recepta así la jurisprudencia expuesta sustancialmente en el caso "Peralta". En este caso, el actor cuestionó la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 36/90 (Adla, L-A, 58) y la Corte Suprema de Justicia (Fallos 313:1513) (LL 1990-D,131), haciendo un exhaustivo estudio acerca de los decretos de necesidad y urgencia y el caso en concreto, expresó que el presupuesto de éstos estaba dado en la necesidad de "asegurar la supervivencia de la sociedad argentina", resaltando su carácter excepcional. En esencia, y como lo señala Colautti [6] el voto de la mayoría delineó dos presupuestos básicos para su validez:

a- que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias no haya adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados, y

b- que haya mediado una situación de riesgo social frente a la cual existió la necesidad de tomar medidas súbitas del tipo de las instrumentadas.

Se autoriza entonces de modo excepcional las facultades legislativas del poder ejecutivo, en tanto concurran esos casos excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previsto por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes. En rigor, se trata de una imposibilidad funcional y no la falta de posibilidad de cumplimiento del trámite legislativo por razones políticas, como puede ser no contar con el quórum necesario o las mayorías exigidas.

A las limitaciones procedimentales expuestas, debemos señalar asimismo otras de orden sustancial. El artículo de rito, preceptúa que las medidas legislativas del Poder Ejecutivo "... no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos".

Uno de los aspectos más tratados por la doctrina constitucional y administrativista, se vincula con la aprobación tácita de los decretos de necesidad y urgencia. Con fundamento en las disposiciones del artículo 82 de la Constitución Nacional que establece "La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta", la buena doctrina señala que ni siquiera una ley que reglamente el trámite y los alcances de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia (Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne entre otros).

Robusteciendo lo expresado anteriormente, creo del caso apuntar lo que sigue. El núcleo de coincidencias básicas aprobado por la ley 24.309, contenía en su inciso g), la regulación de la facultad presidencial de dictar reglamentos de necesidad y urgencia (B.O. 31-12-1993).

El texto referido establecía:

"El Poder ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.

"cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución, el ejercicio de atribuciones propias del Congreso por razones de necesidad y urgencia será decidido en acuerdo general de ministros, con refrendo del jefe de gabinete y los restantes ministros ...".

El texto del artículo 75 de la Constitución dispone, a su vez, en la parte pertinente, lo siguiente:

"El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros ...".

Como se advierte no existe coincidencia entre los términos de la ley y el texto constitucional finalmente aprobado.

Por tal razón, señala COMADIRA que "La diferencia más importante es la que resulta del modo de concebir la prohibición al Poder Ejecutivo para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, pues mientras la ley, al menos en su letra, no parecía partir de una prohibición general y absoluta, sino relativa a las materias enunciadas, la constitución, en cambio, parte en su letra, de una prohibición de carácter general" (‘Derecho Administrativo’, Abeledo-Perrot, pg. 269).

Cuadra señalar asimismo, que para el autor citado supra debe entenderse por "circunstancias excepcionales" a las situaciones de grave riesgo social, quien estima que resultaría conveniente que esa situación, tal como también lo valoró la Corte Suprema en el caso "Peralta", quedara constreñida a las situaciones de grave riesgo social públicas y notorias. Agrega Comadira, que tales elementos son singularmente importantes, ".. porque de flexibilizarse indebidamente esta exigencia se corre el riesgo, como alertó Sagues, de vestir los decretos de necesidad y urgencia a simples o meros decretos de conveniencia. El inciso en comentario consigna, asimismo, que las referidas circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. .. De todos modos no debe perderse de vista que en un régimen democrático la eventual demora parlamentaria en tratar los proyectos del Poder Ejecutivo no es necesariamente reprochable, porque ella bien puede resultar de visiones distintas y hasta encontradas acerca del criterio del gobierno a adoptar, motivo por el cual el uso alternativo del decreto para zanjar esas diferencias no parece ser un procedimiento coherente con la lógica de aquel régimen". (ob. cit. pgs. 273/274, idem Quiroga Lavié en L.L., T. 1994D, pág. 876 y Perez Hualde diario de E.D. del 18/8/1994).

Mi parte considera que la recta doctrina en este asunto es que ni el apuro presidencial en tomar una medida, ni la conveniencia o necesidad de aquella, ni la lentitud de las Cámaras del Congreso, ni aún la hostilidad hacia determinado proyecto de ley configuran las circunstancias excepcionales a que alude nuestra Ley Máxima para habilitar el dictado de un decreto de necesidad y urgencia.

En ese orden de ideas nuestra doctrina considera que ".. no cualquier circunstancia más o menos repentina o de mera dificultad para obtener la aprobación parlamentaria, resulta suficiente para que sea valorada como de índole ‘urgente’, sino que dicha apreciación debe hacerse teniendo en cuenta que no se trata del ejercicio de una atribución ‘ordinaria’ de un legislador privilegiado en que devendría el Presidente sino de una prerrogativa de naturaleza ‘excepcional’ cuyo uso ‘ordinario’ pondría en riesgo, por sí mismo, a las instituciones que en apariencia buscaría preservar." (EGUES, Alberto, ‘Los decretos de necesidad y urgencia’, en la obra "Nuevas perpectivas en el Derecho Constitucional", dirigida por Gregorio BADENI, ed. Ad-Hoc, pg. 90, ed. marzo 2001).

En tal correcto sentido al resolver el caso "Verrocchi", la Corte Suprema sostuvo que las hipótesis invocadas para su dictado resultaban dogmáticas e insuficientes, descalificando firmemente el decreto presidencial en tanto ellas no alcanzan a justificar la imposibilidad (de lograr el fin perseguido) por medio del ejercicio de la función legislativa por el Congreso de la Nación), máxime cuando se trata de derechos sociales, tutelados explícitamente en la Constitución Nacional, los cuales pueden y deben ser reglamentados por leyes formales –fruto de los debidos consensos obtenidos por los representantes para dar respuestas adecuadas a las necesidades de la comunidad- pero nunca aniquilados, ni aun en la emergencia. (C.S.J., sentencia del 19/8/99, Fallos 322:1733, considerando 10°).

Esta jurisprudencia restrictiva de la Corte Suprema argentina resulta coherente con la doctrina que ha señalado que "el robustecimiento de las atribuciones estatales en una situación de emergencia ... debe limitarse a lo estrictamente razonable y sin superar jamás los límites constitucionales ya que, esa emergencia, nunca puede ser fuente de un poder mayor al que prescribe la Constitución para los órganos gubernamentales. Estas consideraciones conducen a interpretar restrictivamente la potestad constitucional para emitir decretos de necesidad y urgencia". (BADENI, Gregorio ‘Reforma constitucional e instituciones políticas’, pg. 398, ed. Ad-Hoc, ed. 1994).

Dicho de otro modo: El poder necesario para preservar el Estado nunca puede consistir en el poder de destruir sus instituciones, ni a las personas que lo habitan, ni a sus derechos pues ello equivale a su propia destrucción.

No debe utilizarse entonces un remedio excepcional como los decretos de necesidad y urgencia para sortear la oposición o eventual rechazo del Parlamento. Esto y suprimir el Congreso son sinónimos. Tener un sistema de división de poderes en donde éste es dejado de lado arbitrariamente por uno –en este caso el Poder Ejecutivo- condena al esquema al fracaso y tacha a la norma dictada mediante tal procedimiento en inconstitucional.

Consecuentemente, el abuso por parte del Poder Ejecutivo en la utilización de este tipo de decretos amerita un vigoroso control jurisdiccional respecto del contenido sustancial de la norma y de las hipotéticas "razones de urgencia" invocadas para su dictado. Tal es el curso de acción seguido por nuestra Corte con posterioridad a la reforma constitucional de 1994.

Así lo corrobora, además del precedente aludido anteriormente, el fallo dictado por el Alto Tribunal en el caso "Risolía de Ocampo" del 20/8/2000 (L.L. 2000-D. p. 593), en el que descalificó dos "decretos" presidenciales de urgencia, que en rigor tenían por fin proteger los intereses particulares de los transportadores públicos de pasajeros. En estos casos, al igual que en "Video Dreams" (Fallos 318:1161, la Corte dio pautas firmes de la intensa extensión con la que los tribunales deben efectuar el control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia.

El Decreto impugnado, por su contenido y antecedentes no reúne ninguno de los requisitos que habilitarían su dictado. En efecto, no es posible que la renegociación dispuesta por la Ley 25.561 se haya dilatado extremadamente. Luego los procedimientos ideados por el P.E.N. a tal fin adolecieran de vicios que determinaron la suspensión del proceso en cuestión por nuestros tribunales. A mayor abundamiento, si se hubiera querido escoger la vía legislativa, nada obstaba a que se elevara el correspondiente proyecto de ley al H. Congreso de la Nación. Las sesiones ordinarias han concluido, pero tampoco se tomó la precaución someter a consideración del Parlamento este tema en sesiones extraordinarias. El aumento tarifario, no está entre los temas por los cuales se pide la intervención del legislativo en sesiones extraordinarias.

Consecuentemente, la norma que se cuestiona en este proceso es inconstitucional por no adaptarse a lo que sobre el particular dispone nuestra Ley Máxima (art. 99 inc. 3°) y doctrina transcripta.

VI. COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

La Reforma de la Constitución Nacional consagró la facultad del Defensor del Pueblo de la Nación para accionar en representación de aquellas personas del pueblo cuyos derechos pudieran lesionarse a consecuencia de actos u omisiones de la Administración y de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.

La norma aludida define el efecto de la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación para actuar en juicio, quien no lo hará en nombre propio sino en representación de la persona, grupo o sector cuyos derechos se vieran conculcados. Es decir, en protección de los derechos de incidencia colectiva en general y, en particular en el caso que nos ocupa, en defensa de los usuarios de gas de nuestro país.

El artículo 86 de la Constitución Nacional, señala expresamente que "El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal".

La legitimación procesal incorporada dentro del marco constitucional está íntimamente relacionada con la naturaleza de su función, es decir, la agilización y la urgencia de las cuestiones a él sometidas y la defensa de los derechos individuales y colectivos.

El texto constitucional señalado prioriza los intereses fundamentales en cuya tutela acciona el Defensor del Pueblo de la Nación, por sobre la acreditación de la afectación a un derecho subjetivo o interés legítimo.

En síntesis, y adelantándome a cualquier pretensión de la demandada en orden a vedar mi participación en este pleito, remarco que es irrazonable negarle legitimación al Defensor del Pueblo pues su actuación concreta la tutela de un derecho de incidencia colectiva.

El Defensor del Pueblo de la Nación por imperio del artículo 86 de la Constitución Nacional siempre tiene legitimación procesal. Los jueces no pueden, bajo ninguna circunstancia, denegar la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación. Esa sola posibilidad atentaría contra las funciones que la Carta Magna le ha atribuido. Por tanto, el Tribunal podrá decidir que el Defensor no tiene razón, pero jamás que no esté habilitado para intervenir en procesos como el presente.

VII. HABILITACION DE INSTANCIA.

(i) Vale ab initio señalar, que el Defensor del Pueblo no puede ser sometido a las reglas ordinarias en materia de impugnación de los actos estatales en sede administrativa en los términos de la Ley 19.549. Ello, en atención a su naturaleza institucional derivada de la Constitución Nacional, que lo hace un organismo que actúa en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía, a diferencia de la LNPA que articula el sistema recursivo teniendo como fin el interés particular de los ciudadanos.

De ahí pues que resulte coherente no exigir del Defensor del Pueblo de la Nación el agotamiento de la vía administrativa, a semejanza del derrotero procesal que deben transitar los particulares para dejar expedita la instancia judicial.

En igual sentido, se ha decidido que: "Además de lo dicho precedentemente, no encuentro acertado exigir que el Defensor del Pueblo de la Nación, antes de acudir al Poder Judicial en defensa de los derechos de incidencia colectiva agraviados por un acto administrativo de alcance general, agote la instancia administrativa de conformidad con lo dispuesto por el art. 24 de la ley 19.549.

La jerarquía constitucional que posee este funcionario público permite pensar que sus planteos no deben seguir los cauces previstos en la ley de procedimientos administrativos, cuyas soluciones fueron pensadas teniendo en mira el particular afectado.

En efecto, el inciso a) del art. 24 de la ley 19.549 exige el reclamo administrativo cuando el acto de alcance general afecte os "derechos subjetivos" del interesado.

El accionar del Defensor del Pueblo -"órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación" (conf. art. 86 de la Constitución Nacional)- rebasaría este concepto. Desde que tiene competencia para actuar hasta en defensa de los intereses colectivos o difusos (conf. art. 14 de la ley 24.284).

Así pareció entenderlo el legislador cuando estableció, en el art. 27 de la ley 24.284, que el Defensor del Pueblo puede -es decir, tiene la facultad, pero no la obligación, de- proponer al Poder Legislativo o a la Administración pública la modificación de las normas que puedan provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados.

Estimo que esta "propuesta" (que -reitero- no es obligatoria), y no la vía del reclamo impropio, es el instrumento que el Defensor del Pueblo podría emplear para lograr que la autoridad que dictó el acto revea su postura, evitando la promoción de una demanda judicial. (fallo del Juzgado 8° del fuero, dictado el 15/02/2001, en el expediente nro. 23.232/2000 rotulado ‘Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- Dto. 1738/92 y otro s/ proceso de conocimiento’).

(ii) Además, sabido es que la instancia administrativa previa a la impugnación judicial de actos administrativos presenta como uno de sus objetivos más salientes el de permitir a la Administración rever sus propios actos en esa instancia, con la finalidad de evitar contiendas judiciales.

Con esa misma finalidad, esto es, que la Administración modifique su obrar, es que el Defensor del Pueblo de la Nación, en ejercicio de las competencias asignadas por la ley 24.284, formuló una recomendación al Ministerio de Economía de la Nación a efectos de que se abstenga de aprobar incrementos tarifarios, sin que previamente fueran convocadas audiencias públicas (Res. D.P. N° 00135/02).

Dicha recomendación se cursó en los términos de la Ley 24.284, que posibilita a esta Institución efectuar recomendaciones a la Administración a efectos que tome determinados cursos de acción en beneficio del conjunto de personas que pudieren verse involucrados en el obrar administrativo que se reclama. Sin embargo, en su respuesta, dejó en claro su posición en sentido contrario a lo predicado por mi parte en esta presentación.

Se insiste pues en que si tenemos en cuenta que el agotamiento de la instancia tiene como objetivo fundamental permitir que la Administración replantee una determinada cuestión, evitando así un potencial conflicto judicial, lo cierto es que formulada la recomendación al Ministerio de Economía, lejos de considerarla, esgrimió argumentos inconsistentes anunciando que la situación de urgencia por la que atravesaban diversos servicios públicos y la necesidad de garantizar su prestación le posibilitaba practicar revisiones y modificaciones tarifarias.

En ese marco, se dictó el Decreto cuya validez se cuestiona en autos, razón por la cual ninguna duda cabe que la Institución a mi cargo no tuvo éxito, con el dictado de la recomendación, en su prédica a fin de que el PEN adecuara todo lo relativo a la modificación de las tarifas, a lo establecido en la Constitución Nacional, y las leyes N° 24.065, N° 24.076 y N° 25.561.

VIII. SE DICTE MEDIDA CAUTELAR CON CARACTER URGENTE.

Finalmente, y anticipando la tutela del colectivo de intereses que represento y para evitar el daño que se genera a los usuarios, solicito que V. S. disponga como medida cautelar innovativa la inmediata suspensión de los efectos del decreto cuestionado en autos, y, que por lo tanto continúe vigente el cuadro tarifario existente con anterioridad a su dictado. Ello, hasta tanto se dicte sentencia en el presente juicio.

Como se advirtió anteriormente, los alicaídos bolsillos de los usuarios no están en condiciones de afrontar esos aumentos; de allí la necesidad de frenar los efectos de tan ilegales normas mediante la medida precautoria requerida.

En cuanto al derecho que respalda la medida de aseguramiento peticionada, el mismo ha sido ampliamente expuesto precedentemente.

En concordancia con el desarrollo anterior, expresan FENOCHIETTO y ARAZI que:

"Por su propia naturaleza, las medidas cautelares no requieren la prueba terminante y plena del derecho invocado; quien las pide sólo debe acreditar que el derecho es verosímil y el juez la otorga sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. Es menester probar la apariencia del derecho; por eso, para designar este requisito, se suele emplear la expresión fumus boni iuris (humo del buen derecho). En tal sentido se ha señalado que la verosimilitud del derecho se refiere a la posibilidad de que ese derecho exista, no a una incontestable realidad, que sólo se logrará al agotarse el trámite; por tal razón se propugna la amplitud del criterio en este punto. Va de suyo que el presupuesto en tratamiento supone la existencia de un derecho garantizado por la ley y un interés jurídico que justifique ese adelanto al resultado de un proceso. (CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, Astrea, Bs. As., 1993, págs. 741/742).

Asimismo, tiene dicho la jurisprudencia que:

"Las medidas cautelares no exigen el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de sus verosimilitud. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad." (CS, diciembre 9-93, Antonio González S.A. c. Mendoza, Provincia de); (idem, Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes c. Estado Nacional); (Rep. ED. 28, pág. 394).

Como se advierte, resulta necesario que el Tribunal haga lugar a la medida tutelar requerida, por cuanto el colectivo o grupo de personas afectadas, requieren la urgente intervención de V. S. para que suspendan los efectos del acto cuestionado en este pleito, pues, de no hacerse lugar a la medida peticionada, se verá configurado un grave e irreparable perjuicio que tornaría ineficaz a la pretensión de fondo incoada en autos.

Así pues, en el caso concreto que nos ocupa, no hay duda alguna que la medida cautelar que se solicita resulta ajustada a derecho, atento el modo arbitrario, inconsulto e ilegal en que se pretenden llevar a cabo los aumentos tarifarios, lo que impone la necesidad de suspenderlos. Lo contrario importaría un agravio claramente irreparable; en este caso para la totalidad de los usuarios de los servicios públicos involucrados, en tanto se verán obligados a pagar una tarifa superior a la vigente, por aplicación de un esquema de variación de tarifas que es manifiestamente ilegítimo y, sin que los usuarios y sus representantes hayan sido previamente escuchados sobre el particular en audiencia pública.

Concluyendo este capítulo, y en atención a la calidad que invisto como Defensor del Pueblo de la Nación, y por interpretación amplia de lo establecido en inciso 1°) del artículo 200 del CPr., pido que se exima a mi parte de contracautela.

IX. PRUEBA: Dejo ofrecidos los siguientes medios probatorios que hacen al derecho de esta parte, a saber:

DOCUMENTAL: Se adjuntan las siguientes copias: -

1) Resoluciones Nros. 00084/02, 00093/02 y 00135/02 del registro del Defensor del Pueblo de la Nación.

2) Respuesta del Secretario Legal y Administrativo Ministro de Economía a la recomendación dictada mediante la Res. DP N° 00135/02, de fecha 26 de noviembre de 2002, recibida en esta Institución el mismo día.

3) Se oficie al Juzgado del Fuero N° 3, Secretaría N° 5, para que remita "ad effectum videndi" los autos caratulados: "UNION DE CONSUMIDORES Y CONSUMIDORES Y OTROS c/ E.N. -Resol. 20/02 s/ sumarísimo (expte. 162.765/02)". Si ello no resultara posible se remitirán fotocopias de dicho expediente o de las piezas del mismo que individualizarán cualquiera de los letrados autorizados en este escrito, quienes asimismo, quedarán autorizados para el diligenciamiento de la comunicación de estilo.

4) Copia de los antecedentes y toda la documentación producida, hasta el 2 de diciembre de 2002, por la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos (creada por Decreto 293/02). A tal fin se librará la comunicación de estilo, quedando facultado para su diligenciamiento las mismas personas referidas en el punto precedente.

5) Nota presentada a esta Institución por las asociaciones de consumidores a las que me he referido al inicio de este escrito, en el punto I.2.

X. CITACION DE TERCEROS.

Mi parte cita como terceros en este proceso a la totalidad de las empresas concesionarias de servicios públicos que han resultado beneficiarias de los aumentos establecidos en el decreto de necesidad y urgencia impugnado en estos obrados y que allí se mencionan las cuyos las cuales no habré de mencionar de manera expresa a fin de no cansar al Tribunal y visto que las mismas se encuentran debidamente referidas en el decreto, brevitatis causae me remito a su texto. En cuanto a los domicilios de dichas empresas, los mismos serán denunciados a la brevedad, pero su localización es pública y notoria. .

XI. CASO FEDERAL.

El esquema tarifario establecido en el decreto impugnado cercena los derechos constitucionales de los usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad. Consecuentemente, para la eventualidad que V.S. no hiciera lugar a esta demanda, formulo reserva del caso federal para ocurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la ley 48, en tanto un pronunciamiento con ese alcance resulta violatorio de los derechos de los usuarios y consumidores consagrados por el art. 42 de la Constitución Nacional, y de la Ley de emergencia Económica 25.561 y los marcos regulatorios de los servicios públicos cuyas tarifas fueron incrementadas. Se encuentra vulnerada también la forma republicana de gobierno al haberse utilizado la vía de un decreto de necesidad y urgencia que es un mecanismo que no puede emplearse en un caso como el presente.

XII. CASO SUPRA CONSTITUCIONAL.

Hago también reserva de ocurrir en su oportunidad por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fundamento en el Pacto de San José de Costa Rica que se constitucionalizó en la reforma de 1994, artículo 75, inciso 22, ya reconocido con anterioridad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Ekmekdjian" (Fallos, 308:647; "El Derecho"; 14:388).

Las prescripciones violadas de dicho Pacto hacen, del mismo modo que fuera expuesto para la Constitución Nacional, al derecho de propiedad (artículo 21) de los usuarios, al derecho de defensa (artículo 8) tanto individual como de las agrupaciones de usuarios y consumidores, al derecho a la participación (artículo 23) en el control de los servicios prestados en condiciones de monopolio y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos; al principio de razonabilidad y proporcionalidad que dicho Pacto también consagra; como igualmente al principio de no discriminación (artículo 2), en este caso, de los usuarios.

XIII.- AUTORIZA:

Que autorizo indistintamente a los letrados de esta Institución, Dres. Daniel J. BUGALLO OLANO, Mariano GARCIA BLANCO, Juan Pablo JORGE y Torcuato Enrique FINO, a compulsar estas actuaciones, efectuar desgloses, diligenciar oficios, asistir a comparendos y audiencias, completar y rubricar la planilla de ingreso de datos para sorteo del presente y cuantos más actos resulten necesarios en el trámite de este proceso.

Asimismo, autorizo al Sr. Carlos DIOS a compulsar los actuados.

XIV. PETITORIO:

Por todo lo expuesto de V.S. solicito:

1.- Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio y por ofrecida la prueba.

2.- Decrete la medida cautelar solicitada.

3.- Resuelva correr traslado de la demanda por el término y bajo apercibimiento de ley disponiendo asimismo, la citación de terceros de las empresas citadas en el respectivo capítulo de esta presentación.

4.- Tenga presente la reserva del caso federal, y las autorizaciones conferidas.

5.- Oportunamente dicte sentencia haciendo lugar a la demanda.

Tener presente lo expuesto y proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA

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FALLO A FAVOR DE LOS USUARIOS QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DEL DECRETO 2437/2002 ANTE LA PRESENTACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION A INSTANCIAS DE ADECUA, PROCONSUMER, CRUZADA CIVICA, ACUCC Y ASOCIACION CIVIL POR LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2002,

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1) Que a fs. 2/26 se presenta el Sr. Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Eduardo Mondino promoviendo demanda ordinaria contra el Estado Nacional (PEN- Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) a fin de que en su consecuencia o que la complemente. El decreto cuestionado dispuso el aumento de las tarifas de los servicios públicos de gas y de energía eléctrica, violando -a su entender- las previsiones de la Ley de Emergencia n° 25.561, como así también 24.065 y 24.076 que norman dichos servicios.

Pone de resalto la ilegalidad del aumento decidido por haberse sujetado el PEN en el dictado del decreto incumplimiento con la normativa que entiende aplicable, violando así y, no en esta única oportunidad, sus propias normas. Se remite al art. 9 de la Ley de Emergencia y también al fuerte impacto que la modificación de las tarifas tendría ante los ingresos de los usuarios que se encuentran congelados.

Aduce que el decreto 2437/02 resulta inválido y por ende violatorio del principio de legalidad. Realiza un esquema respecto del impacto de la denominada "readecuación de las tarifas", tanto en las residencias familiares como para los comercios e industrias.

Abunda en consideraciones respecto de la inconstitucionalidad solicitada, citando doctrina y jurisprudencia al respecto y peticiona el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos del aumento de las tarifas.

2) Que en primer término y respecto de la legitimación del Sr. Defensor del Pueblo de la Nación, su presentación ante la justicia encuentra fundamento en la tutela de los derechos de incidencia colectiva del conjunto de usuarios de los servicios públicos de gas y energía eléctrica, los que se podrían ver perjudicados con el incremento tarifario decidido por el PEN en el decreto N° 2437/02 (B.O. 3/12/02).

En punto a la legitimación, activa o pasiva, quien invoque un derecho subjetivo, un interés legítimo, será considerada parte interesada tanto en el procedimiento administrativo como en el judicial, también tendrá ese carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar sus derechos subjetivos o intereses legítimos, observando que, en principio todos los sujetos con capacidad civil pueden ser parte, pero la legitimación es un requisito de admisión de la pretensión en cuanto al fondo y no de la existencia del proceso y ello asó por que la noción de parte esta circunscripta al área del procedimiento y son aquellas quienes de hecho intervienen o figuran en él como sujetos activos de una determinada pretensión, con prescindencia de que posean o no el carácter de sujetos legitimados. La relación procedimental se constituye y la calidad de parte se adquiere independientemente de la efectiva existencia del derecho afirmado y si está o no legitimado para hacerlo valer (Sala IV del Fuero "Monner Sans" del 4/2/96). Por ende la ausencia de legitimación podrá determinar el rechazo de la pretensión por no ser ésta admisible pero no afecta la calidad de parte de quien ha deducido la presentación. En la causa al solicitar la inconstitucionalidad de un decreto, el cual conculcaría -según sus dichos- derechos de raigambre constitucional, me hacen pensar que es imposible el cercenamiento del derecho para accionar y ante la más pequeña duda cabe remitirse a lo decidido por la Sala II del Fuero el 22/04/94, en el voto de la Dra. Herrera, considerando IV en la causa "Barcesat".

Ahora bien, recordados brevemente los principios doctrinarios y jurisprudenciales respecto de la legitimación, debo analizar la presentación del Sr. Defensor del Pueblo de la Nación, el cual basa su legitimación en el art. 86 de la Constitución Nacional, adelantándome a cualquier pretensión de la contraria en orden a vedar su participación en estas actuaciones.

En otras oportunidades la suscripta ha sostenido que la Ley 24.284, en su art. 18, determina que, respecto de la legitimación de dicho Defensor, cualquier persona, física afecta por los actos, hechos u omisiones previstos en el art. 14, puede dirigirse al Sr. Defensor del Pueblo y éste ejercer la acción judicial pertinente, ello en un juego armónico del citado artículo con las disposiciones de los art. 15 y 16 de la ley mencionada. En el sub lite, a fs. 2 vta., el accionante esgrime que su intervención ha sido solicitada por una serie de entidades defensoras de usuarios y consumidores: Asociación Protección Consumidores Mercado Común del Sur (PROCONSUMER), Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), Asociación Civil Cruzada Cívica para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos, Asociación Civil por los Derechos y Garantías Constitucionales y la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (A.C.U.C.C.), todas ellas peticionando la interposición de las acciones correspondientes -como la presente- respecto de los aumentos transitorias que se encuentran previstos en el decreto cuya inconstitucionalidad se solicita.

Entiendo que en esta presentación el Defensor del Pueblo, ante la petición volcada en forma escrita y firmada, dando así cumplimiento a los requisitos del art. 19 de la ley, ello, sólo justificaría la legitimación del Dr. Mondino.

No obstante ello, cabe resultar que de nuestra Carta Magna, en sus arts. 43 y 86, surgen la facultades que se le han conferido al Defensor del Pueblo de la Nación, lo que de por sí lo habilita para esta presentación por el hecho de emanar de nuestra norma superior.

Cabe resaltar que la legitimación del Defensor ha sido resuelta en este mismo sentido por la Sala V del Fuero en las causas n° 29.225/01 y 147.369/02 del 13 de septiembre de 2002, cuyos argumentos comparto y que en honor a la brevedad me remito.

Jurisdiccional que no parece chocar con el principio constitucional de la división de poderes, la que entiendo como una práctica del verdadero Estado de Derecho, en el cual se sustenta el ejercicio real de la democracia.

Para finalizar, corresponde dejar establecido que, en virtud que la vía intentada lo es en los términos de la ley 24.240 y siendo el propósito del Defensor del Pueblo, proteger los derechos reconocidos a los usuarios y consumidores por el art. 42 de la Constitución Nacional, se conforma como una razón más para admitir el acceso a la jurisdicción, la que ASÍ SE DECLARA.

3) Entrando en el análisis de la tutelar peticionada debe recordarse que las medidas cautelares tienen como objetivo impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo comprendido entre la iniciación de la acción hasta el dictado de la sentencia definitiva. Tienden, pues, a salvaguardar la efectividad del cumplimiento de una probable sentencia favorable.

Para su procedencia es menester analizar las exigencias que hacen a la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quienes la solicitan "fumus bonis iuris" y el peligro en la demora "periculum ir mora" que exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia no pueda, en los hechos, realizarse a raíz del transcurso del tiempo, pudiendo resultar los efectos del fallo final prácticamente inoperantes (confr. Sala IV, causa "Radio Siglo XXI" del 28/10/97). A los mentados requisitos se le agrega el de prestar una contracautela suficiente para evitar los eventuales perjuicios que la medida pudiera ocasionar a la contraria para el caso de haber sido solicitada sin derecho.

4) Para un mejor tratamiento de la medida cautelar solicitada entiendo necesario analizar someramente y en este estado larval del proceso, los considerandos que le dieron fundamento al decreto aquí cuestionado, dictado por el PEN como la de necesidad y urgencia, que dispuso un aumento de tarifas de los servicios de gas y energía eléctrica especificados en los anexos que acompañan el decreto en forma transitoria y hasta tanto concluya la renegociación de todos aquellos contratos que se encuentran bajo custodio de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos.

El decreto 2437/02 remite a la presentación de diversos concesionarios de servicios públicos, esgrimiendo la necesidad de adecuar las tarifas de los servicios a su cargo, en aras de poder mantener la calidad y seguridad de los mismos. Pone especial énfasis en los precedentes tenidos en cuenta por el Ministerio de Economía al dictar la Resolución 487/02, respecto de los Entes Nacionales de la Electricidad y el Gas de la abstención de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afectaren los precios y tarifas, con expreso basamento en la variación de aplicar los criterios sostenidos por la Ley de Emergencia, n° 25.561 y resaltando que la emergencia nacional que originara el dictado de la ley, delegó facultades en el PEN hasta el 10 de diciembre del corriente año, citando el art. 13 de la ley mencionada. Finaliza los considerandos del decreto ahora cuestionado, en la necesidad puesta de manifiesto por el PEN de preservar los derechos de los usuarios y la continuación de la prestación de los servicios públicos, los cuales de seguir los procedimientos ordinarios establecidos constitucionalmente se verían seriamente afectados.

La suscripta en el expediente n° 18.504/97 "Nieva Alejandro" del 24/09/97 ha sostenido que para el dictado de decretos de necesidad y urgencia, luego de la reforma constitucional de 1994, deben concurrir la voluntad del Presidente de la Nación, Acuerdo General de Ministros, refrendo por los Ministros y el Jefe de Gabinete con el contralor por parte de la Comisión Bicameral creada por la Constitución Nacional.

El mecanismo previsto en el art. 99 inc. 3° de la Carta Magna no podría funcionar en la medida en que la normativa que allí se manda sancionar no ha sido dictada hasta la fecha que luce la presente resolución (Bidart Campos, Germán "La reforma constitucional de 1994" Tomo VI del "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Ed. Ediar. Bs. As. 1995, pág. 442). Circunstancia que descalificaría -prima facie- el dictado de un decreto de estas características. Calificar los mencionados decretos en base a la necesidad y/o urgencia, como asimismo su excepcionalidad, no impide que los jueces valoremos acerca de la conveniencia de su dictado, ya que de lo contrario se convertirían en cuestiones fuera de la esfera de la justicia. Así lo ha entendido nuestro más Alto Tribunal para admitir o rechazar el ejercicio de la facultad legislativa por parte del Poder Ejecutivo (FALLOS: 313:1513).

5) Que entrando en la tutelar solicitada por el Sr. Defensor del Pueblo a fs. 22 vta., en donde peticiona la inmediata suspensión de los efectos del decreto 2437/02, encuentro acreditado -"prima facie", en el estado larval del proceso y ello siempre sin adelantar o prejuzgar lo que se resolverá en definitiva- que el requisito referido a la verosimilitud en el derecho invocado reviste entidad suficiente para su otorgamiento. Ello así y sin que importe adelantar opinión acerca de la cuestión de fondo, como ya se dijera, por que el análisis de los argumentos esgrimidos en el citado decreto no tienen entidad necesaria como fundamento de su dictado por los motivos que paso a desarrollar.

Las razones argüidas por el PEN en pos de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, encuentran obstáculo en la Ley de Emergencia, n° 25.561, cuando en su artículo 10° no autoriza a las empresas a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones conforme las disposiciones de los arts. 8 y 9 de la mencionada ley. En caso de llegar a la carencia de un servicio público de elemental necesidad, como los que aquí se están analizando, es responsable el PEN de desarrollar toda la actividad necesaria para asegurar la prestación de los mismos.

Por otra parte, las empresas que prestan estos servicios públicos, al haberse presentado ante el Poder Ejecutivo y no ante la Justicia para la posible readecuación de las tarifas, hubieran puesto de manifiesto la voluntad, ante la circunstancia que las negociaciones en todos estos meses se habrían estancado, de buscar una resolución judicial acorde con el derecho que entienden les asisten.

Por otro lado, que en los considerandos se remita a la Resolución 487 del 11 de octubre de 2002, pone de manifiesto el desconocimiento del Poder Ejecutivo que dicha Resolución ha sido decidida por la Justicia en el sentido de suspender la misma y se encuentra en grado de apelación, de lo cual deviene que se está argumentando como fundamento una resolución cuestionada judicialmente.

A esto se debe agregar que desde el dictado de la Ley 25.561 (6/1/02) hasta el día de la fecha, la Comisión de Renegociación de los mencionados contratos no ha podido concluir dicho proceso, no siendo suficiente argumentación los avances parciales a los que alude el decreto cuestionado lo que conlleva a que le asiste razón al Defensor del Pueblo en pedir la suspensión del decreto 2437/02, lo que ASÍ SE DECIDE:

6) Sólo resta tratar el requisito del peligro en la demora y basta para tenerlo en cuenta por acreditado lo volcado por el accionante a fs. 12, respecto de la posible devolución de la diferencia abonada por los usuarios si la Comisión de Renegociación decidiera n aumentar las tarifas o hacerlo con una readecuación distinta a la que luce los anexos del decreto 2437/02, lo que me hace reflexionar de cómo se revertiría el daño producido, la dificultad que ello aparejaría para ser resuelta.

Para finalizar y respecto del tercer requisito exigido para el dictado de las medidas cautelares, por aplicación del art. 200, inc. 1° del C.P.C. y C., el Sr. Defensor del Pueblo de la Nación está eximido de prestar contracautela.

Por lo hasta aquí vertido,

FALLO:

Suspender los efectos y la aplicación del decreto 2437/2002 "Servicios Públicos" hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en las presentes actuaciones.

Regístrese y notifíquese al Estado Nacional -Ministerio de Economía- y a las empresas involucradas, mediante oficio de estilo.

Susana Córdoba

Juez Federal

María Celia Cervilla

Secretaria

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